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    El General José Gervasio Artigas nació en las cercanías de Montevideo (Uruguay) el 19 de junio de 1764. Hijo de una familia importante de la ciudad -su abuelo fue vecino fundador- se educó en el convento de los Hermanos Franciscanos. A los 18 años se independizó de su familia administrando un campo propiedad de su padre. Fue luego resero y arriero, operando en el comercio de animales durante años, en cuyo transcurso recorrió y conoció como la palma de su mano todo el territorio de la provincia. En marzo de 1797 se incorporó al cuerpo militar de Blandengues, encargado de cuidar las fronteras y la campaña oriental, alcanzando un alto concepto ante las autoridades españolas, que lo designaron después para ayudar al sabio Félix de Azara en sus tareas de colonizar y asegurar la frontera norte para frenar el avance de los portugueses de Brasil. Terminadas estas tareas, en 1806 interviene junto a Liniers en la Reconquista de Buenos Aires de manos de los ingleses. En 1811 se plegó a la Revolución de Mayo, ayudó a Mariano Moreno en su Plan de Operaciones proporcionándole información sobre su país y obteniendo el grado de Coronel de los ejércitos de la Patria. Volvió al Uruguay, donde encabezó la lucha militar contra el régimen español, obteniendo la gran victoria de Las Piedras (18 de Mayo de 1811), mencionada en el Himno argentino. Pensó las famosas “Instrucciones del Año XIII” (independencia, república, federalismo, autonomía, libertad de los puertos), que fueron rechazadas junto con sus Diputados en la Asamblea Nacional de 1813. Por dos veces puso sitio a Montevideo, luchó contra el Ejército portugués del Mariscal Diego de Souza, llamado por los españoles sitiados, derrotó a los porteños en la batalla de Guayabos y alcanzó el gobierno de su provincia en 1815, administrándola por medio de sus delegados de confianza, mientras permanecía al frente de las tropas federales que liberaron del dominio unitario bonaerense las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Córdoba. En la cúspide de su poder, admirado por los republicanos estadounidenses, organizó el “Sistema de los Pueblos Libres” confederados, de los cuales fue proclamado “Protector”. Por tres años ejerció la hegemonía absoluta en el Litoral y desafió a los ejércitos centralistas de Buenos Aires, hasta que la traición de los terratenientes orientales y grandes comerciantes de Montevideo determinó una segunda invasión -con la complicidad de Buenos Aires- del territorio oriental por parte de los portugueses en 1817. Resistió de 1817 a 1820 a los monarquistas lusitanos y sus aliados del lado argentino hasta que sus ejércitos sufrieron la gran derrota de Tacuarembó, que lo obligó a exiliarse en el Paraguay.

    Allí, a la sombra del Dictador Gaspar Rodríguez de Francia y del Presidente Carlos López después, vivió durante treinta años en la más extrema pobreza. Falleció el 23 de septiembre de 1850, un mes después que el General José de San Martín.

    Sobre el primero de estos rasgos, diremos que su compromiso con la independencia de la Patria Grande fue siempre incondicional. A las tentativas para apartarlo de la causa común hechas por realistas y portugueses, su indignada negativa fue siempre terminante: “Yo no soy vendible”, contestaría a unos, o “Yo soy un disidente, no un traidor”, respondería a otros. Y la naturaleza de su patriotismo fue siempre latinoamericana y -en la práctica de sus luchas- ampliamente rioplatense. Jamás pensó en la Banda Oriental como en una nación independiente separada de las demás provincias. Por el contrario, su visión geopolítica puesta en acción se extendía no sólo a su patria chica sino a las provincias argentinas, al Paraguay e incluso a las regiones más apartadas del ex Virreinato del Río de La Plata: las provincias altoperuanas, a cuyo Cabildo de Cochabamba se dirigió en más de una ocasión.

    Artigas no es el Fundador de la Independencia uruguaya ni del Estado Oriental, como pretende la vieja historiografía liberal y balcanizante. Por el contrario: la República uruguaya es el fracaso de Artigas y no su creación. El verdadero creador de la “Nación” uruguaya como Estado-tapón es George Canning y el colonialismo inglés, que no podían permitir que una sola potencia sudamericana controlara la llave de entrada a los grandes ríos interiores del Cono Sur, bocado apetecible para el comercio británico. Tan es así que, al ofrecerle el Directorio porteño en 1815 entregarle el dominio completo y separado de la Banda Oriental con tal de que renunciase a influir en las provincias a Occidente del río Uruguay, el Protector rechazó la oferta porque su idea no era una patria parroquial, sino una gran nación latinoamericana y, en la escala de sus esfuerzos, al menos una nación rioplatense. De allí que después de 1830, ya constituido el Uruguay como país formalmente independiente (aunque sometido a Inglaterra y Francia), al ir a buscarlo al Paraguay su hijo José María para que volviese a la Patria, el General Artigas le contestara lacónicamente: “Yo ya no tengo Patria”, porque su Patria había sido descuartizada en la balcanización sobreviniente a su derrota.

    No menos intenso que su patriotismo fue su hondo interés por el desarrollo de la cultura y su rol progresivo, interés que nacía ligado a su propia formación intelectual, muy distinta a la que a los caudillos populares le atribuyó la maligna leyenda sarmientina. Según ella, como sabemos, los grandes conductores federales habrían sido “gauchos brutos”, toscos, sanguinarios y analfabetos. Pero nada estaba más alejado de la verdad. Excepto Estanislao López de Santa Fe, que era hijo natural de un capitán argentino -lo que no lo hace mejor ni peor- todos los demás eran miembros de familias antiguas y linajudas, y recibieron la mejor educación disponible para los provincianos que no optaban por los estudios universitarios. Artigas, como muchos de esos jefes de masas, fue educado por los eruditos frailes franciscanos, como dijimos, y los tuvo siempre como doctos asesores: Francisco de la Peña, Benito Monterroso, José Benito Lamas o Dámaso Larrañaga. Como ayudante de Azara, se hizo topógrafo, contable y agrimensor práctico y durante sus luchas por el federalismo leyó la Constitución norteamericana y las pocas y parciales traducciones de los publicistas del federalismo norteamericano. Por ello, al ponerse al frente del gobierno de su provincia, recomendó la lectura de esos textos y de las historias relativas al Descubrimiento y Revolución de Estados Unidos, que por entonces no eran obviamente la nación imperialista que luego serían, sino una república federativa que servía de inspiración a nuestros mejores patriotas. Fray Miguel Calixto del Corro, el argentino que lo visitó en 1816 en su campamento de Purificación, le comentaría reiteradamente al Dr. Dalmacio Vélez Sársfield que Artigas era un hombre culto y educado.

    También al asumir el gobierno, impulsa al Cabildo de Montevideo a reabrir las escuelas de primeras letras cerradas por los españoles en 1812, vuelve a poner en funciones a la Casa de Comedias (teatro), rebautizándola como “Coliseo”, y trata de crear un periódico montevideano utilizando la imprenta que los orientales acababan de recuperar de mano de los porteños.

    Con la misma fe en el rol palingenésico de la cultura que alentaba estas creaciones, funda la Biblioteca Nacional con los libros de Larrañaga, de Pérez Castellanos y de ciertos emigrados, poniéndola bajo el lema luego célebre: “Para que los orientales sean tan ilustrados como valientes”.

    Pero así como compendia el rol positivo que la prensa y la cultura podían cumplir en la afirmación de nuestra independencia y el mejoramiento del nivel intelectual de los pueblos, así también entendía perfectamente que su instrumentación bastarda por parte de las fuerzas de la reacción podía ser terriblemente perjudicial a esos mismos ideales. Para estos casos, Artigas contaba sin embargo con una protección impensada: el analfabetismo de las masas populares que le seguían, que por esa característica quedaban a salvo de la insidiosa propaganda del unitarismo porteño. Tal sucedió cuando uno de sus comandantes le advirtió sobre un canallesco folleto denigratorio que el Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón había encargado redactar a Pedro Feliciano de Cavia. El Jefe Oriental escuchó la novedad y luego repuso tranquilamente: “No importa; mi pueblo no sabe leer…”

    Finalmente, mencionemos su espíritu altruista, que se despliega en dos planos: como generosidad y comprensión en el plano individual y como política revolucionaria y reparadora en lo económico-social. Respecto al primer aspecto, son numerosas las anécdotas que dan cuenta de esa veta de su personalidad: por ejemplo, su negativa a fusilar a antiguos desertores que en cierta ocasión les remite el Directorio para congraciarse con él y que Artigas devuelve respondiendo: “No seré el verdugo de Buenos Aires” y los remite sanos y salvos con su perdón; su cesantía a un maestro que enseñaba doctrinas contrarias a la Revolución, y al que permite enseguida seguir ejerciendo la docencia a pedido de su hijo José María, con la sola condición de no reiterar su falta; o su entrega de sus últimos pesos, al pasar al exilio paraguayo, para que uno de sus capitanes los llevara a la Isla das Cobras, en Brasil, para aliviar la situación de sus derrotados comandantes, presos en aquella región.

    Respecto al segundo plano, el social-económico, el documento que fundamenta imperecederamente su afán de justicia social, igualdad y prosperidad para su pueblo es el “Reglamento para el Fomento de la Campaña”, verdadero programa de una original reforma agraria uruguaya. En efecto: bajo ese inocente título, el Protector establecía la expropiación sin indemnización de los “emigrados, malos europeos y peores americanos” y beneficiados con donaciones hechas por las autoridades españolas y porteñas entre 1810 y 1815, que se anulan. Tales tierras se entregarían gratuitamente a los “negros libres, los zambos de igual clase, los indios y los criollos pobres” y las viudas pobres con hijos, con ”la prevención -decía el art. 8°- de que los más infelices serán los más privilegiados”. Ellos recibirían, además, una cantidad de ganado y una marca para identificarlos, con la sola obligación de no transferir su estanzuela, poblarla y ponerla en producción. Como el pueblo uruguayo de la campaña no era agricultor, sino ecuestre y ganadero, el Protector, buen conocedor de las necesidades de sus paisanos, ordenó que las tierras distribuidas no fueran reducidas como para chacras cerealeras, como en la vecina pampa argentina pretendían los labradores, sino de una extensión suficientemente grande como para permitir la cría de vacunos y equinos.

    Con estas disposiciones, Artigas se inscribía en una de las dos líneas que se disputaban la hegemonía al interior de la Guerra de la Emancipación: Una, la simplemente “independentista”, la conformaban grandes terratenientes, comerciantes ultramarinos y magnates mineros, que sólo querían separarse de España para conservar la totalidad del producto nacional en su poder, sin que se introdujera reforma alguna en la estructura de la sociedad colonial. La otra, en cambio, pretendía acompañar la conquista de la independencia política con medidas de reformas económicas que establecieran la justicia social para las grandes masas oprimidas del continente. En esta última corriente, precisamente, se alineaba José Artigas junto a los argentinos como Juan José Castelli y el Mariano Moreno del “Plan de Operaciones”, Morelos e Hidalgo en Méjico con su radical reforma agraria, el Programa de 12 puntos de Titicocha, Carlos Colque y Jiménez Manco Capac en el Alto Perú y el capitalismo de Estado de Gaspar Rodríguez de Francia en el Paraguay

    Como ellos, el Jefe de los Orientales fue derrotado. La elite montevideana estaba dispuesta a apoyarlo en sus tentativas autonomistas, pero no más allá de eso: no podía de ninguna manera tolerar la profunda reforma estructural que el Protector había comenzado a implementar en los campos orientales. En consecuencia, los integrantes de la aristocracia criolla solicitaron la invasión de los ejércitos portugueses del Brasil, pues preferían el amo extranjero que protegiera sus propiedades antes que al compatriota revolucionario que prefería a las gentes. Y esa herencia revolucionaria de los derrotados es la que hoy reivindicamos en esta nueva aurora de liberación que campea sobre América Latina. Artigas ha montado nuevamente en su caballo moro. Artigas ha vuelto a cabalgar desde el Orinoco a Ushuaía.

    (Resumen de la charla brindada por el autor a la comunidad católica progresista disidente de “La Cripta de la Seccional 14°”, el 24 de junio de 2011, en el Centro Educativo SABERES de la ciudad de Córdoba, Argentina, en el Bicentenario Artiguista. Presentación por parte del Presbítero Víctor S. Acha)

    Desde esta perspectiva, no es extraño que nos inclinemos por explorar en el pasado reciente la más importante experiencia revolucionaria que vivió el país. Nos referimos al proyecto nacional y popular que representó el peronismo. Y esto es por la simple razón de que consideramos que sólo se saldrá del atolladero presente, a través de la reconstrucción de un frente antiimperialista que lleve a delante las tareas democrático-burguesas pendientes por estos lares. En otras palabras, consideramos que sólo un frente nacional antiimperialista, con un programa nacional y popular, podrá resolver los problemas sociales, políticos y económicos que nos mantienen sumergidos en el subdesarrollo. Un programa que lleve como banderas principales la liberación nacional, la soberanía política, la libertad económica y la justicia social.

    Cuando comenzamos a pensar en un proyecto de esa magnitud, miramos hacia atrás en busca de experiencias a las cuales asirse para darle a la idea una cierta realidad o posibilidad de concreción. Así, nos encontramos con la primera experiencia que tuvo el país: el peronismo.

    Efectivamente, el peronismo fue la más importante experiencia frentista que hubo en el país, con un proyecto nacional y popular claramente determinado, y con las herramientas políticas y económicas necesarias para cumplir con su rol histórico.

    Este proyecto fue institucionalizado en los primeros diez años de gobierno peronista, a través de los Planes Quinquenales, el primero de 1947-1951 y el segundo iniciado en el año 1953, y que fuera interrumpido por la contrarrevolución del año 1955.

    Una vez en el poder, Perón, que encarnaba a la perfección los intereses del pueblo argentino, se dispuso a llevar a delante un transformación radical del país. Conciente de la dependencia a la que estaba atada la nación, a través de una intricada red de económico-jurídica-administrativa, se comprendía la necesidad de transformar esa estructura a los fines de que sirvieran para el bien del país y del pueblo, y no para el bienestar de una pequeña clase de terratenientes y burgueses intermediarios al servicio del imperialismo.

    Esa estructura existente, manejada por el imperialismo ya sea directamente a través de los transportes, el comercio exterior y la banca, o indirectamente a través de la organización de la nación mediante un estructura política-judicial que respondía a sus intereses, ataba la nación y le impedía desenvolverse libremente en beneficio propio. Por ello, desde el principio, el movimiento nacional peronista se percató de la necesidad de acabar con esas estructuras de la dependencia y reorganizar a la nación en su conjunto según las propias necesidades.

    Para ello, el gobierno de Perón dio forma a su gobierno a través de los planes quinquenales. Con ellos se daban los lineamientos generales de la acción de gobierno que se llevaría a cabo durante los sucesivos años, con proyectos de ley presentados al Congreso a los efectos de poder llevar a delante su plan de realizaciones e inversiones.

    De esta manera, con los planes quinquenales se pretendía, a partir de una serie de proyectos de ley a ser sancionados por el Congreso: reorganizar los ministerios, conceder derechos electorales a las mujeres, organizar la sanidad pública, reformar la educación para que sirviera a los fines de la nueva argentina en construcción, fomentar, descentralizar y diversificar la industria formando nuevas zonas productivas, fortalecer el mercado interno a través del reconocimiento constitucional de los derechos del trabajador, reorganizar el comercio exterior, desarrollar un programa mínimo de inversiones y obras necesario para asegurar un suministro adecuado de materias primas, combustibles, equipos mecánicos y movimiento interno de mercancías, desarrollar racional y armónicamente la industria y la agricultura.

    Sin lugar a dudas el peronismo en el poder pretendía llevar adelante una fenomenal revolución económico-político-social de envergadura desconocida hasta entonces, sacudiéndose el yugo imperial y construyendo una nueva argentina, más próspera e igualitaria, en libertad, con soberanía y justicia social.

    Así, durante esos años surgió el IAPI, se nacionalizaron los servicios públicos, lo elevadores de granos y usinas eléctricas, se creo la flota mercante y se realizaron infinitas obras portuarias, se reorganizó el trasporte, se sancionaron los derechos de los trabajadores dándoles rango constitucional, se reformuló la educación en todos sus niveles (argentina fue el primer país en tener educación pública preescolar) construyéndose edificios para los colegios Nacionales, Normales, Industriales, Comerciales y complejos universitarios, se creo la Universidad Obrera (hoy UTN). Se construyeron viviendas, hospitales, obras fluviales, usinas eléctricas, térmicas e hidroeléctricas, caminos, puentes y acueductos. Se relazaron obras de provisión de agua potable y desagües clocales en todo el territorio nacional, como así también obras de riego, saneamiento rural y adjudicación de tierras agrícolas y pastoriles. Se amplió la explotación petrolera y minera…

    Para aumentar otras conquistas sociales, necesitamos aumentarla riqueza y aumentar el trabajo. Nuestro plan considera en esta segunda etapa, multiplicar la riqueza y repartirla convenientemente; y con ello las nuevas conquistas sociales han de salir fecundamente de nuestro propio trabajo, sin perjudicar a nadie. Sin bases económicas no puede haber bienestar social es necesario crear esas bases económicas. Para ello es menester ir ya estableciendo el mejor ciclo económico dentro de la Nación y a eso también tiende nuestro plan. Debemos producir el doble y a eso multiplicarlo por cuatro, mediante una buena industrialización, es decir enriqueciendo la producción por la industria; distribuir equitativamente esa riqueza y aumentar el estándar de vida de nuestras poblaciones hambrientas, que son la mitad del país; cerrar ese ciclo con una conveniente distribución y comercialización de esa riqueza; y cuando el ciclo de la producción, industrialización, comercialización y consumo se haya cerrado, no tendremos necesidad de mendigar mercados extranjeros, porque tendremos el mercado dentro del país

    El país está dejando atrás los esfuerzos de 183 años, llenos de luces y sombras, por construir un Estado Nacional aún in constituido, para dar paso a un Estado plurinacional, que reconoce a 36 naciones indígenas. Tal reconocimiento no obedece a demandas de la sociedad. Nadie presenció alguna manifestación callejera o concentración campesina en la que se coreara la consigna “Viva las 36 naciones”. En la guerra del agua de 2000, la muchedumbre enfrentó en Cochabamba a las fuerzas represivas al grito “El Pueblo Unido Jamás Será Vencido”. En la guerra del gas, de 2003, cuyo núcleo fue la ciudad de El Alto y que culminó con la caída del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), se venció bajo la consigna “El Alto de Pie Nunca de Rodillas”. En ambos sucesos, la presencia de banderas bolivianas fue abrumadora.

    Si alguien hubiera gritado en Cochabamba “Viva los quechuas, abajo los mestizos”, o en El Alto “Los Aymaras de Pie, los Cholos de Rodillas”, habría sido tomado por loco. La Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) es un producto exógeno, oxigenado por millonarios desembolsos de ONGs, las que abonaron la disgregación nacional bajo la excusa de legítimas reivindicaciones culturales (Convenio 169 de la OIT, de 1990 y Resolución de la Asamblea de la ONU de 2008). Las culturas indígenas influyeron fuertemente en la sociedad boliviana. La religión católica abandonó la ortodoxia para acuñar cultos a vírgenes mestizas, la medicina occidental se mezcló con recetas tradicionales, al igual que los mejunjes surgidos en la comida casera. El folklore se enriqueció con creaciones indo mestizas, que combinaron inspiraciones del cholaje con acordes precolombinos.

    Las uniones legales y extra legales fortalecieron la porosidad social y lograron que la presencia morena en universidades, cargos públicos, Fuerzas Armadas o Policía se tornara creciente. Esta es la línea que debió profundizarse. Evo Morales ha usado el castellano para erradicar el analfabetismo, lo que demuestra que la casi totalidad de la población boliviana habla este idioma. Las ONG dicen que la justicia comunitaria se mantuvo por la ausencia del Estado en poblaciones aisladas. Lo obvio era garantizar esa presencia en vez de imponer, como ocurre ahora, el desbarajuste de 36 “justicias” contradictorias.

    Los defensores del caos aducen que no permitirán que la casta criollo-mestiza, continúe con la opresión de los 500 años. Esta es una dulce melodía para los agentes del poder mundial que esperan apoderarse de los territorios indígenas, la biodiversidad y los recursos naturales que contienen. Similar sentimiento es compartido por terratenientes y separatistas de la “media luna”, que exigen convertir a Bolivia en Estado federal bi nacional. Los oligarcas racistas y neoliberales que pululan especialmente en barrios residenciales, que despreciaron a Felipe Quispe y Remedios Loza, a Carlos Palenque y Max Fernández (sus abuelos repudiaron a Isidoro Belzu y Andrés de Santa Cruz y Calahumana), se sienten justificados por el fundamentalismo indígena.

    El éxito de separatistas y plurinacionales se asienta en el odio, el caos y el descontrol social. La masacre de campesinos en Pando y la humillación de indígenas en Sucre coexisten con linchamientos impunes, asaltos y cercos al Parlamento, observados por la Policía a prudente distancia. La corrupción alcanza ahora a dirigentes de movimientos sociales empeñados en recaudar fondos para sus organizaciones. La producción de cocaína está en auge. La guerra entre pobres también se acentúa. Cooperativas mineras, formadas por indígenas, son asaltadas por otros indígenas. El odio racial está a flor de piel. El Estado plurinacional avanza incontenible. Pese a todo, se necesita usar los escasos resquicios de la NCPE para seguir buscando la unidad nacional.

    Tal como van las cosas de la política y sus perspectivas en Bolivia, el proyecto popular, nacionalista y antiimperialista iniciado en 2006 con el gobierno de Evo Morales se encuentra en una profunda crisis y con sus pilares fuertemente debilitados a causa de la corrupción, la ausencia de una propuesta estratégica y los exóticos experimentos de 36 naciones autónomas planteada por grupos de influencia cercanos al Jefe de Estado.

    Luego del escándalo de corrupción en la emblemática Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a nueve meses de las elecciones generales, se observa a un Presidente de la República apesadumbrado y marcado por dudas sobre los temas que aborda.

    A su vez, la extrema debilidad de YPFB es festejada por las transnacionales: Petrobrás, Total, Repsol y BG, que consiguieron la vigencia de contratos ventajosos, en extraña combinación con sectores del gobierno nacional. Esto significa retrasar sin fecha la construcción de una planta separadora de líquidos y de un gasoducto interno.

    Si no se producen, a corto plazo, importantes decisiones al más alto nivel, con un golpe de timón en las decisiones y la política nacional e internacional, si no se asumen plenamente las banderas que fueron fundamentales en la derrotas del modelo neoliberal, como fueron las del octubre de 2003 con la guerra de los hidrocarburos, de la tierra y del agua, si no se aplican sanciones fuertes contra quienes han asumido una conducta corrupta en el manejo de la cosa pública, si no se frena la formación de múltiples Estados y si no se recupera la fe y la convicción del pueblo en su gobierno, es altamente probable que la tendencia declinante podría ser irreversible.

    Octubre de 2003 se caracterizó por la movilización y rebelión de los oprimidos y excluidos (de Bolivia) contra el sistema político neoliberal y conservador, alcanzando niveles de revuelta popular que hizo añicos a la casta gobernante y a su mayor representante, Gonzalo Sánchez de Lozada.

    En la transición hasta 2005, se realizaron intentos oligárquicos por recuperar la iniciativa a través de Carlos Mesa, primero, Hormando Vaca Diez y Mario Cossio, después, y de Eduardo Rodríguez, finalmente, sin conseguir su objetivo de desbaratar el programa y la revuelta nacional-popular de octubre.

    Ahora, es desde el propio gobierno de donde surgen las perspectivas más peligrosas. Por una parte, el exótico proyecto de las 36 nacionalidades con derechos similares a los del Estado Boliviano abren las posibilidades de la fragmentación nacional, no tanto como deseo de quienes impulsan estas ideas sino como parte de un proceso que está siendo aprovechado por las oligarquías locales y el imperialismo que consideran que por la vía de las autonomías es posible alcanzar la independencia, el separatismo, el protectorado u otras formas inducidas de balcanización que llevan adelante las fracciones reaccionarias mas peligrosas de Bolivia.

    El haber incorporado al gobierno a personalidades claramente identificadas con el proceso de capitalización de Sánchez de Lozada como Walker San Miguel, Ministro de Defensa, con el neoliberalismo como Luís Arce, Ministro de Economía y Finanzas, con la negociación con las transnacionales como Héctor Arce, Ministro de Defensa Legal, quien, además, maneja los temas relacionados a las empresas estratégicas, entre ellas YPFB, se ha convertido en un peligro para el mismo proceso.

    Por otra parte, la manera más perniciosa de debilitar un régimen popular es a través de la corrupción. La Presidencia de la República no actuó con energía y decisión, desde el año 2006, para contener este peligro como en los casos de YPFB, de Aduanas, de Tractores, de Carreteras y de Viviendas. Ahora, con el caso Santos Ramírez, quien era el hombre de mayor confianza de Evo Morales en la organización política y ex Presidente del Senado Nacional. El Jefe del Estado tiene en sus manos las decisiones que evitarían una caída muy peligrosa.

    Este caso, amplificado por los medios de comunicación adversos al gobierno, al igual que los casos de contrabando de 32 camiones en Pando, las denuncias de corrupción en la Agencia Boliviana de Carreteras (ABC), o la venta de avales para conseguir puestos burocráticos, no han sido aclarados y explicados por las autoridades para despejar las dudas existentes.

    Aprovechando esta situación han sacado cabeza antiguos servidores del proyecto neoliberal, como Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, ambos vicepresidentes de Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, separatistas como Ruben Costas y Mario Cossio o simpatizantes de Sánchez de Lozada como René Joaquino, con el interés de presentarse como alternativa en las elecciones de diciembre.

    Las banderas que levantan para posicionarse no están referidas a sus propuestas sino al debilitamiento y reducción de credibilidad que demuestra la figura del Presidente Morales y del gobierno del MAS. Solamente determinaciones muy claras, que contemplen la lucha contra la corrupción, la recuperación efectiva de los recursos naturales estratégicos que implica la aplicación del decreto de nacionalización de los hidrocarburos de mayo de 2006, el dejar de lado los experimentos autonómicos que llevarían a la balcanización de Bolivia y la recuperación de la credibilidad perdida, permitirán la recuperación del proceso de liberación nacional.

    La unidad nacional es la condición básica para avanzar en este proceso de liberación nacional, que al mismo tiempo afirme una posición antiimperialista y de integración de América Latina junto al potenciamiento económico basado en la recuperación de los recursos naturales, la reversión de tierras de latifundio, el impulso de la industrialización, el uso masivo del gas en la economía interna y la transformación agraria, con el objetivo de avanzar en la autosuficiencia en alimentos, vestido y vivienda para todos los sectores sociales del país.

    En conclusión, con una propuesta nacional-popular, la conducción social y política y la hegemonía indomestiza y la presencia activa e irreversible de los sectores originario campesinos en la nación oprimida puede consolidarse un Estado Nacional fuerte y unido, en lugar de un archipiélago de pueblos autónomos y desarticulados.

    El director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, en nota titulada “Neocolonialismo Agrario” (febrero 2009), advierte que los Estados ricos están comprando tierras en forma frenética en diversas partes del mundo. Demuestra que China es un “comprador compulsivo”. Detenta más de dos millones (MM) de hectáreas (ha) en Australia, Kazajistán, Laos, México, Brasil, Surinam y sobre todo África. Pekín ha firmado 30 acuerdos de cooperación con gobiernos que le dan acceso a tierras. Corea del Sur ha adquirido 2.3 MM. Kuwait, Qatar y Arabia Saudi buscan parcelas fértiles “donde sea”, sobre todo ahora, añadimos nosotros, que pueden pagarlas con dólares devaluados. Regiones enteras están bajo control de extranjeros como Soros, Tompkins y Benetton, en especial en países con poca población y gobiernos poco celosos de la soberanía nacional. El problema se agravará aún más debido a las batallas por la alimentación en Siglo XXI.

    Cabe preguntar si el reconocimiento constitucional en Bolivia a 36 naciones indígenas, con sistemas jurídicos propios, libre determinación y territorialidad ¿favorece o perjudica esa transferencia de tierras frenética y compulsiva? Ramonet ha puesto en evidencia el verdadero objetivo de decenas de ONG norteamericanas y europeas que, mediante la invocación de legítimas reivindicaciones culturales, abonaron el terreno para atomizar a Bolivia. De manera paralela, los separatistas de la “Media Luna”, luego de facilitar el ingreso de menonitas y capitalistas norteamericanos, brasileños y paraguayos, prefieren mil veces que la tierra sea ocupada por empresarios foráneos y no por los quechuaymaras de tierras altas.

    La Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) determina que los pueblos indígenas financien sus propias autonomías. ¿Por qué no hacerlo mediante la venta de una parte de extensos territorios ya entregados a pocas familias, sin excluir a pueblos nómadas? Se dirá que la NCPE prohíbe la venta de territorios a extranjeros, pero también reconoce la libre determinación y territorialidad de los pueblos originarios. No debe olvidarse que en los países débiles, la Constitución tiene valor relativo. Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) entregó a las transnacionales los recursos estratégicos del país, pese a estar vigente una Constitución de corte estatista. ¿Por quó no hacerlo ahora si las naciones indígenas tienen el respaldo de los centros de poder mundial? Los presidentes de Francia y Rusia , por ejemplo, acaban de anunciar que ayudarán a aplicar el nuevo texto.

    Separatistas e indigenistas repudian a los pensadores nacionales. Uno de ellos, René Zavaleta Mercado, después de maldecir a la casta terrateniente que cobró compensaciones económicas de las oligarquías de Chile, por el asalto a la costa marítima, y de Brasil, por la apropiación de parte de la amazonía boliviana, recordaba estas palabras:

    “El territorio es lo más profundo de un pueblo. Sólo la sangre misma es tan importante como el territorio. El territorio tiene valor absoluto”. El canciller Rafael Bustillo, en 1872, decía: “El territorio es la primera y más sagrada de las propiedades nacionales, porque encierra en si a todas las demás”. ¿Qué valor pueden tener estas expresiones para Alvaro García Linera, ideólogo del separatismo étnico, quien dice sólo quiere dividir lo que ya está dividido (“La Epoca” O4-11-01); para Raúl Prada, del MAS, quien insiste en des estructurar al país mediante el retorno al Tawansinsuyo, con lo que desprecia la memoria de los soldados bolivianos que se inmolaron en tres conflagraciones con países vecinos; o para los propagandistas rentados del plurinacionalismo financiado por Europa y USAID?

    La Izquierda Nacional, a diferencia de las izquierdas europeizantes y siguiendo los lineamientos de Trotski en sus diversos escritos respecto a los procesos revolucionarios en esta parte del mundo, sostuvo desde el principio el progresismo de los Frentes Nacionales, estrategia ineludible en el camino hacia la revolución social en los países coloniales o semicoloniales, como los nuestros.

    Así, reconociendo la necesidad de agrupar en un frente común a todas las clases enfrentadas al imperialismo, reafirmaba la necesidad de que la clase trabajadora mantuviera su independencia organizativa a los efectos de luchar hacia dentro del frente por conquistar su hegemonía e imponerle su propio camino.

    De esta manera la Izquierda Nacional argentina, durante los años en que ese Frente Nacional estuvo conformado, bregó incansablemente por constituir una organización político-militante socialista que, independiente del Partido Peronista conducido por elementos burgueses, pudiera hegemonizar el Frente y conducirlo hacia la profundización del proceso revolucionario abierto en el país a mediados de los años 40 del siglo pasado.

    La Izquierda Nacional, manteniendo su independencia organizativa, no cejó un instante de apoyar al movimiento peronista, tanto cuando éste estuvo en el poder como durante sus 17 años de proscripción, como tampoco dejo de marcar los errores y los límites de la conducción burguesa del movimiento (marchar separados). Como así también evitó ser instrumento de la reacción, marcando las virtudes del Peronismo y denunciado la entrega a la que nos habían sometido históricamente las fuerzas que se enfrentaban al peronismo (golpear juntos).

    Si en algo falló la Izquierda Nacional argentina, fue en su imposibilidad de conformarse como verdadera opción revolucionaria para la clase trabajadora argentina, capaz de superar esas limitaciones tantas veces denunciadas. Pero jamás fue instrumento de la reacción, siempre codo a codo luchando con el pueblo peronista.

    Iniciado este nuevo siglo, vemos alegres y expectantes como en varios países hermanos se han abiertos procesos revolucionarios que corroboran las tesis de Frente Nacional que nuestra corriente a elaborado y sostenido a lo larga de sus casi 60 años de historia.

    Particularmente en Bolivia, el gobierno revolucionario supo tener en sus primeras líneas de fuego a un compañero que se ha reconocido como un militante de la Izquierda Nacional boliviana. Lamentablemente, y a nuestro pesar, a poco de andar Solís Rada tuvo que abandonar su puesto de lucha en el gobierno, encontrando su trinchera en el llano. Desde allí y permanentemente lo vemos marcar los límites que presenta el gobierno del compañero Evo Morales, aunque no a denunciar con el mismo énfasis quienes son los reaccionarios bolivianos que históricamente sometieron al pueblo a la opresión y la explotación, situación a la que quieren volver a sumir al hermano país alpino.

    Siendo consientes de la necesidad de construir una herramienta político-militante con la cual se pueda empujar al gobierno revolucionario a profundizar el proceso, superando esos aspectos que se critican, es nuestro deseo que el compañero Solís Rada pueda encontrar un camino que le permita llegar a esa construcción y constituirse no como mero denunciante sino como factor activo e influyente en el proceso revolucionario boliviano a los efectos de superar sus limitaciones y avanzar hacia una revolución total y profunda, sin olvidar jamás que en la instancia presente el verdadero enemigo no está dentro del gobierno moralista sino en los sectores sociales opuestos a éste.

    La corrupción de los gobernantes no comienza al iniciarse su gestión, sino desde que reciben financiamientos para sus campañas electorales, con desconocimiento de la ciudadanía. Evo Morales ha convocado a construir una sociedad diferente, sobre nuevos principios éticos, el primero de los cuales postula no mentir. Por esta razón, no es correcto aducir que los neoliberales han sido apadrinados por aportes extranjeros (lo que es verdad) y que el MAS, en cambio, sólo ha recurrido al aporte voluntario de sus empobrecidos militantes, lo que no es creíble.

    Sobre esa base, planteamos estas preguntas: ¿Hubo cooperación de la francesa Total al Movimiento al Socialismo (MAS), el actual partido de gobierno? Carlos Mesa sostiene que en su gestión presidencial recibió la visita (año 2003) de Evo, quien estuvo acompañado de Gastón Mugía, representante de esa petrolera. De manera coincidente, los contratos petroleros, firmados en octubre de 2006, tenían anexos que favorecían a la Total. Ante el reclamo de Petrobrás, hubo necesidad de cambiar los anexos, en forma ilegal, lo que se hizo después de la ceremonia pública. Hace dos años se entregaron al ex Ministro Carlos Villegas (hoy Presidente de YPFB), las auditorias a las compañías petroleras que detectaron fraudes contables, las que se mantienen en secreto. ¿Por qué? ¿No ocurrirá lo mismo con las auditorias que ahora realizará Villegas en YPFB, dentro del caso Santos Ramírez?

    ¿Por qué todos los contratos importantes para la construcción de carreteras recayeron en empresas brasileñas? ¿Es verdad que uno de ellos, suscrito con la firma OAS, y cuyos daños económicos no terminan de determinarse, cooperó económicamente al MAS? El vicepresidente Alvaro García Linera y la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián Estensoro (homenajeada por la Ministra de Transparencia Nardy Suxo), anunciaron la expulsión de la Queiroz Galvao por el delito de estafa. A las pocas semanas fue revisada la medida.

    En mayo de 2007, se descubrieron E.mails de la ABC incriminando a “Alvarín”, “Cotapati” y “N. Estenssoro” en la recepción de comisiones. ¿Por qué la investigación se archivó en el Ministerio de la Presidencia, comprometido, a su vez, en el contrabando de 33 camiones en Pando? ¿No es posible sancionar a quienes malversaron cheques venezolanos, entregados a municipios en calidad de donativos, que dañan la autoestima de los bolivianos? De manera paralela, el gobierno venezolano, cuyas posiciones antiimperialistas merecen pleno apoyo, no vaciló en arrebatar a Bolivia la rentable compra de la colombiana Gravetal, la mayor exportadora de soya en el país, lo que hubiera permitido al Estado nacional gravitar en la geopolítica de la hidrovía Paraguay–Paraná, así como en la Cámara Agropuecuaria del Oriente (CAO).

    Las experiencias del MNR y CONDEPA demuestran que los sectores populares, al observar que existen corruptos incrustados en esferas del régimen se sienten impulsados a imitarlos, lo que puede ocasionar la debacle moral en varios estamentos sociales. De ahí la importancia de que el MAS haga conocer sus fuentes de financiamiento electoral. Recordemos que Evo exigió al Senador Filemón Escóbar, cuando éste fue expulsado de filas del oficialismo, que devolviera a una ONG los fondos que recibió para su campaña. ¿Cuántos parlamentarios del MAS recibieron préstamos o donativos similares? ¿Cuáles fueron esas ONG? ¿Fue casual que desde el primer gabinete de Evo casi la mitad de ministros estuvo vinculada a ONG? ¿Cuáles ONG desembolsaron fondos en la Asamblea Constituyente?

    El oficialismo sostiene que senadores opositores se niegan a aprobar el proyecto de ley de investigación de fortunas (presentado al parlamento por mi persona, en 1990). Si lo anterior es cierto, ¿por qué el MAS no aprobó la ley cuando, debido a movilizaciones sociales, tuvo el control del Senado de la República, en noviembre de 2006, lo que le permitió aprobar su proyecto de ley agraria?

    Las políticas neoliberales que desmantelaron al in constituido Estado nacional vinieron acompañadas de Fundaciones y ONG, que pretendieron justificar la succión transnacional. En esa tarea, se destacó el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), vinculado a la social democracia alemana. Su presencia permitió afirmar que Bolivia estaba dominada por el “pensamiento ILDIS”. A partir del año 2000, movimientos sociales desestabilizaron al neoliberalismo y lograron, el 17-X-03, la fuga del Presidente y representante del capital extranjero, Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL). Estas victorias, en lugar de ser explicadas como continuación de la resistencia de la nación oprimida frente al imperialismo, quedaron enmarcadas en un indigenismo secante, que defiende la vigencia de 36 naciones, con 36 idiomas nativos y 36 sistemas judiciales y resucita viejos postulados estalinistas, actualizados por nuevas ONG.

    El dominio de ILDIS dio paso al grupo “Comuna”, del vicepresidente Alvaro García Linera y del constituyente del MAS, Raúl Prada, aliado al jesuita Xavier Albó (USAID). Prada, después de la tregua a la que arribaron el MAS y partidos opositores, sobre la base del reconocimiento de la nación boliviana, volvió a plantear el retorno al Tawantinsuyo (“La Prensa”, 13-01-09). He aquí sus palabras: “La concepción de nación es la concepción de los suyos y más bien es de una conformación, son alianzas territoriales, políticas, familiares las que se conforman a partir de esa red territorial. Estamos hablando de varios suyos que serían naciones… Estaríamos actualizando lo que es el Tahuantinsuyo, formas territoriales tiwanacotas. Estaríamos avanzando a una concepción territorial conculcada por la Colonia, porque no olvidemos que los departamentos y sus límites geográficos son una herencia colonial”. Prada considera que las autonomías regionales, reconocidas en la nueva Constitución, las que coexistirán en nivel de igualdad con las autonomías departamentales, municipales e indígenas, viabilizarán la recuperación del Tawantinsuyo.

    Así la hegemonía ideológica pasó de Smith, Friedman y Hayec a las abstracciones de Bordeau, Derrida y Foucault, las favoritas de Alvaro García y Raúl Prada, quienes acabaron identificándose con las tesis de Hardt y Negri, las que también encubrieron los intentos por destruir a los estados nacionales en las semicolonias. De esta manera, quedó arrinconado el pensamiento de Montenegro, Céspedes, Almaraz, Zavaleta y Quiroga Santa Cruz, y minimizados los grandes sucesos de la historia de Bolivia, como la presencia indomestiza en la guerra de la independencia, la Revolución paceña de 1809, la guerra del Chaco y la Revolución del 9 de abril de 1952, que decretó el voto universal y abolió la servidumbre. También fue ignorado el aporte de otros latinoamericanos, desde Manuel Ugarte hasta José Carlos Mariátegui y Ruy Mauro Marini.

    Evo Morales, si bien enfrentó al lastre de la exclusión social, erradicó el analfabetismo y desplegó intentos de industrialización del hierro y del litio, se sometió a los dictados de la geopolítica de Brasil y Chile, a fin de derrotar a los separatistas de la Media Luna. Continuó enviando tropas a Haití y El Congo, en aberrante negación de su prédica antiimperialista. Expulsó al embajador estadounidense, pero prosiguió prestando las reservas monetarias del país al agónico Tesoro de EEUU y Bancos europeos y aceptó, a cambio de su reelección, respetar los latifundios y contratos petroleros que volvieron a desnacionalizar el gas y el petróleo. La rearticulación del pensamiento nacional debe ser acompañada por la aplicación de medidas económicas concretas. La más importante de ellas, el uso de parte de las reservas monetarias en la construcción de gasoductos internos que vertebren la fragmentada geografía nacional.

    Desde el primer gobierno de Paz Estensoro (1952-1956), ningún presidente boliviano acumuló tanto poder como Evo Morales, en el marco de la democracia formal. VPE basó su legalidad en su triunfo en las elecciones de 1951, anuladas por la oligarquía, y su legitimidad en la Revolución del 9-IV-52, el suceso más importante de nuestra historia. Evo ganó los comicios del 18-XII-05, con el 54 %, pero su triunfo en el referéndum revocatorio del 10-VIII-08, por 67 %, dio legitimidad a los Movimientos Sociales (MS), base de su régimen.

    Las movilizaciones populares permitieron descabezar a dos prefectos y encarcelar a un tercero, además de someter a importantes opositores a una semiclandestinidad asfixiante. Los periódicos del sistema y la Iglesia Católica, último refugio de los descontentos, han perdido influencia. La falla “geológica” con que nació la República, en 1825, por la exclusión indígena, ha comenzado a soldarse, aunque, como era inevitable, con conmociones jurídicas y políticas, que han potenciado al régimen. Si se suma a lo anterior el respaldo de UNASUR al gobierno, se convendrá que en manos de Evo ha quedado el destino nacional.

    Son tres los grandes enemigos que Evo debe vencer para transformar al país: La mentalidad neoliberal, heredera de Sánchez de Lozada, atrincherada en el Banco Central, que acaba de licitar parte importante de las reservas monetarias, para que sean administradas por organismos financieros extranjeros, mediante contratos sujetos a leyes foráneas, que autorizan prestarlos al interés anual del 2.5 %, mientras el país obtiene créditos al 8 %. El segundo enemigo es la corrupción interna y el tercero la crisis mundial.

    Mientras los 7.700 millones de dólares de reservas sean manejados en estas condiciones, se mantendrá el atraso boliviano. Una sola obra, el Gasoducto Boliviano de Occidente (GABO), de 23 pulgadas en su punto de partida, que debe unir los mega campos de Tarija con el Salar de Uyuni, en Potosí, Oruro y La Paz, con un costo de 650 millones de dólares, cambiaría la faz del país. YPFB ha conseguido un crédito de 1.000 millones de dólares del TGN para lograr su despegue. Es demencial que el GABO no esté en sus planes. Bolivia vende enormes cantidades de gas al Brasil y proyecta aumentar sus ventas a la Argentina con otro gasoducto de 33 pulgadas. El que vincula a Santa Cruz y La Paz tiene 6 pulgadas.

    El GABO fue propuesto en mi gestión ministerial por el Ingeniero Jorge Tellez y aprobado por Decreto del 6-III-05, el que debe ser complementado por el Corredor Energético del Sur (CESU), que vinculará, con menos costo que el GABO, Tarija, Chuquisaca y el occidente cruceño, con lo que se complementará la irrigación energética del país, lo que anulará los efectos negativos que ocasionará el dar vida artificial a 36 naciones indígenas en el texto constitucional. Con energía barata, Bolivia garantizará su seguridad alimenticia, el desarrollo armónico del altiplano, tierras bajas y valles meso térmicos. Varios países vecinos han conectado sus regiones con gas boliviano. Es inconcebible que Bolivia aún no lo hubiera hecho.

    Este proyecto vital estaba bloqueado por el Prefecto Mario Cossío, vinculado al “gonismo”, y por los senadores de PODEMOS, Roberto Ruiz, partidario de vender gas natural a Chile y EEUU, y Carlos D´Arlach, ex Ejecutivo de Occidental Petróleum, así como por cívicos de la “media luna”, que impiden la articulación de la República. Si los proyectos GABO y CESU se concretan y el MAS evita que la corrupción devore sus entrañas, Bolivia, al fortalecer su economía real, estará en condiciones de consolidar su unidad interna y enfrentar con solvencia la recesión mundial que se avecina.

    El Prefecto de Tarija, Mario Cossío, en publicación pagada en “La Prensa” (08-01-09), sostiene que no ha bloqueado el Gasoducto Boliviana de Occidente (GABO) y que no ha estado vinculado directamente al “gonismo”, engendro de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), como afirmé en mi columna de 04-01-09. Veamos qué es el “gonismo”: GSL, como Ministro de Planificación de Paz Estensoro (1985-1989), hizo nombrar a su hermano Contralor de la República, con quien explotó en su beneficio los yacimientos mineros más rentables del país.

    En su primera presidencia (1993-1997), con el eufemismo de “capitalización”, liquidó las empresas estratégicas del Estado. Las acciones de las “capitalizadas”, de propiedad de los bolivianos, comenzaron a venderse en el gobierno de Carlos Mesa (2003-2005). GSL, con el DS 24.806 de 04-07-97, entregó las reservas presentes y futras de gas y petróleo a las compañías. Llevó al borde las negociaciones de venta de gas a Chile y California, lo que cerraba para siempre la posibilidad de añadir valor agregado a nuestro gas. Consumó la venta de gas al Brasil sin una planta separadora de líquidos, lo que implicó una descomunal estafa. Entregó a una empresa chilena los ferrocarriles del Occidente del país, cuyos rieles desaparecieron.

    Cossío no se opuso a esta política, razón por la que fue invitado por GSL, no por el MNR, a ser candidato a diputado el año 2002, ya que el MNR se había convertido en feudo de GSL. Cossío propició un impuesto adicional del 32 % a los hidrocarburos (Ley 3058 de 17-05-05). Desde entonces, los ingresos impositivos del país ascendieron del 18 al 50 %. Lo que no dice es que ese incremento fue íntegramente destinado a las regiones, de manera que YPFB se mantuvo sin recursos. Proyectó la Ley Tarija, de 30-05-05, por la que se otorga a su Prefectura la aberrante facultad de negociar convenios internacionales. Su línea “gonista” es evidente.

    Cossío, al referirse a la nacionalización de 01-05.06, no advierte que las auditorias a las empresas, ordenadas en esa norma, garantizaban el incremento de la tributación en los mega campos al 82 % (este segundo 32 % destinado a potenciar YPFB) y el control accionario de las “capitalizadas”. El gobierno actual aun oculta las auditorias. La nacionalización dispuso el control mayoritario de las “capitalizadas”. Este punto se cumplió dos años más tarde con notable ineficiencia. Mi gestión ministerial duró 7 meses y 15 días. En ese lapso, Cossío no designó al representante de Tarija al directorio de YPFB, autoridad máxima de la política petrolera del país.

    El Prefecto indica que no es adversario del GABO. Enhorabuena, ya que de esta obra depende el cambio de matriz energética y la viabilidad de Bolivia. Tal afirmación no coincide con la política disgregadora del “gonismo” a la que se sumó el MAS, al plantear el reconocimiento constitucional a 36 naciones indígenas, las que pretenderán cobrar impuestos por el agua y los gasoductos que crucen sus “territorios”, lo que significará una especie de retorno al “medio – Evo”, que fracturará al país y provocará enfrentamientos fratricidas.

    El gonismo y el MAS privilegian el rentismo. La Renta Dignidad vigente es una prolongación del Bono Sol de GSL. El “gonismo” y la separatista “Media Luna”, con Cossío como portavoz, exigen que los bonos sean pagados con las utilidades de las empresas estatales. GSL y el MAS depositan en Bancos extranjeros las reservas monetarias. GSL es socio de trasnacionales mineras en Chile. De ahí su interés de vender gas natural a ese país. El MAS dice que hará lo mismo. José Miguel Insulza, el perverso cerebro de la geopolítica chilena, hoy en la OEA, aconsejó a los bolivianos apoyar la Constitución de Oruro, aún más indigenista que la que será consultada el 25 de enero próximo. ¿Evo no advierte que un país astillado no puede defenderse frente a los centros mundiales de poder?

    Durante varios años rogamos, demandamos y reclamamos que el libro: “El Sistema Nacional de Economía Política”, del alemán Federico List, sea lectura obligada en las universidades de América Latina, ya que demuestra que la emergencia de las grandes potencias, como Inglaterra, Francia y EEUU, se debió a su severo proteccionismo y no al libre mercado predicado por el escocés Adam Smith. A partir de ahora nos toca rogar, demandar y reclamar que en las universidades de América Latina sean dos los libros de lectura obligatoria: El de List y la “Insubordinación Fundante” del argentino Marcelo Gullo.

    List publicó su obra en 1841, 65 años después de que Smith difundiera su “Investigaciones sobre la Naturaleza y las Causas de la Riqueza de las Naciones”, en el que sus enunciados librecambistas se equiparan a verdades bíblicas. Su cinismo lo conduce a afirmar que Inglaterra alcanzó su grandeza no por su política comercial proteccionista, sino “a pesar de ella”. List dice que esa falacia se asemeja a sostener que una planta creció a pesar de haber sido regada.

    Añade que Inglaterra no se benefició en el aspecto comercial con el “Acta de Navegación”, de 1641, que prohibía a navíos extranjeros transportar mercaderías que no fueran de su propio país y que la convirtió en el mayor imperio del mundo, aunque reconoce que aumentó su poderío. List le recuerda que el poder es más importante que la riqueza, ya que este atributo permitió a los ingleses sumir a decenas de países en la impotencia. Smith aconsejó a EEUU y Polonia que no abandonaran su vocación agrícola. List, quien residió varios años en el país del norte, coadyuvó a dejar de lado esos cantos de sirena, ya que, como dijera el general Ulises Grandt, durante la guerra de Secesión, su país tenía que imitar a Inglaterra en lo que hace y no en lo que predica.

    List muestra el éxito de los franceses y el estancamiento de España y Portugal, que no supieron retener el excedente de sus colonias, dilapidándolo en gastos suntuarios en lugar de promover su industrialización interna, primero, para conquistar mercados externos, después. Advierte, así mismo, que ningún país, como Italia, estuvo en mejores condiciones que Inglaterra para ser la primera potencia de su tiempo. No lo logró debido a que sus florecientes islas, como Venecia, Génova, Pisa, Amalfi y Florencia, herederas de la tecnología y conquistas culturales del imperio romano, se enfrentaron entre sí en guerras fratricidas. De ahí extrae una enseñanza inapelable: Si no existe unidad nacional, todo está perdido.

    Gullo, para quien el requisito de cualquier nación que desee salir de su condición periférica, es la insubordinación ideológica, recoge los grandes lineamientos del maestro List para incursionar en el análisis de países asiáticos emergentes como Japón y China. Japón, gracias a la Revolución Meiji, iniciada en 1868, alcanza lo que denomina el “umbral de poder”, mediante medidas clásicas para salir del atraso feudal, como la abolición de aduanas internas y apertura de carreteras, ferrocarriles, telégrafo y líneas de navegación de vapores, pese a la oposición de los señores feudales. Funda su primer diario y miles de escuelas populares. Coloca las bases para la apertura del Parlamento y emerge el primer partido político. Instala el primer teléfono, generaliza los vehículos de tracción equina y compra las patentes de armamentos Hottchkiss.

    Como los problemas no faltan nunca, Japón compra de Inglaterra un súper costoso plan de construcción naviera, el que fue transferido con medidas equivocadas. Así, los “gentlemen” estafaron a los ingenuos nipones. Sin embargo, el mayor error de Japón consistió en entregar su gobierno al agresivo militarismo japonés, que le causó los mayores descalabros. Pese a sufrir el primer bombardeo atómico, Japón se benefició de la necesidad de Occidente de enfrentar el poderío Chino y de otros países asiáticos, lo que explica su fortaleza actual.

    La descripción de la emergencia China no es menos apasionante. Si bien China fue el país más poderoso del planeta en el Siglo XIII, las potencias occidentales la sometieron a sistemáticos saqueos y humillaciones, como la imposición inglesa de convertirla en consumidora de opio. A juicio de Gullo, China sale a flote gracias a la visión de Sun Yat-sen, quien decía, en la segunda década del Siglo XX, que, para los pueblos, las ideas no son buenas ni malas, sino útiles o inútiles. Afirma que su país era una hipercolonia, porque sus sufrimientos, su estado de dominación, iban más allá de una simple colonia, era, en realidad, una semicolonia de todas las potencias extranjeras, que ejercieron sobre ella el más despiadado imperialismo. Sut Yan-sen postula un capitalismo nacional, férreamente conducido por el Estado central.

    El país más poblado del mundo va ahora camino de convertirse en la primera potencia del orbe. El hecho se debe, entre otros factores, a que ha condicionado las inversiones extranjeras a la transferencia de tecnología, en tanto que, en materia automovilística, por ejemplo, el 90 % de las piezas deben ser fabricadas en China, empeñada ahora en desarrollar una economía de conocimiento intensivo. Lo cierto, afirmamos nosotros, es que ningún país periférico puede pergeñar un futuro socialista, si, previamente, no arrebata el poder de decisión política y económica a consorcios foráneos.

    Lo interesante del libro de Gullo es que aún incursionando en el análisis económico de países ya estudiados por List, aporta novedades de enorme valía. De esta manera, socializa los siguientes datos: Hasta mediados del Siglo XIX, el orgulloso pueblo alemán carecía de conciencia nacional. El hombre de Baviera, Prusia o Hesse no se sentía alemán y no creía que existiera una patria llamada Alemania. La clase política presentaba niveles de corrupción que haría palidecer de vergüenza a cualquier político latinoamericano. Los señores feudales de Alemania vendían a sus súbditos por millares al Ejército británico, que los convertía en soldados esclavos. La unidad alemana, acaudillada por Bismark, puso los cimientos del poderío alemán, vigente en nuestros días. Otra vez el tema de la unidad nacional aparece como requisito de transformaciones estructurales.

    El seguimiento de Gullo a List se produce aún en el eurocentrismo del pensador alemán. List obvió las consecuencias económicas y sicológicas del tráfico de esclavos africanos, muchos de ellos trasladados a las plantaciones de Brasil y el Caribe. En general, la ausencia de análisis de la situación en Africa es un denominador común en los trabajos de List y Gullo. El escritor argentino cifra grandes esperanzas en el MERCOSUR, sin puntualizar que ese acuerdo integrador carece de destino en tanto transnacionales europeas, norteamericanas, chinas o japonesas manejen sectores claves de la economía sudamericana. Esas transnacionales están articuladas a Paraísos Financieros y al narcotráfico, así como al papel alienante de sus ONG.

    No se mencionan los abusos de Brasil con relación a sus vecinos débiles, como Paraguay, Bolivia y Ecuador, fenómeno que llevó a Ruy Mauro Marini a desarrollar la tesis del subimperialismo brasileño. Marini decía que el subimperialismo logra su expansión relativamente autónoma en los países más sometidos, lo que permite a sus burguesías beneficiarse con transferencia de valor, a fin de lograr excedentes que son incapaces de defender frente al imperialismo. Ojala en futuras ediciones, que serán requeridas muy pronto, gracias a su enorme éxito editorial, el libro de Gullo pueda llenar estos baches, que no aminoran su enorme valía.

    Los paradigmas éticos y políticos globales provocan interpretaciones equívocas en las metrópolis y los países marginales. Tal el caso de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, fruto de la Revolución francesa, según la cual “todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Lo mismo ocurre con la Declaración de Independencia de EEUU, de 1776, que puntualiza: “Sostenemos que… todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos derechos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. ¿Cómo compatibilizar estas palabras con la prédica del “destino manifiesto” (que postula la superioridad de la raza blanca), los genocidios y el tráfico de esclavos posteriores a esos textos? Si bien se han sucedido matanzas y actos de barbarie en toda la faz de la tierra, la distancia entre las palabras y los hechos ha adquirido en Europa y EEUU dimensiones que asombran. La objetividad de las cifras es elocuente:

    “El año 1500, la población global llegaba a 400 millones, de los cuales 80 millones estaban en América. A mediados del Siglo XVI, de esos 80 millones quedaban 10. Si nos limitamos a México, en vísperas de la conquista su población era de 25 millones, la que se redujo a un millón, en el año 1600… Ninguna de las matanzas del Siglo XX puede compararse con semejante hecatombe”.

    Según Eric Hobsbawm, la cifra de esclavos africanos transportados a América bordeaba el millón en el Siglo XVI, tres millones en el XVII y 7 millones en el XVIII. El filósofo francés Christian Delacampagne califica de genocidio sólo la matanza de armenios por los turcos, en la primera guerra mundial, de los judíos europeos en la segunda, y de los tutsis por los hutus, en Ruanda, en 1994.

    Las matanzas en las colonias y semicolonias sucedieron, al parecer, en otro planeta. Los engaños comienzan en el diccionario. El “Larousse” indica que “escalpar” es cortar la piel del cráneo. Luego añade: “Los pieles rojas escalpaban a sus víctimas”. Se oculta que la realeza británica otorgaba premios pecuniarios a sus emigrantes por cueros cabelludos de los indios, especialmente de mujeres y niños, a fin de que su exterminio sea más rápido. Datos conservadores relativos a la“Trata Atlántica” de esclavos entre el año 1500 y mediados del Siglo XIX, indican:

    Se trata de 17 millones de seres humanos, cifra que debe ser por lo menos duplicada por las matanzas que seguían a la persecución y captura, las muertes en los traslados a los puertos (la inenarrable crueldad de separar a las madres de sus hijos) y en las travesías marítimas, debido a las enfermedades, ya que era más barato reemplazar un esclavo que curarlo. Si bien la esclavitud tiene orígenes lejanos, en los inicios del Siglo XIX alcanzó su máxima intensidad. La exploración del interior de África por los europeos comenzó en el Siglo XIX (anteriormente, los esclavistas se limitaban a capturar esclavos mediante alianzan con pueblos aborígenes). Gracias a la violencia, las potencias dominaron el continente. Tras la conferencia de Berlín de 1885 (96 años después de la Revolución francesa), Francia ocupaba el Magreb, África occidental y ecuatorial, Madagascar, Comores y Yibuti; Inglaterra, se apoderó de Nigeria, Sierra Leona, Gambia, Costa de Oro (hoy Ghana) y en un arco que va desde Egipto hasta Sudáfrica; Alemania de Togo, Camerún, Namibia y de la región de los Grandes Lagos; Bélgica del Congo belga; España de Guinea ecuatorial y Río de Oro (Sahara occidental); Portugal de Angola, Mozambique, Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde; Italia de Libia, Somalia y Eritrea… La derrota de Alemania en la primera guerra mundial desmanteló su imperio colonial, que se repartió entre Francia, Inglaterra y Bélgica.

    La investigadora norteamericana Susan Back-Morss cita estas palabras del padre del liberalismo moderno, el filósofo inglés John Locke, de su obra “Dos Tratados Sobre el Gobierno Civil”, de 1690: “La esclavitud es un Estado del Hombre tan vil y miserable, tan directamente opuesto al generoso temple y coraje de nuestra Nación que apenas puede concebirse que un inglés, mucho menos un Gentleman, pueda estar a favor de ella”. Sin embargo, el influyente pensador era Accionista de la Compañía Real Africana, involucrado en la política colonial en Carolina (América del Norte). Fue el autor de la Constitución Fundamental de Carolina, cuyo texto dice: “Todo hombre libre de Carolina tendrá poder y autoridad absoluta sobre sus esclavos negros”.

    El historiador moderno más sobresaliente de Holanda, Simon Schama, autor de The Embarrassment of Riches: An Interpretation of Duch Culture in the Golden Age (Nueva York, 1987), sostiene que la formación de la conciencia nacional de los holandeses tuvo lugar en su lucha por la independencia nacional (1570 – 1609), contra España que los esclavizaba. Añade que los enormes ingresos del país hicieron que Holanda corriera el riesgo de caer en la “esclavitud del lujo” y de la “avaricia consumista”. Felizmente, al centrar su atención no en el comercio, sino en la familia, se llegó a construir “la esencia de lo holandés”. Schama silencia que Holanda fue, desde mediados del Siglo XVI hasta mediados del Siglo XVII, la primera potencia esclavista, después de desplazar a España y Portugal de ese vergonzoso sitial. Apenas se refiere a la Compañía Holandesa de la India Occidental, instrumento del tráfico de esclavos. No censura la esclavitud de africanos, pero reprocha a sus antecesores el haber perseguido a judíos, homosexuales, gitanos, vagabundos y prostitutas. Sus distorsiones alcanzan a la cultura visual, ya que su libro está ilustrado con pinturas del afamado artista holandés, Franz Hals, del que han sido eliminadas las reproducciones de cuadros en las que aparecen esclavos negros.

    En marzo de 1685 (104 años antes de la revolución francesa), Luís XIV promulgó el “Código Negro”, cuyo artículo 44 dice: “Declaramos que los esclavos son bienes muebles”. Su preámbulo indica que se lo aprueba a fin de mantener la disciplina de la Iglesia Católica y socorrer con prontitud las necesidades de los esclavos.

    Entre 1751 y 1772, D’Alembert y Diderot publicaron, en 33 volúmenes, “La Enciclopedia”, en la que se afirma que “todos los hombres son libres e iguales en virtud de un derecho natural, idéntico para todos”. Se hablaba de un hombre universal, que no es ni mujer, ni indio, ni negro esclavo. Añade que Occidente violó este postulado de manera sistemática.

    manifestó luego lo siguiente: “El azúcar sería demasiado cara si no trabajaran los esclavos. Dichos esclavos son negros de los pies a la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible tenerles lástima. Resulta impensable que Dios, que es un ser muy sabio, haya puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo enteramente negro”.

    Estas contradictorias posiciones hicieron que la Escuela de Frankfurt, a través de Adorno y Horkheimer, sostuviera que el nazismo era una filial de la Ilustración y no una ruptura con esa corriente de pensamiento”.

    Ninguna encíclica papal ha condenado el tráfico de esclavos, pero el Nuevo Testamento admite la esclavitud (Epístola de San Pablo a Filemón) y la social democracia europea no destaca la contribución del tráfico de esclavos a la acumulación originaria del capitalismo, analizada en El Capital, de Carlos Marx.

    La expoliación de las semi colonias en general y del Africa en particular continúa hasta el presente. El Banco Mundial, en años previos a la independencia de Zaire, ex Congo Belga (1971), donde las matanzas prosiguen con demencial violencia, desembolsó préstamos a compañías belgas, francesas y británicas que explotaban estaño, diamantes, oro, cobre y radio del país africano. La obligación contraída por las transnacionales fue transferida a la nueva República, cuya deuda externa creció de 1400 millones de dólares, en 1973, a 12.000 millones de dólares, cuatro años más tarde.

    En la década de los sesenta, África era un exportador neto de alimentos. El valor promedio de sus exportaciones fue de 1,3 millones de toneladas anuales entre 1966 y 1970. Hoy importa el 25 % de sus productos alimenticios. Las hambrunas se incrementan. Sólo en los tres últimos años, se han producido emergencias alimenticias en el Cuerno de África, el Sahel, Africa del sur y Africa central. El impacto negativo de los programas de ajuste se agravó con prácticas comerciales injustas por parte de la Unión Europea y EEUU. La producción de biocombustibles exacerbó aún más la crisis alimenticia de la región.

    Las hambrunas hicieron recrudecer las migraciones africanas a las metrópolis, lo que motivó que el presidente francés Nicolás Sarkpzy advirtiera que “Europa no puede recibir a toda la miseria del mundo”.

    Hablar a los europeos de tráfico de esclavos (salvo excepciones), se asemeja a mencionar al hijo drogadicto en familias acomodadas. En tanto Europa, tan despierta para organizar ONG, oculte y tergiverse su participación en el tráfico de esclavos y en la actual succión de plusvalía de las periferias, las posibilidades de cambio serán escasas. Tal vez sea mucho pedir que los textos escolares y libros de historia europeos reconozcan la expoliación de naciones oprimidas por naciones opresoras, pero, por lo menos, que no prediquen las virtudes del Socialismo del Siglo XXI, basado en esa expoliación. A su vez, en las colonias y semicolonias tampoco habrá esperanza en tanto nuestros niños y jóvenes sigan aplaudiendo entusiasmados las antiguas películas en las que John Wayne derriba pieles rojas con singular puntería y Johnny Weiss Muller, el popular tarzán blanco, de dos metros y ojos azules, es mostrado como el único capaz de columpiarse en lianas y matar leones con cuchillo, mientras los negritos del lugar sólo sirven para tocar tambor.

    Carlos Marx; El Capital; Editorial “Pueblo y Educación” Cuarta reimpresión, 1983. La Habana-Cuba. Tomo I.- Capítulo XXIV: “La llamada acumulación originaria del capital”. 6.- “Génesis del capitalista industrial”. Páginas 687 a 697.

    Las elecciones del 22-XII-05, en las que Evo ganó con el 54 %, fue el resultado de las marchas de indígenas, iniciadas el 2000, en las que exigieron su inclusión plena en la vida nacional, y de la insurrección popular del 17-X-03, que derrocó al neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada. Ese halagüeño escenario colocó al nuevo gobierno ante la disyuntiva de rescatar los mejores logros históricos del in constituido Estado nacional y erradicar la discriminación, el racismo y la exclusión aún presentes en la sociedad boliviana o, por el contrario, rediseñar el país a partir del indigenismo.

    Al inicio del gobierno, se adoptó la primera posición, ya que la nacionalización de los hidrocarburos fue apoyada por el 85 % de la ciudadanía, con un alto grado de cohesión social. El anhelo de Sergio Almaraz, Carlos Montenegro y Pablo Zárate Willca de construir una Patria unida y soberana parecía cercano. Infelizmente, el decreto fue desvirtuado por contratos petroleros, los que volvieron a entregar a las empresas el control de las reservas de gas y petróleo.

    Para encubrir el retroceso, se exacerbó lo étnico y se proclamó el reconocimiento a 36 naciones aborígenes y similar número de idiomas oficiales. Como contra parte, el presidente electo, Barak Obama, repitió esta idea fuerza a lo largo de su campaña: “No hay un EEUU negro y un EEUU blanco, sino un EEUU de Norte América”.

    En tanto la primera potencia militar del planeta hará de la unidad interna su eje defensivo, Evo impulsa un proyecto constitucional, que será aprobado en enero, en el que las naciones originarias tienen derecho a la libre determinación, territorialidad y sistemas jurídicos paralelos. A su vez, las corrientes conservadoras toleraron lo plurinacional a cambio del respeto a los latifundios y “derechos adquiridos” de las petroleras.

    Imaginamos el semblante de Obama si las ONG, los Albó, los García Linera y los Prada hubieran dicho que EEUU tiene que acatar la Resolución 169 de la OEA y las determinaciones de NNUU sobre pueblos excluidos, a fin de reconocer, entre otras, las identidades nacionales de pieles rojas, comunidades interculturales, musulmanes, afro descendientes y latino emigrantes, cuyas poblaciones son mucho más numerosas que las que tienen nuestras etnias. Tal vez con otras palabras, les habría dicho que se vayan con la música a otra parte.

    Obama dice que la unidad interna debe servir para encarar de inmediato los desafíos que tiene EEUU para enfrentar la crisis económica más grande de su historia y los desastres bélicos impulsados por la administración republicana, lo que no implica ignorar que el afro descendiente estará casi inmovilizado por los banqueros y sus paraísos financieros, fabricantes de armas y de drogas del Club Bilderberg y los demás todo poderosos del planeta, con los que tuvo que transigir para ganar la presidencia.

    En Bolivia, en cambio, se adelantó que en la próxima década serán necesarias alrededor de 200 leyes, cada una de las cuales será objeto de envenenados debates, a fin de conciliar las competencias del Estado central, regiones, departamentos, municipios y pueblos originarios.

    De manera tardía se admitió desde el oficialismo que lo que se quiso incluir en la Constitución es el reconocimiento a las culturas originarias, ya que el concepto nación es una categoría histórica aplicada sólo a comunidades humanas con determinado grado de desarrollo económico, cultural e idiomático. La introducción de este concepto en nuestra ley de leyes es plenamente legítima, lo que hubiera significado continuar con el proceso de reparar injusticias históricas, sin necesidad de ahondar nuestras diferencias y atomizar a la República.

    Marx y Engels, al escribir, en enero de 1848, el Manifiesto Comunista, pensaron que el fin del sistema capitalista estaba próximo y que el proletariado inglés tomaría pronto el gobierno de Londres, lo que convertiría a Inglaterra en el primer país socialista de la Historia. La revolución industrial, con todas sus lacras: Jornadas de 15 y 16 horas, salarios ínfimos y empleo masivo de trabajo infantil y adolescente (el 45 % de obreros en la industrial textil tenían entre 10 y 18 años), no pudo detener la organización de los trabajadores, quienes estarían a la cabeza de la revolución mundial.

    Después de una década, el optimismo de los fundadores del denominado socialismo científico comenzó a debilitarse. Engels, en carta a Marx del 7 de octubre de 1858, le dice: “…el proletariado inglés se está aburguesando cada vez más, la más burguesa de las naciones, aparentemente tiende a poseer una aristocracia burguesa y un proletariado burgués, además de una burguesía”.

    El 29 de noviembre de 1864, Marx, a nombre de los obreros de Europa, envió una carta a Lincoln felicitándolo por su reelección como Presidente de EEUU y de apoyo a su lucha contra la esclavitud. La mayoría de los trabajadores ingleses respaldó el documento, salvo los textiles del condado de Lancashire, quienes prefirieron respaldar a la burguesía inglesa, en su apoyo a los esclavistas norteamericanos, lo que fue calificado por Marx de “actitud cobarde”. Ese apoyo, dice Ramos, “no estaba respaldado en razones ideológicas, sino porque la industria textil inglesa se abastecía del algodón empapado en la sangre de los esclavos negros del Sur”.

    Engels, a su vez, le dice a Kautsky, el 12 de diciembre de 1882: “Usted me pregunta lo que piensan los obreros ingleses de la política colonial. Pues exactamente lo mismo que piensan acerca de la política en general; lo mismo que piensa el burgués. Aquí no hay partido obrero, sólo hay conservadores y liberales radicales, y los obreros comparten gozosos las cadenas del monopolio inglés del mercado mundial y las colonias”.

    Este proletariado inglés tampoco se movilizó contra las guerras del opio (1839 a 1842 y 1856 a 1860) por las que Inglaterra, Francia y Portugal obligaron a China a entregar Hong Kong y abrir varios de sus puertos para introducir el opio producido en la India británica y Turquía. En ese momento, China vendía a Inglaterra porcelanas, té, seda y condimentos. El gobierno de Londres, preocupado por los desembolsos de plata que le ocasionaban esas adquisiciones, optó por imponer, mediante la armas, el consumo de opio en China. De nada valieron las cartas a la Reina Victoria, pidiéndole que no incluya drogas tóxicas dentro del comercio internacional, ni reclamar en forma airada por los irreversibles daños que se causaba a la población china.

    Al finalizar el Siglo XIX, las potencias terminaron de ocupar las regiones susceptibles de ser colonizadas. A partir de entonces, las pugnas entre los imperialismos satisfechos e insatisfechos se dilucidarían también a través de las armas. Así se originaron las guerras mundiales, las que provocaron una alianza aún más sólida entre las burguesías y el proletariado de las metrópolis industrializadas. La primera revolución proletaria no tuvo lugar, como supusieron Marx y Engels, en alguno de los países más industrializados de Europa, sino en el Imperio Zarista, conocido como cárcel de pueblos, “en cuyo interior se habían comprimido la cuestión nacional, la cuestión judía, la cuestión agraria, la lucha contra el absolutismo y el duelo entre la burguesía y el joven proletariado. En ese gigantesco polvorín los bolcheviques no pudieron ser corrompidos como casi todo el resto de la socialdemocracia europea por las ventajas de la democracia parlamentaria, una cultura refinada y el bienestar material”.

    Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, el 5 de junio de 1938, León Trotsky, en nota titulada México y el Imperialismo Británico, demandó el apoyo del proletariado mundial, pero en especial del británico, a la nacionalización del petróleo mexicano. Estas sus palabras: “Sin renunciar a su propia identidad, todas las organizaciones honestas de la clase obrera en el mundo entero, y principalmente en Gran Bretaña, tienen el deber de asumir una posición irreconciliable contra los ladrones imperialistas, su diplomacia, su prensa y sus áulicos fascistas. La causa de México, como la causa de España, como la causa de China, es la causa de la clase obrera internacional. La lucha por el petróleo mexicano es sólo una de las escaramuzas de vanguardia de las futuras batallas entre los opresores y los oprimidos”.

    El internacionalismo proletario, postulado por los clásicos del marxismo, tuvo pocas expresiones concretas. El heroísmo de las brigadas internacionales que combatieron en la guerra civil española fue una de ellas. En cambio, la coordinación entre agencias de inteligencia de las Metrópolis para mantener el sometimiento de los pueblos periféricos es una constante. Esto ocurrió el 18 de agosto de 1953, cuando los servicios de inteligencia de EEUU, la CIA, y de Gran Bretaña, el M-16, derrocaron al nacionalista Muhmmad Hedayat Mossadegh, quien había obligado, el primero de mayo (el mismo día que Evo Morales recuperó el petróleo boliviano) de 1953, al Sha Mohammed Reza Pahlevi a nacionalizar el petróleo de Irán. Esta riqueza estaba en poder de la Anglo Iranian Oil Comapny, con sede en Londres, y que entre 1905 y 1932, había obtenido 171 millones de libras esterlinas de utilidades netas, en tanto que Irán recibió, en ese mismo lapso, 11 millones de libras. A partir del golpe CIA–M16, Londres tuvo que compartir con Washington los beneficios del negocio.

    ¿A quien se le podría ocurrir pedir a los asalariados ingleses que respaldaran a la Argentina en la guerra de las Malvinas, de 1982, por la que el gobierno de Buenos Aires pretendió poner fin a la abusiva ocupación británica, iniciada de 1833, de las islas del Atlántico Sur? El justificar el apoyo de los obreros británicos a su gobierno se argumentó que se trataba de un conflicto entre la Inglaterra democrática con una dictadura militar genocida, frente al cual la elección era obvia. El único problema residía que los izquierdistas, que decían seguir a Trotsky, tuvieron que ocultar su nítida posición al respecto cuando escribió: “El imperialismo sólo puede existir porque hay naciones atrasadas en nuestro planeta, países coloniales y semi coloniales… en una guerra entre una república democrática imperialista civilizada y la monarquía bárbara y atrasada de un país colonial, los socialistas deben estar de lado del país oprimido, a pesar de ser monárquico, y en contra del país opresor, por muy “democrático” que sea”.

    No se trata, desde luego, de tolerar a las dictaduras militares impuestas casi siempre por Washington e inclusive por el narcotráfico. Se trata de construir procesos democráticos que fortalezcan la autodeterminación nacional y la estructuración de bloques defensivos regionales de los países oprimidos, de su soberanía y recursos naturales, a diferencias de seudo democracias, financiadas por los imperios y sus ONG. Nuestros procesos democráticos deben tener, como requisitos previos, la transparencia de los recursos económicos utilizados por los candidatos y su participación igualitaria en los medios de comunicación social, a fin de evitar que los centros de poder mundial, sus instrumentos de ingerencia política económica y sobre todo sus transnacionales distorsionen la voluntad de los pueblos.

    La contradicción entre naciones opresoras y naciones oprimidas fue puntualizada en el segundo congresos de la Internacional Comunista, en cuyo informe (26 de julio de 1921) Lenin dijo: “¿Cuál es la idea… fundamental de nuestras tesis? Es la distinción entre naciones oprimidas y naciones opresoras El rasgo distintivo del imperialismo consiste en que actualmente, como podemos ver, el mundo se halla dividido en un gran número de naciones oprimidas y, por otro, en un número insignificante de naciones opresoras, que disponen de riquezas colosales y de una poderosa fuerza militar”.

    Estas claras posiciones fueron desvirtuadas por los partidos estalinistas europeos, bajo la égida de Stalin, que consideraba que las revoluciones en el mundo colonial estaban supeditadas a los intereses de la URSS. Por esta razón el PC francés no apoyó la guerra de liberación de Argelia. Y, peor aún, el PC argelino, no participó en la resistencia anti colonial de su pueblo. Lo mismo ocurrió con las direcciones obreras de Portugal frente a la rebelión de Angola y Mozambique, de Bélgica en el Congo y de Holanda en Indonesia. Las protestas por las masacres del ejército francés en Argelia o de los marines norteamericanos en Vietnam no fueron encabezadas por sindicatos, sino por estudiantes, universitarios, profesores y empleados, es decir por capas medias.

    La social democracia Europea ha organizado la Internacional Socialista, dentro de cuyos objetivos está el de enseñar el camino de la revolución a partidos y organizaciones de los países oprimidos. Un caso paradigmático es el del Foro Social Mundial (FSM), llamado también Foro Social de Porto Alegre (Brasil), cuyo financiamiento ha corrido a cargo de translaciones como la Ford, del gobierno inglés mediante OXFAM, de la Caixa Económica de España y de la Fundación Rockefeller. Habrá que decir que de dónde nos vienen los males difícilmente nos vendrán los remedios. Claudia Cinati es su trabajo “Guerra, Liberación Nacional y Revolución” dice que “las revoluciones nacionales en los países semicoloniales solamente pueden ser llevadas a cabo con éxito por el proletariado EN COLABORACION CON LA CLASE OBRERA DE LOS PAISES AVANZADOS”.

    Hegel considera que América es el continente del futuro porque no tiene historia. Y no tiene historia porque no ha participado en la historia, ya que ella, a su juicio, es patrimonio de Europa. En otras palabras, no ha encontrado su destino. Eduardo Mayobre, en su “Introducción a América Latina a través de Jorge Guillermo Federico Hegel,

    recuerda que, para Hegel, América tiene futuro, pero indica que no lo conoce, porque no es profeta. En consecuencia, América está en la prehistoria. América es prehistoria. Es sólo geografía o paisaje.

    La prehistoria es el lugar en el que no sucede nada humana o espiritualmente importante para la historia de la humanidad. Sus habitantes son, por ahora, como jabalíes u hormigas. Más adelante, podrán hacer su historia, pero, por ahora, son sólo naturaleza, ya que la naturaleza precede y prepara al Espíritu. En la mezcla de animales y paisaje, fermenta lo humano. El desarrollo universal del Espíritu sólo ha ocurrido en Europa y Asia. América, hasta ahora, no tiene originalidad ni significación histórica. Jorge Abelardo Ramos dice, con su clásico sarcasmo, que sólo en el lenguaje hegeliano es posible admitir la identificación del arcabuz de Pizarro, el cuidador de puercos, con el “espíritu”.

    Hegel, en su introducción a la “Filosofía de la Historia”, descarta lo que no considera importante. En consecuencia, desecha a América. En palabras de Ernesto Mayz Ballenilla, “América es un no ser. Siempre todavía”. José Ortega y Gasset, al explicar a Hegel, anota que un ser es libre cuando obedece a las leyes. Y esto es imposible sin tener un Estado, del cual se desprende la formación de un gobierno. Para el pensador alemán, lo que existe de humano en América es la emanación de Europa. La población efectiva de América tiene origen europeo. En América importa la población que viene de Europa.

    Sin embargo, entre América del Norte y América del Sur (más el Caribe) advierte enormes diferencias. América del norte, puntualiza, es más adelantada porque Europa ha colonizado ese territorio, sin tener que mezclarse con la población indígena, la que se ha desvanecido. Léase ha sido exterminada. En América Latina y el Caribe, se ha producido, después de la conquista (que es diferente a la colonización), una mezcla con la población. El mestizaje hizo que la “emanación europea” sea más dificultosa. En México y Perú, añade Hegel, se han desarrollado culturas nacionales (es decir locales), que debían expirar, como ocurrió al contacto con el Espíritu europeo.

    Su ausencia de sindéresis lo lleva a afirmar que los negros fueron traídos a América porque era más fácil asimilarlos a la cultura europea. Dice Ortega y Gasset que Hegel padecía de una especia de “patriotismo protestante”, por eso detestaba el catolicismo, en el que encuentra otra explicación del atraso de América del Sur y el Caribe. Insiste en que del protestantismo emerge el principio de la confianza mutua, lo que no ocurre con el catolicismo. Para que la situación cambie en América del Sur y el Caribe había que humanizar a los indios. Se debía orientarlos y catequizarlos. Había que “encomendarlos” a los europeos. De ahí la institución de la “Encomienda” en la América hispana.

    Souloque fue un político haitiano de raza negra (1782 – 1867), que se hizo proclamar emperador en 1849, con el nombre de Faustín I y que gobernó de manera despótica durante una década. Marx formula esa explicación por el reclamo que recibió de Charles Dana, quien le había pedido revisar su síntesis biográfica de Bolívar que escribió para la New American Cyclopedia.

    Marx exhibe en este trabajo sus prejuicios contra Bolívar y el conjunto de los latinoamericanos. Al describir los acontecimientos de 1813, sostiene que las tropas patriotas estaban debilitadas debido a que “tres cuartas partes de su ejército se compone de nativos, que en cada encuentro se pasan al enemigo” Añade que Bolivar, “como la mayoría de sus compatriotas”, es incapaz de todo esfuerzo de largo aliento. Puntualiza que, el 3 de noviembre de 1819, “Bolivar debe hacer frente a un enemigo privado de toda clase de recursos, cuyos efectivos se reducían a 4.500 hombres, las dos terceras partes, además, eran nativos y mal podían, por ende, inspirar confianza a los españoles”. Casi al concluir su esbozo biográfico, anota que los pocos éxitos alcanzados por el ejército (patriota) se debieron a los oficiales británicos.

    Con estos antecedentes hegelianos, Marx no podía admitir que el sub continente engendrara a un genio militar y, más aún, a un Libertador de cinco naciones. En esa línea de pensamiento, Lord Ponsonby, quien con George Caning, consiguió la desmembración de Uruguay de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sostuvo que la raza latina era una forma degenerada de la especie humana.

    La animadversión de Marx contra Bolívar tiene tres fuentes: La de historiadores españoles resentidos con el Libertador por la pérdida de las colonias españolas en América del Sur; la de “investigadores” británicos que buscaban opacar a Bolívar para que los lauros de la Guerra de la Independencia sean apropiados por militares ingleses; y el odio a Bolívar de las oligarquías locales, como la de la Lima vidriosa y virreynal (como la llama Pedro Godoy), contra quien había decretado la abolición de la servidumbre de los indígenas en el Perú y su derecho a ser propietarios individuales de tierras. A esta oligarquía no le consolaba el saber que, si se aplicaban los decretos de Trujillo, de 1824, se produciría la liquidación de las tierras de comunidad.

    Las fuentes utilizadas por Marx para escribir sobre Bolivar fueron escasas y con prejuicios. De acuerdo al historiador alemán Hans-Joachim Konig, Marx se basó, en gran parte, en la “Historia de Bolivar”, del general Docoudray-Holstein (1831), así como en las “Memorias del General John Miller”, publicadas en Londres, en 1819, quien trabajó después para el gobierno peruano. La escasa diligencia de Marx en el presente caso (ya que es conocida su probidad y cuidado con el que escribió sus obras), es más notoria aún al constatarse que trabajó en el British Museum, de Londres, en cuyos anaqueles se hallaban obras de J.P. Hamilton y R.L. Vowell, publicadas en 1827 y 1831, respectivamente, en las que la figura de Bolivar es mostrada en una dimensión distinta y que, al parecer, no las consultó.

    En estos tiempos en que se habla mucho de “integración” conviene recordar los prejuicios hegelianos de europeos y norteamericano. Sin embargo, más importante que lo anterior es erradicar nuestros propios prejuicios ideológicos, los que salen a relucir cada vez que se formulan planteamientos integradores con las transnacionales dentro de nuestras economías. La retórica integradora (tipo MERCOSUR) será tan ineficaz, como siempre, en tanto nuestros estados nacionales no controlen los recursos estratégicos. Mientras ello no ocurra, Hegel y Marx continuarán sonriendo desde ultratumba al ver los vanos esfuerzos integradores de hormigas o jabalíes.

    Carlos Marx: Bolivar y Ponte: Artículo publicado en el tomo III de The New American Cyclopedia. Escrito en enero de 1858. Apareció en la edición alemana de MEW, t. XIV, pp. 217-231. Digitalizado para MIA-Sección en Español por Juan R. Fajardo, y trascrito a HTML por Juan R. Fajardo, febrero de 1999.

    Entre Evo Morales y Branco Marincovic la elección es obvia. El terrateniente Marincovic ha cercado una enorme laguna de agua con alambre de púas, a fin de usarla en su exclusivo beneficio, y fue el negociador, a nombre de los separatistas, encargado de convertir a Bolivia en protectorado de potencias extranjeras. Simboliza al colonialismo, que exterminó a los pieles rojas norteamericanos, protagonizó incesantes saqueos y genocidios en Africa, Asia y América Latina e invadió a naciones como China a fin de obligarlas a consumir opio. Hoy organiza entidades, como Transparencia Internacional, que miden la corrupción de todos, menos la suya.

    El Presidente Morales encarna al 98 % de excluidos de la Constituyente, de 1825, que ahora sienten, luego de un largo proceso protagonizado por Andrés de Santa Cruz, Belzu, Busch, Villarroel, el MNR del 52, Ovando, CONDEPA y Felipe Quispe, que conquistaron espacios de poder en un Estado in constituido. A nivel internacional, es uno de los luchadores sociales que representa la resistencia de los esclavizados y colonizados, que tratan de impedir que el neoliberalismo reduzca el planeta a cenizas.

    Lo anterior no justifica ocultar los errores de su gobierno, con el pretexto de no favorecer a sus adversarios. Por el contrario, la oligarquía desplazada y sus agentes se potencian con las equivocaciones del régimen. Recordemos que el imperialismo destruye procesos de liberación a través de intervenciones directas, como ocurrió con el Chile de Allende, la Guatemala de Arbenz y el Irán de Mosadegh, o mediante el fomento de la corrupción interna, como pasó con el MNR de Bolivia o el PRI de México. Para evitar este riesgo se requiere mostrar los desatinos oficialistas, en lugar de lucrar con alabanzas.

    Evo, con valentía y dignidad, ha expulsado a la DEA de la erradicación del narcotráfico. La decisión no justifica el incremento de esa lacra y de crecientes cultivos ilegales de coca, que puede tornarse incontrolable. Los carteles de la droga son la base de los paraísos financieros. De ahí que su capacidad de corromper sea inmensa. Sigamos con el recuento. No es admisible remitir a Bancos casi quebrados nuestras reservas monetarias y que el Banco Central sea manejado como lo hizo el neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada. El envío de soldados bolivianos a Haiti y al Congo es vergonzoso.

    El hecho de que 33 camiones, repletos de computadoras, hubieran sido rescatados por contrabandistas de un cuartel militar, demuestra que la vieja articulación entre contrabando y gobierno se mantiene intocada. Persisten los sobreprecios en carreteras construidas sobre todo por empresas brasileñas. La presencia de encapuchados en detenciones judiciales acentúa la carencia de institucionalidad. Son decenas las alcaldías que no rinden cuentas del uso de cheques venezolanos, distribuidos sin planificación conocida.

    No hay proceso liberador sin unidad indo mestiza, ya que en ella se sustenta el movimiento patriótico. Son muchos los dirigentes oficialistas que admiten en privado que el reconocimiento constitucional a 36 naciones e idiomas indígenas es insostenible. No puede permitirse que la bandera de la República de Bolivia, eliminada del proyecto constitucional del MAS, caiga en manos de los oligarcas, para contento de ONG.

    Bolivia ha embargado su voz frente a Petrobrás y ha dejado de lado la demanda marítima así como el reclamo a Chile el uso gratuito y abusivo de las vertientes del Silala. No existe política nacional de hidrocarburos. Evo es la antítesis de Branco, en lo cultural e ideológico, pero en materia de industrialización el país se gobierna como gobernaron los “Brancos”, desde hace 183 años.

    El 17 de octubre de 1945 resulta la fecha fundacional de un proceso de ascenso de los sectores populares en Argentina que es brutalmente clausurado con el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Este proceso, marcado por la aparición de la clase obrera organizada como actor político decisivo, será encauzado dentro del movimiento peronista, el cual, representó un frente de conciliación de clases que perseguía reivindicaciones de carácter democrático-burgués.

    La composición de este frente, el peronismo, lleva a la confluencia de lo que la Izquierda Nacional ha denominado alianza plebeya (un vasto conjunto de formaciones proletarias y semiproletarias de la realidad argentina que actúan coordinadamente con los sectores desclasados y la capa más empobrecida de la pequeña burguesía) con un sector de una incipiente burguesía industrial, surgida del proceso de substitución de importaciones, pero que no se limita a estos dos componentes sino que incluye sectores que responden a la persistencia de formaciones sociales arcaicas devenidas de la falta de desarrollo de las fuerzas productivas en 1945.

    Esta particular composición del peronismo lleva a que hacia su interior se produzca la confluencia entre las ideas nacionalistas y las ideas revolucionarias, las cuales resultan sintetizadas por una conducción de carácter democrático-burgués que estratégicamente necesita de un desarrollo autónomo de las fuerzas productivas y, para ello, se apoya en la clase obrera argentina en la disputa que plantea frente a los sectores tradicionalmente dominantes, es decir, la oligarquía terrateniente y la adinerada burguesía comercial, partícipe necesario del carácter semicolonial de nuestra economía.

    Dicho marco ocasiona un proceso de auge del antiimperialismo en Argentina, donde la conducción democrático-burguesa del proceso, dadas sus propias necesidades objetivas, apoya y fomenta el desarrollo de un síntesis entre la izquierda y el nacionalismo como base doctrinaria para la transformación de la estructura económica argentina desde la formación semicolonial a una forma autónoma de industrialismo. Sin embargo, el frente de concialiación de clases comienza a entrar en crisis ante el cambio de las condiciones objetivos a primeros de la década de 1950.

    En primer lugar, se produce un agotamiento de las reservas económicas que habían sostenido materialmente la política de conciliación de clases, lo cual se complementa con la aparición de un ciclo recesivo, agravado por la persistencia de la base agraria como actividad económica fundamental, que tiende a realentizar el proceso de industrialización, entrando en lo que se suele denominar “repliegue económico del peronismo”, caracterizado por el abandono de los lineamientos promovidos por Miguel Miranda. En segundo lugar, se produce la salida de la crisis de parte del bloque imperialista, Plan Marshall mediante, tras la 2da Guerra Mundial, recomponiéndose y significando un obstáculo objetivo a los procesos de autonomía política-económica que surgieron en las semicolonias durante la década de 1940.

    Tal situación lleva a un lento pero inexorable resquebrajamiento del Frente surgido el 17 de octubre de 1945, al irse profundizándose las contradicciones entre la conducción democrático-burguesa, que en adelante sólo intentará renegociar su participación dentro del bloque dominante, y su base social hegemonizada por la clase obrera, que comienza a presionar por formas de socialización más profundas de los poderes políticos y económicos. En los hechos se produce un desplazamiento en la dirección del peronismo de los exponentes más proclives con un desarrollo revolucionario, caso concreto de Domingo Mercante, Miguel Miranda o John William Cooke, remplazándolos por elementos mucho más proclives a los tintes tibiamente reformistas que casi sin obstáculos, sobre todo tras la muerte de María Eva Duarte, tomaba el gobierno de Juan Domingo Perón. Sin embargo, la solidificación de la clase obrera en una central gremial masiva, fuerte y combativa, marcará un refreno para la defección y entrega que inexorablemente perseguía la conducción democrático-burguesa.

    Así, durante los tres años del segundo gobierno de Perón, el Frente Nacional se mantendrá a pesar de haberse roto objetivamente la posibilidad de una política de conciliación de clases hacia su interior, marcando una situación de titubeo permanente entre el afán traidor de la conducción democrático-burguesa y la presión revolucionaria de su base social hegemonizada por la clase obrera organizada.

    Los últimos tres meses del gobierno de Juan Domingo Perón son la clara expresión de las profundas contradicciones que se habían apoderado del movimiento peronista. Tras el bombardeo de la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, se torna evidente que la conducción democrático-burguesa intentaba una salida negociada con las fuerzas reaccionarias, mientras la base social hegemonizada por la clase obrera presionaba por el salto cualitativo del proceso hacia una profundización de carácter embrionariamente socialista.

    La renuncia de Juan Domingo Perón ante la casi fracasada intentona golpista del 16 de septiembre de 1955 marca el paso al costado” de la conducción democrático-burguesa ante su imposibilidad objetiva de resolver en favor del bloque dominante las contradicciones abiertas dentro de la formación social argentina. La traición de la conducción democrático-burguesa marca un proceso de crisis del antiimperialismo argentino, ya que el abandono hecho por Perón y la indecisión de las conducciones intermedias deja a los sectores nacionales y a la clase obrera virtualmente desamparados frente a la restauración del bloque dominante, bloque del que ahora participaría sin tapujos la burguesía industrial forjada con el proceso de substitución de importaciones.

    Fuerzas de igual entidad a las que habían llevado a que en el proceso 1945-1955 se diera la confluencia hacia el interior del peronismo de las corrientes políticas nacionalistas y de izquierda, forjando una profunda conciencia antiimperialista en el Frente Nacional, operan ahora en la dispersión del antiimperialismo, dispersión que se pagará muy caro veinte años más tarde.

    Si bien, en términos generales, en un primer momento, todas las expresiones del antiimperialismo tienden a adherir, con mayor o menor intensidad, al incipiente proceso de resistencia peronista, el recuerdo de la defección del 55 y las permanentes marchas y contramarchas de su dirección democrático-burguesa, llevará a una profundización de diferencias originalmente secundarias entre las distintas vertientes antiimperialistas.

    Paulatinamente irán surgiendo expresiones que tomarán distinto grados de distancia ante el peronismo (Izquierda Nacional, Irigoyenismo Intransigente, FAR, PRT, etc.), al cual, con distinta intensidad y tácticas, comenzarán a discutir el rol hegemónico dentro del Frente Nacional, criticando el carácter reformista y democrático-burgués de la conducción peronista. A este desarrollo de fuerzas paralelas al peronismo, se corresponde un resquebrajamiento también hacia el interior de ese movimiento entre quienes sostenían la hipótesis de que la reconstrucción del frente de conciliación de clases de 1945 era posible y quienes sostenían, por el contrario, que ese frente se hallaba fenecido objetivamente y el peronismo debía avanzar hacia una conducción social revolucionaria, sector que, a su vez, también se dividía entre quienes buscaban darle a esa conducción un carácter vanguardista (Montoneros) y quienes sostenían la necesidad de su carácter clasista (CGT de los Argentinos).

    No obstante esta crisis, el antiimperialismo logra mantener cierto grado de unidad de acción ante la restauración del bloque dominante, generando un rica experiencia de resistencia popular durante 18 años que llevará en 1973 al intento de restauración del proceso nacional-popular truncado en 1955.

    La breve presidencia de Cámpora y el tercer gobierno de Perón, hasta su muerte el 1º de julio de 1974, marcan un intento de restaurar el proceso nacional-popular truncado en 1955 y no mucho más que ello, por lo cual, su resultado no podía ser otro que el dramático fracaso en que terminó.

    En concreto, 1973 marca un repliegue del bloque dominante ante una profundización de las condiciones revolucionarias devenida del auge de la movilización popular tras el Rosariazo y el Cordobazo, y cimentada en la experiencia organizativa de 18 años de resistencia ante la reacción proimperialista. El intento de 1973 corresponde a un intento de tipo bonapartista que entrega el gobierno a la conducción democrática-burguesa del peronismo, que ya había claudicado en 1955, como elemento para profundizar las diferencias entre las diversas corrientes antiimperialista y desactivar, así, cualquier intento de unidad efectiva entre ellas.

    Perón retoma ahistóricamente aquello que a principios de la década de 1950 ya era imposible, la política de conciliación de clases expresada por la Comunidad Organizada, es decir, un programa democrático-burgués cuando no existe burguesía alguna que adhiera a él. Perón, ni tan siquiera, puede contar con una clase obrera unificada, sino que el sindicalismo argentino se encontraba profundamente dividido entre quienes de una u otra manera buscaban la subordinación de la clase obrera a la dirección democrático-burguesa (Vandor, Rucci, etc.) y quienes por el contrario sostenían que ésta debía ser la conducción del Frente Nacional (CGT de los Argentinos, sindicalismo clasista, etc.).

    Esta división de la clase obrera se correspondía a la suerte de reflejo que los sectores más cercanos a posturas revolucionarias del FREJULI gobernante tenían fuera de él. Así, a las expresiones que mantenían el carácter democrático-burgués pero buscaban una cierta profundización socialista al estilo chileno, como el “camporismo”, se correspondía, por fuera del FREJULI, la APR direccionada por el Irigoyenismo Intransigente de Alende. También, a las expresiones que buscaban, dentro del FREJULI, el desarrollo de un partido autónomo de la clase obrera, tal los posicionamientos de las FAR, por fuera se le correspondía la propuesta del PRT. La restauración de 1973 no hacía nada por subsanar las contradicciones secundarias entre estas corrientes, por el contrario, las profundizaba dando la dirección del proceso a los mismos que lo habían traicionado en 1955.

    El desastre para el antiimperialismo era el único resultado posible de tal situación, más, cuando a la muerte de Juan Domingo Perón, el 1º de julio de 1974, toda posibilidad de contener la disputa entre tales sectores no sólo que se disipa sino que ingresa en un círculo vicioso que no podrá llevar a otro lugar que no sea el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

    A partir de la muerte de Perón, lo antes insinuado se torna evidente. La disputa por el control de la llamada “masa peronista” atraviesa a todas las organizaciones con tintes más o menos nacionales. Sin el dique de contención a las diferencias internas que significaba Juan Domingo Perón hacia el movimiento que el encabezaba, la lucha intestina se apodera de una construcción política que deliberadamente siempre había tenido la falencia de no desarrollar una auténtica conducción nacional que restara relevancia a la figura del caudillo.

    La “izquierda peronista” entrará en un proceso de desgaste frente a los sectores que buscan mantener la característica democrático-burguesa del movimiento, empujando, a estas últimas hacia un apoyo, consciente o inconsciente, de la infiltración proimperialista expresada por la Triple A. Pero además, esta “izquierda peronista” enfrenta otra disputa frente al resto de las expresiones de izquierda antiimperialista que buscan ganar terreno dentro de la masa ahora huérfana del liderazgo de Juan Domingo Perón. Dicho marco, más los repetidos dislates de la fuerza principal de esa “izquierda peronista”, Montoneros, llevan a que tras la muerte de Perón, causa fundamental de la dispersión, no se puedan reunir bajo su conducción a todas las corrientes del antiimperialismo argentino, dilapidando totalmente la extensión de su desarrollo político y la profunda inserción de masas alcanzada durante los 18 años de resistencia contra la reacción imperialista.

    Sólo cuando estas luchas intestina llevaron a la “izquierda peronista” al borde de su desaparición se buscan intentos desesperados por confluir con otras fuerzas, tan debilitadas como ella, y, otra vez, el dislate lo llevará a empujar prácticamente al martirio a los restos de su capacidad militar, dilapidando toda posibilidad de enfrentar activamente el golpe en ciernes. En tal contexto, el desesperado intento de unión entre el camporismo y Alende, por lograr una salida electoral a la crisis, caerá en saco roto.

    El mayor proceso de ascenso de los sectores populares en la historia argentina se había desvanecido en luchas intestinas, el camino al golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 estaba libre para eliminar los restos del antiimperialismo argentino. Esta es la derrota que nos hemos facilitado, el tiempo solamente puede decir si aprenderemos algo de ella y si somos capaces de reconstruir el antiimperialismo en el inmenso charco de nuestra sangre que han convertido a la Patria.

    Hace más de medio siglo un levantamiento militar, inspirado por la oligarquía, los partidos del establihment semicolonial y la Iglesia, derribó al segundo gobierno del general Perón. En septiembre de 1955 el peronismo cayó sin dar batalla. Por entonces fue evidente que el programa nacionalista burgués, llamado a transformar la vieja Argentina agroexportadora, y ejecutado por un jefe militar apoyado en las grandes masas obreras y populares, había alcanzado sus límites políticos, ideológicos y de clase. El gobierno de Perón estaba en condiciones de derrotar militarmente a los sediciosos, sin embargo la estabilidad del régimen popular dependía de su decisión de erradicar socialmente a la oligarquía terrateniente y profundizar el programa de 1945. Esa decisión exigía afectar las raíces mismas del sistema de propiedad y plantear la lucha de clases en un punto de no retorno. Era más de lo que una jefatura de corte bonapartista estaba dispuesta a realizar. Dos décadas más tarde el tercer gobierno peronista volvió a caer sin dar pelea. Se trata de un capítulo de la historia nacional que no ha sido cerrado, y cuya actualidad está cargada de intensas controversias.

    Aquí va un resumido recorrido de lo sucesos que van desde el bombardeo de Plaza de Mayo al derrocamiento de Perón. Apréciese la virulencia creciente entre los campos antagónicos: el nacional-popular y el oligárquico-imperialista. Si bien antes de los bombardeos habían sucedido episodios de violencia, considero al bombardeo por su magnitud en muertes y la planificada ejecución, el punto de inflexión en el proceso revolucionario: es decir, el asesinato de más de 300 personas era una declaración de guerra… o caía el pueblo o se fusilaba a la vanguardia oligarquico-imperialista… lamentablemente, fue el pueblo el que cayó… que sirva de experiencia, como para no volver a cometer el mismo error…

    El 16 de junio de 1955, un grupo de civiles y militares reaccionarios sobrevolaron la Plaza de Mayo en un supuesto desfile aéreo que había sido dispuesto por el Ministro de Aeronáutica como acto de desagravió a San Martín y de adhesión a Perón, pero que culminó en un salvaje ataque a la ciudad indefensa, en lo que fue el bautismo de fuego de la aviación naval. Dicho ataque tenía como objetivo abrir camino a una tropa de la infantería de marina al mando de Toranzo Calderón que debía tomar por asalto la casa Rosada y asesinar a Perón. El complot subversivo había sido preparado y ejecutado por civiles y militares que pretendían hacerse del poder y dar por terminada la “tiranía sangrienta”. Para ello pretendía asesinar al “tirano” en su propio despacho presidencial y como el fin (“liberar” al pueblo y a la nación del “despotismo” peronista) justificaba los medios, no vacilaron en bombardear la mismísima Plaza de Mayo al horario de mayor circulación transeúnte. El odio irracional de la oligarquía, alimentado ya desde las jornadas de octubre de 1945, fue vomitado sobre la ciudad indefensa en una mansalva de bombas y metralla que dejo un saldo de más de 300 muertos y millares de heridos.

    La reacción del pueblo fue instantánea. Gran cantidad de trabajadores convergieron hacia la Plaza de Mayo y la CGT y al grito de “Perón” reclamaron armas y ofrecieron su apoyo en la defensa del gobierno constitucional. A pesar y contra el deseo de las burocracias y del mismo Perón, el pueblo clamaba por castigar a los contrarrevolucionarios, sabiendo que la contrarrevolución no se detendría. Perón desautorizó la entrega de armas al pueblo y dejó la represión en manos del ejército, que llegaría más tarde y comenzaría el ataque sobre el Ministerio de Marina (al mando del General Valle, el mismo que será asesinado por la Fusiladora en 1956), que hacía de sede del comando rebelde, al tiempo que el pueblo seguía llegando a la Plaza en todo tipo de transporte y portando todo tipo de armas. El pueblo comprendía que sólo había una forma de detener la contrarrevolución, y era luchando contra ella en las calles.

    Hacia las 16 horas la situación estaba controlada por las fuerzas leales del ejército, pero este fracasado intento subversivo de elementos de la marina sería la señal de que el conflicto entre el gobierno y la oposición estaba en su punto más álgido y que ya no había retorno. O Perón profundizaba la revolución apoyado en la inmensa mayoría del pueblo argentino, o el proceso revolucionario iniciado en el 45 se truncaba.

    Pero para sorpresa de muchos, Perón se jugaría esa misma tarde por la “convivencia democrática” y “la consolidación nacional”. Con la sangre aún caliente de los millares de víctimas de la descabellada masacre de Plaza de Mayo, Perón llamaría a la conciliación y no a la lucha.

    Ocultando el verdadero número de víctimas de los bombardeos, negándose a fusilar a los principales responsables —como se lo habían sugerido en reunión ministerial— y procesando solamente a los autores directos sin ampliar las investigaciones hacía la averiguación de los autores intelectuales, Perón extendía una mano conciliadora a la oposición en lugar de profundizar la revolución. Así, el 05 de julio reafirmaría en una alocución radial que “no omitiremos esfuerzos ni sacrificios en el servicio de la Nación, y la pacificación de ella es y ha sido siempre un imperativo de nuestro deber”, Perón pugnaba por una paz que ya no era posible sin la destrucción de la oligarquía o el sometimiento del pueblo a ella.

    Diez días después, en un discurso ante los legisladores nacionales peronistas, afirmaría “la revolución peronista ha finalizado (…) Yo dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el presidente de todos los argentinos (…) Yo debo devolver todas las limitaciones que se han hecho en el país sobre los procederes y procedimientos de nuestros adversarios (…) Para dejarlos hacer libremente dentro de la ley, con todas las garantías, derechos y libertades.” Es decir, cuando para la oligarquía ya no había marcha atrás (como quedaba demostrado con la masacre del 16 de junio), Perón en vez de profundizar la revolución anunciaba su final, buscando una ya inalcanzable pacificación del país a través de la “convivencia democrática”.

    En la misma tónica, Perón planteaba la democratización, purgación y acción del Partido Peronista, hasta entonces burocratizado e inactivo como órgano político, asegurando que de ahora en más “el gobierno realizará solamente la función de gobierno, y la función política quedará pura y exclusivamente en manos de las organizaciones políticas. Vale decir que comienza una nueva etapa del Movimiento Peronista (…) Será necesario ir completando los cuadros, reemplazando algunos que se han adecuado a sus cargos (…) Todo esto nos va a hacer mucho bien, porque de esa manera el partido en su marcha y en su lucha, irá depurándose así mismo.” Vale decir, Perón tendía una mano conciliatoria hacia la oposición y a la vez propiciaba la transformación del Movimiento a fin de liberarse del lastre burócrata y contraproducente del mismo.

    Si por un lado hablaba del fin de la revolución, por otro resucitaba figuras combativas del peronismo, como el Dr. Cooke, en su búsqueda por dinamizar y sacar de la inercia su herramienta política, tratando de llevar a la arena partidocrática y “legalista” una disputa que sólo se resolvería o bien con la profundización de la revolución, o bien con la victoria contrarevolucionaria.

    Hasta finales de agosto el mapa político será el mismo: Perón invitando a la oposición a la conciliación y pacificación del país, y la oposición despechándolo con argumentos bizantinos y pretensiones desmedidas, mientras continua con la conspiración, el sabotaje y los atentados, alimentados por una oligarquía ávida de recuperar el poder que le había sido arrebatado en el 46.

    El 10 de agosto Perón dirá que “la población argentina se está dividiendo en dos grandes sectores de opiniones. Los que quieren seguir adelante del 55 y los que quieren volver al 43 (…) Hoy el pueblo lucha por mantener lo conquistado y otros por destruir lo conquistado. Ahí está el dilema argentino”.

    El 17 el Concejo Superior del Partido Peronista declara, anunciando un cambio de actitud del Movimiento, que ante el rechazo de la oposición al “magnánimo” gesto de Perón, “solo nos queda el camino de reivindicar la lucha, y hacerlo con todo el vigor y la altura de quienes poseen la fuerza del número y la fuerza de la razón.”

    El 19 el Partido organiza un acto en el teatro Politeama, donde Leloir saldrá con los tapones de punta: “La pacificación propuesta, por la misma grandeza del ofrecimiento presidencial, exigía grandeza de la respuesta. Infortunadamente no ha sido así. Determinados grupos minoritarios se oponen a esa conciliación nacional (…) La certeza de una derrota total por vía democrática explica la actitud de estas fuerzas reaccionarias (…).

    “En este día es el pueblo argentino que sale a la calle agitando la bandera de sus libertades y conquistas. Que es la bandera de Perón. Y ese pueblo impondrá –quiéranlo o no- la paz política que ellos han arrancado de su cauce legal. Movilizando vertical y horizontalmente al partido.

    Ahora era el peronismo el que salía a la palestra dispuesto a “pacificar” el país, aún contra la voluntad de la oposición, que en definitiva era la única manera de hacerlo: “si quieres la paz, prepárate para la guerra”. Es decir, quiéralo o no el partido, quiéralo o no Perón, la pacificación solo podía alcanzarse con la profundización de la revolución, lo que significaba el acrecentamiento de la lucha. Y para ello era necesario e inevitable transformar el Partido, movilizándolo, como bien había dicho Leloir, vertical y horizontalmente. Y en esa línea hablaría Cooke durante el mismo acto, atacando de plano a los burócratas, “aquellos que sólo han querido acompañarnos en el tramo fácil, en los caminos llanos, ya han cumplido, pero ahora no los queremos a nuestro lado. Los que han venido buscando las prebendas del gobierno, y no a ofrecernos sacrificios desde el llano, ¡que se vayan!, no los queremos a nuestro lado.”

    Doce días después, el 31 de agosto, en un mensaje epistolar enviado a las ramas masculina y femenina del Partido y a la CGT, Perón ofrece su renuncia a la presidencia como último acto de reconciliación nacional ya que “la oposición condicionaría su actitud a mi retiro del gobierno”.

    Las respuestas de la CGT y del Partido son contundentes: se rechaza categóricamente la dimisión de Perón y, aquella, dispone un paro general con movilización invitando al pueblo a concentrarse en Plaza de Mayo, y en todas las plazas de las respectivas ciudades y pueblos del interior.

    El recuerdo del 17 de octubre de 1945 sobre vuela la Casa de Gobierno y en la noche del 31 de agosto Perón sale al balcón a comunicar al pueblo reunido allí la declinación a su renuncia y a reafirmar su voluntad de lucha, luego de la tregua dada a la oposición después de la masacre del 16 de junio y rechazada por ella.

    “Hace poco tiempo esta Plaza de Mayo ha sido testigo de una infamia más de los enemigos del pueblo (…) después de producidos esos hechos hemos ofrecido a los propios victimarios nuestra mano y nuestra paz (…) ¿Cuál ha sido su respuesta? Hemos vivido dos meses en una plena tregua, que ellos han roto con actos violentos (…) Han contestado los dirigentes políticos con discursos tan superficiales como insolentes; los instigadores con su hipocresía de siempre, sus rumores y sus panfletos. Los ejecutores tiroteando a los pobres vigilantes en las calles. La contestación para nosotros es bien clara: no quieren la pacificación que le hemos ofrecido. De esto surge una conclusión bien clara; quedan solamente dos caminos: para el gobierno, una represión ajustada a los procedimientos subversivos, y para el pueblo, una acción y una lucha que condiga con la violencia a que quieren llevarlo. Por eso (…) a la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor (…) Como una conducta permanente para nuestro movimiento: aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino (…) la consigna para todo peronista, este aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos.

    “Hemos dado suficiente prueba de nuestra prudencia. Daremos ahora suficiente prueba de nuestra energía. Que cada uno sepa que donde esté un peronista, estará una trinchera que defienda los derechos de un pueblo (…)

    “Hemos ofrecido la paz, no la han querido. Ahora hemos de ofrecerle la lucha, y ellos saben que cuando nosotros nos decidimos a luchar, luchamos hasta el final (…) Esta lucha que iniciamos no ha de terminar hasta que no los hayamos aniquilado y aplastado. Ahora, compañeros, he de decir, por fin, que yo he de retirar la nota que he pasado, pero he de pedir al pueblo una condición: así como antes no me canse de reclamar prudencia y de aconsejar calma y tranquilidad, ahora les digo que cada uno se prepare de la mejor manera para luchar.”

    Así como un mes antes había afirmado la finalización de la revolución, ahora la resucitaba llamando al pueblo a la lucha, a la aniquilación de la oligarquía y sus personeros. Ahora si, definitivamente, el país quedaba dividido entre peronista y antiperonistas; entre revolucionarios y reaccionarios; entre quienes se disponían a defender con su propia vida, de ser necesario, la Nueva Argentina y aquellos que quería verla destruida; entre quienes buscaban la profundización de las transformaciones y quienes deseaban volver al 43. La oligarquía estaba dispuesta a llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias (ya lo había demostrado con el bombardeo de Plaza e Mayo), el pueblo indudablemente también (y así lo demostraría en las jornadas que se avecinaban). ¿Estaban Perón y los principales dirigentes políticos y gremiales realmente decidido a llevar el enfrentamiento a los términos en que lo definía aquel en su discurso? ¿Estaban dispuestos a aniquilar y aplastar a los enemigos de la revolución?

    Como se dijo anteriormente, la masacre de Plaza de Mayo (donde fueron asesinados más de 300 indefensos argentinos) marcaba un punto de inflexión. A partir de entonces no había marcha atrás. Perón no lo creyó así y tendió una mano conciliadora, pero para la oposición estaba claro y por ello rechazó la conciliación (ya sea por oportunismo o por intransigencia), viendo en ella un signo de debilidad y cobardía. Para ella sólo había que seguir confabulando, pues la fruta estaba madura y un pequeño sacudión podía hacer la caer.

    Y si la masacre del 16 de junio había significado el comienzo del fin, los sucesos del 31 de agosto no harían más que acelerar lo inevitable: la franca confrontación entre los beneficiarios y los enemigos de la Nueva Argentina. Así, el 2 de septiembre Perón dirá: “Hay una lucha enconada entre sectores reaccionarios y nosotros”. “Ellos han creído que nosotros les teníamos miedo y estábamos débiles. Se han equivocado completamente. Estamos más fuertes que nunca”. Esa paz que ellos no han querido aceptar con dignidad, la tendrán que aceptar ahora por la fuerza”.

    El 7 afirmará ante gremialistas que “parece que en los momentos actuales la lucha se plantea con amenazas de ser más cruenta”. “Defenderemos al pueblo argentino con la razón, la ley y las armas, si fuera necesario”. “Si antes les recomendé tranquilidad y prudencia, ahora recomiendo acción”.

    Por esos días, la CGT en un comunicado le informa al ejército que en asamblea se dispuso poner a su disposición “las reservas voluntarias de los trabajadores a fin de impedir en el futuro cualquier intento de golpe”. El gobierno miró para otro lado, dando claras muestras de que no había correlación alguna entre los encendidos discursos presidenciales y las concretas acciones por salvar la revolución.

    La mesa estaba servida. El pueblo argentino estaba dispuesto a dar su vida en la defensa de sus conquistas, y la oligarquía en tomarla como precio a la recuperación del poder. Inteligente y despierta, como siempre, sabía ésta que el golpe de gracia debía darse lo antes posible, evitando la posible reorganización del Movimiento Peronista que podía frustrarle nuevamente la fiesta.

    En la madrugada del 16 de septiembre Lonardi subleva la Escuela de Artillería de la ciudad de Córdoba, conjuntamente con otras guarniciones del interior y el litoral, como Cuyo, Puerto Belgrano, Puerto Madryn, Río Santiago, Curuzú-Cuatiá. Para Lonardi, jefe de la sublevación, el éxito subversivo podía ser garantizado manteniendo focos de resistencia durante al menos 48 hs. tiempo suficiente para que otras guarniciones no comprometidas previamente en el golpe se unieran al alzamiento.

    Si bien el golpe triunfará, no será por el accionar de los focos subversivos que imaginó Lonardi, pues para el día 20, un día después de que Perón girara su ofrecimiento de renuncia al Ministro Lucero, la situación de Córdoba, foco central de la sublevación, estaba muy comprometida para los rebeldes, prácticamente controlada por las fuerzas militares leales al gobierno. Pero entonces ¿qué fue lo que pasó?

    Coincidieron varios factores: la no disposición de Perón a la lucha, la frágil lealtad de los militares hacia él y el deseo de evitar la abierta confrontación con la oligarquía con el pueblo en las calles y armado, dispuesto a todo. Sumado a ello la profunda decisión de los sublevados de llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias.

    Si bien Perón en su discurso del 31 de agosto había llamado al pueblo a la lucha franca, era indudable que esa no era su intención, pues había desestimado el pedido de armas para los trabajadores realizado en varias oportunidades por la CGT, y especialmente durante las jornadas de ese septiembre negro. Además, ante la amenaza de la Marina de bombardear la ciudad de Buenos Aires y las destilerías de petróleo Eva Perón, no mostró actitud de lucha y cediendo a la presión cursó el ofrecimiento de su renuncia. Pero esta vez no al Partido Peronista y a la CGT (como lo había hecho el 31 de agosto), quienes eran verdaderamente leales a él, sino al ejército, planteando una lucha civil entre oligarquía y pueblo en una lucha entre distintas facciones del ejército; creyendo él también, que la disyuntiva era Perón si-Perón no, cuando en realidad se estaba representando la lucha entre dos proyectos diferentes de Nación. Presentar su renuncia al Partido y a la CGT hubiese significado entregar el mando de la represión al pueblo y los trabajadores, algo que estaba bastante lejos de los deseos de Perón y del ejército.

    El Ministro Lucero recibió el ofrecimiento de Perón como un hierro caliente y enseguida se deshizo de él formando una Junta Militar con la misión de llevar adelante las tratativas de pacificación, y se invitó a los comandos revolucionarios a concurrir al Ministerio del Ejército a fin de iniciar dichas tratativas. Pero ni Lonardi, líder rebelde, ni Rojas, autor del ultimátum, estaban dispuestos a cesar en su lucha hasta que Perón renunciara, y así se lo hicieron saber a Lucero. Además interpretaban el ofrecimiento del gobierno como un triunfo (cuando prácticamente la sublevación estaba controlada) y comenzaban a imponer condiciones para alcanzar la conclave ofrecida por Lucero como fuerza triunfadora.

    Así, Lonardi colocaba a la Junta en un callejón sin salida: su misión no era hacerse cargo del gobierno, sino llevar adelante las tratativas de negociaciones en nombre del gobierno constitucional, pero para ello los líderes rebeldes exigían la renuncia del presidente. Quedaban dos caminos: o la Junta devolvía la pelota al gobierno declarándose incapacitada de llevar adelante las negociaciones o interpretaba el ofrecimiento de Perón como una auténtica renuncia y se hacían cargo del gobierno. Pero claro, la Junta Militar no era ni el Partido ni la CGT; los militares no eran el pueblo y no estaban dispuesto a sostener la lucha, ni a ceder el protagonismo al pueblo. Increíblemente, con la sublevación controlada por las fuerzas militares leales y con todo el pueblo en la calle apoyando al gobierno, el 20 de septiembre el general Lonardi, como jefe de la Revolución Libertadora y por decreto Nº 1 asume el gobierno de la Nación, declarando a la ciudad de Córdoba sede del gobierno provisional hasta que pueda trasladarse a la Capital Federal y en la madrugada del 21 la Junta Militar se reúne con al almirante Rojas en el crucero 17 de octubre para rubricar en un acta la destitución del gobierno constitucional del presidente Perón, para ser reemplazado por el gobierno provisional del general Lonardi.

    El 22 Lonardi llega a Buenos Aires, dando por terminado así la más importante experiencia de un gobierno nacional y popular, que en 10 años había transformado al país de una factoría a una nación justa, libre y soberana.

    Si bien los golpistas, testaferros de la oligarquía ávida del poder que le había sido arrebatado en el 45, hablarán del “tirano sangriento” y la “tiranía sangrienta”, lo cierto es que serán ellos los salvajes y homicidas que, al contrario de Perón que se había negado a fusilar a los culpables de la masacre de Plaza de Mayo y a perseguir a sus cómplices, proscribirán, perseguirán, encerraran, torturaran y mataran al pueblo argentino.

    Años después, sobre el final de la década del 60 dos figuras sobresalientes del peronismo militante y combativo, reconocerán públicamente aquel error “legalista” que amarró las manos del pueblo impidiéndoles una verdadera defensa contra el accionar reaccionario de la oligarquía. Vale la pena trascribirlos:

    Los trabajadores y los sectores populares del país, desde 1946, nos hicimos “legalistas”. Creíamos en la ley y en el camino de la ley para defender nuestros intereses nacionales y sociales (…) Cuando se produjo la contra revolución de 1955 y se operó la restauración de los privilegios de algunos sectores de la población y del imperialismo, nos encontramos desarmados: nuestras organizaciones servían para actuar dentro de la ley, no fuera de ella. Además nuestros dirigentes habían sido educados para la negociación y no para la lucha. Dolorosamente se pagó el precio de estos errores.

    Elegimos a Frondizi como mal menor. Y, de este modo, equivocándonos nuevamente, reorganizamos el movimiento gremial sobre la base de la legalidad que dejó intacto el manejo de los resortes del poder en manos de colonialistas de afuera y de adentro. Canjeamos por el plato de lentejas de una tolerancia oficial para con los gremios —siempre que no nos tomásemos demasiado a pecho nuestros deberes— el derecho a ser los artífices del destino de grandeza de nuestra Patria. (…)

    Estábamos acostumbrados a la “legalidad”, repito, e hicimos de ella una especie de mito. Resultamos los mejores tramitadores de expedientes antes que los más decididos combatientes. Educamos en ese espíritu a nuestros cuadros y a nuestras bases. A cada atropello respondíamos no con la lucha sino con el recurso de amparo, cambiamos a Sorel por Vélez Sarfield.

    Nuestras huelgas fueron más que expresión de esa voluntad de lucha, una forma de dar salida al descontento de las bases y una presión a los poderes públicos para lograr nuevas negociaciones. De este modo terminamos nuevamente defendiendo la “legalidad”, ignorando que esa legalidad no era la del pueblo ni la de los trabajadores ni la de la Patria, sino la legalidad del privilegio colonialista. Concluimos finalmente uncidos al carro del régimen, por aceptar la legalidad del régimen. Ese camino no podía conducirnos sino al desastre, de un modo inesperado pero inevitable y el desastre nos alcanzó.

    (…) No quiero entrar en el terreno de las interpretaciones, de psicologías ni de ninguna otra ciencia, pero más de uno de nosotros sabemos que no haber respondido —bala por bala— nos ha creado frustraciones. (…) creo que el peronismo si no se hubiera dejado acorralar por el pacifismo que lo llevo a las urnas, posiblemente a esta altura de los hechos el dolor de los golpes, el dolor de la proscripción eternificada tal vez lo hubiera sacudido, lo hubiera golpeado en lo más íntimo y ya hubiera dado la primera reacción, equivalente a lo del 55.

    A mis compañeros siempre les digo: mil gorilas en 1955 nos robaron el poder, hasta que mil argentinos, mil peronistas no devuelvan ese golpe, cuatro millones de peronistas van a seguir es este proceso con una tremenda rebelión interior que no les puede salir de adentro de la piel, que no se les puede arrancar del fondo de sus corazones patriotas.

    Téngase presente que lo que nos enseña esta historia es la necesidad de la violencia revolucionaria. Esto es, no la violencia de camarillas o “vanguardias iluminadas” (como la de los 70) sino la violencia desarrollada por un gobierno revolucionario que, sin lugar a dudas, deberá asumir mas temprano que tarde para sostener y profundizar el proceso de liberación nacional y social. Esa violencia que el gobierno peronista rehusó con aquel engañoso discurso del no derramamiento de sangre, sangre que al final fue derramada (y en abundancia) pero no ya para sostener y profundizar los cambios sino para resistir a restauración del statu quo… y a pesar de la sangre derramada, el statu quo se restauró… otra hubiese sido la historia si la sangre derramada fuera cipaya e imperialista…

    El periodista Jorge Aldao dice, en “Rebelión” 17-09-08, que Evo “encadenó” a Lula a sus políticas. Lo anterior, sumado al respaldo de UNASUR, explicaría la contundencia con la que su régimen enfrentó a los prefectos de la “media luna”, encarceló a uno de ellos, expulsó al embajador norteamericano y desairó al cardenal. ¿Pero, existe ese grillete? A dos años y medio de la Nacionalización petrolera (Decreto 27801, de 1-05-06), los 30 millones de metros cúbicos diarios vendidos a Brasil salen, como siempre, sin valor agregado, sin que uno sólo de ellos pueda servir de excepción. YPFB no extrae los líquidos del gas exportado. Lula aceptó incrementar los precios por este concepto, pero su decisión no se cumple por el veto de Petrobrás.

    El Banco Central tiene casi 7.000 millones de dólares depositados en el primer mundo, pero no permite utilizar parte de ese dinero en desarrollar los campos e instalar una nueva refinería que permita el autoabastecimiento de diesel, por cuya importación subvencionada el país pierde 400 millones de dólares al año, o sea 4000 millones de dólares en una década. Bolivia puede vender termo electricidad al desesperado norte chileno, que importa carbón de Indonesia para paliar su sed de energía, sin dejar de preservar el gas natural para negociar su salida marítima. Esta opción es vetada por la francesa Suez, socia de transnacionales petroleras, que desea hacer funcionar sus plantas a gas, hoy semiparalizadas, en territorio chileno, lo que no sucederá si Chile compra termo electricidad de Bolivia.

    La construcción del “Gasoducto Boliviano de Occidente” (proyecto GABO), que debería unir los mega campos de Tarija con Potosí, Oruro y La Paz, con el que sería posible explotar en su trayecto las ingentes riquezas del Salar de Uyuni, cambiaría la faz del país. Este proyecto, aprobado mediante Decreto Supremo hace veinte meses, también fue vetado por Petrobrás. YPFB debería registrar en sus estados financieros el valor de las reservas de gas y petróleo y cotizar títulos valor en las bolsas internacionales a fin de obtener mayores recursos para la industrialización. Para dar este paso, YPFB deberá vencer la resistencia de la compañía brasileña, lo que no ha logrado hasta ahora.

    Continúan sin publicarse las auditorias a las empresas petroleras, las que deben servir para mejorar los contratos de operación, en los que, de acuerdo al Decreto de primero de mayo de 2006, el país recuperó la propiedad sobre sus reservas. Estos contratos de operación fueron sustituidos por contratos de producción compartida, en los que no ocurre lo mismo. Petrobrás sostuvo que este fue un gran triunfo de Brasil, después de la nacionalización.

    El gobierno y la “media luna” han arribado, por el momento, a un solo acuerdo: El destino del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) con fines rentistas. Esta coincidencia impide que YPFB cuente con capitales de inversión, lo que complace de manera enorme a Petrobrás y sus socios extranjeros. El Ministerio del Sector acaba de presentar la Estrategia Energética del gobierno, cuando Evo ya cumplió la mitad de su mandato, pese a que el Decreto de Nacionalización no acabó de implementarse. En la Empresa Chaco (British Gas), socia de Petrobrás en Bolivia, el país tiene el 50 % más uno de acciones, pero la administración sigue en manos de la transnacional.

    Se oculta cómo YPFB utilizó un fideicomiso venezolano para importar diesel de ese país. Lo que si se sabe es que YPFB proyectaba comprar Gravetal, un consorcio colombiano de alta rentabilidad, pero que ha sido adquirido por la empresa Manómetro de Venezuela, que recibe ahora los dividendos. Constructoras brasileñas de caminos cometen enormes abusos en el país, mientras Lula recibe cuantiosas inversiones de Soros en bio combustibles. Soros es también socio del megaproyecto minero de “San Cristóbal” en Potosí.

    El Ministro de Minas y Energía del Brasil dice que su país seguirá comprando gas boliviano “aunque no lo necesite” (Cuánta “bondad” de su parte). Añade que se lo reexportará a Paraguay y Uruguay. A YPFB se le niega no sólo la posibilidad de industrializarlo sino inclusive de venderlo, sin intermediarios, a países cercanos. Brasil y Chile construirán corredores biooceánicos por suelo boliviano, mientras Brasilia y Santiago tutelan a la “ingobernable” Bolivia.

    El país necesita retornar al espíritu indo mestizo del Decreto “27801”, expresión unitaria de la nación oprimida, capaz de hacer frente al imperialismo y sus agentes separatistas, como el terrateniente Branco Marincovic, así como a las oligarquías de países vecinos, influidas también por transnacionales. Si esto no ocurre, se seguirá constatando que después de cada conmoción interna, Evo gana, pero que Petrobrás gana más, ya que Bolivia no necesita que Lula le da una mano, sino que, al igual que Paraguay (recuérdese Itaipú) y Ecuador (téngase en cuenta lo que sucede con la constructora Oderbrecht) retire su pie.

    Algunos piensan que la inviabilidad de Bolivia comenzó en la Constituyente de 1825. Otros creen que los males emergieron con la llegada de los españoles al continente, en 1492. A fin de encontrar explicaciones más cercanas, estimamos que el horizonte se nubló para el país el 17-05-05, al aprobarse la Ley de Hidrocarburos “3058”. Se dirá que eso es absurdo ya que la “3058” elevó los ingresos estatales del 18 al 50 %. El 18 % inicial no dejaba nada a YPFB, ya que el 11% era para los departamentos productores, el 1% para Beni y Pando y el 6 % para el TGN. El 32 % adicional (denominado IDH) tiene el siguiente destino: 16% para los 4 departamentos productores, 10 % para los 5 no productores y el 6 % para el “TGN, pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas, municipios, universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros”. Otra vez nada para YPFB. El artículo 57 de la citada ley se asemeja a arrojar una res a un foso de lobos hambrientos, para ver como los lobos se despedazarán entre si.

    La tercera nacionalización de los hidrocarburos, del 1-05-06, logró que durante seis meses se elevaran los tributos en otro 32 % (con lo que se llegó al 82 %) de la producción de los mega campos de gas, descubiertos por YPFB y entregados gratuitamente a Petrobrás y otras compañías. Este nuevo ingreso estaba destinado a la petrolera estatal, el que debía consolidarse después de auditorias a los campos de gas y petróleo. El gobierno de Evo Morales no tomó en cuenta las auditorias y firmó contratos con las petroleras, con lo que se volvió al 50/50 de la “3058”.

    Entre tanto, se incrementó el precio internacional del petróleo, lo que abrió aún más el apetito de las fieras enjauladas. El MAS utilizó el 32 % conseguido con la nacionalización en pagar el Bono dignidad (a los ancianos) y el bono “Juancito Pinto” (a los escolares). Cuando este segundo 32 % dejó de ser pagado por las petroleras, recurrió a los esmirriados fondos de YPFB. Para colmo de males, las reservas monetarias del Banco Central de Bolivia (BCB) son exportadas a intereses ridículos a Bancos, Gobiernos y Transnacionales del primer mundo.

    La experiencia enseña que las petroleras aceptan ceder parte de sus ingresos con dos condiciones: Que no se desarrolle la empresa estatal y que el valor agregado a la materia prima (termoeléctricas, GTL, Petroquímica, etc) esté bajo su control y, en el caso boliviano, fuera de las fronteras del país. Para cumplir este objetivo, Petrobrás contó con operadores claves. Un caso paradigmático es el del prefecto de Tarija, Mario Cossío, cuya trayectoria es la siguiente:

    Hombre de confianza de Gonzalo Sánchez de Lozada durante la liquidación de YPFB, entre 1993 y 1997. Presidente de la Cámara de Diputados en la aprobación de la Ley “3058” y principal impulsor de la Ley Tarija, 3065, de 30-05-05, por la que este departamento puede suscribir contratos petroleros de espaldas al Estado. El Periodista Humberto Vacaflor informó que el canciller Amorín tomará contacto con Cossío para garantizar el suministro de gas al Brasil. El Prefecto tarijeño, según el periódico “El Deber”, de Santa Cruz, ha planteado la partición de Bolivia en un Estado binacional y la elección de parlamentarios regionales, lo que aceleraría el riesgo de separatismo.

    Carlos Mesa, en su libro “Presidencia Asediada”, dice que, antes de aprobarse la Ley “3058”, recibió la visita del candidato Evo Morales y su comitiva para discutir los alcances del referéndum de gas, del 18-07-04. Indica que esa comitiva “masista” estaba integrada por el tecnócrata Gastón Mujía. Lo que no dice (tal vez por que no lo sabía), es que Mujía es representante de la francesa Total, interesada también en que YPFB no se capitalice y en que no se exporte gas con valor agregado. Si no se recapitaliza YPFB y no se exporta gas con valor agregado la guillotina de la inviabilidad terminará por caer sobre Bolivia.

    Cada error de los separatistas de la media luna es más grande que el anterior. Consideramos separatistas sólo al puñado de oligarcas que pretenden canalizar en su beneficio las legítimas aspiraciones autonómicas de los pueblos de Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz. Su falta de sentido común los llevó a designar presidente del comité cívico de Santa Cruz al terrateniente, banquero y defensor de las transnacionales a Branco Marincovic, quien ya era famoso por cercar con alambre de púas la enorme “Laguna Corazón”. Marincovic siempre exigió la expulsión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), alentó a la Unión Juvenil Cruceñista (UCJ) e impulsó estatutos autonómicos que buscan la fractura del país. Su apoyo hoy se reduce al de otros oligarcas, como los Monasterios, Dabdou, Céspedes y Kuljis, varios de los cuales controlan los medios de comunicación más influyente del país.

    Antes del referéndum revocatorio del 10 de agosto, los cívicos convocaron a una huelga de hambre, cuyo fracaso, agrandado por los resultados de esa consulta, fue encubierto con el llamado a un bloqueo de caminos, que Marincovic pretendió que sea acatado en cinco departamentos. Tuvieron que recordarle que estaba confundiendo a Chuquisaca y Tarija con la mencionada laguna. De manera simultánea, los matones de la UCJ agredían a policías y golpeaban a gente de tez morena, en tanto el prefecto Rubén Costa, autocalificado de “gobernador”, quiso tomar el control de la policía departamental, a fin de reclutar a esos violentos. El Cardenal Julio Terrazas dijo que el país no debía ser gobernado con látigos, utilizados por indígenas quechuas y aymaras. Lo que es correcto. Pero olvidó decir que tampoco debe ser gobernado con bates de béisbol y manoplas, usados, de manera preferente por los paramilitares del oriente.

    La Prefecta de Chuquisaca, Sabina Cuellar, está asfixiada por movilizaciones populares, que le recuerdan su complicidad con los racistas que hicieron arrodillar a campesinos en Sucre. Ganaderos del Beni reanudaron sus ventas de carne vacuna al occidente después de censurar la deslealtad de sus congéneres de Santa Cruz, que nunca cumplieron esa medida después de aprobarla en forma conjunta. Tarija quiere mediar en el enfrentamiento entre Evo y los cívicos de Santa Cruz, luego que el Prefecto Mario Cossío convirtió a su región en satélite de la oligarquía cruceña. Infelizmente, grupos delincuenciales continúan apedreando el helicóptero del Presidente.

    El ex prefecto de Santa Cruz (gobierno de Mesa), Carlos Hugo Molina, en entrevista televisiva con Carlos Valverde, del 25 de agosto pasado, se distanció de los separatistas, por su falta de alternativas coherentes. En este campo, siguió los pasos del ex parlamentario Jerjes Justiniano y en el constituyente Alejandro Colanzí, quienes lideran la dignidad de la intelectualidad cruceña frente a terratenientes y banqueros.

    Lo anterior, en lugar de acrecentar la ya excesiva soberbia del MAS, acompañada de torpes ataques verbales, debería servirle para no insistir en el reconocimiento constitucional a 36 naciones indígenas. Ninguno de los propugnadores de esa idea (incluido Xavier Albó), es capaz de explicar la forma en que se implementaría ese despropósito, que incluye el uso igualitario de 36 idiomas en el territorio patrio.

    Los esfuerzos de Justiniano, Colanzi y Molina, en el Oriente, entre muchos otros, debe fortalecer en el Occidente, a quienes apoyan los avances contra la exclusión social y la recuperación (aunque incompleta y contradictoria) de recursos estratégicos, sin olvidar que sólo la unidad de la nación oprimida pondrá fin al envío de tropas a Haití, a la remisión de nuestras reservas monetarias al extranjero, así como a la corrupción en Aduanas y en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

    El mayor problema de los grupos oligárquicos del país reside en que, pese a su poderío económico y padrinazgos foráneos, carecen de un liderazgo nacional, capaz de enfrentar con éxito a Evo Morales en elecciones presidenciales, comicios anticipados o referéndum con alcance global. Su atomización presente no tiene remedio. Su principal figura, el ex Presidente Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002), de PODEMOS, ha perdido el respaldo de los prefectos de la “media luna” por haber aprobado la consulta revocatoria, propuesta por el oficialismo, lo que ha sido calificado como grave deslealtad a las aspiraciones autonomistas. Las encuestas de apoyo ciudadano al también ex Presidente Carlos Mesa (2003-2005) o al aspirante René Joaquino (alcalde de la ciudad de Potosí, que trató de ser candidato vicepresidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada) muestran que carecen de horizonte. Los prefectos (o gobernadores) de Santa Cruz, Rubén Costas; de Tarija, Mario Cossío; de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, de Beni, Ernesto Suárez; y de Pando, Leopoldo Fernández, pese a contar con relativo respaldo en sus respectivas regiones, no tienen posibilidades de apoyo en toda la geografía patria.

    Es obvio que los primeros en constatar esta realidad son los sectores que perdieron el control económico del país, como resultado de las elecciones generales de diciembre de 2005, en las que Evo ganó con el 54 % de los sufragios. Frente a esta realidad, decidieron destruir al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) no a través de una confrontación nacional, sino mediante el control de las regiones opositoras, que podrían llegar a seis de los nueve departamentos del país. En esa dirección, Bolivia tiene un Jefe de Estado que, hoy por hoy, tiene dificultades para ingresar a las capitales de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. Riesgos similares se ciernen para su ingreso a las sedes de las Prefecturas de Cochabamba, Beni y Pando.

    El estandarte del separatismo ha cobrado vuelo en manos del ex dirigente agropecuario de Santa Cruz, José Céspedes, quien, cuando la multitud daba vivas a la autonomía en oportunidades pasadas, organizaba grupos que coreaban “independencia”, “independencia”. En la misma línea, el ex vocero de la “Nación Camba”, Carlos Dabdou, asistió a las reuniones para plantificar el autonomismo a ultranza, junto a representantes de la región de Zulia, de Venezuela, y Guayaquil, de Ecuador. El ex Presidente del Comité Cívico de Tarija, y senador de PODEMOS, Roberto Ruiz Vas Berner, exigió la realización de un solo referéndum, relativo a definir la capital plena de Bolivia, a sabiendas que se trata de un problema en el que las posiciones de La Paz y Sucre son incompatibles, salvo que se atienda una inteligente solución salomónica propuesta por dos abogados de Sucre, Carlos Alarcón y Franz Barrios.

    Para desesperación de la enorme mayoría ciudadana que quiere preservar la integridad del país y que sufre la impotencia de no poder detener el deterioro institucional, la pérdida del principio de autoridad y la ruptura de la estructura jurídica, Evo y su vicepresidente Alvaro García Linera se niegan a abandonar la descabellada consigna de poderosas ONG de mantener el reconocimiento a 36 naciones indígenas en el proyecto constitucional del MAS. Este proyecto, que reconoce igual validez oficial a 36 idiomas, con derecho a ser usados en todas las oficinas públicas de la agonizante República, a la que se pretende convertir en auténtica torre de Babel, impide al presidente indígena levantar la bandera de la unidad nacional, que es la única que podría salvar a Bolivia y también a su gobierno suicida.

    La decisión de Transredes (Shell-Ashmore, heredera de Enron) de entregar la ampliación del gasoducto Villamontes – Tarija a la prefectura tarijeña, sin tomar en cuenta al gobierno central, demostró, una vez más, que la citada empresa impulsa la fragmentación de Bolivia, tema que se comenta a nivel mundial. Frente a esta situación, el Presidente Evo Morales hizo lo mínimo que podía hacer: Decretar el traspaso al Estado de las acciones de la empresa transportadora de hidrocarburos, por las que se pagará lo que corresponda.

    Así parece terminar la presencia de la Enron, que, en nombre propio y de sus herederas, marcó un hito de corrupción en suelo boliviano. Recuérdese que la Enron, al declararse en quiebra, el 2-XII-01, fue calificada como una de las empresas más corruptas en la historia non santa de EEUU. La Enron llegó al país al amparo del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), a fin de acelerar la liquidación de YPFB. A los pocos meses de posesionarse en el cargo, GSL firmó con la Enron (julio de 1994), un “memorando de entendimiento” para construir el gasoducto Bolivia-Brasil.

    Petrobrás, al anunciar que financiaría los 300 millones de dólares que requería la obra, en la parte boliviana, pretendió dejar fuera del negocio a la Enron. GSL se negó a aceptar el crédito aduciendo que no podía pagarlo. Petrobrás respondió que aceptaría el pago en gas natural. En ese momento, GSL reemplazó a YPFB, que debió quedar como propietaria del gasoducto en territorio nacional, por la compañía estadounidense.

    Enron, convertida después en parte de Transredes, incentivó actos oprobiosos. El vicepresidente aymara, Víctor Hugo Cárdenas, promulgó el decreto que aprobaba el ilegal contrato con la petrolera, debido a GSL estaba en EEUU. Los más altos ejecutivos de YPFB, Arturo Castaños y Hugo Peredo, aparecieron trabajando en Petrobrás. El Superintendente de Hidrocarburos, Carlos Miranda, no exigió que se instalara una planta separadora de líquidos, lo que hizo que Brasil se beneficiara con el gas húmedo que recibía en forma adicional y gratuita. No se conocieron protestas del directorio de YPFB, integrado también por el economista Gonzalo Chávez. Transredes “prestó” a uno de sus directores, Carlos Kempff Bruno, para que sea Ministro de Jorge Quiroga, para luego recuperarlo.

    Transredes desplegó millonarias campañas en radios periódicos y televisoras, en las que, mediante hábiles programas (“campaña del buen conductor”), compró el silencio o la complicidad de otrora aguerridos periodistas, además de políticos y dirigentes cívicos, en especial de Santa Cruz. Las auditorias estatales a las petroleras demostraron que Transredes incumplió compromisos de inversión y que hizo exportaciones irregulares, además de extraños desembolsos que coincidían con gastos en banderas, pasacalles, camisolas y juegos artificiales para la realización de concentraciones, marchas y cabildos, cada vez más agresivos en contra del Estado nacional.

    Quienes sirvieron a la Enron dicen ahora que la nacionalización “atenta contra la seguridad jurídica” y que “no habrán nuevas inversiones”, sin mencionar la forma en que Bolivia quedó sin seguridad jurídica para evitar que sea astillada por el poder transnacional y sus empleados. Si Evo Morales reorganizara YPFB de manera efectiva, si abandona su política rentista, si deja de desembolsar préstamos a transnacionales y Bancos extranjeros y si congela la consigna de dividir a Bolivia en 36 naciones originarias, habrá encontrado el camino para conducir al país por la senda de la “revolución democrática” que proclama.

    Si autonomistas e indigenistas coincidieran en las competencias a las que no puede renunciar el Estado nacional para seguir existiendo como tal, los riesgos de disgregación que sufre Bolivia se disiparían en gran medida. Esas competencias irrenunciables son la política exterior, las FFAA y la Policía Nacional, la moneda, la planificación económica sobre los recursos naturales, la función económica social de la tierra (sobre la que hubo consenso), la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el diseño de políticas educativas globales.

    El requisito básico para que este esquema funcione reside en la vigencia de una Estrategia Nacional de Desarrollo, en la que vean reflejadas sus aspiraciones las regiones autónomas y los pueblos originarios, razón por la que debe ser elaborada con su participación directa. Lo anterior dará paso al manejo coordinado de los recursos naturales, renovables y no renovables, en el que los departamentos y los pueblos originarios serían partícipes y fiscalizadores de su cumplimiento.

    De esta manera, el absurdo enfrentamiento existente en Tarija, por ejemplo, entre YPFB, la prefectura y el Chaco tarijeño, daría paso a la instalación de un polo de desarrollo impulsado de común acuerdo, que incluya plantas separadoras de líquidos, de fertilizantes, refinerías, oleoductos, gasoductos y termoeléctricas. La exacerbada lucha por el control del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) daría paso a la construcción de obras de beneficio común.

    Si el capitalismo de Estado tiene, a través de esta planificación participativa, el control de los recursos estratégicos, queda un amplio espacio para el desarrollo de iniciativas comunitarias y privadas. El interés común por el fortalecimiento del país impulsará, asimismo, la planificación de vías férreas y fluviales, carreteras nacionales y aeropuertos.

    La presencia de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional no es óbice para la vigencia de usos y costumbres comunitarias en municipios o mancomunidad de municipios indígenas, en los que la aplicación de justicias comunitarias estará sujeta a recursos de apelación nacional.

    Es obvio que en la administración estatal, los ciudadanos y ciudadanas indígenas deben tener el derecho a usar su lengua materna, en tanto que, por el sistema de discriminación positiva temporal, en la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, FFAA y Policía Nacional los pueblos originarios tendrán una cuota de participación, susceptible de lograr un equilibrio equitativo en un país pluricultural y multilingüe como el nuestro.

    El respeto a regiones y culturas tampoco debería interferir la vigencia de símbolos nacionales (escudo, bandera e himno nacionales) que muestra el esfuerzo de una sociedad abigarrada como la nuestra que trata, día a día, de estructurar su viabilidad nacional, enraizada en lo más rescatable de su historia, en la que no es posible que una parcialidad, indígena o regional, se imponga a las demás.

    El Presidente ecuatoriano Rafael Correa ha vetado la pretensión de fundamentalistas del indigenismo, que exigían la propiedad comunitaria en áreas petroleras, impulsada, de manera exógena por la OIT y Naciones Unidas, es decir por el Imperialismo y su nueva cara, el Nuevo Orden Mundial (NOM).

    Ha preferido, en cambio, buscar la construcción intercultural del Estado nacional, que defienda a la sociedad de traficantes de drogas y de armas, transnacionales y ONG, que están ávidos de apropiarse de los despojos de nuestros países. A estos enemigos debemos derrotar para construir nuestro propio proyecto nacional y latinoamericano.

    ¿Existe el Nuevo Orden Mundial (NOM)? Es obvio que representantes de las corporaciones y empresas más poderosas del planeta coordinen sus influencias a fin defenderse y prolongar su dominio en forma indefinida. Si bien esos consorcios no funcionan sin turbulencias, como se demostró en las dos grandes guerras mundiales, lo anterior no impide advertir que, luego de curar sus heridas, persisten en su objetivo central: El dominio de los países coloniales y semi coloniales. Las pugnas inter imperialistas son una realidad cotidiana en el seno, por ejemplo, de la Organización Mundial de Comercio (OMC), aún cuando el denominado G-7 coordine sus intereses de modo mucho más eficaz que aquellas tribunas en las que periodistas desorientados creen encontrar agresiones irreconciliables. El Siglo XXI se caracterizará por tratar de controlar aún más la mente y la conducta humanas. El implante generalizado de microchips es una tentación para los servicios de inteligencia. El reemplazo de papel moneda por dinero plástico fiscalizará mejor a los respondones al orden establecido. Si ya existen aviones a control remoto, especializados en lanzar bombas “inteligentes”, que casi siempre caen en escuelas y hospitales, ¿por qué las potencias mundiales no replegarán a sus soldados y mercenarios para sustituirlos por robots, que nunca serán objetores de conciencia?

    El NOM practica la mentira global. Dice defender la democracia, pero la elimina apenas amenaza sus intereses, como en el Chile de Allende. Habla de derechos humanos y eleva a rango de ley la inmersión en agua de prisioneros. Predica la transparencia y deja que los paraísos fiscales regulen una economía cada vez más manipulada por narcotraficantes, fabricantes de armas y transnacionales. Llama dirigismo a la intervención del Estado en la Economía y libre mercado al manejo económico de las transnacionales. EEUU pontifica sobre la ecología, pero no firma los acuerdos que la defienden. Dice respaldar la libertad de prensa, pero impone el virtual control informativo, a través de CNN y sus asociados.

    Cerrar los ojos ante la sólida conexión entre Bancos, petroleras, paraísos fiscales, transnacionales, narcos, gobiernos de países imperialistas y grandes ONG en negarse a ver la luz a media día, aunque, como dice Walter Graziani, es muy difícil que una persona entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Para que el NOM pueda pervivir en un mundo en el que se agotan los combustibles fósiles, la necesidad de liquidar los Estados nacionales de los países semi coloniales se torna imperiosa. El fraccionamiento de la ex URSS y los Balcanes simboliza la acción despiadada de las potencias, las que creen que escrúpulos es una palabra griega.

    Algunos se preguntan ¿cuándo EEUU ganará la guerra de Irak?, sin saber que el Pentágono no desea ganar esa guerra, sino prolongarla hasta que se agoten las reservas de petróleo en el Golfo Pérsico. Si la lucha liberadora avanza demasiado, sus estrategas enfrentarán a chiítas y sunitas, a fin tornarlo más vulnerables. No es casual, en consecuencia, que en la Venezuela de Chavez se busque el desmembramiento del Estado de Zulia, en el Ecuador de Correa, la separación de Guayaquil, y en la Bolivia de Evo Morales, la escisión de Tarija y Santa Cruz, además de Beni y Pando, zonas con petróleo e importante biodiversidad. Lo concreto es que los Estados nacionales son el obstáculo principal que el NOM encuentra para acabar de someter a los pueblos latinoamericanos, árabes y africanos. Dividirlos significa atomizar también a las fuerzas populares de cada semicolonia, sin cuyo concurso activo es imposible defender los recursos naturales frente al NOM, que es la alianza entre los países imperialistas, sus transnacionales y sus organismos financieros.

    Gustavo Cangiano, en su libro “El Pensamiento Vivo de Arturo Jauretche” , relata el entusiasmo con que se recibió, en 1970, el folleto “Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado”, del francés Louis Althusser, quien destaca el papel que desempeñan la escuela, la familia, la iglesia, la prensa y otras instituciones como productoras de ideología, es decir de un sistema de creencias funcional al mantenimiento del statu quo. Al desmentir la pretendida asepsia política del campo cultural y sus aparatos, el trabajo de Althusser fue calurosamente saludado por la nueva izquierda, que lo convirtió en uno de los paradigmas del pensamiento contemporáneo. Lo anterior sería poco novedoso si, en 1957 (13 años antes del trabajo de Althusser), el argentino Arturo Jauretche, en su libro “Los Profetas del Odio”, no hubiera desnudado los mecanismos de la colonización pedagógica, en cuyo tema también trabajó el boliviano Franz Tamayo, en 1910, en su obra “Creación de la Pedagogía Nacional”.

    Jauretche se pregunta ¿cómo los latinoamericanos asimilamos las ciencias sociales generadas en Europa? ¿Por qué oscilamos siempre entre el apriorismo deductivista euro céntrico y el empirismo inductivista también euro céntrico? Cangliano explica que, para Jauretche, ni las teorías, ni los valores, ni la terminología tienen carácter universal, cuando se trata de sociología, literatura, filosofía o historia. Jauretche advierte, con notable claridad, que los valores supuestamente universales surgen del poder de expansión de los centros metropolitanos, porque corresponden a un momento histórico determinado y un lugar geográfico preciso. Sin embargo, si partimos del dato concreto, encontramos que los datos que utilizamos son proporcionados por los centros de poder mundial. Si arrancamos de conceptos generales, estos son también amasados por las metrópolis. En ambos casos adoptamos respuestas equivocadas, debido a nuestra incapacidad de elaborar nuestras propias síntesis.

    Luego recuerda que, en la segunda mitad del Siglo XIX, Sarmiento acuñó la expresión civilización o barbarie, a raíz de la cual concluye que todo lo que proviene de Europa es “civilización” y todo lo que genera Latinoamérica es “barbarie”. Así actuamos al revés de los griegos, para quienes la civilización eran “ellos” y lo “bárbaro” lo que venía de fuera. La genialidad de Jauretche reside en mostrar que la clasificación “derecha” e “izquierda”, corresponde a la civilización europea, ya que en el viejo continente la social democracia es ahora la única izquierda posible, por lo que se ha vuelto parte de su vida civilizada. Por todo lo anterior, la sucesión derecha – izquierda – derecha no incomoda a nadie. Que en España, por ejemplo, Zapatero suceda a Aznar es tan natural como que Aznar, o alguien de su partido, suceda después a Zapatero.

    Como Perón, Villarroel, Getulio Vargas, Ovando, Velasco Alvarado o Hugo Chavez no se adecuan a la clasificación europea, son parte de la barbarie, a la que se debe destruir, ya que no puede haber una sucesión civilización – barbarie – civilización. El premio Nóbel de La Paz, 1986, Elie Wiesel, afirma que “se debe ser intolerante con la intolerancia”, de donde se deduce que los “civilizadores” no son tolerantes. La supuesta barbarie plantea que en nuestros países la contradicción fundamental, como enseñó Lenin, se da entre naciones opresoras y naciones oprimidas, en tanto que las contradicciones internas, burguesía – proletariado o mestizos – indígenas, se subordinan a la contradicción principal. Lo anterior nos lleva a preguntarnos si el indigenismo a ultranza, predicado por la OIT y las Naciones Unidas, no es parte de la civilización que conviene al eurocentrismo.

    La desesperación de los civilizados (la derecha respaldada por la Embajada norteamericana y la izquierda apadrinada por el stalinismo) los llevó a sostener que Villarroel (1943-1946) era nazi – nipo – fascista. ¿Cómo podía ser nazi si Hitler creía que las naciones oprimidas valen poco desde el punto de vista racial? ¿Cómo podía ser “nipo”, si en los primeros años del Siglo XX, el imperio japonés invadió Corea, donde cometió uno de los genocidios más crueles de la historia? ¿Cómo podía ser fascista, si Mussolini fue pionero en el uso de gases venenosos en su invasión a Etiopía? Hilferding, del que Lenin tomó varios conceptos, puntualizó que el fascismo es la ideología de los imperialismos insatisfechos. Villarroel, en cambio, fue el Presidente de una débil semicolonia que trataba de atenuar la succión de los capitales financieros. Otra cosa distinta es que las sanguinarias dictaduras militares que impuso EEUU, como medida preventiva frente al riesgo de expansión de la Revolución Cubana, usó métodos fascistas para aniquilar a los opositores. Antes y después de Jauretche, Martí, Ugarte, Ramos, Mariátegui y Montenegro, entre otros, insistieron en la necesidad de que los latinoamericanos pensemos con cabeza propia, a fin de usar lo que nos conviene y rechazar lo que no sirve a nuestros pueblos.

    Bolivia, fundada sobre el territorio de la Audiencia de Charcas, en el Alto Perú, sufrió las peores consecuencias de la balcanización de América Latina. Nacida de la insurrección del caudillo aymara, Tupak Katari, y de los combatientes y mártires de la guerra de la independencia (1809 – 1825), fue capturada por los herederos de la casta encomendera, que continuaron cobrando el tributo indigenal, vale decir el impuesto que pagaban los aborígenes (la gran mayoría de la población) por el supuesto privilegio de haber sido colonizados por España. De los 102 líderes guerrilleros que lucharon contra el colonialismo, apenas nueve vieron la alborada de la libertad. Los 93 restantes murieron en patíbulos e incesantes combates.

    El pueblo indomestizo, al carecer de ciudadanía, desató insurrecciones y motines, que, salvo excepciones, no dieron estabilidad a gobierno alguno. En el siglo XIX, la oligarquía minero-feudal impidió a los indígenas vestir el uniforme militar, con el justificado temor de que los fusiles sirvieran para rescatar sus tierras, asaltadas también en las primeras décadas del Siglo XX. La Bolivia indefensa fue presa de la oligarquía chilena, aliada al capitalismo inglés, en la guerra del Pacífico (1879), que la privó de su costa marítima, y de la geofagia brasileña, en la Guerra del Acre (1901 y 1904). La situación cambio en la fratricida guerra del Chaco (1932-1935), provocada por el enfrentamiento entre la Shell y la Standard, años en los que contingentes indomestizos de todo el país mezclaron su sangre en las trincheras sin haberse estrechado las manos en forma previa. La derrota bélica sirvió, de manera paradójica, para el conocimiento de seres humanos que pertenecían al mismo país sin tener noticias el uno del otro.

    La revolución del 9 de abril de 1952, al poner en vigencia el voto universal, nacionalizar las minas de manos de los Barones del estaño, abolir el pongüeaje (la servidumbre de la gleba) y terminar la carretera entre el centro del país (Cochabamba) y Santa Cruz de la Sierra, en el oriente boliviano, colocó por fin, pese a ser traicionada, los cimientos de una nación. Sus consecuencias continúan hasta el presente, ya que, sin el voto universal, Evo Morales no hubiera triunfado en las elecciones del 18 de diciembre de 2005.

    La postergación de Bolivia fue explicada por Alcides Arguedas (1879-1946) con el calificativo de “Pueblo Enfermo”, al haber sido gobernada, durante décadas, por “caudillos bárbaros”. Para Arguedas, el aborigen es una bestia de dos patas y el mestizo la síntesis de los defectos del indígena y el blancoide. Su inicial adversario fue Franz Tamayo (1879-1956), una curiosa simbiosis de gamonal e indigenista, que rinde culto a la raza aymara. Sin embargo, es “Nacionalismo y Coloniaje”, de Carlos Montenegro (1903-1953), el libro más importante de la historia boliviana, quien descubre al pueblo como al verdadero protagonista de la historia nacional, en pugna con la anti nación, encarnada en los descendientes de los doctores de Charcas, que fundaron la República excluyente. Montenegro sostiene que el capitalismo internacional despliega continuos esfuerzos por desvalorizar y desvitalizar las raíces nativas de Bolivia. En consecuencia, reinterpreta el proceso histórico de Bolivia, ideo logizado por la historiografía oficial en beneficio de las clases dominantes.

    El libro es una réplica a la concepción oligárquica de la historia y una denuncia de los efectos que esas ideas producen en la memoria y conducta colectivas. Es una impugnación a la historiografía oligárquico-liberal, definida como anti-boliviana, puesto que es un producto de la colonia, que se expresa en una sistemática negación de lo nativo y en la exaltación de lo extranjero, que termina siendo sujeto y objeto exclusivo de nuestra historia. Montenegro estima que ninguna clase social ni “masa popular” puede sublevarse sino a nombre de algo superior a la clase social, que es la nación, a través de luchas de liberación nacional, sustentadas por la alianza de las clases oprimidas. Por esta razón, el pueblo es el sujeto histórico de las revoluciones nacionales. Para el estalinismo boliviano, Montenegro y Tamayo son seguidores de Nietche, es decir del irracionalismo alemán, cuyo objetivo en Bolivia es combatir al racionalismo, a la democracia y al socialismo. Lo que el estalinismo no dice es que el más formidable pensador nacional llega a las mismas conclusiones de Lenin, quien dice que quien no defiende el nacionalismo de las naciones oprimidas acaba defendiendo el nacionalismo de las naciones opresoras.

    Augusto Céspedes (1904-1996), escribió “Metal del Diablo”, que es la biografía novelada del principal “Barón” del estaño, Simón I. Patiño, e interpretó, desde la óptica nacional, los procesos que acaudillaron Busch (1938-1939) en su libro “El Dictador Suicida”, y Villarroel (1943-1946), en su obra “El Presidente Colgado”. Respalda y amplía la visión de Montenegro al señalar que los conservadores y liberales en nuestra historia comparten la negación de la sustancia nacional, ya que sólo actuaban, por convicción propia, en el marco de la dependencia colonial. Reveló la existencia de un “pacto de caballeros”, por el que diez oligarcas se comprometen a rotar entre la cancillería y las embajadas más importantes del mundo. Por eso sus descendientes no acaban de concebir que un Choquehuanca ocupe hoy en día el Ministerio de Relaciones Exteriores. Recuerda que Guillermo Lora, según él seguidor de Trotsky, coincidió con la Embajada norteamericano en el objetivo de derrotar a la Revolución de 1952 y que el stalinismo, en lugar de respaldar las protestas del proletariado minero, durante la Segunda Guerra Mundial, calculaba primero si las huelgas obreras podían perjudicar el esfuerzo bélico de la URSS.

    Jauretche dijo que Raúl Scalabrini Ortiz, quien definió a la Argentina como “una inmensa mosca que está atrapada e inmovilizada en las redes de la dominación ferroviaria inglesa”, fue su maestro porque le enseñó el antiimperialismo concreto. Los antiimperialistas bolivianos llamamos también a Sergio Almaraz Paz (1928-1968) nuestro maestro del antiimperialismo concreto. Para Almaraz en insuficiente lanzar gritos contra el imperialismo, si no van acompañados de los nombres, empresas, dirigentes sindicales y bufetes que sirven de intermediarios al saqueo del país. Céspedes y Almaraz son duros críticos del sindicalista Juan Lechín Oquendo, quien no respaldó la nacionalización del petróleo ni la instalación de fundiciones de minerales, de 1969, concretadas por el general Alfredo Ovando Candia, con el invalorable concurso de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

    La defensa de los recursos naturales estratégicos, el petróleo y los minerales condujo a Almaraz a posiciones nacionales, en las que demostró la profundidad de su pensamiento, después de su repliegue del stalinismo, donde inició su vida política. El autor de “Petróleo en Bolivia”, “El Poder y la Caída” y “Réquiem para una República” avanzó del nacionalismo hacia la Izquierda Nacional (que no es una variante de la izquierda tradicional, sino el ala izquierda de la nación oprimida). La Izquierda Nacional advierte que el nacionalismo está destinado a estancarse si no postula el socialismo latinoamericano, ya que los nacionalistas terminan por no ser nacionales. La defensa de COMIBOL y YPFB hizo que Almaraz defendiera el capitalismo de Estado, después que el MNR se corrompió en su intento de crear una burguesía nacional, incapaz de conducir el proceso liberador.

    René Zavaleta Mercado (1936-1984), a la inversa de Almaraz, tiene su origen en el nacionalismo y termina en el stalinismo. En su etapa nacionalista escribió “La Formación de la Conciencia Nacional”, en el que advierte que “Bolivia, como semicolonia, es una semicolonia más desgraciada que las demás”, para añadir que “es una nación históricamente en situación de peligro”. Puntualiza que la nación es una realidad histórica y no institución eterna e inmutable (razón demás para cuidarla todos los días), para luego recordar que es también una fuerza productora por excelencia. La Nación, insiste, “es el yo colectivo: Es el nosotros”. En los últimos años de su vida se inscribió al Partido Comunista, después de haber escrito que para el estalinismo la nación boliviana no existe, ya que considera que sólo existen naciones indígenas. De ahí concluye, en su primer libro, que “los comunistas son agentes extranjeros”.

    Ha llegado la hora de saber si la in constituida nación boliviana, construida, a pesar de exclusiones, saqueos y continuas y sangrientas confrontaciones internas y guerras internacionales, seguirá existiendo. Cuenta para su pervivencia con hechos históricos heroicos, como la Rebelión de Tupak Katari, la guerra de la independencia, la Revolución de 1952 y la insurrección popular del 17 de octubre de 2003, que provocó la fuga del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, así como con la presencia histórica de gobernantes patriotas como Andrés de Santa Cruz, Belzu, Toro, Busch y Villarrel, lo que abre un espacio a la esperanza. Así mismo, tiene en su haber a pensadores como Tamayo, Montenegro, Céspedes, Almaraz y al primer Zavaleta, así como a Marcelo Quiroga Santa Cruz, que contribuyeron a pergeñar una Bolivia que sea parte de la Confederación de Estados Unidos de América Latina. Este anhelo está basado en el original pensamiento de Jorge Abelardo Ramos, para quien la autodeterminación en Latinoamérica es el derecho que tienen los pueblos a unirse en la Patria Grande, que será una confederación de naciones. Importantes pensadores latinoamericanos alimentaron esta corriente desde sus propias latitudes.

    La bolivianidad está amenazada por un indigenismo fundamentalista y foráneo, que pretende congelar la historia, a fin de rescatar realidades de hace 500 años, sin tener en cuenta que lo indomestizo y lo intercultural han generado realidades dinámicas. Por esta razón dividir a Bolivia en 36 naciones, con 3 banderas, dos justicias y territorios étnicos es servir al NOM, al que se dice combatir, y dejar a su arbitrio recursos naturales estratégicos. Más aún cuando en el nuevo texto constitucional del MAS las Fuerzas Armadas de la República son reemplazas por las Fuerzas Armadas del Estado plurinacional. La otra amenaza procede del separatismo, encubierto de autonomismo, a cuya vanguardia se hallan los terratenientes de Santa Cruz, respaldos por las petroleras. Bolivia es un país diferente en el mundo por sus culturas indígenas, de cuyo rescate pleno, y en esto existen rasgos positivos en la Constitución Política del oficialismo, dependerá la consolidación del Estado nacional, que, hasta hoy, el imperialismo y sus agentes internos impidieron construir.

    Más allá de las ventajas económicas del control público sobre las telecomunicaciones y cuatro empresas petroleras, “capitalizadas” y privatizadas por el neoliberalismo, los decretos del primero de mayo pasado implican la esperanzadora recuperación del Estado nacional. Las oligarquías de la “media luna” (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) habían vetado, en la práctica, el ingreso del Jefe de Estado y sus ministros a las capitales de sus departamentos. El despliegue de efectivos policiales y militares en dependencias de la italiana Euro Telecom Internacional (ETI) y de compañías del sector hidrocarburos, a lo largo y ancho de la geografía patria, es un balón de oxígeno en manos de un país asfixiado por el separatismo y el indigenismo a ultranza.

    Después del derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), en octubre de 2003, Mike Falcoff, asesor del vicepresidente de EEUU, Dick Cheney, vaticinó la pronta desaparición de Bolivia del mapa sudamericano. Su predicción estaba basada en la demencial liquidación de empresas estratégicas que hizo el “gonismo”, lo que provocó la desmoralización ciudadana. El holgado triunfo electoral de Evo Morales en diciembre de 2005 y la nacionalización de los hidrocarburos en mayo de 2006, revirtieron lo anterior por pocos meses, ya que el proyecto de Constitución Política del MAS, con el reconocimiento de 36 naciones originarias, y la respuesta de la cúpula cruceña, que aprobó un proyecto de estatuto autonómico disgregador, hicieron que las palabras de Falcoff volvieran a resonar en todas las regiones.

    Lo anterior se vio agravado por el incumplimiento del Decreto de Nacionalización, la no aplicación de las auditorias a las transnacionales del petróleo y la suscripción de contratos tan lesivos como los existentes antes del gobierno del MAS, a los que el régimen vigente les dio el respaldo legal del que carecían anteriormente. En este contexto, al lograr que YPFB controle el 50 % mas uno del paquete accionario de “Andina” (Repsol, de España), de “Chaco” (Pan American Energy de Argentina y British Petróleum de Inglaterra) y de Transredes (de la anglo-nortreamericana Enron-Shell, ahora Ashmore), así con el 100 % de las acciones de la peruano-alemana Compañía Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB), Evo ha colocado a los autonomistas de Santa Cruz en la disyuntiva de apoyar con su voto a las transnacionales afectadas por la decisión de recuperar el patrimonio nacional o defender los intereses históricos de la nación oprimida.

    La recuperación de soberanía asumida por el gobierno tiene limitaciones. Se trata, en realidad, de una compra obligatoria de acciones, la que, en la mayoría de los casos, determina que el precio de las mismas esté sujeto a futuras negociaciones. Ha trascendido que las empresas foráneas tendrán una cuota decisiva en los cargos ejecutivos, que equivaldrá a un veto en el futuro manejo empresarial. Por otra parte, es innegable que el gobierno ha reiterado su sensibilidad social al fortalecer el fuero sindical y disponer la solución de controversias laborales de manera expeditiva.

    Al ganar un tiempo precioso, el régimen vigente debería comprender, sin embargo, que los excedentes procedentes de los altos precios del gas y del petróleo no pueden destinarse sólo al pago de bonos de beneficencias y, lo que es peor, a préstamos a Bancos como el Lloyds de Londres y el Santander Hispano, además de Transredes, a un interés del 3 % anual, mientras el país se presta al 8 % de la CAF. Bolivia debería comenzar a ser gobernada con metas estratégicas y no pensando, como hacen hasta ahora oficialistas y opositores, de manera mezquina, en el próximo referéndum o en las siguientes elecciones, en momentos en que el Estado norteamericano, por ejemplo, ha invertido 300 mil millones de dólares en salvar al Banco de la Reserva Federal, lo que demuestra que el neoliberalismo se ha convertido en una prédica vacía.

    Las señales de recuperación del casi agónico Estado nacional deben transformase en una tendencia sostenida, en la que se rescaten los postulados de la Nacionalización de los Hidrocarburos de 2006, cuya aplicación fue frenada por posiciones fundamentalistas a ultranza. Esos postulados deben volver a aglutinar a los sectores productivos del país, alrededor de empresas estratégicas estatales manejadas con eficiencia y transparencia, que garanticen la vigencia de autonomías regionales en el marco de la unidad nacional y erradiquen las exclusiones que sufren las culturas originarias, a fin de contar con un Estado nacional sólido, único instrumento que tiene Bolivia para defenderse del imperialismo y sus agentes internos.

    Reiteramos que la recuperación mayoritaria y la compra de acciones en empresas estatales estratégicas, así como los decretos que favorecen a los trabajadores, como el fortalecimiento del fuero sindical y la solución de controversias laborales de manera expeditiva muestran que el gobierno , son señales positivas Pese a las limitaciones citadas, lo ocurrido demuestra que dentro del gobierno de Evo existen tendencias que comprenden la imposibilidad de defender al país con posturas separatistas y etnico-racistas que niegan la existencia de la nación boliviana.

    ¿Qué contendrá el bolsillo de un payaso? Suponemos que un cornetín, dos campanillas, un pito, una baraja de naipes, cintas largas y multicolores, lápiz labial, polvos faciales, rimel y matasuegras. Ese bolsillo resulta pequeño si se lo compara con el proyecto de constitución del MAS, que sostiene que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho, plurinacional, Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”.

    “Se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro el proceso integrador del país”. Rescata los principios ético-morales andinos, guaraníes y amazónicos, sustentados, dice, en los valores de “unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.

    Las exigencias contradictorias de las ONG no permitieron, por ejemplo, señalar los límites entre lo unitario y lo plurinacional, lo comunitario, lo autonómico y la libre determinación de los pueblos indígenas, en un curioso proceso integrador del país. Como si fuera tan simple como tomarse un helado, se reconocen tres banderas nacionales, 36 idiomas oficiales, se suprime la palabras República y las Fuerzas Armadas de la Nación se convierten en Fuerzas Armadas del Estado plurinacional.

    A modo de consuelo, los proyectistas dicen que es un texto complejo (gracias por la noticia) y en transición (no se sabe hacia dónde, aunque podemos imaginarlo). Como puede advertirse, este bolsillo contiene, además, pastillas de cianuro que acabarán con 182 años de esfuerzos por construir la bolivianidad aún en ciernes.

    El proyecto de Estatuto autonómico de Santa Cruz se asemeja a una bomba de demolición, financiada por las petroleras y redactado por catalanes a la medida de terratenientes, cuya mentalidad de ku klux klan fue impregnada sólo de los aspectos negativos de Gabriel René Moreno, quien dijo que el indio incaico “es sombrío, asqueroso, uraño, prosternado y sórdido”.

    Lo anterior explica por qué se elimina de su texto el aporte de la cultura quechua-aymara en la formación de la identidad cruceña y deja en manos departamentales la regulación del recurso tierra, el régimen electoral, la obtención de créditos, el sistema de telecomunicaciones, el régimen tributario, la seguridad ciudadana y las políticas en materia energética. Lo anterior se sustenta en el carácter inapelable de los fallos de la Corte de Justicia cruceña.

    Si bien se ha hablado mucho de los antagonismos entre ambos proyectos, no se ha insistido lo suficiente en sus notables coincidencias. Ambos buscan liquidar al Estado nacional, sin cuya autoridad ya comenzó a expandirse el narcotráfico, las torturas a guaraníes, los linchamientos y el control transnacional de nuestros recursos estratégicos, en tanto que la biodiversidad será objeto de negociación entre cada pueblo indígena y poderosas corporaciones foráneas.

    Es obvio que el triunfo de los fundamentalistas no pasa por salvar la unidad de Bolivia sino por despedazarla. La satisfacción con que el vicepresidente Alvaro García Linera mostrará al mundo la estructuración de Estados indígenas sólo se asemejará a la alegría del Presidente del Comité Pro-Santa Cruz, Branco Marincovic, de saborear la fundación oficial de la Nación camba.

    Enfrentar a indígenas y mestizos en un país como Bolivia es un delito de lesa Patria. Es tan absurdo como separar de la sangre los glóbulos rojos de los blancos y pretender que continúe dando vida al cuerpo humano. Nacimos a la vida independiente de la fusión entre la Rebelión indígena de Tupaj Katari, de 1781, que debilitó al poderío hispano, y de los gritos libertarios indomestizos en el Alto Perú, a partir de 1809. Su expresión más contundente fue la Junta Tuitiva de La Paz, presidida por el mestizo Pedro Domingo Murillo e integrada también por los indígenas Katari Inkacollo de Yungas, Gregorio Roxas de Omasuyos y José Sanco de Sorata. Los herederos del coloniaje usufructuaron estas gestas heroicas que parieron la bolivianidad (ver

    La separación entre indígenas y mestizos acabó siempre en tragedias. La oligarquía minero feudal, al impedir que los indígenas presten el servicio militar, dejó al país indefenso en las guerras del Pacífico (1879) y del Acre (1901-1904). La unidad indomestiza, en cambio, permitió la sobre vivencia de Bolivia en la fratricida contienda del Chaco (1932-1935), impulsada por la Standard y la Shell. En 1899, los mestizos abandonaron al caudillo aymara Pablo Zárate Willca y facilitaron el acceso al poder, por más de medio siglo, de terratenientes y barones del estaño. Dirigentes quechuas, al respaldar al general pro norteamericano, René Barrientos Ortuño, entre 1964 y 1969, hicieron posible las masacres de trabajadores mineros y el mayor control imperialista de la minería y el petróleo.

    Las culturas precolombinas hacen de Bolivia un país diferente en el mundo. Por esto debemos defenderlas. La simbiosis indo mestiza nos impulsa a rescatar, de manera selectiva, las ideas, avances científicos y tecnológicos de otras latitudes que fortalezcan la bolivianidad.

    Infelizmente, ideólogos “afrancesados”, como anota Mauricio Ochoa Urioste, forzaron la aprobación de una Constitución, que si bien ataca la oproviosa exclusión social, pretende crear 36 fronteras étnicas, para complacencia de ONG y transnacionales que respaldan el separatismo en el oriente boliviano.

    El texto constitucional del MAS, cuyas consecuencias serán funestas, en caso de no ser revisado a profundidad, ya provocó sangrientas pugnas entre comunarios indígenas y cooperativistas mineros, tan indígenas y mestizos como sus ocasionales adversarios. Tales enfrentamientos favorecen, de manera inevitable, a intereses foráneos y sus agentes internos. Lo paradójico es que nadie ha sido capaz de mostrar la línea de separación entre un indígena y un mestizo. Por el contrario, su articulación es el único camino para evitar que Bolivia desaparezca.

    Al enfrentar a “ponchos y corbatas” (de acuerdo a la feliz caracterización de Evo Morales), se ha quebrado la base de convivencia social. La soberbia de los ideólogos del indigenismo a ultranza, tan amigos de Soros como de las ONG, precipitó al país en el rentismo de los bonos, en la exportación de capitales y en el desgobierno, así como, de acuerdo al recuento de Alex Contreras, ex vocero de la Presidencia de la República, en la corrupción, la división interna, la violencia, la censura de prensa y la desinformación.

    La ruptura de esa convivencia ha brindado a la oligarquía de Santa Cruz el pretexto que necesitaba para impulsar su viejo anhelo separatista y manipular en su beneficio el legítimo anhelo de autonomía del departamento con unidad nacional del pueblo cruceño. Ha permitido que el gobierno, que decía ser la muralla de la unidad nacional, se ufane de llamar en su auxilio a los cancilleres de Brasil, Argentina y Colombia, así como a representantes de organismos internacionales. A su vez, la oposición de derecha pidió auxilio a EEUU y el senador Oscar Ortiz, de PODEMOS (el partido político más conservador del país), fue a pedir ayuda al Presidente peruano Alan García. Unos y otros pretenden ignorar que el Nuevo Orden Mundial ha decidido hacer desaparecer a los Estados nacionales de los países periféricos. Y Bolivia corre el riesgo de ser la primera víctima de ese perverso objetivo en nuestro continente.

    Es obvio que tres connotados exportadores de oleaginosas: Branco Marinkovic (quien es, además, terrateniente y Presidente del Comité pro Santa Cruz), la corporación estadounidense Archer Daniel Midland y el Grupo Romero no podían seguir obteniendo descomunales utilidades por la exportación de soya a precios internacionales y, al mismo tiempo, pretender que los consumidores internos paguen idénticos montos, con lo que acrecientan los índices inflacionarios. Sostener que “esas son las reglas del mercado” es falso, ya que los citados magnates tienen diesel subvencionado por el pueblo boliviano, cuyo precio es calculado en relación al costo interno del barril de petróleo, 27 dólares, en tanto la cotización mundial ha trepado a 110 dólares.

    Lo lamentable es que en el enfrentamiento entre Evo Morales, quien ganó los comicios de diciembre del 2005 con el 54 % de apoyo ciudadano, y Branco, designado por grupos corporativos, este último ha logrado desinformar a la ciudadanía, debido a la confusa redacción de la disposición legal pertinente que no explica la necesidad de obligar a los productores a abastecer el mercado interno con precios inferiores a los de exportación, a fin de compensar el enorme subsidio que reciben por el precio del diesel. La deficiencia permitió a Branco y sus amigos acusar al Presidente de poner en riesgo los mercados de exportación de alimentos trabajosamente conquistados.

    El segundo error consistió en mezclar la prohibición de exportar soya y sus derivados con otros productos (carne de res, pollo, trigo, harina de trigo, maíz y arroz), lo que estructuró un bloque opositor muy amplio. El tercero, en afirmar en la disposición legal que el dirigente cívico y sus colegas habían exportado 365.793 toneladas de aceites comestibles de soya y girasol en los dos primeros meses del año, para luego admitir que esas ventas sólo llegaron a 54.000 toneladas. De manera paralela, el oficialismo recibió el apoyo de entidades sociales del Occidente, las que demandan la nacionalización de todas las industrias de alimentos del país, lo que ayudó a sus adversarios a conseguir el respaldo de sectores campesinos indecisos. Y todo esto cuando faltan pocas semanas para un arbitrario e ilegal referéndum autonómico de Santa Cruz, que podrían culminar con la escisión de Bolivia.

    La miopía política continúa perjudicando al régimen actual. La pérdida de apoyo de las capas medias se aceleró con la decisión de eliminar la palabra República en la nueva Constitución Política, a fin de dar paso a un Estado integrado por 36 naciones indígenas, como lo propuso el hoy Vicepresidente Alvaro García Linera, quien dijo, el 4-XI-01: “Queremos dividir algo que ya está dividido” (Semanario “La Época” de La Paz), sin tomar en cuenta que el principal deber de un gobernante es avanzar en la unidad del país en lugar de contribuir a despedazarlo.

    Convengamos entonces que si el objetivo de los fundamentalistas que rodean al Presidente es atomizar a Bolivia, para lo que cuentan con gran apoyo de ONG, los errores políticos del decreto que enfureció a sectores del aparato agroindustrial adquieren coherencia. Lo anterior reitera la lamentable coincidencia entre partidarios del indigenismo a ultranza y las radicales invocaciones al separatismo que hacen las oligarquías de la denominada “media luna” ( Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), para alegría de las transnacionales mineras y petroleras que campean en Bolivia y en los países vecinos.

    Si el MAS no recupera a las capas medias, lo cual pasa por unir al país frente a las naciones opresoras, en lugar de fraccionarlo con consignas de cuotas étnicas, el país habrá perdido la posibilidad de encauzar un proceso liberador en el que cifró grandes esperanzas.

    Enorme relieve alcanzó el acto de posesión del Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, al que asistieron el Embajador de EEUU, Philip Goldberg, dirigentes de PODEMOS, Unidad Nacional, el MIR, MNR y el ex Presidente Carlos Mesa, quien fundará su propio partido. Cabe puntualizar que importantes petroleras, como Petrobrás, British Petróleum, Repsol, Total y Shell integran la Cámara Nacional de Hidrocarburos (CNH), que es parte de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Con la elección de Dabdoub, impulsor de la aprobación, mediante referéndum, de Estatutos autonómicos separatistas, la CNH fortalecerá su protagonismo nacional.

    En días previos, “Clarín”, de Buenos Aires, preguntó al Presidente Evo Morales si en Bolivia podría ocurrir lo mismo que en Kosovo. Esta su respuesta: “Lo que quiero que sepa el mundo entero es que esta conspiración contra mi persona está encabezada por el Embajador de EEUU. Preguntémonos de donde viene el embajador estadounidense (que cumplió funciones en Kosovo). No vamos a permitir que EEUU siga gestando conspiraciones para dividir Bolivia con grupos oligárquicos y mafiosos. Cuando ya no pueden dominar, porque hay democracias liberadoras y no sometidas, gestan división”. Como puede advertirse, la relación Morales-Goldberg no puede ser peor.

    Pese a lo anterior, la Embajada continúa ejecutando, a través de USAID, decenas de programas de cooperación, suscritos en los gobiernos neoliberales, que contemplan el apoyo a procesos electorales, reformas de la justicia, titulación de tierras en áreas conflictivas de Santa Cruz, convenios de apoyo al sistema financiero y manejo de recursos naturales. USAID detalla entre sus mayores logros “la preparación y selección de candidatos a la Asamblea Constituyente (AC), así como la organización de foros sobre temas tratados en esa asamblea, que culminó con el reconocimiento a 36 naciones indígenas. Además, los servicios de inteligencia organizados por los norteamericanos en las FFAA y la policía boliviana siguen funcionando.

    Al cabo de dos años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), las transnacionales estadounidenses no han tenido problema alguno. Así ocurre con Transredes (Enron-Shell), que maneja los oleoductos y gasoductos del país. Con Apex Silver, de la que George Soros es accionista, que explota los enormes yacimientos de plata de “San Cristóbal, y con Coeur D´elene que se beneficia con el pingüe negocio de las colas y desmontes del Cerro Rico de Potosí. La “cooperación” gringa se canaliza, además, mediante la Fundación Interamericana (FIA), que opera a través del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), a cargo del jesuita catalán, Xavier Albó, quien, durante 30 años, ha bregado porque Bolivia sea reconocida como Estado multinacional.

    Las invocaciones de Evo en pro de una “democracia liberadora” deberían pasar no sólo por atacar a Goldberg, sino por terminar la ingerencia de USAID en temas estratégicos para la seguridad del Estado y por demandar a los empresarios del país que excluyan a las petroleras de sus organizaciones institucionales. Urge también promulgar la ley que obligue a las ONG a explicar, con carácter retroactivo, el origen de sus recursos y los nombres de sus beneficiarios. La ciudadanía ha tomado conciencia de los graves riesgos de disgregación nacional. Para contenerlos, es vital que recuperemos la capacidad de decidir sobre nuestro destino, hoy enajenado por las petroleras (incluimos a Petrobrás), transnacionales mineras y ONG europeas y norteamericanas.

    El más que probable fin de la era del petróleo como principal insumo energético, particularmente en los países occidentales, hace sonar una campana de alarma a los mismos y plantea la resolución de nuevas pautas de crecimiento, basadas en formas de energía alternativas de alto rendimiento como aquel y que al mismo tiempo, no recalienten el medio ambiente ni agredan al paisaje o al subsuelo de donde es extraído.

    El planeta asistió durante el siglo XX, a la progresiva desaparición del carbón y de la madera, como fuentes de generación de energía, que fueron usados por miles de años, para la satisfacción de las necesidades humanas en las actividades agrícolas, domiciliarias e industriales.

    A partir de la década del 10 y hasta bién pasado el medio siglo, la generación de energía eléctrica, el transporte de cargas y personas, la producción industrial y los consumos familiares, fué satisfecho con el uso masivo del petróleo y de sus subproductos refinados (asfaltos, combustibles y lubricantes), así como de otro hidrocarburo más limpio y de mayor rendimiento, como es el gas de yacimientos.

    La estructuración oligopólica de los mercados y de la producción, a escala mundial, es el sistema que el revolucionario ruso Nicolás Lenín denominó imperialismo y es responsable de esa situación. Guerras y golpes de estado asolaron al planeta en el siglo XX; ellas están ligados a la acción de las empresas imperialistas estructuradas unidas en el cartel denominado, Siete Hermanas. Obviamente, detrás de los conglomerados están los estados imperialistas y sus FFAA, para que sostengan las políticas de los mismos. Los principales conglomerados petroleros que integran el cartel son: las norteamericanas Exxon (ex Standard Oil), Texaco, Socony Vacuum, American Motor Oil (AMOCO), Occidental Petroleum (Oxy), la inglesa British Petroleum (BP) y la angloholandesa SHELL. El sistema económico y tecnológico, estructurado alrededor del petróleo y cuyos precios y condiciones de explotación a escala mundial, los manejó durante muchos años el Cartel de las Siete Hermanas y llevó a la miseria más atroz a los países productores, salvo a aquellos países que crearon empresas estatales, que los marginó del sistema imperialista. La República Argentina al crear en 1922, Yacimientos Petrolíferos Fiscales YPF,

    además de ser pionera a nivel mundial pudo independizarse del mortal abrazo de las Siete Hermanas. Ese mérito le correspondió, sin duda alguna al Presidente Hipólito Yrigoyen y al Gral. Enrique Mosconi —fundador de YPF_ y a las posteriores políticas nacionalistas, que en defensa de la Soberanía Nacional, impulsó la Revolución Nacional con los gobiernos encabezados por el Gral. Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1976). Solo la contrarrevolución vigente en la Argentina desde el 24 de marzo de 1976, con la dictadura colonial 1° y su continuidad democolonial —aún vigente—, que ha falsificado la historia de los argentinos y entregado al saqueo imperialista las empresas públicas —creadas con el esfuerzo contributivo de generaciones de argentinos— y las rentas de los recursos naturales —hidrocarburos, minería metalífera, bosques, suelo, riqueza ictícola de la plataforma marina, etc, etc, etc), oculta que el actual proceso de pillaje y saqueo hipoteca el futuro de los argentinos, generando a su vez miseria y expoliación, sin resolver el problema de la energía.

    La tecnología de los motores de combustión interna de ciclo incompleto, generalizó el uso y el abuso de los derivados del petróleo. Luego, al perfeccionarse el conocimiento científico de la química orgánica, vino la petroquímica, asociada al uso de insumos como la nafta y el gas, lo que confirió altísimo valor agregado a los hidrocarburos y dió un gran impulso a la industria del plástico.

    Pero el desarrollo y enriquecimiento de la industria petrolera, de la industria automotriz, de la petroquímica, así como de otras, ligadas directa e indirectamente a la extracción del petróleo y el gas, fué la simultánea condición para que la mayor parte de la humanidad vegetara en el subconsumo, el hambre, la desocupación y la miseria y que solo la minoría habitante de los países centrales, gozara de los beneficios sociales y económicos de la sociedad capitalista avanzada.

    Las dictaduras semifascistas o gobiernos fraudulentos de los pueblos, impuestos históricamente por el imperialismo con la inestimable ayuda de las clases dominantes de los países sometidos, tuvieron un único propósito: someter a las sociedades dependientes a la monoproducción, a las monoexportaciones, al sometimiento, a la sobre explotación de los recursos naturales y al hambre de los pueblos. Solo así y de esta manera, los países imperialistas pudieron apoderarse a precio vil de los hidrocarburos, de los minerales y de otros recursos, necesarios para su ciclo productivo.

    y el monóxido de carbono CO, cuyo origen comprobado esta en el uso intensivo de derivados de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, así como otros de menor cuantía como el óxido nitroso —aunque no por ello menos nocivos—, han generado impactos ambientales como el recalentamiento de la atmósfera, que vulgarmente se lo conoce como efecto invernadero.

    Además de esos efectos comprobados del Efecto Invernadero se agrega la llamada “lluvia ácida”, descarga de metales pesados —Cromo (Cr), Bromo (Br), Plomo (Pb), etc—, que arruina la superficie arbórea —sobre todo en Europa Occidental y del Este— y destruye el proceso de fotosíntesis, imprescindible para la generación de oxígeno necesario para la vida animal y vegetal.

    Se estima que el consumo global de electricidad puede llegar a incrementarse en aproximadamente un 75% para el año 2020 y prácticamente triplicarse para el 2050. En la Argentina, se calcula que el consumo para el 2010 podría llegar a duplicar los valores actuales.

    En la actualidad, a nivel mundial, los combustibles fósiles —carbón, petróleo y gas— contribuyen con un 63 % de la producción eléctrica, la hidroeléctrica representa alrededor del 19 %, la nuclear 17 %, la geotérmica 0,3 % mientras que la solar, eólica y biomasa contribuyen en conjunto con menos del 1 %.

    Conforme a los datos de la Matriz, el 88% de la oferta interna primaria de energía, esta estructurado en base a combustibles de origen fósil, usados más intensamente (petróleo y gas) y cuyo horizonte de vida útil está perfectamente acotado. El horizonte de vida de las reservas al actual ritmo de producción es de: 9 años para las del petróleo y 12 años para las de gas natural.

    Dicho en otras palabras, casi el 90% de la energía que es consumida en la actualidad por los argentinos, proviene de fuentes hidrocarburíferas (petróleo y gas). Esta situación, de despilfarro de recursos energéticos no renovables, constituye un verdadero disparate. A diferencia de la República Argentina, por ej., Brasil cubre un 60% de sus necesidades con energía hidroeléctrica, Francia abastece un 80% de su demanda eléctrica con el aporte nuclear e incluso el 40% de la demanda energética de los EEUU, se cubre con carbón.

    que al actual ritmo de consumo implica un horizonte de explotación superior a los 50 años. En el caso de la hidroelectricidad, las centrales actualmente en funcionamiento, están utilizando menos del 15% de la capacidad de generación de la fuente. Dicho en otras palabras, en materia de recursos hídricos existe una sub-utilización del 85% que podrían ser utilizados para generar energía eléctrica.

    Las reservas de uranio, entre las razonablemente aseguradas y las adicionales estimados, superan las 11.000 Tn —ver Cuadro N° 1—, que según la CNEA, asegurarían por 17 años el funcionamiento de las Centrales Atucha I, Embalse y Atucha II y una cuarta en proyecto.

    Ante el fracaso de la reunión de Jefes de Estado de Bolivia, Argentina y Brasil sobre las ventas de gas boliviano a sus vecinos, Cristina Kirchner pidió concretar el ingreso de Venezuela al MERCOSUR. La demanda reflejó lo difícil que es negociar con Lula, quien ha suscrito un acuerdo estratégico con George W. Bush para producir biocombustibles. En otras palabras, planteó que el eje Brasilia–Washington sea contrarestado con la alianza La Paz-Buenos Aires–Caracas, a fin de negociar con Brasilia en otras condiciones.

    Infelizmente, las palabras de Cristina son insuficientes. Su esposo, Néstor Kirchner, amplió por 30 años los contratos por los que Carlos Menem entregó al capital foráneo las más importantes reservas argentinas de gas y petróleo. La estatal ENARSA no ha detenido la prepotencia de Repsol (ahora con fuertes accionistas norteamericanos) y Petrobrás. En dos oportunidades, el mismo personaje le dijo a Evo Morales que si las compañías foráneas no quieren invertir en Bolivia sólo tiene que levantar el teléfono para que nosotros acudamos con 1.500 millones de dólares. ¿Qué fue de esa promesa?

    En el país, la re fundada YPFB es una cáscara vacía. Antes de caminar ha sido descapitalizada con un bono para estudiantes, que debía pagarse con ingresos de la nacionalización de los hidrocarburos, los que, al no figurar en los contratos con las petroleras, son pagados por el escuálido ente estatal. YPFB acaba de entregar a Petrobrás campos de gas en áreas tradicionales que quedaron su poder. En lugar de cumplirse el acuerdo energético con Venezuela, de enero de 2005, YPFB pidió a PDVSA 53 estaciones de servicio que tampoco fueron instaladas.

    Las relaciones con Irán tienen para Bolivia un alto costo político, que puede justificarse con convenios sobre gas y petróleo. En su reemplazo, Teherán instalará un canal televisivo. Los cuestionamientos de Evo a EEUU se han vuelto recurrentes. Sin embargo, en lugar de cumplirse el Decreto de Nacionalización, que dispone que YPFB asuma el control accionario de Transredes (Enron-Shell), entidad que opera los gasoductos, la presencia del consorcio en el país es mayor cada día.

    Hugo Chávez, por su parte, libra una aislada batalla contra la gigantesca Exxon Móbil, después que Lula congeló su proyecto de Gasoducto del Sur, en el que Bolivia pudo participar siempre que el 50 % de su producción de gas sea industrializado en territorio nacional. Petrobrás invertirá en el país, previo veto a cualquier proyecto de industrialización interna con su materia prima.

    El Nuevo Orden Mundial (NOM) postula la desaparición de los Estados nacionales débiles. Este dato objetivo no fue tomado en cuenta al exacerbar el indigenismo, que acabó por fortalecer a los grupos separatistas de Santa Cruz. Tampoco se ha dimensionado el daño ocasionan a la soberanía nacional la presencia de ONG, de cuyos desembolsos se beneficiaron movimientos indigenistas y el propio MAS.

    Ahora Evo censura a USAID por su ingerencia en el país. ¿Es que ignorábamos la presencia de la Fundación Soros y de ONG como CIPCA (de Xavier Albó), CEJIS (que, según Leonardo Tamburini, recibe dineros de EEUU, Inglaterra y Alemania), OXFAM ( financiada por British Petróleum, Rockefeller y Ford), “Tierra” (de Miguel Urioste), además de Qhana, Aclo, Cepad, Cedoin, IPTK y otras, que reciben recursos de EEUU, Reino Unido, España, Suiza, Suecia, Dinamarca, Holanda, Canadá y el Vaticano? Si Cristina y Evo no resuelven sus contradicciones internas, el eje defensivo Bolivia-Argentina-Venezuela seguirá siendo una quimera.

    El sacerdote oblato, teólogo y licenciado en filosofía, Gregorio Iriarte, es una de las personalidades más queridas y respetadas en los sectores nacionales y populares de la sociedad boliviana, por su compromiso, desde hace más de cuatro décadas, con los derechos humanos y por su lucha en contra de la exclusión social, la deuda externa y la imposición inescrupulosa del “Consenso de Washington”. (Ver

    ). Por estos antecedentes, su palabra adquiere enorme trascendencia en momentos en que intereses separatistas y del indigenismo fundamentalista amenazan la sobrevivencia de Bolivia. Andrés Soliz Rada (20-02-08)

    Creo que en estas dos palabras, indigenismo y separatismo, se pueden resumir todas las más graves tensiones que vive actualmente nuestro país. Por un lado tenemos los numerosos artículos de la Nueva Constitución Política, aprobada en Oruro, claramente indigenista y, del otro, algunos Estatutos Autonómicos, como el de Santa Cruz, con claras connotaciones federalistas y separatistas.

    Si analizamos serenamente la Nueva Constitución vemos que, en efecto, no solo favorece a los indígenas, tan gravemente explotados, marginados y excluidos, a lo largo la historia (cosa que sería justa , legítima y necesaria), sino que tiene características de un “fundamentalismo indigenista”, es decir, separatista y exclusivista. Fracciona al país, dando origen a una especie de “feudos” sin organicidad nacional. Si analizamos el Estatuto Autonómico de Santa Cruz llegamos a la misma conclusión. El Estado dejaría de ser dueño de los recursos naturales ya que se privilegia lo indígena sobre lo nacional, lo particular sobre lo general y lo regional sobre lo colectivo.

    Tanto los Pueblos Indígenas como los promotores de los Estatutos Autonómicos Departamentales quieren tener la propiedad exclusiva de sus recursos naturales, desconociendo o anulando los derechos del Estado. En el fondo este es del problema y el gran desafío nacional. Es evidente que detrás (o delante) de todo esto, están las ambiciones de pequeños grupos con gran poder, tanto económico como político.

    Las 36 Autonomías Indígenas tendrán el mismo nivel y las mismas prerrogativas de las otras autonomías, es decir, la autonomía Departamental, Regional, Provincial o Municipal. Las Autonomías Indígenas serán totalmente independientes de las otras autonomías.

    El proyecto de la Nueva Constitución aprobada en Oruro otorga a los pueblos indígenas aquello que el Estatuto Autonómico Santa Cruz y otros Departamentos desean para sí: poseer y explotar como bien propio y exclusivo los recursos naturales renovables y no renovables del propio territorio. Al Estado se lo toma como un mero colaborador. Eso significa desconocer y anular el concepto y la naturaleza misma del Estado. Sin embargo, lo que Bolivia necesita es fortalecer al Estado y a las instituciones fundamentales que lo garantizan. El tratar de poner a un departamento o a una región o una autonomía indígena sobre el Estado es avanzar peligrosamente hacia la destrucción del mismo Estado. Es dar luz verde a una serie de “republiquetas y crear un “puzzle” en vez de un país.

    Esta es la gran amenaza y si no hay una decisión firme y decidida, tanto del Gobierno, como de las autoridades departamentales y de los dirigentes de los pueblos indígenas, estamos condenados a seguir el camino de Yugoslavia, una gran nación que ha llegado a desintegrarse totalmente ante los ojos sorprendidos del mundo.

    El artículo 30 en su inciso 17 dice que “las naciones y pueblos indígenas originario campesino (sic) gozan del derecho a la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio.” Quiere decir que podrán explorar con gestión exclusiva los bosques y todos los recursos forestales, así como todos los recursos agrícolas.

    Se les ofrece en bandeja un argumento a los promotores de los Estatutos Autonómicos más antinacionales: cuanto menos Estado, mejor. Las autonomías fundamentalistas no van solo contra la centralización absorbente sino contra la vigencia de un Estado Nacional, expresión y la garantía de la unidad nacional. Lo que en el fondo buscan los Estatutos Autonómicos más radicales, como el de Santa Cruz, es el ser dueños exclusivos de los recursos naturales ¡¡¡¡Quien ha dado el primer paso, tan peligroso, en ese sentido, ha sido la Nueva C.P.E.!!!!

    Creemos que es difícil, por no decir imposible, el poder articular esas cinco distintas autonomías en forma armónica y equilibrada. Tememos que se constituya en un verdadero rompecabezas, ya que se da una superposición de autonomías con doble o triple pertenencia.

    Por otro lado, una de las identidades más fuertes que se da en Bolivia, como en otros muchos países, es la Departamental: “Yo soy potosino; yo soy orureño; yo soy cochabambino”… La gente se identifica con su Departamento de origen. No es difícil prever que cuando se quiera seccionar y separar a un área de cualquiera de los Departamentos, que sus habitantes se opongan a ello, sin distinción de razas o color político. Creen, y con razón, que se les está sustrayendo algo que es propio de su identidad. Lo mismo puede pasar a nivel municipal.

    Pero, quizás, la dificultad mayor sea que las etnias más importantes no están territorializadas, como lo vemos en los pueblos Aymaras o Quechuas, mayoritariamente presentes en diversidad de Departamentos y municipalidades. El pueblo Guaraní, por ejemplo, está presente en el Departamento de Santa Cruz, pero está también en el de Chuquisaca, ¿ se va a poder lograr que los guaraníes chuquisaqueños dejen de ser chuquisaqueños…?

    Es muy difícil territorializar lo cultural, sobre todo cuando las personas y los grupos están entremezclados. Habrá que ver, por otro lado, hasta qué punto un grupo o una persona es indígena o es mestizo. Es muy probable que la gente opte, lógicamente, por aquello que más le convenga, tanto en lo económico como en lo social, relegando las opciones de tipo cultural.

    Algunos, tanto del Gobierno como de la oposición, piensan que, frente a las tensiones y amenazas presentes que lo más conveniente es el poner en marcha los distintos referendums. Según nuestro parecer, los referéndums no solucionarán absolutamente nada ya que no tocan el problema de fondo. Que sea éste u otro prefecto o que el latifundio llegue a 5.000 o a 10.000 ha… nada tienen que ver con los peligros divisionistas que amenazan al país.

    Si no hay un diálogo, franco, abierto y total, no se evitará el que el país avance, ciegamente, hacia una creciente confrontación que, lamentablemente, puede llevarnos al divisionismo y la fragmentación.

    La primera y principal responsabilidad de quienes están constituidos como autoridad, tanto a nivel gubernamental, como quienes lo están a nivel departamental o frente a los Pueblos Indígenas, es la de velar, ante todo y sobre todo, por la unidad del nacional. Esta es su primera e ineludible obligación.

    Frente a los negros nubarrones que, actualmente, se ciernen sobre el país, su unidad presente y futura se logrará solo a través de un auténtico diálogo que logre pasar a los grupos en conflicto, desde las trincheras de la confrontación a actitudes de pacífica convivencia ciudadana. La democracia significa, no uniformidad, sino concertación ante la diversidad de ideologías e intereses. El país tiene por delante el gran reto de vivir juntos siendo tan diferentes… Para ello, es necesario armonizar los valores autonómicos con la unidad del país.

    La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en la Asamblea General de la ONU, en septiembre pasado, por 91 % de países, es la piedra angular del vicepresidente Alvaro García y el jesuita catalán Xavier Albó para defender la atomización de Bolivia en la nueva Constitución Política del Estado en 36 naciones, con autogobierno, territorios con base étnica y la facultad de decidir el destino de los recursos naturales renovables y autorizar o no la explotación de los no renovables.

    Se trata de un argumento exógeno, que no proviene de organizaciones representativas de la sociedad boliviana ni recoge la herencia de sus pensadores más importantes, como Montenegro, Céspedes, Quiroga Santa Cruz, Ortiz Mercado, Zavaleta y Almaraz, sino que copia, sin condolerse por la frágil estructura del Estado nacional, postulados que nacen del debilitamiento de la biodiversidad europea, problema que debe resolverse, desde su óptica, mediante el control de la biodiversidad de los países periféricos. Tal objetivo, financiado por los centros de poder mundial, busca ser alcanzado mediante negociaciones con dispersos pueblos indígenas, a fin de sortear la resistencia de estados nacionales.

    Lo que el vicepresidente y el jesuita catalán tienen que explicar ahora es el por qué Bolivia es (por lo menos hasta ahora) el único país del mundo que convirtió en ley ese instrumento del Nuevo Orden Mundial (NOM), interesado en controlar, además, el gas, el petróleo y los minerales. Si la mencionada declaración de la ONU es la panacea, ¿por qué el resto de los países que la respaldaron no la convierten en instrumento legal?

    Es obvio que Bolivia debe avanzar en eliminar sus ancestrales exclusiones sociales que aún gravitan en la comunidad boliviana. Infelizmente, el planteamiento plurinacional del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) sirvió a algunas oligarquías regionales para elaborar “estatutos autonómicos”, cuya intencionalidad separatista es inocultable. Así, por ejemplo, el Estatuto de Santa Cruz incluye las siguientes competencias: Legislativa, organización de instituciones autónomas, régimen electoral propio, administración de la educación, tierra, agricultura y ganadería, asuntos forestales, áreas protegidas, biodiversidad, tributos, hacienda, ordenamiento territorial, transporte terrestre y reconocimiento de personerías jurídicas, entre otras. (DPA 13-XII-07). En caso de controversias, las sentencias departamentales son inapelables.

    Estas exigencias buscan conservar latifundios como el del Presidente del Comité Pro-Santa Cruz, Branco Marinkovic, quien cercó con alambre de púas la enorme laguna existente en su propiedad agraria o mantener sistemas de trabajo esclavista en ciertas regiones del país. Desde el fundamentalismo indigenista y del separatismo oligárquico se le da la razón a Mike Falcoff, el asesor del vicepresidente norteamericano Dick Cheney, quien aseguró, el año 2004, que pronto asistiríamos a la desaparición de Bolivia.

    La primera obligación de un gobierno popular, como el de Evo Morales, es unir a la ciudadanía y no exacerbar sus diferencias étnicas. El fortalecimiento de esa unidad pasa por aislar a los fundamentalistas del indigenismo y del separatismo cruceño. Pasa por consolidar el mestizaje e incorporar a la comunidad nacional valores de los pueblos indígenas, portadores de culturas milenarias, convencidas, al igual que el resto del país, que ser revolucionario en la Bolivia de hoy, implica defender su integridad territorial, su biodiversidad y sus recursos estratégicos.

    Es erróneo condenar a los líderes de la Revolución de 1952 por no haber instaurado el socialismo o la dictadura del proletariado. Deben ser censurados por el manejo ineficiente y corrupto de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Por no instalar hornos de fundición de estaño, como hizo el general Alfredo Ovando, 17 años más tarde. Por descapitalizar al ente estatal minero con políticas rentistas, que lo pusieron al borde de la quiera, la que fue postergada por créditos foráneos, a cambio de la desnacionalización del petróleo. Lo anterior no disminuye la trascendencia histórica de la abolición del pongüeaje (servidumbre de la gleba), el voto universal, la nacionalización de las minas y la conclusión de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, que comenzó a articular nuestra atomizada geografía.

    Ovando y Torres (1969-1971) demostraron, con la fundición de estaño y la nacionalización del petróleo (con la importante participación de Marcelo Quiroga Santa Cruz), que el capitalismo de Estado debe ser el motor de la economía nacional y no una artificial “burguesía nacional”, creada con prebendas y “cupos” otorgados a dirigentes del partido oficial, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Sin embargo, el mayor aporte ovandista fue la Estrategia para el Desarrollo Nacional, elaborada por el patriota cruceño, José Ortiz Mercado, según la cual los préstamos externos deben ser complementarios al esfuerzo propio y que los recursos estratégicos, en manos del Estado, deben impulsar los no estratégicos, con participación de empresarios privados y cooperativas de todas las regiones del país. Estos postulados fueron actualizados en el “Libro del Modelo Endógeno”, de “Conciencia de Patria” (CONDEPA), en 1993.

    El Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales, dio un salto histórico en la lucha contra la exclusión social de los pueblos originarios, la que fue precedida por el voto universal del MNR y el haber logrado, por parte de CONDEPA, que Remedio Loza, una chola (mujer de pollera, que se diferencia de las que usan vestidos, a la usanza occidental), sea diputada, candidata presidencial y jefa de un partido político por primera vez en nuestra historia. La designación de David Choquehuanca (apellido aymara) como canciller, pese a sus desaciertos, simboliza la ocupación de espacios públicos por fuerzas emergentes que desplazan a bastiones oligárquicos. Ese avance no puede ser desvirtuado con el invento de 36 naciones indígenas con el que exóticos “ideólogos” financiados por ONG pretenden astillar a la República, al igual que separatistas antinacionales de la región oriental de Bolivia.

    Infelizmente, el MAS no está a la altura de la Estrategia económica de Ovando. Anuncia que el Estado instalará reducidas fábricas de papel y de cartón, pero, mediante lesivos contratos, ha abandonado la nacionalización de los hidrocarburos del 1-05-06, no ha recuperado la mayoría de acciones de las petroleras “Chaco (British Petróleum), Andina (Repsol) y Transredes (Enron-Shell) y no aplicó las auditorias que demuestran las estafas de las petroleras foráneas.

    En siderurgia, el MAS, gracias a un acuerdo con la Jindall, de la India, detuvo a los depredadores brasileños del hierro del Mutún, pero, infelizmente, las transnacionales mineras, Appex Silver (socia de George Soros) y la norteamericana Cours D’Èlene han comenzado a explotar yacimientos y desmontes de plata de Potosí, con las reglas de juego elaboradas por Sánchez de Lozada. Por el contrario, Evo prefiere usar los excedentes económicos, originados en el incremento mundial de los precios de las materias primas, en bonos de beneficencia y préstamos con intereses ridículos a Transnacionales y Bancos extranjeros.

    Si recordamos que la “corrupción es el hueco por donde se escapa la soberanía nacional”, la Ley de Investigación de Fortunas, que propusimos desde 1990, debería servir al gobierno para articular, con visión unitaria y respeto a las diversas formaciones históricas de nuestras regiones, un proyecto nacional que ensamble el espíritu revolucionario del 52, la estrategia económica de Ovando, el modelo “endógeno” de CONDEPA y la erradicación de la exclusión social, en la construcción de la bolivianidad aún inconclusa.

    En la 28 cumbre del MERCOSUR (Asunción, 22-06-05), Chile propuso construir un “anillo energético”, que abastezca de gas a la región. El proyecto debía iniciarse en Camisea (sur del Perú), conectarse con el norte chileno, cruzar a la Argentina y llegar a Brasil, Paraguay y Uruguay. La propuesta calificada de “magnífica” por el presidente Toledo, era más absurda que rascacielos en el aire, ya que tenía todo menos gas, debido a que, de los 12 TCF que tiene Camisea, la mitad irá a Lima, así como a cumplir acuerdos iniciales de exportación a México, sin considerar la demanda de otras ciudades del Perú.

    La iniciativa hizo que el ingenuo (¿ingenuo?) empresario de Cochabamba, Oscar Bakir, dijera que los países del MERCOSUR tienen todo el derecho de ejecutar el proyecto sin nosotros y que seríamos excluidos de un futuro “anillo” vial. El Presidente de YPFB en ese momento, Carlos D`Arlach, quien trabajó 23 años en la Occidental Petroleum, advirtió que, “mientras más demoremos en entrar al anillo las posibilidades de ser excluidos aumentan”. Raúl Kieffer, de la Halliburton, indicó que Bolivia debía recuperar la confianza de sus vecinos, pero que, hoy por hoy, ya fuimos excluidos.

    Los cimientos del proyecto están en las reservas bolivianas, las que, por decisión de las transnacionales y Petrobrás, tienen que ser exportadas sin valor agregado. Ni siquiera el ofrecimiento de vender a Chile termoelectricidad pudo concretarse, pese a que las termoeléctricas del norte chileno (financiadas por transnacionales), están casi paralizadas por falta de materia prima o usan carbón o diesel altamente contaminantes. Por esta razón, “El Mercurio” pide que Bolivia venda a Chile gas natural y no termoelectricidad. Por nuestra parte, pensamos que el país debe alimentar el “anillo” con el 50 % de su producción, pero a condición de que el otro 50% sea convertido dentro del país en fertilizantes, diesel, GLP, plásticos y termoelectricidad para la exportación.

    La resistencia nacional, manifestada en la victoriosa insurrección contra Sánchez de Lozada del 17-10-03, en el referéndum del 18-07-05 (pese a sus restricciones), en el triunfo electoral de Evo, del 18-12-05, y en la tercera nacionalización, de 1-05-06, ha sido arrinconada con la llegada de Lula a La Paz en diciembre pasado, quien recalcó que las inversiones de Petrobrás resolverán el suministro de gas a Brasil, Argentina y Chile. El ente brasileño abastecerá el mercado interno a precios internacionales (subvencionados por el Estado) y entrabará el abastecimiento de gas a la siderúrgica del Mutún, en manos de Jindall, de la India, que deberá pagar por el energético sólo el 50 % del precio de exportación. Lo anterior demuestra que el “anillo energético” comenzará a funcionar.

    Lula llegó a La Paz con Michael Bachellet, con quien se concretó la participación de Bolivia en la carretera Santos-Arica. Al mismo tiempo, el MAS renunció a nacionalizar la red occidental de ferrocarriles, que permitió a empresas de Chile y EEUU levantar las rieles de tramos del altiplano boliviano, las que serían rehabilitadas a fin de exportar más minerales, en beneficio foráneo, también sin valor agregado. Así el mandatario brasileño se convertirá en el “señor de los anillos” energético y vial del Cono Sur.

    Brasil hizo fracasar el “gasoducto del Sur” planteado por Venezuela, que amenazaba el liderazgo regional de Lula, quien prefirió un acuerdo con Bush sobre bio combustibles (o necro combustibles). Evo aceptó las condiciones de su hermano mayor (así llama a Lula) a cambio de su apoyo en su pugna con los departamentos que exigen regímenes autonómicos a ultranza.

    Brasil se ha caracterizado por imponer duras condiciones a la débil Bolivia, en sus compras de gas natural. Las negociaciones entre ambos países, anteriores al gobierno de Paz Zamora (1989-1993), eran inviables, debido al veto de Petrobrás, que pretendía abastecer su mercado interno, sin recurrir a importaciones. Los acuerdos Banzer-Geisel, de mayo de 1974, estaban condicionados a la certificación de las reservas bolivianas, la que se obtuvo sólo una década más tarde. En 1992, Petrobrás aceptó pagar una tributación del 50 %, a cambio del control de “San Alberto” y “Sábalo”, descubiertos por YPFB. Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), luego de liquidar YPFB, rebajar las regalías al 18 % y entregar al consorcio Enron-Shell la mayoría de acciones de la “capitalizada” Transredes, impulsó la exportación de gas al Brasil, la que se inició en julio de 1999. El precio del gas, GSA (Gas Supply Agrement), es fijado cada tres meses, con una fórmula que promedia el costo de tres fuels oil, a los que se reemplaza en el vecino país.

    De esta manera, Brasil sustituye fuels muy contaminantes por nuestro gas que contamina mucho menos. Bolivia, en lugar de ser premiada por esta ventaja, resultó sancionada por una fórmula que, además, impide que los precios del gas se incrementen al ritmo del petróleo en el mercado mundial. Con Banzer (1997-2001), Jorge Quiroga (2001-2002) y GSL (2002-2003), British Gas, Pluspetrol, Andina, Repsol y Petrobrás, exportaron gas a precio muy inferior al pactado en el GSA. Cuando el precio GSA ya había sobrepasado 1,80 dólares por Millón de BTU, las ventas a una enorme termoeléctrica de Cuiabá se pactaron a 0,87 (en cuya ruta se beneficiaba a un yacimiento de oro de GSL); Pluspetrol enviaba gas a la Argentina a 0,67; Repsol (Andina) le vendía gas a Petrobrás, y de espaldas a YPFB, a un dólar (contrato “hedging”). Por su parte, British Gas exporta gas a su filial COMGAS, de San Pablo, también al margen del GSA.

    Estos contratos “incestuosos”, ya que las empresas productoras de gas en Bolivia lo compraban al otro lado de la frontera, convirtieron al país en una coladera de gas, que comenzó a venderse, por ramales legales e ilegales, como ocurrió en Corumbá. Al mismo tiempo, Brasil no instaló 24 de las 49 termoeléctricas en territorio boliviano, como se había comprometido. La fuga de GSL, el 17 de octubre de 2003, la Ley de Hidrocarburos del 17 de mayo de 2005, la Tercera Nacionalización del gas y del petróleo del 1º de mayo de 2006, que obligó a Petrobrás a pagar 82 % en tributos a favor del Estado, y el contrato de venta de gas a la Argentina a 5 dólares, desde la frontera, de 29-06-06 (suscrito en mi gestión como Ministro), frenó tantos abusos, entre los que se halla la reanudación de exportaciones a la Argentina, al precio “solidario” de 0,97 dólares, mediante contrato firmado por Carlos Mesa y respaldado por Evo Morales, en noviembre de 2003.

    Los contratos suscritos con las petroleras, el 29 y 30 de octubre de 2006, abrogaron el decreto de nacionalización. Petrobrás informó en Internet, el 31 de octubre de 2006, que suscribió contratos de producción compartida (no de operaciones), lo que le permite anotar como suyo el valor de las reservas bolivianas en las bolsas de valores. Al ignorarse las auditorias dispuestas por el Decreto del 1º de mayo de 2006, que demuestran que Petrobrás obtuvo utilidades por 500 millones de dólares y que amortizó la totalidad de sus inversiones (284 millones de dólares) en menos de cuatro años, se develó que hizo figurar en los contratos amortizaciones imaginarias.

    Los contratos no incluyen cronogramas de inversión y precios diferenciados para el mercado interno. Estos puntos forman parte de los planes de desarrollo de campos, cuya ejecución está condicionada a que YPFB acepte nuevas exigencias brasileñas. El anuncio de la visita de Lula a La Paz, sirvió para informar que YPFB formará sociedades con Petrobrás, en reemplazo de PDVSA, en las áreas tradicionales que el ente estatal boliviano reservó para sí misma, con la Ley 3058. El estratégico acuerdo Lula y Bush, sobre bio combustibles, el descubrimiento de campo “Tupí” (en las costas de San Pablo), el retorno a la energía nuclear, la instalación de plantas hidroeléctricas en el Rio Madera en perjuicio de Bolivia, las compras de LNG de Indonesia y el desarrollo de energías alternativas, permiten a Brasil mirar su futuro energético con relativa tranquilidad a mediano y largo plazo. En lo inmediato, no puede prescindir del gas boliviano. Infelizmente, la atomizada Bolivia ha quedado exhausta por obra de separatistas e indigenistas a ultranza, que le impiden negociar con firmeza.

    Esta desigual correlación de fuerzas explica el por qué Lula sostiene que el gas boliviano ayudará a resolver las crisis energéticas de su país, Chile y Argentina. Henrique Cardoso visitó “Sán Alberto” al comenzar las exportaciones de gas al Brasil, como una manera de demostrar el dominio brasileño sobre el energético boliviano. Ahora Lula hace lo mismo.

    El profundo odio entre sectores de la sociedad boliviana se origina en la conquista hispana que no exterminó a todos los indios, como hicieron los ingleses en Norteamérica, sólo porque eran irremplazables en los infernales socavones potosinos. El 6 de agosto de 1825, nació un remedo de República, gobernada por continuadores del coloniaje, encomenderos y saqueadores de minas, de la que se excluyó a los aborígenes (90 % de la población).

    Los españoles, al no traer a sus mujeres al Alto Perú, generaron un mestizaje que se fortaleció con el tiempo. Contingentes indígenas protagonizaron heroicas rebeliones, como la de Tupaj Katari, de 1781, que pese a ser anterior a la Revolución Francesa, es ignorada por el eurocentrismo. Mestizos e indígenas combatieron en la guerra de la independencia (1809-1825). El mestizo Andrés de Santa Cruz y Calahumana fue Presidente de Perú (1826-1827), Bolivia y de la Confederación de ambos países (1829-1836). Aymaras y quechuas respaldaron al Presidente Belzu (1848-1855) y fueron el corazón de la resistencia a Melgarejo (1864-1871), quien encabezó el asalto a las tierras de comunidad.

    La historia de Bolivia es la historia de indo mestizos e intelectuales de capas medias por construir un Estado nacional incluyente. Con luces, sombras y traiciones, como la del general Pando (1899-1904) a Pablo Zárate Willca, como la mezcla de sangres de todas las regiones en las guerras internacionales, como la defensa del patrimonio nacional de Busch (1937-1939), como el congreso indigenista de Villarroel (1945), como la cuota de sangre de la guerra civil de 1949, y como el acontecimiento central de nuestra historia, la Revolución del 9 de abriel de 1952, se busca estructurar la bolivianidad.

    Infelizmente, el nacionalismo visionario de Montenegro, Céspedes, Almaraz y Zabaleta se convirtió en su antítesis con Sánchez de Lozada, luego de pasar por el pragmatismo de Paz Estensoro, que terminó respaldando al gonismo neoliberal. Las nacionalizaciones del petróleo de Toro (1937), Ovando (1969) y Evo Morales (2006), el despertar del cholaje encabezado por Carlos Palenque (1988-1997), las justas reivindicaciones autonomistas y el indigenismo insurgente son los nuevos actores del interminable drama nacional.

    Evo hereda el pasado de un país dividido por el odio, pero con aportes de heroísmos y esperanzas. Los bolivianos podemos unirnos, como ocurrió en la épica batalla de Villamontes (1936), que impidió el descuartizamiento del territorio, o ahondar nuestras diferencias, como ocurre con el irracional proyecto de sub dividirnos en 36 naciones y con los enfrentamientos entre citadinos y gente del campo. Lo anterior pasa por terminar con la exclusión indígena, revalorizar nuestras culturas milenarias, como lo hace la nueva Constitución del MAS, pero sin destruir las bases de la convivencia nacional. El autonomismo es positivo, pero no es casual que Sergio Antelo, ideólogo de la Nación Camba, llame al Estado boliviano “Estado Canalla”, en coincidencia con el fundamentalismo indigenista.

    Detrás del “grafiti” de Santa Cruz están las Petroleras y terratenientes racistas. Detrás de los degolladores de Achacachi se encuentran decenas de ONG financiadas por el Imperialismo. Lo importante es que la idea de Patria ha sido arrebatada por el pueblo indo mestizo de manos de los constituyentes impostores de 1825 y ese pueblo sabrá defenderla con el coraje de nuestros mártires que nos encargaron defender la unidad nacional.

    Lula, al confirmar su viaje a La Paz, dijo que el gas boliviano ayudará a resolver los problemas energéticos de su país, Argentina y Chile. Al iniciarse las exportaciones de gas desde Bolivia, en julio de 1999, el ex Presidente Henrique Cardoso, luego de reunirse con Hugo Bánzer, en Palacio Quemado, visitó el mega campo de “San Alberto”, como una afirmación del control brasileño sobre nuestras reservas. El anfitrión de Evo reafirma ese control. El Embajador en EE.UU., Gustavo Guzmán, destaca estas expresiones de Lula: “Evo (Morales) es lo más extraordinario que nos ha sucedido en Sudamérica. Nadie refleja mejor que él la cara de Bolivia”. Mauricio Medinacelli, ex Ministro de Hidrocarburos en el gobierno neoliberal de Rodríguez Veltzé (2005), dice que la debilidad de Evo es su relación con Hugo Chávez y que su fortaleza es Lula. Estos hechos y opiniones se condensan en lo que afirma el mexicano Héctor Aguilar Camin: “Las batallas las gana la política. Las guerras, la economía”.

    Evo, en sus dos años de gobierno, ha ganado muchas batallas, pero ocasionará que Bolivia pierda la guerra económica. Todos los países, casi sin excepciones, tratan de reinvertir sus excedentes económicos en el desarrollo agrario e industrial, lo que significa empleo digno, salud y educación, en reemplazo de la prostitución, la delincuencia y la desocupación. Veamos algunos ejemplos:

    ENAP, petrolera estatal chilena, anunció que invertirá unos $US 70 millones para reiniciar la producción de crudo y gas en su campo en la Cuenca Austral, al sur de Argentina, a principios del próximo año.

    Codelco, la cuprífera más grande del mundo, redujo su producción en los primeros nueve meses del año a 1,14 millones de toneladas, 0,9 % menos que un año antes. La estatal chilena registró ganancias de $US 6.740 millones antes de impuestos en ese lapso.

    Venezuela invertirá junto con Irán, Siria y Malasia $US 2.600 millones para construir una refinería de petróleo con capacidad para 140.000 barriles en Siria. Venezuela recibirá 33 % de los ingresos generados por el proyecto.

    CAP, siderúrgica chilena, invertirá $US 3.500 millones en los próximos ocho años para duplicar su producción de acero a tres millones de toneladas anuales en los próximos cuatro años, además de triplicar la de mineral de hierro a 15 millones de toneladas para 2009.

    PetroChina logró recaudar $US 8.920 millones en su salida a bolsa, la mayor en la historia de China. La petrolera estatal usará parte de los fondos para elevar su producción de crudo y etileno y su capacidad de refinación.

    Bolivia ha usado el 60 % de sus reservas monetarias, que alcanzaban a $US a 3.181 millones, en diciembre de 2006, en préstamos a Bancos foráneos y Transnacionales. Lo mismo ocurre con parte del dinero de los jubilados, administrado por Bancos españoles y suizos, que llegaba a $US 2.256 millones hasta la misma fecha. Se benefician con nuestros préstamos, al 3 % anual, Transredes (Enron-Shell), Santander Private Banking (de España, financiadora de Repsol) y Lloys TSB Internacional Private Banking (de Inglaterra), vinculado a British Petróleum, en tanto el país obtiene créditos de la CAF al 8 % año. Los mayores ingresos nacionales se originan en la Ley de Hidrocarburos 3058, del 30 de mayo de 2005, y no en el Decreto de Nacionalización, del 1º de mayo de 2006, que ha sido abrogado. Se originan también en el incremento de precios del petróleo, gas y minerales en el mercado mundial. Lo que queda, se está destinado, de manera preferente, a beneficencia.

    El Decreto de Nacionalización incrementó los tributos a las compañías en un 32 %, por seis meses, lapso en el que se realizaron auditorias a los campos petroleras. Al no tomarse en cuenta sus resultados, ese 32 % adicional, con el que se comenzó a financiar el bono escolar “Juancito Pinto”, ya no existe, pero el gobierno lo sigue pagando con recursos de la escuálida YPFB, que aportó, además, $US 19 millones al Bono Solidario (BONOSOL). Esta suma también se duplicará para pagar la Renta Dignidad, que se otorgará desde los 60 años, y no desde los 65, como ocurría con el Bonosol. Los excedentes económicos no han convertido a YPFB en una moderna empresa corporativa, como Petrobrás, por ejemplo, lo que le impide inscribir el valor de las reservas de gas y petróleo en bolsas de valores, de las que podría obtener recursos para inversiones. El ente estatal brasileño obtuvo $US 500 millones de utilidades en Bolivia desde 1999 al 2006. En sus primeros cuatro años, amortizó la totalidad de sus inversiones ($US 284 millones) y se benefició con estafas, contrabando y evasiones impositivas. Revendió en $US 400 millones ($US 112 millones en efectivo y el resto por el no cobro de pasivos contraídos en su gestión), dos refinerías que compró de YPFB en $US 104 millones. Era preferible comprar sólo el 50 más uno de acciones de las refinerías, ya que el 49.9 restante debía a pasar a YPFB sin costo adicional, debido a los manejos fraudulentos de la empresa brasileña. En forma previa, Petrobrás debía instalar 49 termoeléctricas con el gas boliviano, 25 en Brasil y 24 en Bolivia. Ni una sola se instaló en territorio nacional, en cumplimiento de esa promesa.

    No existen políticas destinadas a instalar fundiciones mineras y refinerías de petróleo, que nos liberen de importar diesel, para luego venderlo a precio subvencionado, plantas separadoras de líquidos y fertilizante o gasoductos internos que den vida al inerme territorio patrio. Tampoco se usaron los excedentes para convertir a YPFB en socia mayoritaria de las “capitalizadas” Transredes, Chaco (British Petróleum) y Andina (Repsol), lo que la convertiría en una empresa de notables proyecciones económicas.

    El MAS, como fuerza de oposición, tuvo una conducta pendular, ya que apoyó a Carlos Mesa (noviembre de 2003) en la reanudación de ventas de gas a la Argentina al precio solidario de $US 0.98 por millón de BTU. Elaboró, junto con Mesa, las preguntas del referéndum del 18 de julio de 2004, pese a conocerse que esa consulta estaba financiada por USAID y la francesa Total. Su posición frente al fraudulento Proyecto Pacífic LNG fue muy confusa. Guardó silencio sobre el contrato “hedging”, acordado por Andina (Repsol) y Petrobrás, por el que ambas empresas comercializaron gas a alrededor de un dólar, al margen del vigente contrato GSA (Gas Supply Agrement), firmado entre Bolivia y Brasil. El Ministro de Defensa, Walter San Miguel, ex delegado de Petrobrás para la “capitalización de YPFB, continúa enviando tropas a Haití y al Congo, con beneplácito norteamericano, en tanto el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, no ha explicado sus vínculos con el multimillonario George Soros.

    Evo cree que los bonos garantizarán su reelección. No advierte que los autonomistas a ultranza ofrecerán, si controlan los excedentes económicos del gas y de la minería, el doble de rentas que las prometidas por el gobierno. Indigenistas y separatistas están inermes frente a exigencias de las petroleras, de la Unión Europea o de EE.UU. Evo debería preguntar a Lula ¿con qué derecho está disponiendo de nuestras reservas de gas en beneficio de las transnacionales asentadas en Argentina o Chile? El acuerdo Brasil-EE.UU. sobre bio-combustibles ha incrementado la prepotencia de Petrobrás sobre Bolivia. A su vez, el asesor palaciego Marco Aurelio García anunció inversiones de Petrobrás por $US 750 millones, en los próximos años, cantidad exigua que mantendrá a Bolivia en actitud mendicante.

    En el mediano plazo, Brasil mira su futuro energético con relativa tranquilidad. Al acuerdo con Bush, se suma el descubrimiento del mega campo submarino Tupi. Ha retomado su proyecto de construir un tercer reactor nuclear (Angra III). Construirá dos hidroeléctricas en el Rio Madera, a costa de la ecología de Bolivia. Impulsará las energías alternativas. Los corredores bi-oceánicos abrirán enormes perspectivas a sus empresas camineras. Una de ellas, la Queiroz Galvao, después de haber sido expulsada con ignominia, retornó a paso de vencedores. Al parecer, lo mismo ocurrirá con Eike Batista de la EBX, que aseguró que instalará su siderurgia a carbón vegetal en Puerto Quijarro, luego de abandonar Bolivia por carecer de licencias ambientales. Chile, por su parte, espera, gracias a esos mismos corredores, cumplir con los Tratados de Libre Comercio que ha suscrito en tres continentes.

    En el corto plazo, Brasil depende del gas boliviano, sobre todo después de las sequías que afectaron a sus hidroeléctricas. Entre tanto, Bolivia hace beneficencia y presta su dinero a intereses ridículos. Lo anterior explica los elogios de Lula a Evo y la alegría de Medinacelli, dentro de un cuadro sudamericano en el que la derrota de Chávez en Venezuela ha dejado a YPFB aún más inerme frente a Petrobrás.

    —Nota previa— Varios de los datos sobre George Soros, usados en esta nota, los desconocía al aceptar ser Ministro de Evo Morales. Otras debilidades del MAS sí las conocía, pero esperaba que la presión popular ayudaría a corregirlas. Infelizmente, esa presión sirvió para que el gobierno ahondara el indigenismo y retrocediera en la defensa de la soberanía nacional.

    El MAS, de Evo Morales, y PODEMOS, de Jorge “Tuto” Quiroga, son presentados como fuerzas antagónicas. El MAS sostiene que su revolución en democracia tiene al indigenismo como vanguardia. PODEMOS es la heredera de la casta encomendera y defensora del neoliberalismo. Evo ataca a los norteamericanos y “Tuto” a los venezolanos, lo que confirmaría su antagonismo. La confusión emerge al advertirse que Evo, según la Red Voltaire (21-12-2003) organizó, en marzo de 1991, el Consejo Andino de Productores de la Hoja de Coca (CAPHC), con el respaldo del Consejo Andino de Juristas (CAJ), sucursal de Human Right Watch, del multimillonario George Soros.

    Soros, personaje emblemático del Nuevo Orden Mundial (NOM), plantea la legalización del consumo de drogas, por lo que defiende también la hoja de coca. La CAJ y Human Right Watch promocionaron la figura de Evo, con viajes a Europa y EE.UU. Soros organizó la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), vinculada a la National Endowment for Democracy (NED), una prolongación de la CIA. El Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, fue el representante de RESDAL en Bolivia. El jefe de prensa del Palacio de Gobierno, Alex Contreras, fue jefe de la oficina sudamericana de Narco News, publicación financiada por Soros. Finalmente, Soros tiene el 20 % de acciones en la norteamericana Apex Silver, que explota mina “San Cristóbal”, en Potosí.

    Quiroga quiso imponer al país, en el 2001, el fraudulento proyecto Pacific LNG, por el que el gas boliviano, con el pretexto de ser exportado a EE.UU. y México, debía abastecer de energía a la Barric Gold, Suez Tractebel, Mitsubishi y Río Tinto Zinz (RTZ), en el norte de Chile, mediante las petroleras Sempra Energy, Repsol y British Petróleum. El actual senador de PODEMOS Roberto Ruiz fue entusiasta impulsor del proyecto. Quiroga, de manera ilegal, eximió a las compañías de perforar un pozo por parcela, con lo que les concedió millonarios beneficios. Nombró Ministro de Desarrollo Económico a Carlos Kempf Bruno de Transredes (Enron-Shell).

    El ahora senador de Podemos, Oscar Ortiz, fue director de Andina (Repsol), cuando esta empresa y Petrobrás estafaron a YPFB $US 300 millones con el contrato “hedging” (sobre volatilización de precios). Otro senador de Podemos, Carlos D’arlach, trabajó 25 años para la Occidental Petróleum. Como puente entre el MAS y PODEMOS aparece Walker San Miguel, Ministro de Defensa de Evo, y ex representante de Petrobrás para la “capitalización” de YPFB. Transnacionales mineras y petroleras son, como se sabe, pilares fundamentales del NOM.

    El NOM, dentro de su política de liquidar a los Estados Nacionales, busca borrar a Bolivia del mapa, como dijera Mark Falcoff, asesor del vicepresidente de EEUU, Dick Cheney. El vicepresidente Alvaro García Linera impulsa ese objetivo al plantear el reconocimiento de 36 “naciones” indígenas. Oligarcas separatistas hicieron aprobar estatutos autonómicos, por los que los prefectos se convierten en gobernadores, con policía propia y tuición sobre tierras y recursos naturales. Las bases populares del MAS y el país ignoran esta alianza entre petroleras y legalizadores del consumo de drogas. Por el contrario, están decididos a no dejarse arrebatar la Patria que nos vio nacer y que debemos legar a nuestros hijos.

    Las nacionalizaciones de los hidrocarburos ejecutadas en Bolivia, en tres oportunidades, son parte de la permanente resistencia de los países coloniales y semi coloniales a la dominación de los imperios. Desde un punto de vista más general, se inscriben en el rechazo de los seres humanos a aceptar que otros seres humanos, llámense amos, dictadores o plutócratas encadenen nuestra existencia. Para no caer en maniqueísmos, digamos que existen pecadores que terminan como santos, y viceversa, lo que no impide considerar a pueblos sometidos, organizaciones políticas y luchadores sociales de países dominantes y periféricos como la reserva moral de la humanidad, en la búsqueda de mayor justicia y dignidad.

    Hasta hace poco, la opresión se caracterizaba por la utilización de medios físicos, cárceles, calabozos, torturas y campos de concentración, además de la succión de recursos económicos, perfeccionada por el capital financiero. En los últimos años, el Nuevo Orden Mundial (NOM) avanza en el control de la mente y la voluntad, a fin de convertir a hombres y mujeres en robots idiotizados, hasta instaurar, según las palabras de Aldous Huxley, “una dictadura sin lágrimas, en la que la gente ama sus cadenas”. Para ello, se pretende generalizar el uso de microchips a fin de vigilarlos las 24 horas del día. La instalación de cámaras de televisión en calles y avenidas, estadios, cines, teatros, aeropuertos o estaciones ferroviarias se incrementa de manera incesante. Gran Bretaña cuenta con más de cuatro millones de cámaras de circuito cerrado (CCYV). El Comisario de Información de ese país, Richard Thomas, dijo que los británicos ya han entrado, sin darse cuenta, “en la sociedad de la vigilancia”. El uso de tarjetas plásticas en reemplazo del papel moneda servirá para que los desobedientes no reciban ingresos ni dispongan de recursos para su subsistencia. La saturación de nuestras sociedades con drogas, cada vez más mortíferas, pornografía y música embrutecedora y el dominio transnacional de televisoras, radios, periódicos y empresas encuestadoras ansía una sociedad, como dice Daniel Estulín, en la que “todos podrán correr, pero nadie podrá ocultarse”.

    Aspira a que niños y jóvenes conformen generaciones de idiotas, modelados por la TV basura y “comics” violentos, que induzcan a pensar que la violencia es la única forma de resolver discrepancias sociales y políticas. Se busca, en consecuencia, la esclavitud de la mente, mediante la ruptura psicológica del individuo y la disminución de su coeficiente mental, coadyuvada por la mediocridad de la enseñanza. Los centros de poder mundial fomentan la inseguridad ciudadana, a fin de que seamos nosotros mismos los que “exijamos” que los “ingenieros sociales”, en la línea del psicólogo J.B. Skinner, apliquen mayores controles sociales. Como parte de esos planes, se desea la despoblación controlada del planeta, mediante la supresión de “estómagos inservibles”, como dijo Henry Kissinger. Pero de la misma manera que es imposible aniquilar todas las praderas del mundo, ya que estas rebrotan de manera inexorable, así también la sed de poder acabará siendo contenida por la indomable rebeldía humana.

    En Latinoamérica, se acentúa la alienación de nuestras mentes, la succión de recursos naturales y la oposición a que avancemos en la unidad bolivariana y san martiniana. A los amos del mundo incomoda los conceptos de soberanía y nacionalismo. Sobre el particular, David Rockefeller dijo: “El mundo está más preparado para un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de los banqueros mundiales es preferible a la autodeterminación nacional practicada durante los últimos siglos”. William Benton, otro personaje de los centros de poder mundial, añade: “El nacionalismo es el mayor obstáculo para el desarrollo de una mentalidad mundial. Estamos al inicio de un largo proceso de rompimiento de los muros de la soberanía nacional”. (Somos Sur: “El NOM y el Saqueo de Bolivia”. Dic. 2006. Cochabamba-Bolivia)

    Los alienadores del imperio afirman que el nacionalismo de los países oprimidos se asemeja al de Franco, Hitler o Mussolini. No admiten que el nacionalismo defensivo de los países oprimidos es antagónico al nacionalismo expansivo y expoliador, que se transforma en imperialismo, de los países opresores. Ese rechazo se agudiza cuando avanza la articulación de nuestros nacionalismos defensivos en la búsqueda de un socialismo endógeno, con transparencia y democracia participativa, sin reelecciones indefinidas ni cultos a la personalidad, pero capaz de afirmar la autodeterminación nacional y lograr la reinversión eficaz de los excedentes económicos en beneficio de nuestros pueblos.

    La Banca inglesa impidió, desde las primeras décadas del siglo XIX, la construcción de un ferrocarril que uniera la Patagonia argentina con el norte del Río Bravo, en México, el que debía impulsar la integración espiritual y económica de nuestra Patria Grande. Ese proyecto se ha tornado aún más dificultoso, ya que ahora tenemos alrededor de cinco trochas de ferrocarril, de diferente tamaño, que impiden conectar los rieles. Corresponde a las actuales generaciones de latinoamericanos compatibilizar las trochas que consorcios anglo norteamericanos sembraron en la región. Pese a lo anterior, la conciencia de la unidad rebrota como las praderas quemadas por los “modernos romanos”. Y no hablamos en sentido figurado. Todos sabemos que en la guerra de las Malvinas, la Argentina enfrentó no sólo al imperio británico, sino también a Estados Unidos y sus socios de la OTAN.

    Tal vez la idea más audaz y correcta, surgida en el último siglo en “nuestra” América, como decía Martí, corresponde al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, consista en avanzar en la articulación de nuestras empresas estatales de petróleo, la que, de llevarse a la práctica, impedirá que las petroleras europeas y norteamericanas sigan succionando los mayores excedentes del subsuelo. Lo anterior fue complementado con la iniciativa de impulsar el Banco Sur, que, infelizmente, no ha recibido todo el apoyo que podría aportar el Presidente Lula de Brasil. No es casual, en consecuencia, que el 65 % de las acciones de Petrobrás se encuentren en manos privadas. Lo anterior hace ver, una vez más, que el primer requisito de la integración latinoamericana reside en que nuestros estados nacionales controlen los recursos estratégicos. El incumplimiento de esta premisa explica el virtual estancamiento del MERCOSUR y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

    En este macro paisaje del pasado y del presente se inscriben las tres nacionalizaciones de los hidrocarburos en Bolivia. Es interesante advertir que los países expoliados utilizan resquicios impensables para detener el saqueo. La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, del 13 de marzo de 1937, fue la primera de América Latina y la segunda en el mundo. Los primeros en recuperar el petróleo para su país fueron los bolcheviques, inmediatamente después de la revolución de octubre de 1917. En 1938, el general Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización de los hidrocarburos en México, que fue la segunda a nivel latinoamericano. Lo ocurrido en Bolivia y México se debe a que desde el ascenso de Hitler al poder, en 1933, las potencias mundiales, al advertir la inminencia de la segunda conflagración mundial, pusieron su mayor empeño en prepararse para la guerra, lo que hizo que disminuyera su vigilancia sobre sus colonias y semicolonias, hecho que se acentuó en los años de feroces enfrentamientos, en cuyo marco histórico emergieron las figuras de Gandhi en la India, Sukarno en Indonesia, Tito en Yugoslavia, Nasser en Egipto y Perón en la Argentina.

    Por su parte, en 1936, Bolivia y Paraguay salían de una guerra fratricida a la que fueron empujados por petroleras de EEUU e Inglaterra y por Bancos de inversión como Dillon Read. En el subconsciente de los bolivianos estalló la indignación contra la norteamericana Standard Oil, una de las propugnadoras del conflicto que costó la vida a 100.000 soldados de ambos países. Antes del conflicto, la compañía de los Rockefeller había construido un oleoducto clandestino para exportar petróleo a Argentina, con lo que cometió los delitos de sabotaje, estafa y defraudación impositiva, por lo que fue sancionada con la caducidad de sus concesiones. La expulsión de la Standard Oil fue precedida por la fundación de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa que mantuvo el monopolio de la explotación petrolera, hasta 1953, año en que el primer gobierno de Víctor Paz Estensoro arrendó 350 mil hectáreas con potencialidad petrolera al aventurero norteamericano Glenn McCarthy.

    La segunda nacionalización fue decretada el 17 de octubre de 1969, por el General Alfredo Ovando Candia, junto al líder y después mártir del Partido Socialista - Uno, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero ¿qué ocurría, en 1969, para que se debilitara el control imperial sobre Bolivia y sobre la región? A partir de la Revolución Cubana, iniciada el primero de enero de 1959, EEUU aplicó la doctrina de seguridad nacional, la que promovió golpes militares, a fin de contar con regímenes de fuerza que aniquilen focos guerrilleros alentados por Fidel Castro. Pese a sus victorias contra grupos guerrilleros en ciudades y selvas latinoamericanas, sectores de las FFAA cobraron conciencia de la sumisión frente al imperio y de la necesidad de recuperar los recursos naturales de las transnacionales. Los partidos de la izquierda tradicional y las organizaciones políticas que respaldaron la insurgencia armada no comprendieron los cambios de posición que sufren sectores castrenses, que, en determinadas circunstancias, abanderan la defensa de la soberanía y de los recursos humanos y naturales.

    Con excepción del Grupo Revolucionario «Octubre» (GRO), fundado por el compañero argentino Adolfo Perelman y mi persona, que, en cumplimiento de los postulados de la Izquierda Nacional latinoamericana, apoyó al gobierno de Ovando y respaldó la nacionalización de la Gulf Oil Company, el resto de las entidades políticas, de izquierda y de derecha, propició su derrocamiento, lo que finalmente aconteció, luego del breve gobierno del general Juan José Tórres, el 21 de agosto de 1971. El nuevo régimen, encabezado por el general Hugo Bánzer Suárez, volvió, de inmediato, a desnacionalizar los hidrocarburos. El desgaste coyuntural de la dominación imperial sobre el Ejército boliviano alcanzó también al Perú de Juan Velasco Alvarado y al Ecuador de Guillermo Rodríguez Lara. Si a lo anterior añadimos las victorias electorales de Salvador Allende en Chile y Héctor Cámpora, primero, y del general Perón en la Argentina, después, concluiremos que la región estuvo en posibilidades de articular un bloque antiimperialista, lo que no sucedió por la rápida reacción del imperialismo y la miopía de los partidos políticos tradicionales.

    La tercera nacionalización fue decretada por el gobierno de Evo Morales, el primero de mayo de 2006. Tuvo como telón de fondo el progresivo desgaste de las democracias controladas por el imperio, las que habían sido impulsadas por la Comisión Trilateral, durante el gobierno de Jimmy Carter (1976-1981). Lo importante para EEUU era mostrar que la “democracia” estaba vigente en su “patio trasero”, a fin de denunciar con más fuerza a las dictaduras stalinistas de la URSS y sus aliados de Europa oriental. En consecuencia, para reforzar su prédica contra la ex URSS, EEUU y sus aliados dejaron de respaldar a las cruentas dictaduras que habían instaurado en Centro y Sudamérica, en la década de los años sesenta.

    Esta constatación no implica ignorar el aporte de miles de latinoamericanos que ofrendaron su vida por reconquistar procesos democráticos, abortados por la CIA, el Pentágono y gendarmes a su servicio. Sin embargo, los pueblos de la América morena acabaron advirtiendo que la democracia auspiciada por las transnacionales busca siempre castrar la autodeterminación nacional. El desgaste de la democracia controlada coincide, al mismo tiempo, con la autocrítica de facto de organizaciones políticas que proclamaron la vía armada como el único camino posible para reabrir procesos de liberación. Lo anterior implicó entender las aperturas democráticas en forma correcta, es decir como un campo de batalla en el que se enfrentan el imperio y sus aliados, por una parte, con amplios movimientos patrióticos, por otra, empeñados en recuperar soberanía y excedentes económicos. EEUU, por su intervención en Haití y el derrocamiento de Aristide, ha vuelto a demostrar que usa la democracia cuando le conviene. Entre tanto, en América Latina se exige, cada vez con mayor claridad, una democracia con referéndum sobre el destino de recursos naturales, con mandato imperativo, con la posibilidad de convocar a nuevas elecciones exigidas por determinado número de ciudadanos, con igualdad de acceso a los medios de comunicación social para difundir propuestas políticas, con la prohibición de recibir financiamiento de transnacionales, fundaciones, ONG o gobiernos foráneos.

    Para entender el actual proceso político boliviano se deben analizar las tendencias que conforman el Movimiento al Socialismo (MAS), base de sustentación del actual gobierno. La primera está integrada por las seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba (al centro del país), de cuyo seno emergió el liderazgo de Evo. A contra ruta de quienes encasillan a todos los campesinos del mundo bajo los rótulos de individualistas o pequeño burgueses, el valle cochabambino (al centro de Bolivia) recibió, a partir del cierre de las minas nacionalizadas, ocurrido en 1985, sucesivos contingentes de obreros del subsuelo, portadores de la disciplina organizativa de la histórica Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Según la Red Voltaire (25-XII-03), Evo Morales fue uno de los dirigentes que, a principios de los noventas, organizó el Consejo Andino de Productores de Hojas de Coca (CAPHC), con presencia en Perú y Bolivia. El CAPHC recibió apoyo del Consejo Andino de Juristas (CAJ), sucursal de Human Rights Watch/Ameritas. Como los cocaleros fueron reprimidos de manera constante por policías y militares financiados y entrenados por la DEA norteamericana, se posicionaron como fuerza antiimperialista en el país, como en su momento lo fueron los obreros del subsuelo.

    La segunda corriente dentro del MAS es el indigenismo del vicepresidente Alvaro García Linera, una de cuyas vertientes se halla en la obra “Sobre el Problema Nacional y Colonial” de José Stalin, que sirvió de modelo al libro “Sobre el Problema Nacional y Colonial de Bolivia”, del dirigente del Partido Comunista “moscovita”, Jorge Ovando. Sin embargo, el mayor teórico del indigenismo boliviano es Fausto Reynaga, cuyos libros fueron publicados entre 1960 y 1970. Su mayor expresión política fue Felipe Quispe Huanca, quien, luego de sufrir varios años de cárcel, junto a García Linera, por asaltos armados, al mando del denominado Ejército Guerrillero Tupaj Katari (EGTK), encabezó, al inicio del nuevo siglo, dos sucesivos cercos a la ciudad de La Paz, en cuya oportunidad remarcó que su objetivo era reconstruir el Kollasuyo, en el que las comunidades indígenas se autogobiernen e impidan el ingreso de autoridades del Estado, la policía o el ejército.

    El indigenismo pasó a formar parte de movimientos sociales o populares, entre los que se halla el Comité de Defensa del Agua, estructurado en Cochabamba, el año 2000, que obligó a abrogar, por primera vez en las últimas dos décadas, una Ley neoliberal que buscaba la privatización del líquido elemento. Forman parte también de esos movimientos la Confederación de Campesinos, la Confederación de Colonizadores, la Federación de Mujeres “Bartolina Sisa” (compañera de Tupaj Katari), la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), la Confederación de Marcas y Ayllus del Qullasuyo (CONAMAQ), las Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto y la Central Obrera Regional (COR) de la misma ciudad.

    Las posiciones indigenistas son diversas. Unos plantean la vigencia del ayllu, organización andina, caracterizada por la designación de autoridades en forma rotativa. Este planteamiento se generalizó después de las rebeliones de Tupaj Amaru y Tupaj Katari, en 1780 y 1781, y ahora contradice la pretensión de reelección indefinida de Evo Morales. Ya vimos que Quispe Huanca demandó el resurgimiento del Imperio Incaico. El canciller David Choquehuanca, con un asesor sueco, Staffan Mehlstrand, afirmó que la proyección internacional de Bolivia se sustenta en un nuevo Abya Yala, nombre que los aborígenes colombianos daban a nuestro continente. El jesuita catalán Xavier Albó, de la organización no gubernamental (ONG), Centro de Promoción y Capacitación del Campesinado (CIPCA), ha sido, en los últimos treinta años, el mayor propulsor de las naciones indígenas en Bolivia. Simón Yampara dice que hay varias naciones aymaras. Liborio Uño indica que son diez. Alvaro García Linera habla de 50 grupos nacionales. El confundir etnias con naciones lleva a pensar en la instalación de 36 parlamentos, integrados por representantes que se diferenciarían por el color de la piel o de los ojos, diferencia imposible de establecer. La prédica indigenista ha comenzado a enfrentar a pobres contra pobres, como ocurrió con comunarios indígenas que expulsaron a cooperativistas mineros, aduciendo que los yacimientos están en su territorio. Con similar argumento se trata de legitimar la apropiación de porciones de los gasoductos que atraviesan poblaciones indígenas.

    La Asamblea General de la ONU se halla a punto de aprobar, con la oposición de EEUU, “La Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, en la que se reconoce, a favor de estos, el pleno disfrute a todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y su normativa internacional, sino también a su libre autodeterminación, autogobierno, idiomas, instituciones, regímenes jurídicos propios, sistemas judiciales, patrimonio, así como a sus tierras, territorios y recursos naturales.

    Esta amplia gama de derechos será relativizada con la introducción del último artículo (el 46) del documento citado, que dice: “Nada de lo señalado en la presente declaración se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes”. Esta salvaguarda permite reconocer los derechos indígenas, sin permitir que sirvan a los centros de poder mundial para aniquilar la unidad de nuestros Estados nacionales. Esta limitante ayudará a contener posiciones fundamentalistas que acusan de colonialista interno a todo defensor de la unidad nacional.

    El MAS ha recurrido al indigenismo para detener las exigencias autonomistas asentadas en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Si bien la autonomía departamental, en el marco de la unidad nacional, es un legítimo derecho de las regiones de Bolivia, las autonomías a ultranza amenazan dividir al Oriente y Occidente bolivianos. Uno de los voceros de esta posición radical, el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, dice que si es lícito que el MAS plantee la vigencia de 36 “naciones”, ¿por qué enojarse si se postula el rompimiento del país “sólo” en dos mitades”? El MAS y sus aliados advirtieron que los indígenas ocuparán las tierras cultivables de esos departamentos si se da vigencia a las “autonomías de facto”. En ese contexto, grupos separatistas, subvencionados por las petroleras, han coadyuvado a organizar la Federación de Autonomías Regionales de la América del Sur, a fin de fundar la República de Zulia en Venezuela, de Guayaquil en el Ecuador, de Loreto en Perú y de Santa Cruz en Bolivia.

    El indigenismo cuenta con el sólido respaldo de Fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), que dependen de los centros de poder mundial. El deterioro medio ambiental está borrando las diferencias entre recursos renovables y no renovables. Estos últimos son el objetivo permanente de las transnacionales mineras y petroleras. Los renovables, en cambio, se han convertido en la presa más apetecida de las potencias industrializadas y sus ONG. La biodiversidad, entendida como la totalidad de genes, especies y ecosistemas existentes en el planeta, será objeto de cruciales presiones de EEUU y el viejo continente sobre nuestros países, los que obtendrán rápidos y mejores resultados si tienen como contra parte a representantes de mini-naciones, en lugar de sólidos Estados nacionales, articulados por el ideario bolivariano. Sobre el particular, James Petras estableció que hasta 1999, el NOM había desplazado cien mil ONG en el mundo, las que ya habían gastado diez mil millones de dólares.

    En el caso boliviano, la mitad de los ministros del primer gabinete de Evo Morales tenía experiencia en el manejo de ONG. El propio canciller Choquehuanca dirigió la ONG “Nina”, dependiente de UNITAS, nombre de la coordinadora de ONG en el país. Personas vinculadas a UNITAS comenzaron a defender, en teoria y desde la Cancillería, la soberanía nacional, que, de manera precisa, las ONG buscan debilitar. El Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana fue miembro asociado de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), apadrinada por el multimillonario George Soros. Resdal recibe financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia (o Nacional Endowment for Democracy -NED) entidad inseparable del gobierno de Bush.

    Soros tiene el 20 % de acciones en el Proyecto “San Cristóbal”, uno de los emporios de plata más grandes del mundo, ubicado en el departamento de Potosí, en el que también está presente Oscar Bonifaz, empleado de confianza, durante décadas, del ex Presidente Sánchez de Lozada. Soros es, además, el creador de la “Open Society”, que busca influir en los Ejércitos latinoamericanos. A su vez, Quintana abandonó las filas castrenses, con el grado de Mayor, pero no dejó de estar vinculado al Ministerio de Defensa, antes de su designación como Ministro de la Presidencia de Evo Morales. Soros, finalmente, al proponer la legalización del consumo de drogas, está interesado en evitar la erradicación de cultivos de hoja de coca, razón por la que fue acusado por cooperativistas de Potosí de ayudar a financiar las campañas electorales del MAS.

    Las personas más importante que dirigieron el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), ocupan hoy dos ministerios, dos viceministerios y un cargo clave en la bancada del MAS en la Asamblea Constituyente. Uno de sus directores, el argentino Leonardo Tamburini, informó que “el CEJIS no tiene relación con el gobierno y que la labor que desarrolla es financiada con recursos provenientes de organizaciones de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania” (Periódico “La Razón”, 3-XII-06). La Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (FBDM), cuyo nacimiento tuvo lugar el 28-XII-02, está financiada por el Instituto para la Democracia Multipartidaria de Holanda. Logró encasillar a todos los partidos políticos con representación parlamentaria en los moldes de la democracia controlada. Holanda es el país al que pertenece la Royal Dutch Shell, una de las petroleras más grandes del mundo y que ha tomado el control de los gasoductos del país. Según su boletín interno, la FBDM nació con el concurso del MIR, MAS, MIP, NFR, UCS, MNR, ADN, PS, FRI y MBL. René Meir, delegado de la Confederación de Empresarios Privados, explicó que la entidad “contribuirá a la democracia con aportes orientados a mejorar el sistema político del país”. Su primera directiva estuvo conformada por Ignacio Sánchez de Lozada del MNR (hijo de Gonzalo Sánchez de LozadaGSL), Guido Riveros del MIR, Erik Reyes Villa de NFR, Antonio Peredo Leigue del MAS, Felipe Quispe del MIP, Mauro Bertero de ADN y Rolando Morales del PS. Figuró como asesor el economista Carlos Toranzo, vinculado a fundaciones alemanas.

    En agosto de 2007, el Senado nacional, dominado por Poder Democrático y Social (PODEMOS) -defensor de las transnacionales, que dirige el ex Presidente Jorge Quiroga Ramírez, y el MAS -con fuertes vínculos con ONG, acordaron condecorar al jesuita catalán, Xavier Albó, fundador de CIPCA. Esta ONG es la operadora de la Fundación Interamericana (FIA), una agencia oficial del gobierno de EEUU en Bolivia. Entre 1995 y el 2005, el Banco Mundial (cuyo brazo financiero, el IFC, es accionista de COMSUR, de GSL), el BID y USAID han financiado reformas judiciales, del Parlamento y del Poder Judicial e impulsado la denominada Justicia Comunitaria. El Banco Mundial ha firmado acuerdos con la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO) y la Nación “Camba”, a través de la Agencia Multilateral de Garantías para la Inversión (MIGA). Por su parte, USAID financió la “modernización” de la Corte Nacional Electoral. USAID ha pagado sueldos a los fiscales antinarcóticos. Ha financiado las reformas al Código de Procedimiento Penal. Junto con la petrolera Total, desembolsó los fondos necesarios para el Referéndum vinculante del 18 de julio de 2004 (gobierno de Carlos Mesa), sobre el destino de los hidrocarburos. En los gobiernos de Jorge Quiroga y Carlos Mesa, USAID y las ONG, con la permanente simpatía del Fondo Monetario Internacional (FMI), han propiciado reformas a la Constitución Política del Estado, las que debían culminar, como ocurrió de manera efectiva, en una Asamblea Constituyente, que terminó por remover los cimientos del frágil Estado nacional.

    CIPCA trabaja junto a la NED y OXFAM. Esta última, financiada por BP y las fundaciones Rockefeller y Ford, entre otras. CIPCA Perú recibe apoyo de ENDESA y Repsol de España. Ha suscrito acuerdos con la Fundación “Milenio” de GSL y se respalda en la influencia del Vaticano. Junto a CIPCA se hallan las ONG más importantes del país como la Fundación Tierra de Miguel Urioste, vinculada al Movimiento Bolivia Libre (MBL), que co-gobernó con GSL. Otras ONG de enorme influencia son CEJIS, ILDIS, Qhana, Aclo, Alas, Cepad, Cedoin, IPTK, Centro “Gregoria Apaza” y “Juana Azurduy”, además de la Red-Ala. La página de Internet de “Tierra” indica que sus aliados privilegiados son las Iglesias Católica, evangélicas y luteranas. En el sitio de Internet

    se demuestra el apoyo de USAID, CIPCA y otras ONG a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Federación de Comités de Vigilancia y Federación de Concejales Municipales. ONG y Fundaciones de EEUU, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, Suecia, Bélgica, Canadá, el Vaticano, Iglesias Evangélicas y otras están decididas a impedir que Bolivia cuente con una adecuada regulación de las organizaciones no gubernamentales.

    “Los nostálgicos del Ché” constituyen la cuarta corriente dentro del gobierno de Evo Morales, que posee pocas autoridades en el gobierno, pero cuya influencia es importante por el respaldo de Cuba al régimen boliviano. Tal importancia se mostró en momentos en que Evo rindió homenaje a Ernesto Guevara, en el 40 aniversario de su asesinato, el 8 de octubre pasado, lo que causó malestar en las Fuerzas Armadas, las que, en caso de aliarse a los sectores oligárquicos, pondrá en serio riesgo la continuidad del proceso democrático. Morales pudo rendir homenaje al comandante guerrillero al poner de relieve su ejemplo de vida y de consecuencia ética en la búsqueda del “hombre nuevo”, sin lastimar a los soldados bolivianos que acudieron a Ñancaguazú, (lugar de la ejecución), en cumplimiento de sus deberes militares.

    El error se cometió en momentos en que la entidad castrense es uno de los objetivos centrales de los aparatos de inteligencia norteamericanos, que no han sido desmontados por el gobierno del MAS, sobre todo en lo relativo al control de cultivos de coca e interdicción al narcotráfico. Es obvio que la lucha antinarcóticos encierra una gran hipocresía, ya que el tráfico de drogas, en gran escala, está manejado por la plutocracia mundial, que utiliza los paraísos financieros para depositar sus gigantescas ganancias. Esa plutocracia volverá a usar, como lo ha hecho en los siglos XIX y XX, cualquier pretexto para contener la rebeldía latinoamericana.

    La Izquierda Nacional, que participó, a través de mi persona, en el primer gabinete de Evo Morales, sostiene que Bolivia nació a la vida republicana, el 6 de agosto de 1825, con una enorme falencia, comparable a una falla geológica en la construcción de un edificio, que consistió en la exclusión de la Asamblea Constituyente de representantes quechuas y aymaras, que constituían el 90 % de la población. Esa exclusión, atenuada por la revolución del 9 de abril de 1952, y que impuso el voto universal, para hombres y mujeres, y expropió los latifundios del occidente del país, aún subsiste en varios escenarios de la vida nacional. Sin embargo, la revolución abrió las puertas del parlamento a indígenas de esas nacionalidades. Al mismo tiempo, concluyó la estratégica carretera Cochabamba - Santa Cruz, que articuló el centro con el oriente del país, lo que transformó a Santa Cruz de una pequeña ciudad de 60.000 habitantes, en 1952, en la urbe de 1.500.000 seres humanos que cobija ahora. Sin la migración quechuaymara al oriente ese dato estadístico resulta incomprensible.

    La fundación de Conciencia de Patria (CONDEPA), en 1988, sirvió para que los contingentes indo-mestizos del occidente asumieran su importancia política en la vida nacional. La articulación indomestiza hizo que GSL fugara a Miami, el 17 de octubre de 2003. Entre 1993 y 1997, el aymara Víctor Hugo Cárdenas fue el vicepresidente de Sánchez de Lozada, lo que, de alguna manera, sirvió para que los conglomerados de origen quechua y aymara adviertan que la posibilidad de ejercer los cargos más importantes de la República no estaba lejana. Este cuadro se completa con la decisiva presencia de Felipe Quispe Huanca en los mencionados cercos a la ciudad de La Paz. Evo Morales es, por tanto, el resultado de ese proceso histórico.

    La Izquierda Nacional tiene frente al indigenismo dos planteamientos básicos: Lo indomestizo y la defensa de la interculturalidad. Se trata de expresiones de voluntad destinadas a construir el Estado Nacional, tarea que sólo culminará con la Confederación de Estados de nuestra América morena. Esa voluntad es la que debe impulsarnos a encontrar convergencias entre bolivianos de todas las latitudes y etnias. Y de la misma manera que un biólogo encontrará cientos de diferencias entre dos hermanos siameses, hallará también otros cientos de rasgos comunes, entre un nórdico y un pigmeo. Depende, en última instancia, de saber qué pretende encontrar. Con ese norte, rescatamos el trabajo del antropólogo Jean-Loup Amselle, quien, a diferencia de sus colegas de la Sorbona de París, empeñados en descubrir cada vez más etnias en el continente africano, se dio a la tarea de encontrar los vínculos que las conectan.

    Sus investigaciones comprobaron la inexistencia de decenas de supuestas cosmovisiones, lo que logró al observar que determinado pueblo, que sufría de sequía, no dudaba en incorporar a su galería de dioses a los totems de pueblos vecinos, después de advertir que sus rogativas a estos últimos daban buenos resultados. Amselle hizo notar que la dispersión de pueblos en el Africa subsahariana se originó en la necesidad de desconcentrar a poblaciones que eran víctimas del tráfico de esclavos. Así se lograba, por lo menos, que los esclavistas europeos, inventores después de centenares de etnias, no les resultara tan fácil capturar seres humanos para lucrar con el tráfico de esclavos (Periódico “La Prensa”, 8-07-07).

    La voluntad de construir una nación fue destacada, así mismo, por el investigador, también francés, Dominique Carbón, quien puntualiza la posición constructiva de las élites de negros y blancos en la Sudáfrica de Nelson Mandela, para mantener su unidad nacional, pese a los siglos de opresión de la colonización europea sobre la población aborigen (“La Prensa”, 24-10-07). Esta decisión de consolidar la “bolivianidad”, basada en el análisis de nuestra historia, con sus aciertos y tragedias, no es rentable, como sucede con quienes prefieren los jugosos estipendios de las ONG, empeñados en encontrar en Bolivia más pueblos originarios cada día. En síntesis, la nueva Constitución que se discute en Bolivia debe reflejar la realidad de una sociedad intercultural, indomestiza y diversa. Estos planteamientos forman parte de la concepción bolivariana, a la que será imposible acceder si se astillan nuestros países y si se olvida, como dijera Jorge Abelardo Ramos, que la autodeterminación en América Latina es el derecho que tienen nuestros pueblos a unirse en una Comunidad de repúblicas, construida por nosotros mismos.

    Con la fuga de GSL, la nacionalización de los hidrocarburos se convirtió en demanda incontenible. Esa demanda, acumulada por una década de afrentas, se inició, en 1994, con la decisión de Sánchez de Lozada de construir el gasoducto Tarija-Tocopilla, a fin de abastecer de gas a transnacionales mineras asentadas en Chile, como la Barrick Gold, Río Tinto Zinc, Suez-Tractebel y otras, aliadas a las petroleras Sempra Energy, Repsol, British Gas y BP (ex British Petroleum/BP Amoco). El veto de las FFAA no impidió a GSL insistir en su proyecto, a través del anexo 1, de la Ley de Hidrocarburos 1689, de 30-IV-96. Con respaldo de esta ley, GSL liquidó YPFB, bajo el eufemismo de “capitalización”, procesó en el que participó activamente Walker San Miguel, actual Ministro de Defensa de Evo Morales. Dos días antes de terminar su primer gobierno, el 4-VIII-97, GSL promulgó el DS 24806, por el que, mediante un anexo “reservado”, entregó a las transnacionales la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo. De manera simultánea, desde 1994, las transnacionales asentadas en Chile, primer país exportador de cobre del mundo, producen mayores volúmenes de este mineral que la estatal CODELCO.

    Sólo 4 meses y 23 días después del DS 24806, el 29-XII-97, Los Presidentes Eduardo Frei de Chile y Carlos Menem de Argentina suscribieron el Tratado de Integración y Complementación Minera, que otorga descomunales ventajas a las transnacionales para operar en la frontera cordillerana de ambos países, que se traduce en mayores presiones para controlar el gas boliviano. Casi de inmediato, se iniciaron las exportaciones de gas argentino a Chile. En la Presidencia de Jorge (Tuto) Quiroga (2001-2002), se difundió el engaño del Proyecto Pacific LNG, por el que, supuestamente, Bolivia debía vender gas a EEUU y México, vía Chile. El proyecto fue respaldado de manera enérgica por el Presidente del Comité Cívico de Tarija, Roberto Ruiz Bass Werner (ex ADN, hoy Senador de PODEMOS), pese a que carecía de racionalidad, ya que EEUU es todavía exportador de gas a México y Japón, en las costas del Pacífico, en tanto el norte chileno, cuya actividad minera es enorme, importa de Argentina el 100 % del gas que consume. Su necesidad de energía es tan grande que compra carbón de Indonesia, Canadá y Colombia. El engaño consistía en postergar la ejecución del proyecto Pacific LNG. El tiempo de espera debía ser aprovechado para construir el gasoducto a Tocopilla. Las petroleras pretendían también anotar como suyas el valor de las reservas de gas existentes en suelo boliviano. Esto era posible, ya que cumplían los dos requisitos de la SEC que autoriza las anotaciones en la Bolsa Valores de Nuevas York: Contrato y reservas probadas.

    La segunda presidencia de GSL se inició el 6-08-02. Para suerte de Bolivia, al demorarse el contrato con la Pacific LNG, respaldado sobre todo por Nueva Fuerza Republicana (NFR), de Manfred Reyes Villa, y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), de Jaime Paz Zamora, se produjo la rebelión de la ciudad de El Alto, que derrocó al “gonismo”, el 17-X-03. El sucesor de GSL, el vicepresidente Carlos Mesa, convocó al referéndum del 18 de julio de 2004, financiado por USAID y la francesa Total, con preguntas consensuadas con el MAS, que amortiguó la demanda de nacionalización. USAID desembolsó 56.000 dólares para la distribución de panfletos que promovían la asistencia al referéndum. Pese a que el país se pronunció por la recuperación de los hidrocarburos, en abril de 2004, Mesa, mediante convenio suscrito con Kirchner, el 15-XI-04 reinició la exportación de gas a la Argentina. El Presidente argentino agradeció el respaldo del líder del MAS, con estas palabras: “Una de las cuestiones que estuvimos conversando, para no repetir problemas que hubo y que son de dominio público (derrocamiento de GSL), era qué visión tenía la dirigencia boliviana de la incorporación de Tarija para el abastecimiento de gas en toda esta fuerte inversión que se va a llevar adelante, y la dirigencia boliviana, tanto el señor Evo Morales como el Presidente de Bolivia, está absolutamente de acuerdo, lo ven con una gran perspectiva y con un gran optimismo”.

    Ese gas llega a REFINOR, nombre de la refinería más grande en el norte del país vecino, de propiedad de Repsol y Petrobrás. En Refinor, el gas boliviano se transforma en GLP, desde donde es bombeado a Chile. Denuncié los perjuicios de la reiniciación de exportaciones a la Argentina en el Semanario “La Época” (11-12-03, 24-01-04, 27-02-04 y 8-04-04). El 24-XII-04, Mesa dictó el DS 27957, por el que se otorga a las petroleras la propiedad de los predios en los que explotan hidrocarburos. Esta medida, dictada la noche de navidad, se asemeja al DS 24806 de GSL, dos días antes de dejar la Presidencia. Ambas disposiciones servían a las transnacionales y se pretendía que pasaran inadvertidas.

    Las exportaciones al Brasil comenzaron en 1999. El suceso contó con la visita a Bolivia del Presidente Fernando Henrique Cardosso, quien, antes de retornar a su país, visitó los mega campos de “Sábalo” y “San Alberto”, a fin de exhibir la presencia brasileña en la frontera. En octubre de 2002 (segundo gobierno de GSL) Repsol y Petrobrás, además de exportar gas a Refinor, firmaron el Contrato de Reducción de Volatilidad de Precios (CRVP), llamado “hedging”, por el que Repsol (Andina) vendía gas a Petrobrás, con destino a Cuiabá, a 0.87 dólares el millón de BTU, a espaldas de YPFB. Esta estafa ocasionó al país una pérdida de 300 millones de dólares. La Mina aurífera “Don Mario”, de GSL, se benefició de inmediato con la venta de gas a Cuiabá. En materia minera, sobre todo frente a la Apex Silver (“San Cristóbal” y Coeur DAlene (“San Bartolomé”), las políticas de GSL y Mesa también fueron idénticas.

    La Nueva Ley de Hidrocarburos 3058, del 17 de mayo de 2005, promulgada por el Presidente del Senado, Hormando Vaca Diez, debido a que Mesa se negó a hacerlo, recuperó la propiedad estatal de los hidrocarburos en boca de pozo y repuso la tributación del 50-50, vigente desde antes del primer gobierno de GSL. En el cálculo de las petroleras, frente a la rebelión de octubre de 2003, era preferible ceder en el porcentaje de regalías procedentes de la explotación del gas, a condición de seguir beneficiándose con la transformación de esta materia prima en GLP, gasolinas, diesel, termoelectricidad y petroquímica, al otro lado de la frontera. Si bien la Ley abrogó el DS 24806 de GSL y el DS 27957 de Mesa, distribuyó el 32 % recuperado entre prefecturas, alcaldías y universidades, abriendo el camino a agudas pugnas regionales que desestabilizan a Bolivia. Sólo en el cargo de Ministro, comprobé que el MAS estuvo al tanto del contrato “hedging”, pero que prefirió ocultarlo aún en la campaña electoral del 2005. En mayo de 2007, Petrobrás revendió a YPFB en 112 millones de dólares y la condonación de pasivos por casi 300 millones, dos refinerías que le vendió el gobierno de Bánzer en 1998, en 104 millones de dólares. Antes de entregar las instalaciones, Petrobrás se llevó el software, con lo que Bolivia sólo acabó recuperando hierros viejos.

    Las transnacionales y sus aliados internos quedaron insatisfechos con la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE), de 13-04-04 (gobierno de GSL), ya que, a su juicio, ésta mantenía los principios del constitucionalismo social (gobierno de Germán Busch1938-1939), que reemplazó al constitucionalismo liberal, vigente desde la fundación de la República, en 1825. EEUU, la UE, las grandes ONG y la oligarquía nativa coincidieron en la necesidad de cambiar la CPE, la que fue calificada de “excluyente”, por el MAS, con el que se sumó al esfuerzo de cambiarla por la vía de una Asamblea Constituyente. Es verdad que la CPE de 1994 necesitaba ser complementada con el reconocimiento a los derechos de los pueblos y culturas pre-republicanas. Lo anterior debió ejecutarse sin perder de vista que todos los sectores oprimidos del país requieren aglutinarse en un frente nacional para defender los recursos naturales y la soberanía nacional. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. La AC fue usada de pretexto para romper el acuerdo nacional que permitía a los sectores populares, nacionales y patrióticos defender las riquezas del país, a través de la CPE. En el correcto cálculo de los enajenadores del patrimonio público, la fuerza unitaria que se hallaba detrás de la CPE de 1994, sería quebrada por las autonomías departamentales a ultranza, el indigenismo radical o, qué mejor, por ambas vías, de manera simultánea.

    Con ese norte, en 1994, GSL destituyó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas, a través de un juicio político, al que coadyuvó la Embajada norteamericana. Esa acción fue precedida por la Ley de Participación Popular 1551, de 20-04-94, que, como ya se dijo, logró desviar la atención del movimiento popular de los grandes problemas nacionales, para centrarlos en cuestiones locales, como la luz, el alcantarillado y el recojo de basura, en 314 municipios. Entre 1995 y el 2001 el Banco Mundial (BM) centralizó los proyectos de reforma judicial, que buscaban, según su propia redacción, que “el marco legal sea un apoyo a las actividades del sector privado” y destinó 12 millones de dólares al denominado Programa Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB), que incluía reformas al Poder Legislativo. Esta tarea fue reforzada por USAID, que financió al Centro de Investigaciones del Honorable Congreso Nacional (CICON). Los convenios entre el BM y CAINCO buscaron, según su texto, atraer la inversión extranjera. Al comenzar con el fraude del Proyecto Pacific LNG, el 2001 (gobierno de Jorge Quiroga) se constituyó el Consejo Ciudadano para la Reforma Constitucional, integrado por nueve ciudadanos “independientes”, entre quienes se hallaban Carlos Mesa, poco después candidato vicepresidencial de GSL; Luís Ossio, de la Democracia Cristiana (DC) y Vicepresidente de la República con Jaime Paz Zamora; y Juan Carlos Urenda, dirigente del Comité Cívico Pro - Santa Cruz, quienes, como puede advertirse, no tenían nada de “independientes”.

    Entre el 2001 y el 2005, USAID tomó el timón de los cambios legislativos, los que, como es obvio, buscaban favorecer a intereses foráneos. El Programa de Medio Ambiente Industrial y Minería se tradujo en disposiciones que determinaron que el Estado se haga cargo de la gestión de desechos mineros generados por empresas privadas. En el año 2002, USAID inició el programa “Soporte Creciente de los Ciudadanos Bolivianos al Sistema Democrático Boliviano” (Proyecto Nº 511-001, 2001-2005). El 2003, el BM respaldó lo anterior al declarar que su prioridad es la realización de una Asamblea Constituyente. En el 2004, USAID co-financió la organización de la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente (UCAC). Este programa y la organización del referéndum estuvieron a cargo del colaborador de Carlos Mesa, Ricardo Paz Ballivián. Al mismo tiempo, USAID desembolsó 400.000 dólares para el “mejor funcionamiento” de la Corte Nacional Electoral. Coadyuvaron a estas tareas, otras entidades de los gobiernos de EEUU, Canadá y Europa y ONG, entre las que se hallan IRI, NED, NDI, Compañeros de las Américas, IPTK y Centro Juana Azurduy.

    Como consecuencia de la Guerra del Agua (febrero de 2000), en la que el pueblo de Cochabamba expulsó a la norteamericana Bechtel, entre mayo y junio de 2002 (gobierno de Jorge Quiroga), tuvo lugar la “Marcha por la Soberanía, el Territorio y los Recursos Naturales”, protagonizada por indígenas de las tierras bajas. Después de la marcha, sus principales dirigentes, salvo excepciones, fueron reclutados por ONG y partidos políticos neoliberales. Esto ocurrió, por ejemplo, con Marcial Fabricano de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que luego fue posesionado como Vice Ministro del nuevo gobierno de GSL (2002-2003). En forma previa, el político aymara, Víctor Hugo Cárdenas, aceptó ser el Vicepresidente de GSL entre 1993-1997. Tomasa Yarhui fue ganada por el Movimiento Bolivia Libre (MBL), que dispuso su ingreso al primer gabinete de GSL, en agosto de 2002. Al mismo tiempo, Esther Balboa, candidata vicepresidencial del indigenista radical, Felipe Quispe Huanca, accedió a ser Viceministra de GSL. Quispe Huanca la expulsó de su partido, el Movimiento Indígena Pachacutec (MIP), pero, al cabo de pocas semanas, el MIP integró, junto al MAS y otros partidos, la Fundación por la Democracia Multipartidaria, financiada por Holanda. Las ONG, además de reclutar a dirigentes indígenas, provocaron una numerosa “fuga de cerebros” que, en lugar de trabajar por su país, prestan servicios a entidades financiadas desde el exterior.

    La citada Marcha indígena fue respondida por Jorge Quiroga con el ofrecimiento de la Asamblea Constituyente, cuya consigna había sido asumida por los pueblos del oriente boliviano. El 30 de junio de 2002, GSL ganó las elecciones presidenciales, con asesores norteamericanos que planificaron su campaña electoral, lo que fue mostrado en un video ampliamente difundido en el país. En respuesta a la rebelión de El Alto, de octubre de 2003, se formó la Comisión de Estudios Alternativos de El Alto, financiada por Transredes, USAID, BM y el BID, así como por ONG como la C IDOP. El apoyo de Reyes Villa, de NFR, a la Asamblea Constituyente fue indubitable. Dos días antes del derrocamiento de GSL, Reyes Villa declaró: “La CPE es anacrónica”. Para este dirigente, la CPE es anacrónica porque defiende los recursos naturales y no por la exclusión indígena, ya que este tema no le preocupó en su vida política.

    Con esos antecedentes, se formó la comisión encargada de elaborar el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos, promulgado el primero de mayo de ese año, integrada por dirigentes del MAS que habían coadyuvado en la redacción de la Ley 3058 y mi persona. En días previos a la Nacionalización, lamenté que la comisión, respaldada por Evo y Alvaro, se negara a incluir la expropiación legal de las acciones de las empresas capitalizadas, a fin de que, desde un principio, YPFB tuviera el control del 50 % mas uno de las acciones de Chaco, Andina y Transredes. El día de la posesión de Evo Morales, los gobiernos de Venezuela y Bolivia suscribieron acuerdos de complementación económica, que permitieron contar con el respaldo venezolano al Decreto de Nacionalización.

    El primer borrador del Decreto fue presentado a la Comisión por el asesor del Presidente de YPFB, Manuel Morales Olivera. Su texto final fue difundido después de analizarse 22 versiones, en más de cuatro meses, cuyos borradores se archivaron como testimonio histórico. Su artículo primero determina que “El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto” de los hidrocarburos del país. El artículo segundo ordena a las compañías que están operando en Bolivia entregar a YPFB la totalidad de su producción, para luego establecer que el ente estatal asume el monopolio de la comercialización, “definiendo condiciones, volúmenes y precios para el mercado interno, mercado externo e industrialización”. A continuación se dejó establecido que sólo podían seguir operando en el país las petroleras que reconozcan la nacionalización. En el artículo cuarto se determinó abrir un proceso de transición de 180 días, en el cual se creaba una participación adicional del 32 % a favor de YPFB, en los mega campos de gas, en los que el Estado pasaba a recibir un ingreso del 82 % y las compañías el 18 %, o sea exactamente a la inversa de lo dispuesto por la Ley de Sánchez de Lozada. Este punto se incluyó a iniciativa del Presidente Morales.

    En aplicación del artículo quinto, el Estado debió tomar el control y la dirección de la cadena productiva, es decir de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución e industrialización de hidrocarburos. Las acciones otorgadas por GSL a ciudadanos bolivianos por la “capitalización” de dos empresas petroleras: Andina (Repsol) y Chaco (Amoco-British Petróleum) y de la transportadora Transredes (Enron-Shell), que estaban en poder de dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pasaron en propiedad a YPFB, gracias a un decreto promulgado semanas después de la nacionalización. La decisión de entregar a YPFB el 50 % mas uno de las “capitalizadas” ha quedado incumplida hasta el presente. El artículo ocho dio un plazo de 60 días para refundar YPFB y el noveno determinó que las FFAA sean, junto al Poder Ejército, las encargadas de ejecutar la histórica medida.

    Todas las nacionalizaciones en el mundo son diferentes ya que se desarrollan en contextos geopolíticos y económicos diversos. En Bolivia, la nacionalización de los hidrocarburos fue dictada dentro de un proceso democrático. Las dos anteriores fueron ejecutadas por gobiernos militares de facto. La primera, en 1937, conducida por el general David Toro, y, la segunda, en 1969, por el general Alfredo Ovando Candia, cooperado de manera eficaz por el histórico líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. La tercera nacionalización fue promulgada por un gobierno que controla sólo la Cámara de Diputados, ya que su partido, el MAS, es minoritario en el Senado. Tuvo lugar después de veinte años de políticas neoliberales, que habían colocado al país cerca de la disgregación. En el 2003, Mark Falcoff, asesor del vicepresidente de EEUU, Dick Cheney, aseguró que pronto veríamos una nueva configuración del mapa sudamericano (sin Bolivia) y el Ministro de Defensa Argentino, Jorge Pampuro, indicó que “Bolivia se había libanizado”, razón por la que estaba organizando un corredor aéreo, a fin de rescatar a ciudadanos argentinos que residen en Bolivia.

    El ex diputado del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Carlos Dabdoub, oficiaba de vocero de la “Nación Camba” y Felipe Quispe Huanca había proclamado la República Aymara. Roberto Ruiz Bass Werner, Presidente del Comité Cívico de Tarija, amenazaba con precipitar el proceso autonómico de su región. El panorama se completó con el arribo de tropas norteamericanas a la base “Mariscal Estigarribia”, de Paraguay, a pocos cientos de kilómetros de los mega campos de gas. La dependencia brasileña del gas boliviano merece acápite especial. El 50 % del consumo de gas de Brasil y el 85 % del gas consumido en San Pablo dependen del gas boliviano. Esta era un arma contundente. Por una parte, garantizaba que la potencia sudamericana no cerrara los gasoductos. Tampoco podía invadir a Bolivia, como exigieron sus medios de comunicación más conservadores, debido a que la destrucción de los gasoductos hubiera desabastecido a San Pablo. El despliegue de tropas militares bolivianas en los campos petroleros el día de la nacionalización reforzó el sentimiento de unidad nacional que se vivió entonces.

    Lo anterior permitía negociar con Brasil nuevas condiciones en la explotación y comercialización de los mega campos. En ese contexto, se explica la aceptación de Petrobrás de pagar una participación adicional del 32 % sobre la tributación del 50 % ya fijada por la Ley 3058, del 17 de mayo e 2005. Este 32 % debía consolidarse, desde nuestro punto de vista, gracias a las auditorias a los campos petroleros ordenadas por el Decreto de Nacionalización. Esas auditorias determinaron que entre 1999 y 2005, Petrobrás invirtió 284 millones de dólares, obtuvo utilidades por 500 millones de dólares y que se benefició con amortizaciones que sumaron 400 millones de dólares. Asimismo, logró una utilidad adicional por la exportación de gas al Brasil con un valor calórico superior al fijado en el contrato, a lo que debe añadirse las utilidades adicionales por la estafa del “hedging”.

    Infelizmente, los resultados de las auditorias no fueron tomados en cuenta por los negociadores de los contratos post nacionalización. A partir del Decreto de 1-05-06, Brasil sostiene que no necesitará del gas boliviano. Lo que es una falacia, aún después del descubrimiento del campo Tupí, en la bahía de Santos. Por su parte, Bolivia debió completar la nacionalización con la refundación de YPFB. Infelizmente, esta tarea también fue incumplida. El retroceso de la nacionalización pretendió ser encubierto con medidas de beneficencia y la exacerbación del indigenismo.

    Las perspectivas de los hidrocarburos en Bolivia dependen de la capacidad del país para asumir los errores cometidos, rescatar los aciertos y adoptar medidas que permitan avizorar mejores días. Una primera conclusión es que el país requiere estructurar un frente interno de resistencia a los centros de poder mundial y sus aliados locales. Ese frente está hoy quebrado por la prédica sectaria de autonomistas a ultranza, que buscan más bien el separatismo, y del indigenismo fundamentalista, que piensa que el país puede actuar de manera coherente si se lo divide en 36 “naciones”, con sus territorios, soberanías, identidades e idiomas. Debe rescatarse, sin embargo, los avances en la lucha contra la exclusión social. Es importante la toma de conciencia ciudadana de los indígenas y la liquidación del esclavismo en tierras bajas. Pero ese avance no debe ser antagónico a la apoteosis de unidad y patriotismo que se vivió con la nacionalización de los hidrocarburos, cuya senda unitaria y liberadora debe recuperarse.

    En este sentido, se requiere retomar el rumbo del Decreto de Nacionalización, que ha quedado abrogado por los contratos petroleros de octubre de 2006. Petrobrás considera, de manera oficial, que firmó contratos de producción compartida y no de servicios o contratos de operación, como dice el gobierno. El ente brasileño añade que, al tener la propiedad sobre parte de la producción, puede anotar como suyo el valor de las reservas bolivianas en las bolsas internacionales de valores. Las pugnas con las petroleras no han terminado. El proyecto de CPE del MAS, en su artículo 355, dice lo siguiente: “Por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni empresa extranjera, ni ninguna persona o empresa privada boliviana, podrá inscribir la propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados de valores, ni los podrán utilizar como medios para operaciones financieras de titularización o seguridad. La anotación y registro de reservas es una atribución exclusiva del Estado”. Lo anterior muestra que la pugna con las petroleras no ha terminado.

    Brasil ha comenzado a presionar a Bolivia para modificar la Ley 3058, de 17-05-04, lo que significará retornar a las reglas petroleras dejadas por GSL. Recuperar la nacionalización significa abrir nuevos horizontes para el gas y el petróleo, a fin de abandonar las rígidas opciones trazadas por Petrobrás y las petroleras de EEUU y Europa. Conlleva suscribir acuerdos con Enarsa (entidad que también necesita desprenderse de la asfixia transnacional), PDVSA y otras empresas estatales.

    Lo dicho en materia de hidrocarburos, es válido para todos los recursos estratégicos del país. Fue importante suscribir el contrato que permite a la empresa Jindall, de la India, explotar el 50 de las reservas de hierro del Mutún, lo que detuvo el avance de la oligarquía brasileña en ese flanco. El 50 % restante debe ser explotado con mayor presencia estatal y en mejores condiciones para el país. Bolivia debe abandonar la mentalidad “rentista”, practicada por GSL y profundizada por Evo Morales. Los países de Europa Occidental hubieran quedado en la miseria si utilizaban los recursos del Plan Marshall de EEUU (que favoreció también a los grandes Bancos privados), si los repartía entre ancianos, escolares y minusválidos. Los excedentes que tiene Bolivia, fruto de los aumentos de precios del petróleo y los minerales, no pueden servir para la beneficencia y para prestarlos a transnacionales y Bancos foráneos a tasas de interés menores a los créditos que la CAF otorga a Bolivia. Sin estrategia de desarrollo que permita utilizar de manera correcta los excedentes económicos. no hay futuro digno para los bolivianos.

    En fundamental entender que las soluciones a nuestros problemas estructurales no provengan de países extranjeros, de organismos internacionales, como el BM, el FMI, el BID y la CAF y de las ONG. Admitamos que “existen ONG y ONG” y que no todas son lo mismo. Pero lo anterior pasa por debatir y aprobar el proyecto de Ley de ONG, que está en el Parlamento hace seis años. En él se establece que las ONG requieren, para operar en el país, tener objetivos coincidentes con los de la estrategia nacional de desarrollo, mostrar el origen de sus financiamientos y el destino de los recursos. Lo anterior no podrá cumplirse mientras el país adolezca de una estrategia de desarrollo, ya que la elaborada por el MAS carece de sustento.

    El requisito previo para avanzar en todo lo afirmado consiste en recuperar el sentido de la “bolivianidad”, que ha sido casi pulverizado por las políticas neoliberales, primero, y por el indigenismo a ultranza después. Los riesgos para la existencia del país como Estado independiente se han vuelto a presentar con igual o mayor fuerza que existente durante el “gonismo”. Sólo el rescate de la voluntad de existir podrá salvar a “la hija predilecta del Libertador”, a fin de que coadyuve al sueño común de La Patria Grande.

    Pocas transnacionales tienen tanta sed de energía como las enormes mineras del norte de Chile, primer productor de cobre del mundo. Desde 1994, las compañías privadas han sobrepasado a la estatal CODELCO en la producción de este mineral. No es extrañó, en consecuencia, que Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), al comenzar su primer gobierno, en 1994, enviara a Santiago de Chile a Mauricio Gonzáles (persona de su mayor confianza) para concretar la construcción del gasoducto que uniera los mega campos de Tarija con el puerto de Tocopilla, en cuyo radio de influencia están Barric Gold, Suez-Tractebel, Mitsubishi, Broken Hill Propietary, Utha Internacional, Río Tinto Zinc (RTZ) accionista de COMSUR, de GSL, y la propia CODELCO.

    La oposición de las FFAA frenó la anguria de GLS, quien quiso viabilizar la obra, mediante el anexo 1 de la Ley de Hidrocarburos 1689, de 30-IV-96. Entre tanto, la minería chilena recibió gas argentino sobre todo después de la suscripción del Tratado de Integración y Complementación Minera, entre los presidentes Eduardo Frei, de Chile, y Carlos Menem, de Argentina, del 29-XII-97. En la Presidencia de Jorge (Tuto) Quiroga (2001-2002) se difundió el engaño del Proyecto Pacific LNG, por el que, supuestamente, Bolivia vendería gas a México y EEUU, vía Chile. El seudo negocio fue respaldado con fervor por el Presidente del Comité Cívico de Tarija, Roberto Ruiz Vas Werner (ex ADN hoy PODEMOS), pese a que carecía de racionalidad, ya que EEUU aún exporta gas a México y Japón, en la cuenca del Pacífico, en tanto en el norte chileno las compañías mineras importan carbón de Indonesia, Canadá y Colombia para no paralizar su producción.

    El engaño consistía en “postergar” la ejecución del Proyecto Pacific-LNG, tiempo que debía ser aprovechado para construir el gasoducto Tarija-Tocopilla, en tanto las petroleras Sempras Energy, Repsol, British Gas y British Petróleum anotaban como suyas el valor de las reservas de gas existentes en suelo boliviano, al cumplir los dos requisitos exigidos por la SEC, de la Bolsa de Valores de Nueva York: Contrato y reservas certificadas. La rebelión de “El Alto”, del 17-X-03 impidió el despojo, pero no evitó que Carlos Mesa (2003-2005), reanudara la venta de gas a la Argentina, a precio “solidario” y con respaldo del MAS, a fin de liberar volúmenes de gas argentino para las minas en Chile.

    Lula, aún antes del descubrimiento del campo submarino “Tupí”, en las costas de San Pablo, afirmaba, con singular hipocresía, que su país “ya no necesita gas boliviano” y que si lo compraba era por ayudar al débil vecino. La verdad es que el Presidente brasileño insistirá, de manera implacable, en que se construya al Brasil otro gasoducto de 30 millones de metros cúbicos día, como el ya existente. “Tupí” tardará por lo menos siete años en ser explotado, en tanto que las perforaciones a 7.000 metros de profundidad, en un terrero salino, ofrecen grandes dificultades. No olvidemos que el Presidente de Petrobrás, Sergio Gabrielli, ha condicionado la reapertura de conversaciones con YPFB a que Bolivia envíe gas a Cuiabá, cuya termoeléctrica está paralizada por falta del energético.

    Chile y Brasil, que casi siempre fueron aliados frente a Perú, Bolivia y Argentina, nos impusieron ominosos tratados por los que, en 1886 y 1867 perdimos extensos territorios, lo que antecedió a invasiones bélicas. Ahora, Lula y Bachelet arribarán a La Paz para negociar un corredor bioceánico por el que Santiago y Brasilia incrementarán aún más sus ya enormes exportaciones. Como la atomizada e indefensa Bolivia usa sus excedentes en beneficencia y en préstamos a transnacionales y Bancos extranjeros, a intereses ridículos, tendrá, como única opción, vender más gas a Brasil y, en forma directa o indirecta, a Chile. Esta transacción servirá para aminorar la sed de gas de los consorcios mineros del norte chileno. Se nos dice que por nuestra parte recibiremos ingresos por hotelería, turismo y gasolineras, a cambio de co-financiar el extenso corredor de asfalto. Lo anterior suena a consolarnos con las propinas que dejarán caer los patrones, llamados “socios” por nuestro gobierno.

    —que abastecerá a la región central de Chile— el Congreso de la Nación promulgó la Ley Nº 26.154, destinada a efectuar un régimen de promoción —léase subsidios— en materia de exploración y explotación de hidrocarburos.

    La norma busca “ayudar” a “encontrar” petróleo y gas a las empresas permisionarias de exploración y concesionarias de explotación —con arreglo a las concesiones otorgadas por la Ley Nº 17.319 (de Hidrocarburos)—, desgravándolas impositivamente de los Impuestos a las Ganancias, del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y se las eximirá de todo gravamen en el pago de los Derechos de Importación de Bienes de Capital. Además de esos beneficios promocionales, podrán amortizar aceleradamente sus bienes de capital, mandando a pérdida el valor de tales adquisiciones (arts. 9, 10, 11 y 12). Tal como todo el mundo sabe, las empresas imperialistas que operan a escala mundial son pobres entes que “no tienen” capacidad autónoma de financiamiento y además no persiguen fines de lucro sino altruistas y para las cuales el Estado Nacional o sea el Pueblo Argentino deben concurrir en su auxilio para financiarlas y encima para que nos saqueen, en este caso el petróleo y el gas. La ley está en la misma línea ideológica de la Ley Nº 24.196, llamada de Inversiones Mineras, que les otorga estabilidad fiscal por 30 años a las empresa mineras y las desgrava impositivamente en los mismos ítems a que se hace mención más arriba. En el caso de las petroleras, el plazo promocional será por 15 años, o sea muy cerca del agotamiento de las diferentes cuencas petroleras y gasíferas. La ley hace intervenir a las provincias como autoridades de aplicación en las áreas adyacentes a la Plataforma Continental, a las Cuencas Sedimentarias en Tierras sin producción y en las Cuencas en producción (arts. 5º y 6º).

    — es poner en marcha “un verdadero federalismo”, y “que sean” las mismas Provincias las que “decidan” y “dispongan” de los recursos no renovables ubicados dentro de sus límites provinciales, lo que ya fue enunciado con la llamada “reforma constitucional” de 1994.

    Además de la mencionada reforma, el articulado de las 23 constituciones provinciales promulgadas a partir de 1983 establece que las riquezas ubicadas en el subsuelo de las provincias sólo es de pertenencia de las mismas y que las Legislaturas podrán disponer de las riquezas allí ubicadas, así como de los cursos de agua, lagos y lagunas. Los diversos textos establecen que las legislaturas podrán tomar a su cargo la explotación de los recursos, su extracción, transporte, refinación y comercialización, o darlos en concesión temporal a particulares mediante el pago de un canon. Este es el punto central de la cuestión y por lo que el imperialismo —desde hace décadas—, pujaba por su aprobación “legal”. Para ser más precisos, desde 1917. En aquel año, el Diputado Nacional por Salta, Francisco Uriburu Gómez, sostuvo en la Cámara que las minas y yacimientos que estuvieran dentro del territorio salteño debían ponerse bajo el dominio provincial. Ese punto de vista se contraponía al proyecto de otros dos diputados, Rodolfo Moreno, conservador, por la Pcia. de Buenos Aires y Carlos Melo, radical, de Capital Federal. Estos diputados habían presentado un proyecto de ley con arreglo al cual se tenía que todo el hierro, el carbón y el petróleo que se encontrase en el país pertenecía al dominio privado del Estado federal (art. 1º), el cual organizaría la explotación de las áreas a través de leyes especiales (art. 4º), no sin antes declarar que las minas ya concedidas a particulares serían consideradas servicios públicos, mediando las pertinentes compensaciones (art. 3º). Cabe acotar que los desvelos del diputado Uriburu Gómez estaban fundados. El “diputado” pertenecía al partido de la oligarquía salteña, presidido por Robustiano Patrón Costas. Detrás de ambos, estaban los intereses de la compañía imperialista yanqui Standard Oil, actual Exxon. Entre 1918 y 1924 la legislatura salteña aprobó la concesión de 241.000 has en beneficio de la empresa imperialista y contra la opinión de gobernador radical yrigoyenista Adolfo Güemes y de su sucesor Corbalán. Sólo la intervención del PEN, a cargo de Marcelo T. de Alvear y del entonces Cnel. Enrique Mosconi, frustró en 1924 la maniobra imperialista al crearse YPF (1922), y restringiendo severamente la actividad exploratoria por parte de los particulares. El proyecto Moreno-Melo es un antecedente directo de lo que luego sería —casi 20 años después— el texto del art. 40º de la Constitución de 1949.

    Los diputados pseudo-peronistas que votaron en 1994 la Constitución de dos (2) votos —los de Alfonsín y Menem— fueron bastante olvidadizos. Se negaron a declarar soberana la Asamblea Constituyente, y en segundo término no restituyeron el imperio de la Constitución de 1949, ya que como peronistas no podían desconocer que la misma había sido “derogada” por los usurpadores Aramburu y Rojas en abril de 1956, por un bando militar, mecanismo obviamente no previsto para su reforma.

    El art. 40º de la Constitución de 1949 establecía claramente que los yacimientos de hidrocarburos y de otros elementos naturales, así como los saltos de agua que estén debajo del subsuelo —lo que es extensible por analogía a la plataforma marina de los 200 km paralelos a la costa argentina—, pertenecen en forma imprescriptible e inalienable al estado nacional, al igual que sus procesos de transformación. Las provincias serían compensadas a posteriori del proceso extractivo mediante el pago de regalías, pero el artículo mencionado establecía que era la República, por medio del Estado Nacional, quién solo podía tomar a cargo todas las etapas del proceso. Aquel texto no era casual. Los diputados constituyentes del 49, al igual que el Gral. Perón —jefe de la Revolución Nacional—, no desconocían y ellos menos que nadie que la explotación de los recursos del subsuelo —hidrocarburos y minerales— debido al orden de magnitud económico y técnico sólo la pueden efectuar o el imperialismo o el Estado Nacional. Las tareas a efectuar en lo que hace a la puesta a punto del objeto extractivo en materia de exploración, prospección, obras civiles, eléctricas, etc, así como las etapas posteriores de concentración, transporte, refinación y comercialización de los minerales o hidrocarburos, requieren de inversiones de largos períodos de amortización y de un tamaño gigantesco del capital, que escapa al común de los particulares nacionales y obviamente de los raquíticos presupuestos provinciales. Además de tales restricciones, está la capacidad para contratar el personal legal, técnico, operativo, económico y que sólo la tienen el capital imperialista o el Estado Nacional. Además aquel dispone de la información a escala mundial de precios y condiciones de explotación económica, de los contactos internacionales y del acceso directo a los mercados donde se comercializan los productos finales. Obviamente ninguna provincia está en condiciones de encarar tales tareas, y sus propios registros de actividades extractivas están a cargo de empleados públicos con remuneraciones de hambre, y por lo tanto, fácilmente sobornables. El Estado Nacional sí está en condiciones de asumir riesgos económicos y mineros que las provincias no pueden efectuar, ya que cuenta con la capacidad contributiva, técnica, de recursos humanos entrenados, experiencia y ahorro proveniente del Sector Público, que equipara al capital imperialista en ese tipo de tareas. Eso mismo fue lo que hizo la Revolución Nacional —en el caso de las empresas públicas—, en un proceso de Liberación Nacional, al crear y desarrollar en el tiempo a YPF, Gas del Estado, Agua y Energía, los FFCC del Estado, Hidronor, Aerolíneas Argentinas, ELMA, HIPASAM, Fabricaciones Militares, la CONEA, etc., las que pudieron erigirse con el ahorro interno proveniente de los impuestos pagados por todos los argentinos y sin requerirse del crédito externo, ni de préstamos condicionados o no, provenientes de gobiernos o bancos extranjeros o de organismos financieros internacionales. Esto es lo que la prensa pro-imperialista —La Nación, Clarín, etc.— y los políticos partidocráticos, totalmente de rodillas frente al capital imperialista, ocultan. Cualquier otra consideración acerca de la propiedad provincial del subsuelo es de un “federalismo” absolutamente manejable por las empresas imperialistas, tal como ocurre hoy día en Catamarca, Santa Cruz, Salta, etc. El federalismo posible hoy día es aquel que repose en el reestablecimiento inmediato de la Constitución de 1949 y de su art. 40º, y en la derogación de todos aquellos artículos de las constituciones provinciales que se opongan, parcial o totalmente a aquel. Corresponde acotar que bajo el Peronismo, entre 1946 y 1955, el federalismo revivió y las provincias —sin perjuicio de que muchos provincianos fueron a poblar las barriadas industriales de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y las grandes ciudades argentinas, base del proletariado industrial— revirtieron el proceso de despoblación que históricamente carcomió a las mismas, en razón de la política mitrista de favorecer al Litoral. Pero había una Revolución Nacional en marcha y de eso es de lo que se trataba.

    Al igual que en 1917 con el debate en la Cámara de Diputados, el capital imperialista —que es un poder mundial, sí, pero en crisis mortal— requiere de poderes políticos nativos atomizados y fácilmente manipulables, como son los ejecutivos y legislativos provinciales. Por eso, por medio de la prensa del sistema, publicita el latiguillo de la provincialización de los recursos naturales, que es un canto de sirena emitido por el capital imperialista y que los vendepatria como Menem, Kirchner y los políticos partidocráticos ejecutan con constituciones tipo la de 1994, provinciales y leyes que refuercen a aquellas. Lo que el imperialismo no quiere ni está dispuesto a aceptar es un Estado Nacional fuerte en un país débil, porque ese es el principio del fortalecimiento del propio país. Por eso desde 1955, el sistema de la Dependencia —con dictaduras o democracias coloniales—, pugnó por erradicar de la memoria de los argentinos al Art. 40º.

    El otro elemento que subyace en la “provincialización” de los recursos es la posibilidad de la secesión territorial, que es un elemento que las burguesías imperialistas y sus aliados nativos —como la oligarquía chilena, por ej.—, desde siempre han utilizado. Históricamente la política balcanizadora, fue un ejercicio practicado por el Foreign Office, el Departamento de Estado y las cancillerías europeas. Podríamos recordar la pérdida de la salida al mar en 1879, de la República de Bolivia, de las provincias de Arica y Antofagasta, luego de las guerras del salitre y del guano. En el caso de México, en dos guerras perdieron a manos de los EE.UU. California, Tejas, Nuevo Méjico, Arizona, Colorado, equivalentes en superficie al actual estado, o dicho en otras palabras, le robaron el 50 % de su territorio. En el caso de Colombia, en 1903 y para construir el Canal de Panamá, el imperialismo yanqui le arrebató a aquella república la provincia norte, llamada Panamá, y fagocitó un golpe de estado separatista con elementos “provinciales”, que también querían “independizarse” de la “dictadura” colombiana para adquirir la “democracia” de los rubios del norte. Más recientemente, la balcanización de la República Socialista Federativa Yugoeslava, por obra de los bombardeos de la OTAN, detrás de los cuales estaba el poder económico y político de las burguesías imperialistas alemana, inglesa, norteamericana y la mafia de la cocaína (Kosovo). En la hermana República de Bolivia, la burguesía liberal agrarista de Santa Cruz de la Sierra, Beni y Tarija, se opone a la Revolución Nacional Boliviana, que encabeza el Presidente Evo Morales, se opone a la Ley de Nacionalización de los Hidrocarburos y a la Convención Reformadora que integraría a las mayorías originarias, aymará y quechua, y obviamente es secesionista. Detrás de la secesión está la pueril ingenuidad de esa burguesía blanca y racista de integrarse al Mercado Mundial, pero fundamentalmente el poder de las empresas petroleras afincadas en el Oriente Boliviano, tales como Repsol-YPF (anglo-española), Total (del Estado Francés), Shell (inglesa), Petrobras (Brasil), Texaco (EE.UU.) y Exxon (EE.UU.). En nuestro país, el Gobernador de la Pcia. del Neuquén, Jorge Sobisch, muy solapadamente plantea lo mismo. Y la Patagonia, al igual que algunas provincias del NE como Corrientes, están siendo extranjerizadas desde hace una década por compradores europeos y norteamericanos, con la absoluta pasividad de los gobernantes de los Estados Nacional y provinciales.

    Sólo la reacción nacionalista del Pueblo Argentino, encabezado por su clase obrera y los sectores nacionalistas de las FF.AA., podrá revertir este proceso. El primer paso de la Liberación Nacional y Social de la Argentina es decir no a la provincialización imperialista del subsuelo, desconocer todo lo actuado por el Proceso —tanto en la etapa de la dictadura colonial, como en la actual de democracia colonial—, recuperar el patrimonio usurpado y saqueado, y restablecer el imperio de la Constitución de 1949.

    El conducto, cuya obra civil y montaje fue ejecutado por la empresa imperialista Pan American Energy —subsidiaria de British Petroleum (o sea el Almirantazgo inglés) y AMOCO (American Motor Oil Company)—, abastecerá con gas argentino la zona sur de la República de Chile. Ambas firmas forman parte de las Siete Hermanas petroleras y que están detrás de la política genocida del Presidente Bush (h) en Irak. Simultáneamente, nuestro país está al borde de una inmensa crisis energética debido a la extracción indiscriminada de los hidrocarburos efectuada por las empresas imperialistas y se ve obligado a importar gas de la República de Bolivia. Tanto la importadora del gas boliviano con destino a la Argentina, como la exportadora de gas argentino a Chile en seis (6) gasoductos, casualmente es la misma empresa, o sea Repsol-YPF. Por supuesto que las maniobras oligopólicas que efectúa Repsol con los precios de importación y de exportación agrandan sus ganancias y perjudican a los consumidores argentinos y chilenos, con la complicidad de los gobiernos de uno y otro lado de la cordillera. Resulta irónico pensar que mientras las reservas gasíferas del país cayeron —desde las privatizaciones— de 40 a 13 años -consecuencia lógica de la criminal política de las empresas petroleras-, las ganancias del pool español-inglés-norteamericano crecieron sideralmente. Esta es solo una de las consecuencias de las llamadas privatizaciones —o sea extranjerizaciones— de YPF y Gas del Estado que encaró en el 90 el menemismo, con el descarado apoyo de los diputados kirchneristas.

    Hace pocos días el Gobierno y la Legislatura de la Provincia del Chubut entregaron en concesión por cuarenta (40) años —y diez (10) años antes del vencimiento de la concesión actual— el mismo yacimiento petrolero de Cerro Dragón a Pan American Energy (PAE), pese a los avisos expresos de denunciantes como el ex Dip. Nac. Mario Cafiero con respecto a la pérdida de soberanía sobre dichas tierras y de las miserables regalías que percibiría la provincia. El único concepto aplicable a los entreguistas es el de traidores a la Patria.

    El Presidente Evo Morales recordó en días pasados al Jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que había incumplido su promesa de donar 700 ambulancias a Bolivia. La declaración contradice la consigna “queremos socios y no patrones” con la que inició su política exterior. En efecto, ningún socio pide humillantes donativos a otro socio, lo que, en cambio, es común entre siervos y patrones. La solicitud debilita los esfuerzos del régimen vigente por recuperar espacios de soberanía y dignidad en sectores estratégicos, como hidrocarburos, minería y telecomunicaciones. En también un debilitamiento del prestigio que tiene Evo, dentro y fuera del país, por postular la participación en la vida política de los excluidos de la sociedad; por 500 años, según su reiterada expresión, de colonialismo interno.

    Es obvio que el pedido de obsequios y donativos adormece psicológicamente la posición nacional, en momentos en que se debe mostrar firmeza en negociaciones importantes con Petrobrás y poderosas transnacionales. El error presidencial no se limita al pedido de donativos, sino que confunde temas fundamentales con otros de menor relevancia. Lo anterior ocasiona que la contraparte negociadora ceda en lo accesorio y Bolivia pierda en lo fundamental. Con Argentina, por ejemplo, los delegados de Buenos Aires se empeñaban en discutir, de manera simultánea, el precio del gas de exportación con “ventajosas” ventas de tractores agrícolas, que incrementarían la popularidad del Primer Mandatario. No se entiende que si logramos precios justos por las materias no necesitaremos regalos humillantes, pero, además, y esto es lo fundamental, industrializaremos al país con los excedentes generados por nuestra propia economía.

    Recuerdo, en mi primera reunión con Petrobrás como Ministro de Hidrocarburos de Evo —cargo al que renuncié el 15 de septiembre de 2006— la insistencia con la que los delegados brasileños deseaban incluir en el primer borrador de acuerdo algunas becas para estudiantes bolivianos en San Pablo o Río, y la ampliación de cupos para que egresados en ingeniería petrolera realicen prácticas en los campos explotados por la estatal brasileña en territorio nacional. Lo insólito es que los gastos de Petrobrás en esta materia forman parte de los “costos recuperables” que le reconoce YPFB.

    Con la española Repsol, que al igual que Petrobrás, perpetró cuantiosas estafas en Bolivia, se avecinan duras negociaciones, ya que nuestra estatal petrolera debe aprobar los planes de inversión que nos presenten. No sería raro que en el momento de las definiciones, en el que se incluyan cálculos inflados en perforación de pozos y desarrollo de campos, Rodríguez Zapatero haga llegar el miserable donativo. El intercambio de oro por espejitos y abalorios con el que se inició el coloniaje hispano parece continuar ahora con el trueque de ambulancias por ventajosos contratos para Repsol.

    Sería útil que algún egresado de sociología escribiera una historia de los donativos al país y de las ventajas que los donantes obtuvieron a cambio. Sergio Almaraz, en su “Réquiem para una República”, recuerda que después del golpe del 4-XI-64, que encumbró en el poder al general René Barrientos, su Ministro de Educación, en un almuerzo-trabajo con el embajador de EEUU, detalló el lamentable estado de los locales escolares del país y la necesidad de repararlos. En respuesta, el diplomático anunció el donativo de trescientos dólares a tan noble finalidad.

    También en el régimen de Barrientos, quien profundizó las indignidades de su antecesor, Víctor Paz Estensoro, se aceptó, mediante el programa PL-480, la donación permanente de harina de trigo norteamericano, con la que durante décadas fue aniquilada la producción triguera del país, convirtiéndonos en un pueblo de mendigos, obligado a extender la mano para consumir el pan de cada día. En las ocasiones en que tropas norteamericanas llegaron a territorio nacional en las últimas décadas, para realizar ejercicios militares, se adujo que, como contrapartida, nos beneficiaríamos con la construcción de letrinas y postas sanitarias, además de extracción de muelas a pacientes pobres.

    En el último gobierno de Paz Estensoro (1985-1989) su Ministro de Planificación, Gonzalo Sánchez de Lozada, obtuvo un plus del BID, la CAF, el Banco Mundial y Usaid (Embajada de EEUU), destinado a elevar los ingresos de altos funcionarios que debían negociar los intereses públicos con los donantes. Lo anterior se reproduce hoy con la sumisión que, tal vez salvo escasas excepciones, deben mantener organizaciones populares, partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales e inclusive instituciones estatales que reciben financiamientos de Fundaciones, Embajadas europeas y ONGs. Otra vez la disyuntiva socios o patrones se define a favor de estos últimos.

    La verdad, ¡no se de qué se quejan algunos recién llegados y nyc de nuestra querida provincia, si ha sido bendecida hace milenios! Le faltará un poco de colorinche, pero esto es patagonia pura o la pura patagonia nomás, tierra de ocres, amplios horizontes y amanceres y atardeceres imponentes.

    Bien sabe el lector, supongo, que los medios nacionales han dejado traslucir que tenemos algunos inconvenientes gremiales. Lo bueno de tener un presidente santacruceño es que ahora se acuerdan de nuestra existencia para maldecirnos o para adularnos, pero se acuerdan. Aun tengo en mi memoria guardadas aquellas veces en las que tenía que dibujar el mapa del país… ¡para mostrar dónde vivía!

    Volviendo a nuestros problemas en cuanto a los reclamos salariales de nuestros docentes, tampoco se de qué se quejan. Mas allá de que el básico sea de 50, 60 ó 70 ó 100, la realidad es que cobran todos los meses, y eso en un país que ha transitado las mas variadas crisis económicas es importante… Como dijo mucha gente contraria a la huelga, los docentes santacruceños nyc y vyc, se compran autos, bicis, motos, casas… Aun no invierten en aviones y condominios, sólo porque acá no hay posibilidades de comprarlos. Si los hubiéramos exportado a la gran “ubre” —que se ve que es inagotable cual vaca lechera— nuestros maestros ya se habrían comprado departamentos en Libertador, casas en countries, mejores autos, viajarían más al exterior (lo real y concreto es que Ezeiza queda lejos, está muy a trasmano), gastarían más en ropa y joyas, carteras (para qué van a comprar acá si no tenés donde lucirla). ¡Igualito que como lo han hecho algunos de nuestros productos exportados a la Capital acompañando a nuestro hermano presidente!

    Estos funcionarios de nación eran nuestros funcionarios y empleados provinciales, que acá no ganaban mucho más que un maestro con doble jornada. También ellos tenían parte de su sueldo —mal llamado— en negro: no olvidemos que está vigente la ley de emergencia económica hace unos 16 años, ¡no debemos malgastar!

    Retomando, los maestros no tienen capacidad para ahorrar, protestan y hacen paros de 72 hs. ¡y ahora de 96 hs.! semanales, porque sienten que percibiendo sueldos mayores, incluido el aumento otorgado por el gobierno, aun no tienen capacidad de ahorro.

    Cuando yo iba a la escuela a 5to.grado, teníamos dentro de una materia— todas las semanas— “AHORRO”; nuestros exportados funcionarios tuvieron esa materia, es por eso que saben ahorrar e invertir sus dinerillos. Los maestros santacruceños tiene esa asignatura pendiente y así no llegarán a ningún lado. Acá con $ 700 comprás en el supermercado un montón de cosas, pero bueno, te faltan otras tantas. Si le sumamos lo que falta en la canasta alcanzamos a sumar unos $ 1500 más en alimentos, para un matrimonio con 3 / 4 hijos, sin contar otros gastos. Claro, eso “si quieren comer bien”… Entre otras cosas no hay que llenarse…

    La otra opción es que las maestras se casen con alguien con dinero, o las actualmente casadas se busquen otro marido con más plata; que abandonen todo para que así les alcance su sueldo. También pueden vivir con algún pariente… ¡Opciones hay, lo que pasa es que no saben buscarlas!

    ¿Y ese invento de que se jubilarán en función del básico? La Caja de Previsión de la provincia es rica también, aguanta todo, mientras tengamos dineros extras de Nación para salvarla mensualmente, que obviamente no reciben todas las provincias, estaremos bien.

    En resumidas cuentas, los empleados provinciales, incluidos los docentes, tan sólo reclaman incorporar al básico todos los distintos ítems que obran en los recibos de sueldo, decretos y más decretos de sumas no remunerativas en concepto de aumentos.

    Para acabar con este tema digamos también que el estado provincial no se sienta en la mesa de negociaciones “porque no hay nada que negociar”, pero ha encargado mármol de Carrara a Italia para hacer en cada una de las localidades el MONUMENTO AL EMPLEADO PROVINCIAL, tal como lo hacían tiempo atrás los empleadores de personal doméstico.

    Lo triste de todo esto es que creo que todo debería funcionar de maravillas. Aquí sería posible… Pero (siempre hay un pero) estamos ante un Estado al que nada le importa. No porque uno esté a favor de los reclamos gremiales va a dejar de desconocer que hay empleados, funcionarios y profesionales chantas. La provincia tiene gente harta del mal funcionamiento, del autismo, del todo vale, de la institucionalización de la chatura. La provincia no premia ni “castiga” a los malos funcionarios, empleados, docentes, profesionales. Todo es lo mismo: bueno y malo, eficiente y deficiente… Generalmente acá siempre ganan los malos, no hay demasiado futuro.

    En este tiempo desperté y descubrí que nada funciona como deber ser, que hace un tiempo Discépolo me parecía exagerado y hoy descubro que no lo era y me dan ganas de llorar. Este último tiempo me han maltratado bastante, más adelante les contaré por qué.

    Tal vez el principal error del Presidente Evo Morales resida en creer que todas las críticas a su gobierno buscan dañar y debilitar su gestión y no, como en el caso mío, a enmendar errores a fin de fortalecerla. Es cierto que la oligarquía nativa y el capitalismo foráneo anhelan destruir el proceso de profundización de la democracia abierto el 18 de diciembre del 2005, y que no toleran la presencia de un mandatario que representa, en gran medida, a los excluídos por siglos de colonialismo interno.

    De esta manera, después de la primera nacionalización del petróleo en 1936, capturaron el poder los gobiernos antinacionales de Quintanilla y Peñaranda. Luego del patriótico régimen de Villarroel, advino el sexenio rosquero.

    El golpe banzerista de 1971 fue la respuesta foránea al proceso Ovando – Torres, que nacionalizó el petróleo e instaló los hornos de fundición de estaño. El tímido nacionalismo de la Unidad Democrática y Popular (UDP) fue barrido por el neoliberalismo de Paz Estensoro, Bánzer y Paz Zamora.

    Por lo anterior, decimos que no es coherente que, quince meses después de llegar al Palacio “Quemado”, un régimen que se dice antiimperialista continúe enviando tropas al Congo y a Haití, dentro de los programas militares de Naciones Unidas, que como sabemos, son una prolongación de la geopolítica norteamericana. Recordemos que soldados del país participaron en la masacre a civiles en un barrio pobre de Puerto Príncipe el 22 de diciembre pasado.

    Es intolerable que, en ese mismo lapso, no se haya aprobado el Proyecto de Ley de Investigación de Fortunas, que presenté en sus puntos básicos en 1990. Entretanto, la corrupción se mantiene en la Administración Boliviana de Carreteras, Servicio de Caminos, Servicio de Impuestos Nacionales, Aduanas y otras entidades vitales para la sociedad. La corrupción tolerada en esferas oficiales es intolerable.

    Es incompatible propugnar la Patria Grande Bolivariana, con posiciones del MAS dentro de la Asamblea Constituyente que tratan de astillar a la República, como la reconstrucción de 39 naciones originarias y la reterritorialización de Bolivia dentro de un nuevo Estado plurinacional. Lo anterior es música celestial para los agentes del separatismo oriental, que en septiembre pasado fundaron en Guayaquil —con delegados de esta región ecuatoriana y del Estado venezolano de Zulia— la “Confederación Internacional por la Libertad y Autonomía Regional” de América Latina, financiada por petroleras que ansían controlar importantes campos de gas y petróleo de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

    Evo necesita comprender que no se puede gobernar rodeado de un entorno que no respeta a los dignatarios de Estado. El hecho de que un asesor “técnico” haya manejado todas las negociaciones con las petroleras por encima de Ministros de Hidrocarburos y Presidentes de YPFB demuestra lo afirmado. El Presidente está facultado para destituir a sus colaboradores cercanos, pero debe explicar la causa de sus decisiones, a fin de no dañar la imagen de personas que merecen respeto, como el ex Ministro de Minería, Guillermo Dalence, o del ex cónsul general en Chile, José Enrique Pinelo. No es coherente pedir a los “Ponchos Rojos” que empuñen las armas (como hizo Álvaro García Linera) y celebrar nostálgicos homenajes al foquismo guerrillero, para después pedir respaldo a las FF.AA., a las que, en teoría, se reconoce su papel fundamental en la vida nacional.

    En materia petrolera, los errores del MAS han alcanzado niveles incontrolables. El derechista “PODEMOS”, pese a la vinculación de varios de sus parlamentarios con las transnacionales, ha amortiguado, así sea por oportunismo y demagogia, algunos de los excesos de los contratos petroleros, como la falta de información transparente en “costos recuperables”, presentados por las petroleras. En esta confrontación, Evo ha amenazado con huelga de hambre, además de convocar a los movimientos sociales en defensa de contratos que por extraños artilugios determinan que los beneficios de YPFB disminuyen a medida que la producción aumenta.

    Los ingresos promedio para el país, con los nuevos contratos, fluctuarán entre el 51 % y el 74 % (Mauricio Medinacelli), manteniendo con pocas variantes el nivel establecido por la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005, lo que implica un retroceso respecto del frustrado Decreto de Nacionalización del 1 de mayo de 2006, y está muy lejos del 96 % de renta petrolera que, según Manuel Morales Olivera y García Linera, se había logrado con los acuerdos mencionados, a los que calificaron como “los más duros del mundo”. Lo cierto es que el gobierno avanzaría más si sus altos dirigentes mintieran menos.

    Hace algún tiempo se estrenó en la argentina el film “Código de Honor” del actor y realizador norteamericano Clint Eastwood. De un modo general, la película trata sobre la construcción de un mito patriótico en torno a una fotografía difundida mundialmente, que exhibe el instante en el que un grupo de soldados norteamericanos plantan una bandera en la cima de una colina de la isla de Iwo Jima, escenario de una de las más importantes batallas de la II Guerra Mundial.

    El film muestra el “raid patriótico” que tres soldados realizaron por territorio norteamericano bajo la presión del gobierno del país, interesado en movilizar el espíritu guerrerista de la población con el propósito de lograr la aprobación de más presupuesto para la guerra.

    Lo interesante del caso es que las circunstancias en que la foto en cuestión fue captada apenas guardaba relación con los sentimientos que esa misma foto evocaba. En efecto, la instantánea era fruto de un montaje, fue tomada cuando la batalla ya había concluido, sin riesgos visibles en el lugar. Por lo demás, uno de los soldados que luego recorrió el país promocionando la foto y participando en actos patrióticos, ni siquiera estaba presente en ella.

    La foto era de importancia crucial para crear una imagen mítica pues ese mito permitiría darle forma a un discurso patriótico funcional a los objetivos del poder dominante, lanzado a una guerra contra el rival japonés por el control del Pacífico y la supremacía sobre un inmenso espacio geográfico.

    Como ha afirmado la filosofía, la antropología y otras ciencias sociales, un mito no es una verdad ni una falsedad en sentido estricto pues los mitos buscan, por encima de la mayor o menor distorsión de los hechos que relatan, construir significaciones y evocar sentidos que inauguren discursos socialmente aceptados. La clave del mito no es que sea o no cierto, lo principal es su utilidad respecto a la construcción de un orden simbólico que permanecerá inscripto en la representación social de una comunidad frente a un hecho histórico. El mito marca un punto de partida para asignarle significado a fenómenos sociales. Su fuerza como instancia interpretativa será irreductible.

    El pasado de los pueblos está plagado de mitología. Pensemos en los relatos que inundan nuestra historia: el cruce de los Andes, el Sargento Cabral, el maestro Sarmiento, doña Paula Albarracín, etc. La historia de cualquier país posee relatos similares. El mito otorga una fuerza indestructible a una causa o a un determinado ordenamiento político y social que él mismo inaugura. Edifica un paradigma desde el cual es posible leer la realidad. ¿Por qué razón, si no, los enemigos de la revolución cubana, para tomar un ejemplo reciente, intentan denodadamente destruir el mito sobre las figuras de Fidel Castro, el Che Guevara y aquellos “jóvenes idealistas” que liberaron la isla del dominio yanqui?. En el terreno simbólico de la mitología se expresan y se despliegan, en sus propios códigos, los antagonismos políticos que corroen a una determinada formación social en un momento histórico.

    En este punto cobra significado la mitología sobre las Malvinas que hace alusión al comportamiento de los oficiales, suboficiales y soldados combatientes. Desde el fin de la guerra se ha pretendido, no sin éxito, urdir una trama discursiva en torno a un supuesto sadismo enfermizo de los oficiales y suboficiales argentinos, en contraposición con la pueril ingenuidad e impotencia de los soldados conscriptos, a quienes se calificó piadosamente de “chicos de la guerra”.

    Esta matriz discursiva monopolizó, en forma casi excluyente, las historias sobre Malvinas, alimentadas por incontables libros, films, testimonios y toda clase de negocios editoriales profusamente difundidos en el país y en el exterior.

    ¿Cuál ha sido la finalidad de construir el mito del “soldado maltratado” y “el oficial malvado”, del “chico hambriento e inerme” y el “milico desalmado”, como representación simbólica de los hechos de Malvinas, a pesar de que nadie pone en tela de juicio los derechos soberanos de la Argentina sobre el Atlántico Sur?.

    Lo notable de esta mitología es que logró imponerse en la representación social sobre Malvinas, a pesar de su grosera y vulgar falsedad, de la infantil deformación de los hechos (un caso extremo de falsificación es el libro, luego llevado al cine, “Iluminados por el Fuego”) y del perverso ocultamiento de la verdad histórica. La desmalvinización, de la que tanto hemos hablado los ex combatientes, se adjudicó una inapelable victoria en el campo del discurso socialmente aceptado. Esa victoria fue, quizás, más importante para los intereses británicos que la propia recuperación militar de las islas pues desarmó espiritualmente a nuestro país y debilitó cualquier respuesta política, económica o cultural contra la ocupación.

    Es imposible no ver la mano de los dispositivos propagandísticos de acción psicológica de un conglomerado de intereses locales y foráneos lanzados a sepultar el espíritu de patriotismo y solidaridad latinoamericana que emergió por encima de la dictadura militar oligárquica de Galtieri, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

    Es inevitable efectuar un paralelismo entre la utilización de la bandera en el monte de Iwo Jima como coartada para exacerbar el sentimiento belicista de la sociedad norteamericana, cuyas clases dominantes enviaron a los jóvenes a desangrarse a miles de kilómetros de su territorio en una guerra atroz entre grandes potencias por la hegemonía mundial, y el empleo de penosas imágenes y relatos de soldados argentinos destinados a infundir derrotismo e impugnar la lucha histórica por recuperar la tierra usurpada por el colonialismo británico y su socio yanqui.

    Pocas veces fue tan evidente cómo el poder imperialista opera no sólo a través del fuego de las armas, aunque no vacila en recurrir a ellas toda vez que es necesario, como lo testimonió Malvinas. También lo hace mediante la manipulación cínica de nobles valores humanitarios y la creación de mitos cuando ellos les son funcionales a sus intereses concretos.

    La mejor reivindicación que podemos hacer a la memoria de nuestros héroes muertos en Malvinas es sacarlos del rol infantil en el que los ha colocado la maligna propaganda difundida por sus propios asesinos imperialistas, y situarlos en el panteón de los hombres valientes caídos en defensa de la soberanía nacional y la lucha histórica contra los grandes poderes de la tierra.

    Los intentos de los pueblos oprimidos por liberarse del sometimiento imperial son enfrentados unas veces por la violencia brutal y directa, como la ejercitada por la CIA para derrocar a Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, o Salvador Allende en Chile en 1973, o inoculando el virus de la parálisis, la desorientación y el desaliento en el torrente sanguíneo del movimiento transformador, como ocurrió en Bolivia con la Revolución de 1952. La Revolución de 1952 siguió llamándose proceso revolucionario después de que EEUU hizo abortar la nacionalización de las minas al impedir la instalación de fundiciones de minerales, tomó el control del petróleo a través del Código Davenport, y centralizó en su Embajada, en La Paz, toda la información oficial.

    Con la tercera nacionalización del petróleo del 1 de mayo de 2006 ocurrió esto último. Las petroleras aparentaron acatar la medida e, inclusive, “aceptaron” el contrato marco por el que se convertían en prestadoras de servicio, de manera que YPFB recuperaba la propiedad, la posesión y el control absoluto de los recursos del subsuelo. Esta vez el virus castrador fue inoculado mediante el “inocente” anexo “F”, por el que los Contratos de Operación se convirtieron en Contratos de Producción Compartida. Por los Contratos de Operación, las Petroleras ejecutan por sus propios medios y por su cuenta y riesgo, a nombre de YPFB, las actividades de Exploración y Explotación a cambio de una retribución.

    Por los de Producción Compartida, las Compañías recobran el derecho de anotar el valor de sus participaciones en el negocio petrolero, incluyendo las reservas de gas asociadas al mercado de exportación sobre las que tiene derecho propietario, lo que hacen constar en sus balances primero y en las Bolsas Internacionales de Valores después.

    Con este antecedente, PETROBRÁS informó el 31 de marzo de 2007 que suscribió en La Paz Contratos de Producción Compartida, lo que le permite anotar el valor de las reservas en las Bolsas de Valores. Como contrapartida, la nacionalización del 1 de mayo se convirtió en cáscara vacía, de manera que el gobierno tuvo que limitarse a afirmar que había logrado mayores ingresos por la venta de mayores volúmenes de gas y petróleo. Propuso, sin éxito, que las fórmulas del anexo “F” sean conocidas por el Senado en sesión reservada, es decir de espaldas a la ciudadanía. Paralizó los juicios por los delitos de contrabando, evasión impositiva y estafa cometidos por las transnacionales. Pasó a mostrarse las nuevas exportaciones a la Argentina como un fin en sí mismo y no como un mal necesario a fin de usar esos recursos para el fortalecimiento nacional. YPFB no controlará la cadena productiva ni podrá impulsar la industrialización de los hidrocarburos.

    Debido a lo anterior, Bolivia tiene ahora grandes dificultades para obligar a las compañías a abastecer el mercado interno a precios inferiores a los internacionales. Continuará exportando materia prima con destino a las industrias de Argentina y Brasil, mediante la construcción de enormes gasoductos, en tanto las regiones del interior del país seguirán careciendo de recursos energéticos. Tampoco podrá, con la garantía del valor de las reservas anotadas por empresas foráneas, obtener los préstamos necesarios para impulsar proyectos capaces de transformar nuestra economía.

    Posiblemente la respuesta sea negativa. Evo tenía pocas opciones de hacer algo diferente de lo que hizo con los contratos petroleros. Perdió, en cambio, la oportunidad de hacer algo profundamente revolucionario. Ello consistía en decirle la verdad al país, lo que hubiera fortalecido su liderazgo moral frente a los sectores excluídos de América Latina para los que representa una esperanza.

    Al no hacerlo está ofreciendo un desolador espectáculo en el que las transnacionales petroleras, parlamentarios neoliberales que apoyaron a Hugo Bánzer Suárez y Gonzalo Sánchez de Lozada, junto a los dirigentes del MAS, convocan al pueblo a respaldar los Contratos Petroleros, signados por el siniestro anexo “F”, y que, en lo fundamental, contribuirán a mantener la sumisión de Bolivia a los centros de poder mundial.

    En materia de medios masivos y especialmente de la programación televisiva, la gente consume los productos que son lo que hay. Es decir que como primera medida habría que distinguir que un programa presente altos índices de audiencia de la real posibilidad de elegir la programación que podría llegar a tener esa audiencia. La gente consume los programas que se presentan en televisión, y en ese estrecho abanico de opciones oscila mínimamente, prefiriendo ciertos rasgos estilísticos a otros, pero de ningún modo eligiendo qué es lo que va a ver.

    Los medios, en tanto empresas privadas e hiper concentradas (actualmente como nunca antes en nuestro país), en busca del beneficio mercantil tratan —y consiguen— obtener la mayor ganancia con el mínimo coste.

    En pos de ello lanzan nuevamente Gran Hermano cuyos protagonistas resultan trabajadores hiper explotados y, además, personajes rentables por si la situación lo amerita. Entonces, además de los requisitos estéticos del medio televisivo (gente no muy fea, no muy negra, no muy gorda, no muy flaca, no portadora de alguna visión de mundo medianamente coherente, etc.) se evidencian las nuevas en busca del “show total” que residen en la portación de pasado o presente “interesante” a los fines mediáticos.

    Por eso estuvieron en el Gran Hermano 2007 la novia de Sergio Denis, la ex amante de Maradona y actual de un empresario conocido; el ex presidiario y ex falopero; la estrella de videos eróticos que a la vez es madre soltera; y no sospechamos todavía cuánto más.

    Estos programas tienen la particularidad de presentarse en las vacaciones de nuestro país, para que de ese modo pueda irse aprovechando el “alpedismo” de los televidentes (se entiende que referimos en especial a jóvenes que no van a la escuela durante enero y febrero) permitiendo esta situación la posibilidad de armar un relato imaginario entre las situaciones acontecidas ahí.

    Por otro lado tenemos la cuestión de la batería de programas periféricos que se nutren del mencionado reality y que a la vez realzan la posibilidad de nuevas interpretaciones y sentidos subyacentes a lo que sucede en la casa (allí donde, aparentemente, para quienes no se encuentran “atrapados” por las emisiones de Gran Hermano parece haber muy poca cosa, existen incluso noticieros del mismo canal que se encargan de señalar lo “importante”).

    En TV de aire hoy en día no puede uno acceder a una programación que se halle exenta de remisiones a cuestiones y personajes de Gran Hermano, y ante esto, las críticas que frecuentemente aparecen en distintos medios sólo refieren a la pobreza espiritual y creativa de los tiempos que corren, así como al carácter supuestamente oportunista de este grupo de jóvenes que en busca de la posibilidad de futuros empleos en el medio televisivo concurrió a los castings correspondientes en lugar de haberse encargado de “prepararse” profesionalmente a tales fines.

    Los medios responderán a las quejas sólo cuando se les presente la necesidad de cambio, evidenciada en la competencia por las mediciones de rating, debido a las cuales podrá ir quitando presencia a estos personajes conforme otros canales vayan logrando al ir avanzando el año capturar la audiencia con otros productos y sea perentorio en pos de competir poner algo más en el “asador”. Mientras eso no suceda se explotarán todo lo posible las historias de estos chicos que han sido elegidos por poseer pasados, anécdotas, y cuestiones posiblemente redituables mediáticamente.

    De ese modo el sistema de medios convierte en ganancia aquello que en el pasado corría por cuenta de los productores de canales y no era conocido por los televidentes previamente a la “consagración”. El casting, o lo que antes eran las pruebas que según se decía Romay les permitía a los “galanes” que aceptaban intercambios sexuales con él en ciertas novelas o comedias, ahora se convierten en espectáculo enormemente redituable. Nada se tira ya.

    En este devenir de programación execrable al que nos encontramos sometidos resulta necesario recordar que, si los medios de difusión son privados, no podremos esperar jamás algo muy diferente a esto que sucede, y que ello resulta perfectamente comprensible si se considera el objetivo supremo ya mencionado: obtención de máxima ganancia con el menor coste.

    Recordar la necesidad de que los medios corran en sentido inverso a la lógica puramente mercantil es una tarea que no deberíamos abandonar pese a lo ridículo que pueda parecerle a determinados sectores. Corren tiempos ya en que los mismos medios muchas veces declaran cínicamente como algo “natural” el estar siendo regidos únicamente por intereses comerciales, lo cual tiene que ver con la adivinación que ellos efectúan del espíritu de la audiencia, al parecer adormecida en la naturalización de lo que sucede, e incrédula ante reflexiones que tiendan a pretender dar un vuelco de esa situación.

    Próximamente saldrá al aire también un nuevo reality de la productora de Cris Morena, en el que se elegirán los protagonistas de una versión “argentina” de la exitosa película estadounidense High School Musical. Se convertirá nuevamente el casting de la productora previo a la película en un espectáculo rentable, y a la vez en una eficiente publicidad que asegurará la taquilla del “prometedor” film.

    E preciso recordar, también, que en materia de radiodifusión, nuestro país no se está dirigiendo a una limitación de la privatización de los medios sino a todo lo contrario. En el año 2005 con la sanción del decreto 527/05 (firmado a pocos meses de los comicios electorales de octubre de ese año), Nestor Kirchner extendió por diez años el plazo de vencimiento de todas las licencias de radio y televisión.

    De modo casi providencial, las leyes que, el 3 de diciembre pasado, aprobaron los contratos con las petroleras retornarán al Congreso Nacional, a fin de “resolver cuestiones de forma”. Lo anterior, obliga a 130 diputados y 27 senadores a enmendar enormes errores y llenar vacíos que afectarán al país por las próximas tres décadas. Veamos los más importantes:

    Petrobrás, a través de su presidente Sergio Gabrielli, ha afirmado que tiene el derecho a inscribir como suyo el valor de las reservas que explotará en Bolivia. Añadió que, de acuerdo al anexo “f”, ha suscrito contratos de producción compartida y no contratos de operación, como reiteró el Presidente Evo Morales, en su mensaje de primer año de gobierno (23-01-07). Lo anterior, explica Petrobrás, le da derecho a participaciones (y no sólo a retribuciones) sobre la producción que deben figurar en sus balances primero y en las bolsas de valores después.

    Es obvio que el ejemplo del ente brasileño, en el que el Estado sólo tiene el 32 por ciento de acciones, pero cuenta con el 56 % de votos en el directorio, será imitado por el resto de las compañías. Por otra parte, si las petroleras tienen derecho a anotar como propias el valor de las reservas, ¿de qué nacionalización de los hidrocarburos estamos hablando?

    El Presidente de YPFB, Manuel Morales Olivera, en declaraciones periodísticas, ha negado esa posibilidad, en cumplimiento del punto 4.3 de los supuestos contratos de operación. ¿Quién tiene razón? ¿No es el momento de dilucidar esta duda mediante una adenda redactada por el Congreso, a ser incluida en esos documentos? Recordemos que si YPFB anota a su nombre el valor de las reservas, las que alcanzan a alrededor de 200 mil millones de dólares, le permitirá financiar los grandes proyectos de industrialización existentes y los gasoductos internos que requiere Bolivia.

    Los contratos tienen vacíos descomunales. En efecto, si se está entregando a las petroleras campos descubiertos (casi todos por YPFB), que se encuentran en operaciones, con reservas probadas y mercados asegurados (los de Brasil y Argentina), ¿cómo no exigirles a cambio que abastezcan el mercado interno a precios actuales y se comprometan a realizar las inversiones necesarias para cumplir ambos objetivos. El gobierno de Perú, por ejemplo, acaba de lograr que la argentina Pluspetrol abastezca su mercado interno a un dólar el millón de BTU. No estamos hablando, en consecuencia, de un hecho fuera de lo común

    Lo cierto es que después de suscribir los contratos, las exigencias de las petroleras son cada vez mayores. Petrobrás, Repsol, British Gas y Total sostienen que abastecerán el mercado interno sólo si se les paga precios internacionales, con la consiguiente subvención estatal, o, en su defecto, a través del incremento de tarifas del GLP, diesel, gasolina y demás derivados del gas y del petróleo, que recaerá sobre los empobrecidos consumidores nacionales. De manera paralela, pretenden presentar planes de operaciones, los que, en caso de no ser aceptados a ciegas por nuestra entidad estatal, quedarán indefinidamente paralizados.

    Esto quiere decir, por ejemplo, que si Petrobrás calcula en 40 millones de dólares la perforación de un nuevo pozo en “San Alberto” (cuyo costo real puede llegar a la mitad), YPFB se halla en la disyuntiva de aceptar el abuso o, dejar que el trabajo quede paralizado. Los “costos recuperables” que se autorizan a las petroleras son de tal magnitud que YPFB no tendrá recursos para desarrollarse. Estos son temas que deben ser modificados en los contratos.

    Para colmo, YPFB está reducida a piel y huesos. La Ley 3058, de 17-05-05, le ha arrebatado todo ingreso, ahora destinado a prefecturas, alcaldías y universidades públicas, en la totalidad del 50 % que beneficia al país. El 32 % adicional, obtenido por el decreto de nacionalización, será eliminado a partir de la protocolización de los contratos, pero debe pagar el bono “Juancito Pinto” (en beneficio de los escolares) en forma indefinida y sin tener esos recursos. Además, desembolsará una parte sustancial del Bonosol (bono destinado a los ancianos), que antes lo hacían las AFPs, socias de las capitalizadas del sector petrolero. Como corolario, las regiones siguen empeñadas en descoyuntar a la empresa estatal en vicepresidencias y regiones dispersas en todo el territorio nacional.

    El país requiere de una estrategia adecuada frente a la negativa de las compañías de precisar los textos de los contratos. Ella puede consistir en promover la alianza YPFB con ENARSA, la empresa argentina, que podrá desarrollar los campos que se nieguen a hacerlo las transnacionales, como ofreció el Presidente Néstor Kirchner. De modo simultáneo, se requiere un gran acuerdo de YPFB con la venezolana PDVSA, a fin de liberarnos del asfixiante dominio transnacional. Estos son caminos que cumplen el decreto de nacionalización y no de los posteriores contratos que han abandonado su contenido.

    El 17 de mayo pasado, hice saber a su persona la urgencia que tengo de alejarme del gabinete por razones personales. En esa oportunidad, a pedido suyo y del señor Vicepresidente Álvaro García Linera, acepté mantenerme en el cargo de Ministro de Hidrocarburos y Energía por un tiempo adicional. Considero que ese lapso se ha cumplido, razón por la que presentó mi renuencia irrevocable.

    Aprovecho la oportunidad para dejar constancia del patriotismo con que dirige los destinos del país, razón por la que siento agradecimiento por haberme permitido acompañarlo en la histórica nacionalización del gas y del petróleo, del primero de mayo pasado.

    Es el momento de recordar que la nacionalización impulsó de forma decisiva el proceso de recuperación de la dignidad y autoestima de nuestro pueblo que las políticas neoliberales y racistas pretendieron aplastar de manera definitiva. Gracias a la nacionalización, el país ha recuperado alrededor de 200.000 millones de dólares en reservas de gas y petróleo, cuyo valor pretendían anotar las compañías petroleras en las bolsas de valores como si fueran suyas.

    Si bien no logramos incluir en el decreto de primero de mayo la expropiación de las acciones necesarias de Chaco, Andina y Transredes, a fin de que YPFB controle de inmediato el 50 más uno del paquete accionario de las mismas, conseguimos, por lo menos, que la empresa estatal esté representada, aunque minoritariamente, por ahora, en sus directorios, después que las acciones que estaban en poder de las AFPs fueran transferidas a Yacimientos.

    La Resolución Ministerial 202/206, de 25 de agosto pasado, obligó a Petrobrás, Andina y Repsol a pagar 32 millones de dólares mensuales, en cumplimiento del artículo cuarto del decreto de nacionalización, que dispone la participación del 32 % adicional por la explotación de los mega campos Sábalo y San Alberto. Por ese concepto, YPFB ha recaudado 64 millones de dólares y en próximos meses contará con otros 96 millones.

    Como lo dispone el Decreto de Nacionalización, el Ministerio organizó, con total transparencia, las auditorias a las compañías petroleras que operan en el país, cuyos resultados permitirán a YPFB firmar nuevo contratos en condiciones ventajosas.

    En el convenio de venta de gas a la Argentina, conseguimos que el vecino país se comprometa a construir, mediante un crédito preferencial, una planta separadora de líquidos en Yacuiba, de propiedad de Bolivia, que debe procesar la totalidad del gas vendido al vecino país, la que entrará en funcionamiento el momento en que se amplíen los volúmenes de exportación pertinentes. Ahora Bolivia debe autorizar a la Argentina sus futuras exportaciones de gas a terceros países.

    El Ministerio ha terminado el anteproyecto de ley de reorganización integral de YPFB, que en próximos días será remitido al Congreso de la República. También se halla a punto de concluir el balance energético nacional, que había dejado de elaborarse desde 1996. Se ha conseguido, asimismo, la designación del directorio de la entidad petrolera estatal, que debe conducir la empresa.

    Nada de lo aquí mencionado hubiera podido lograrse sin la lucha heroica de nuestro pueblo y de los movimientos sociales que el 17 de octubre de 2003, cambiaron nuestra historia, al expulsar a los principales políticos neoliberales que tanto daño causaron a Bolivia y que fueron aplastados con su victoria electoral del 18 de diciembre pasado.

    En la oportunidad, hago extensivo mi agradecimiento al Vicepresidente Álvaro García Linera, a los hombres y mujeres que integran su gabinete, así como a dirigentes y parlamentarios que respaldan el proceso revolucionario, de cuya entrega y sacrificio he sido testigo. Finalmente, manifiesto mi gratitud a las personas leales que trabajaron conmigo en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, con cuya dedicación y amistad conté en todo momento.

    El 16 de diciembre de 1993 “ardía” Santiago del Estero. El fuego purificaba la Casa de Gobierno, Tribunales, y la Legislatura, símbolos del poder político corrupto, al igual que una veintena de residencias de los principales políticos y dirigentes sindicales que habían participado en los últimos años de desgobierno de la provincia más antigua. Entre ellas la casa del caudillo Juárez y su esposa Nina. Inmediatamente el menemismo solicitó al Parlamento la Intervención Federal y atribuyó los motivos de este hecho sin precedentes en América Latina, al accionar de una clase dirigente que no supo aplicar la reforma del Estado, plan éxitoso de Cavallo y que tantos elogios cosechaba en el extranjero. Menem recibía, en esos momentos, una condecoración del Papa en el Vaticano.

    Consideré en mi libro El Santiagueñazo. Crónica y Gestación de una pueblada argentina.(1994) que esta explosión popular, primera en América Latina, fue consecuencia del ajuste neoliberal del menemismo y del FMI. que condenó al pueblo argentino a la miseria y desocupación. Describí a esta moderna Fuente Ovejuna, sin detenidos ni víctimas fatales, como una gran tragicomedia dónde el pueblo recuperó en las calles jocosamente lo que le pertenecía.

    Dos años después la intervención cavallista, en medio de una profunda crisis y corrupción, entregaba el gobierno, gracias a la Ley de Lemas, al viejo caudillo y su esposa que se vanagloriaban de haber resurgido de las cenizas como el ave fénix. Y volvían al poder acompañados, como siempre desde 1973, por Musa Azar, el feroz genocida del gobierno militar, para insuflar el terror y temerosos que los incendios se repitieran. Las delaciones y el espionaje fue una constante, las violaciones a los dd.hh., las muertes sin resolver, los casos de gatillo fácil, fue algo natural, siempre amparados por una Justicia adicta y complaciente y un obediente y mayoritario poder Legislativo.

    El obispo Gerardo Sueldo, que encontró la muerte en un dudoso accidente, las madres del dolor severamente perseguidas y sólo un puñado de artistas y dirigentes de instituciones intermedias fueron las únicas voces opositoras en medio de la genuflexión del radicalismo y sus desprendimientos, que gobernaban los municipios más grandes.

    Juárez y la Nina sonreían satisfechos en su feudo de dolor, miedo y esclavitud ante la mirada indiferente de los gobiernos de Menem y De la Rúa. La provincia clientelística, rica en recursos naturales, de dónde salió la madera para los históricos tendidos ferroviarios, se empobrecía más que nunca. El juarismo se jactaba de una excelente administración y con mínima desocupación, repartiendo miles de planes sociales, prebendas, alimentos y pagando los míseros sueldos de la administración al día, menguados por los descuentos de los dueños del poder económico, aliados del Juarismo, que se quedaron con el Banco de la Provincia y las empresas privatizadas.

    Pero la historia tiene sus caras y sorpresas. El horrendo doble crimen de Leila y Patricia, un hecho con similares características al de Maria Soledad por las implicancias con el poder político corrupto, acaecido a comienzos del año pasado y la acción incansable de sus familiares, acompañados por las instituciones intermedias y las renovadas Asociaciones de DD.HH. fueron despertando al pueblo santiagueño que comenzó a engrosar las marchas del silencio. Las figuras de Olga, madre de Patricia Villalba y Younes Bshier, padre de Patricia se agigantaron y las marchas se convirtieron en la verdadera oposición al régimen juarista que comenzó a resquebrajarse día a día.

    En esta fisura fue clave la acción del presidente Kirschner ya que consecuente con su política de derechos humanos envió a sus secretarios de Justicia y de DD.HH., Duhalde y Lanusse, quienes no se fueron más de la provincia. Los medios nacionales y unos pocos medios locales acompañaron el reclamo de los viernes por un NUEVO SANTIAGO, con JUSTICIA Y DIGNIDAD. La Justicia Federal comenzó, por fin, a actuar imputando a Nina el cobro indebido de sus haberes jubilatorios, el asalto de la casa del diputado Figueroa y al anciano caudillo en la represión ilegal de antes del golpe militar del 76.

    Musa Azar fue detenido al igual que Pololo Anauate, ex diputado provincial y referente de la temible juventud juarista, imputados del doble crimen y no aguantaron su silencio. Un juez del crimen se desprendió de la justicia complaciente y secuestró más de 40.000 archivos de espionaje del D2, poniendo al descubierto a la Gestapo santiagueña de Musa Azar. El obispo Maccarone, los sacerdotes combativos de Sueldo, los artistas comprometidos, los campesinos, todos estábamos en libertad vigilada desde antes del golpe militar del 76. Le resultó a Juárez imposible negar la realidad. La Intervención Federal tantas veces reclamada y temida a la vez por los santiagueños fue decretada por el Parlamento casi unánimemente, a solicitud del presidente K, el día 31 de marzo.

    Juárez y su mujer amenazaron resistir la medida hasta las últimas consecuencias. Se vivieron horas de temor y angustia. Pero el matrimonio ilustre sólo juntó a sus partidarios trayéndolos desde toda la provincia, en una masiva concentración, para que en el folklórico balcón de la casa de Gobierno, pronunciaran una patética y triste despedida.

    El día 1 de abril, el interventor Pablo Lanusse y su equipo de colaboradores, llegaban a la Casa de Gobierno, abriéndose camino en medio de una multitud, que por primera vez podía acercarse al histórico edificio siempre vallado para los opositores. A unas pocas cuadras, Juárez y la Nina, permanecían detenidos en su domicilio.

    Todos vivimos momentos muy emocionantes. El himno nacional fue coreado con fuerza inusitada, especialmente al mencionar la añorada palabra Libertad, mientras las lágrimas humedecían nuestros ojos. Me vino a la memoria inmediatamente cuándo también una enorme multitud cantó emocionada nuestro himno nacional, en ese mismo lugar, el histórico 16 de diciembre de 1993. En aquella oportunidad, un manifestante, sentado en una silla sobre la baranda del balcón y sostenido por dos de sus compañeros, con un palo en la mano como el bastón de mando, saludaba con sus brazos levantados a la multitud enardecida. El pueblo había recuperado la Casa de Gobierno.

    Me abracé en silencio después del himno con mis amigos y todos levantamos la mirada hacia el primer piso de la Casa de Gobierno dónde el Interventor juraba y asumía el cargo, esperando ver la espigada y joven figura del fiscal denunciante de la mafia del oro. Pero en su lugar aparecieron en los balcones de la Casa de Gobierno muchos de los manifestantes de los viernes que habían conseguido filtrarse a la ceremonia del juramento. Entre ellos estaba el padre de Leyla, el palestino Younnes Bshier que muy sonriente y feliz abrió ambos brazos para saludar a la multitud. Un YOOOOO sonoro y gutural salió de la garganta del palestino, imitando al caudillo depuesto y la multitud estalló en risas y aplausos, exteriorizando su alegría. El pueblo Santiagueño había recuperado nuevamente la Casa de Gobierno en este nuevo Santiagueñazo forjado en las calles los días viernes.

    El futuro de Venezuela se decide en la lucha por el Estado. Múltiples actores políticos internos y externos participan en la carrera por su control. Algunos actúan con intenciones revolucionarias, otros por intereses oligárquicos o imperiales. Determinadas fuerzas operan de manera abierta y hasta escandalosa, otras prefieren modos silenciosos o palaciegos en la acumulación del poder. La razón de ser de esta dinámica es el golpe de Estado transnacional petrolero del 11 de abril del 2002. Las reservas probadas de crudos extrapesados de Venezuela representan el 50% (!) de las reservas del total mundial; con las tecnologías de conversión adecuadas, esos yacimientos son equiparables a las reservas probadas de crudos convencionales de Arabia Saudita, 270 mil millones de barriles, que son las mayores del globo.

    El golpe en Venezuela fue parte integral de un plan maestro de tres operaciones estratégicas de Washington, concebido por el gobierno de Bush: 1. El sometimiento definitivo del mundo árabe-islámico donde yacen tres cuartas partes del crudo convencional y la mitad de las reservas mundiales de gas. La agresión a Irak, la intimidación de Arabia Saudita e Irán y la destrucción del Estado palestino cumplen este objetivo. 2. La conquista militar de Asia Central, donde existe 40% de las reservas mundiales de gas y, cerca del mar Caspio, enormes reservas petrolíferas. La guerra contra Afganistán alcanzó esta meta. 3. La apropiación violenta del petróleo venezolano mediante el coup d´etat del 11 de abril, frustrado en su momento por la heroica acción del pueblo y los militares patrióticos quienes, además de defender a la democracia, salvaron la vida de 5 mil ciudadanos, cuyos nombres aparecieron en las listas de los que iban ser asesinados y desaparecidos.

    El golpe de Estado fue un parteaguas en el proceso bolivariano, en múltiples sentidos: redefinió la relación con Estados Unidos, en el sentido de debilitar sustancialmente la capacidad nacional de una política soberana y latinoamericanista en la arena internacional; despertó y radicalizó a las masas que finalmente entraron en el proceso de autoasumirse como sujetos del proceso bolivariano; aceleró el deterioro de parámetros económicos fundamentales; descubrió a los actores políticos oportunistas, ineficientes y antirrevolucionarios dentro de los aparatos políticos y sociales del sistema; fortaleció la popularidad del presidente Hugo Chávez entre las mayorías populares y redujo la capacidad de convocatoria manipulativa de los conspiradores entre las clases medias; finalmente, hizo nacer entre los sectores más avanzados de las mayorías y los principales protagonistas del sistema de liderazgo la pregunta acerca de las responsabilidades de la debacle del 11 de abril y, por lo tanto, la interrogante sobre la sustitución de personajes y modos de operación del proceso.

    El choque del Titanic con el iceberg imperial ha desatado, meses después de la fatídica fecha, un intenso debate sobre la conducción del barco. Ese debate que atañe a sus más importantes operadores, desde el capitán hasta el timonel, los especialistas de los radares y los principales oficiales del equipo, ha evidenciado que existe coincidencia de criterio entre muchos líderes de las fuerzas sociopolíticas que sostienen el proceso bolivariano, acerca de la necesidad de constituir una nueva dirección estratégica con un nuevo proyecto estratégico.

    El golpe de abril mostró la necesidad de una «dirección colectiva socialmente reconocida, lo imprescindible de un centro de dirección revolucionaria que organice y conduzca al pueblo Que evite los excesos que caminan hacia la conciliación o el anarquismo, que en última instancia son expresiones claras de la ausencia de una dirección con un rumbo claro», formula uno de los protagonistas más importantes de la vanguardia bolivariana ese consenso sobre la impostergable reconfiguración del liderazgo.

    El sistema de conducción del bolivarianismo venezolano ha pasado por dos etapas, desde su constitución. En su génesis militar-cívica como Movimiento Bolivariano Revolucionario-200, durante los 80, fue un sistema colectivo horizontal que llevó el movimiento desde la clandestinidad hacia la conquista electoral del Estado venezolano, en febrero de 1999. En la segunda fase, que se inicio con esta fecha y terminó con el golpe del 11 de abril del 2002, el sistema horizontal se verticalizó, convirtiéndose el presidente en el centro de gravitación de la política estatal y partidista. Esa personalización de la gestión del proceso que fue una corresponsabilidad de todos los sujetos políticos involucrados se pagó con una extraordinaria pérdida de capacidad gerencial del Estado y de los entes político-sociales respectivos. Fue esa dramática deficiencia de conducción que permitió la asonada militar.

    La tercera etapa en la configuración de un centro de dirección estratégica capaz de enfrentar las múltiples operaciones de una sofisticada conspiración transnacional que pretende derrotar al presidente Chávez antes de fin de año, es el eje de la dinámica política-social-militar en la Venezuela de hoy. La presión para esa reconfiguración cuyo objetivo principal es el control del Estado, nace tanto de los sectores y organizaciones populares las «masas» como se dice aquí como de sectores de poder progresistas y reaccionarios.

    En este complicado rompecabezas de política real hay tres requisitos axiomáticos que son fundamentales para el éxito de la revolución bolivariana: a) el regreso a una conducción colectiva que reúna las mejores cabezas y las conciencias más ética del país; b) la sincronización entre la creciente radicalización de las masas y el creciente control del Estado, porque el avance descoordinado de cualquiera de las dos fuerzas significaría el fin del proceso y, c) el mantenimiento de la unidad entre los actores de las cúpulas y de las bases.

    El control del Estado y la conciencia de las masas son los dos factores decisivos en todo proceso revolucionario. La tarea de la vanguardia consiste en vincularlas de una manera orgánica. Ahí se define el destino de la revolución bolivariana.

    América Latina en su conjunto asiste al derrumbe del modelo de acumulación financiera impuesto en las dos últimas décadas. La intensidad y profundidad de la caída en cada país está en directa proporción con la aplicación de las recetas de la nueva economía, pregonadas por los gurúes de la globalización. la profundización de la crisis va a impulsar y pone a la órden del día un nuevo armado frentista de raíz patriótica, popular y revolucionaria, anclado en las tradiciones de lucha de cada país, en el que confluirán los sujetos dinámicos de cualquier cambio social en América Latina: el movimiento obrero, los sectores pauperizados de la clase media, el pobrerío excluido y los sectores patrióticos de las Fuerzas Armadas.

    Argentina colapsó en toda la línea porque su experimento fue “químicamente puro”. No por nada fue el alumno ejemplar durante los ’90, exhibido en los foros internacionales como modelo a imitar en la senda del bienestar definitivo y con ello, del fin de la historia. Uruguay está en quiebra y la salida que se plantea anuncia una confiscación de ahorristas, más ajustes y salvatajes del FMI que profundizarán el estancamiento. Brasil, en tanto, se encuentra al borde del default, que provocará una crisis financiera mundial de proporciones mayúsculas y una nueva escalada de bancarrotas. Inestabilidad, agudización del conflicto social y miseria creciente, es el escenario visible en Paraguay, Ecuador, Perú y Bolivia. La catástrofe es continental y la región en su totalidad se hunde a remolque de un régimen de capitalismo dependiente sustentado en el automatismo del mercado, las privatizaciones y la extinción del Estado.

    En el epicentro del sistema mundializado, EE.UU. sufre un proceso de monumental desvalorización de capitales que revela el carácter ficticio de la “locomotora” de los ’90 edificada sobre la corrupción, la sobreinversión y la falsificación de ganancias. Europa está estancada y Japón hace más de una década que se halla en recesión.

    Todo lo anterior revela la inviabilidad del régimen capitalista librado a la voracidad del mercado y de los monopolios transnacionales. La profecía de Marx cobra viva actualidad: el capitalismo es un modo de producción atravesado por contradicciones insuperables, que derivan de sus propias leyes de funcionamiento. La quimera de los ’90 trocó en caídas espectaculares e inestabilidad creciente, que amenaza desembocar en una quiebra globlal. En los propios cenáculos del establishment internacional se escuchan ya nítidamente voces críticas (Stiglitz, Krugman) que intentan recuperar la faz productiva del capital, imponiendo regulaciones y normas a la especulación y financierización desenfrenada. Los reformadores parecen descubrir, 70 años después del crack del año 30, que la operatoria del mercado es imperfecta y que requiere de intervenciones extraeconómicas para escapar a la concentración del capital, polarización de la riqueza y destrucción de fuerza productiva sobrante. Lo que los reformadores no ven, ni pueden ver, es que el proceso de hipertrofia financiera es un rasgo central de la fase actual (¿terminal?) del capitalismo y que en última instancia, descansa en la imposibilidad de encontrar una salida rentable a los excedentes de capital dentro de la economía real. La monumental deuda externa que asfixia a las economías periféricas es una expresión de ese fenómeno.

    Este cuadro de crisis económica internacional y tendencia al estancamiento, como es natural, ha provocado un incremento de las luchas populares y de la rebelión social en América Latina, que ponen en cuestión aceleradamente el formato político-institucional sobre el que se sustentó la hegemonía neoliberal en las últimas décadas. La fórmula de los ’80 y ‘90 “democracias coloniales con economía de mercado y desregulación” se revela cada vez más impotente para contener la protesta social y su crisis arrastra a los partidos políticos que operaron como cobertura institucional servil y corrupta al brutal despojo perpetrado en beneficio de los centros mundiales de poder.

    ¿Cuáles son las perspectivas políticas que deja abierto el escenario actual? En primer lugar, el imperialismo norteamericano, bajo el puño de hierro del clan criminal de Bush, prepara de un modo inocultable una creciente militarización de la zona y sabotea cualquier perspectiva tibiamente autónoma de salida de la crisis. El abierto apoyo al golpe militar en Venezuela y el Plan Colombia son testimonios claros del retorno a América Latina de la opción represiva como modo de imponer el programa neocolonial. A medida que el mercado y la democracia se tornan irreconciliables, el imperialismo actúa como siempre lo ha hecho, arrojando al tacho de basura la legalidad democrática para poner a seguro sus intereses. Business are business.

    Las opciones “centroizquierdistas”, particularmente en nuestro país (Carrió, Frepaso, etc.), campean como salida ilusoria de las clases medias más o menos empobrecidas, todavía parcialmente embrujadas por el sueño imposible de “democracia, bienestar y justicia” sin revolución nacional, sin pobres en las calles y sin amenazas a la legalidad institucional. La agudización de la crisis y la estafa neoliberal empuja a los franjas medias en dirección a salidas más radicales (Zamora) e incluso a solidaridades ocasionales con los sectores más oprimidos, aunque los reflujos en la movilización popular tienden a abrir nuevamente una brecha entre la clase media y el movimiento obrero y los excluídos, brecha que en definitiva es el reflejo de sus distintos intereses de clase.

    La izquierda tradicional, en especial la de origen trotskista o stalinista, siente que se acerca su hora. Ha experimentado algún crecimiento relativo en los últimos tiempos y presencia activa en movimientos de piqueteros y desocupados, pero no logra superar los límites que le imponen sus prejuicios antinacionales, su consignismo dogmático y sus extravíos ultraizquierdistas. Cuando se apropia de un fenómenos social nuevo, a la vez que lo impulsa lo conduce al aislamiento y a callejones sin salida, dilapidando la voluntad militante y la honestidad de los mejores luchadores sociales.

    Los movimientos nacionales, forma bajo la cual se desplegó la lucha antiimperialista durante el siglo XX, no logra aun darse, sino puntualmente y con vacilaciones (Venezuela, Ecuador, Bolivia), un nuevo eje superador a la descomposición de la mayoría de los partidos políticos que les dieron vida en el pasado (Peronismo, MNR, etc.). Pero la profundización de la crisis va a impulsar y pone a la órden del día un nuevo armado frentista de raíz patriótica, popular y revolucionaria, anclado en las tradiciones de lucha de cada país, en el que confluirán los sujetos dinámicos de cualquier cambio social en América Latina: el movimiento obrero, los sectores pauperizados de la clase media, el pobrerío excluido y los sectores patrióticos de las Fuerzas Armadas. Sin esos sectores, unidos tras un programa con eje en el nacionalismo económico, la desconexión de la mafia financiera internacional vía repudio de la deuda externa ilegítima, la defensa de la renta nacional y de la integración continental, no habrá salida al drama social que padece nuestra Patria Grande.

    El Presidente de Perú cancela gira a Santiago. Finaliza de modo abrupto “la luna de miel” Toledo-Lagos. La Cancillería del Mapocho no imaginaba la actitud. Nuestros diplomáticos –que se creen arios puros– juzgan repúblicas ingenuas a Perú y, por cierto, a Bolivia. Se equivocan, pero vuelven a tropezar con la misma piedra. Ello porque en los genes portan esa altanería europeizante que los empuja a sentirse distintos y superiores al pueblo conosureño.

    El enfado de Lima obedece a la inquietud generada por el frenesí armamentista de La Moneda. La adquisición de artefactos bélicos altera el equilibrio geoestratégico de la Subregión. Supone un desembolso cuantioso que agobia al pueblo chileno de suyo afectado por el desempleo, la delincuencia y el colapso de los sistemas públicos de salud y educación. En ese marco, opina Cedech, el legítimo anhelo boliviano de recuperar su cualidad oceánica es quimérico.

    Urge entonces el tránsito del reflexionar al accionar. Ello obliga a la reiteración –por todos los canales incluyendo foros internacionales e Internet– del discurso destinado al quebrantamiento de la mediterraneidad. Más aún, se precisa que el Estado de Bolivia y las fuerzas vivas de la sociedad boliviana contribuyan a la campaña que los chilenos iberoamericanistas –discípulos de O´Higgins y Felipe Herrera– han emprendido denunciando el armamentismo del Presidente Lagos.

    La PAA obliga a más de 100 mil alumnos al estudio de la Historia de Chile. Al “aterrizar” en la Independencia se encuentran con un personaje: Joel Robert Poinsett. El texto lo presenta –así de simple- como “primer diplomático de EEUU acreditado en el país”. Luego se añade, sin mayor énfasis, “su influjo determina la promulgación del Reglamento Constitucional (1812)”. Tal Carta precipita el quiebre entre Santiago y Madrid y malquista al Poder Ejecutivo con la Iglesia. La maniobra y su consecuencia, eso no se anota, favorecen, tempranamente, al Coloso del Norte.

    Manuales y “apuntes” no informan que Poinsset, de regreso a su país, aparece envuelto en la usurpación de Texas (1836). Como si fuera poco organiza a los “yorkinos”, grupo semisecreto mexicano proimperialista. Luego del infiltramiento de la víctima, contribuye a precipitar una guerra (1838). La confrontación pone de rodillas a la patria de Lázaro Cárdenas. EEUU se apropia entonces de una superficie equivalente a Argentina. Tales son las “proezas” de este agente de la CIA, descrito como amable filántropo.

    Las trasnacionales de la información cuyos directorios obedecen a las megapotencias ejercen una tiranía mediática. Ante ella se arrodillan los pueblos de la periferia comenzando por sus periodistas. Así el mundo se convence que Hussein merece la golpiza del Golfo Pérsico, el bloqueo a Cuba es legítimo, Londres estuvo en lo correcto al arrestar a Pinochet, la ocupación de Afganistán es necesaria para reprimir el terrorismo El 20º aniversario de Malvinas es aprovechado para denostar la gesta descolonizadora y cubrir de laureles al Reino Unido También se acepta como lo normal que La Haya juzgue a Milosevic. Antes, la invasión a Panamá con el encarcelamiento del general Noriega en EEUU es presentada como capítulo de la guerra contra el narcotráfico. También intervienen en lo valórico. Así presenta como expresión de la modernidad el divorcio y el aborto y el clima permisivo ante la drogadicción, la pornografía y el homosexualismo. De paso se dispara sobre “los enclaves autoritarios” con lo cual retroceden los padres ante los hijos, los docentes ante los alumnos, los gendarmes ante los reos, los policías ante los delincuentes. Es la promoción del “destape” cuya meta es triturar nuestra identidad. Así los imperialismos logran la sumisión a ínfimo costo y cero bajas. La hegemonía es obtenida a través del control de la conciencia.

    Esta dictadura mediática –aparentemente inocua- dispone de apoyo interno. Se lo brinda la intelectualidad “progre” de apariencia izquierdista. Ambas fuerzas se asocian en difundir modas. Algunas ya anotadas. Otras igualmente letales como adherir –sin confesarlo- al neoliberalismo con su culto al consumo y el desdén por la soberanía. Esto último con el pretexto de la globalización. Otra es el ecologismo bloqueador del desarrollo. Allí está Ralco trancada y las madereras interdictas. Lo “progre” también es oponerse al Servicio Militar Obligatorio mientras se hace vista gorda frente a los F-16. En torno a 1992 –V Centenario- se inaugura la moda de las “minorías étnicas”. Con esa banderola se atomiza Yugoslavia, se amputa Timor a Indonesia y se programa fundar la República de Arauco. El indigenismo rechaza concebir, como campesinos indigentes, a chiapatecos y mapuches. Con criterio racista se alega que son minorías étnicas al estilo kosovar. Dotarlos de suelo, escuela y tecnología no basta. Se comienza exigiendo pluriculturalidad y autonomía. Los verdirrojos frotan la lámpara de Aladino y aparecen aimarás y atacameños. Se adjudican varios millones en activar el dialecto alacalufe que hablan 26 personas A una alumna de apellido alemán me la encuentro disfrazada de mapuche en Ahumada. Con orquestación mediática externa existe el ánimo de hacer picadillo a Chile fabricando pseudonacionalidades pigmeas.

    El Departamento de Estado en la era guerrerista del clan Bush no puede tolerar un gobierno patriótico en Venezuela, una situación explosiva en Colombia, la perspectiva del triunfo electoral de Lula en Brasil y una atmósfera semi-insurreccional en Argentina. En este marco hay que entender lo de Venezuela.

    El golpe cívico-militar que derrocó a Chávez debe interpretarse en el marco de la extraordinaria ofensiva imperialista en América Latina. Reúne todas las características de un golpe cívico- militar clásico: una larga e insidiosa campaña de los medios de comunicación privados manipulando a la opinión pública , la embajada norteamericana conspirando desembozadamente, la burguesía local alentando la rebelión con desabastecimiento y fuga de capitales y la fracción liberal de las Fuerzas Armadas consumando la embestida final. Como telón de fondo, las clases medias acomodadas y culturalmente colonizadas proporcionándole una base popular al golpe.

    Una reproducción exacta de lo sucedido en Chile en 1973 y en Argentina en 1955. La era de las democracias coloniales se acerca aceleradamente a su fin a remolque de la crisis económica y social que desintegra a América Latina. Se abre una etapa de represión y militarización creciente, encubierta tras la lucha contra el terrorismo. El sistema oligárquico-imperialista vuelve a sus métodos clásicos de dominación: el golpe civico-militar combinado con el neoliberalismo ortodoxo de los gurúes del gran capital. Se desvanece la ilusión pequeño-burguesa del centroizquierda de conquistar la democracia sin alterar el régimen de explotación y sometimiento nacional al imperialismo.

    El Departamento de Estado en la era guerrerista del clan Bush no puede tolerar un gobierno patriótico en Venezuela, una situación explosiva en Colombia, la perspectiva del triunfo electoral de Lula en Brasil y una atmósfera semi-insurreccional en Argentina. En este marco hay que entender lo de Venezuela.

    Sea como sea, lo ocurrido allí deja una enseñanza inequívoca. Es imposible ir a fondo en un cambio social sin arrancarle el poder económico a la mafia de oligarcas, usureros y grandes empresarios que controlan el poder real. De igual modo, un gobierno revolucionario que desee sobrevivir a la arremetida de enemigos con un inmenso poder, debe democratizar la información expropiando a las mafias mediáticas privados que controlan a la opinión pública de las grandes urbes. El aparato propagandístico debe estar al servicio de la revolución y no de la contrarevolución. No hay derecho de propiedad que justifique el engaño y la conspiración descarada.

    Chávez no pudo avanzar en esa línea y los resultados están a la vista. Pero es imposible contener la protesta social en una América que se desangra. Esa es la quimera irrealizable de los enemigos de la soberanía popular y de la emancipación nacional.

    Negros nubarrones oscurecen el futuro argentino. Es el pronóstico cantado si se admiten las últimas arremetidas del FMI: drástico ajuste en las provincias, un presupuesto a la medida de los “interventores”, eliminación de bonos provinciales, aumento de retenciones con finalidades fiscalistas (tratándose de fondos ideales para aplicar a creación de empleos y reactivación), modificación de las leyes que molestan al establishment financiero (ley de subversión económica, ley de quiebras) y mantención del dólar libre, el que ya reveló su eficacia para deglutir las reservas del Banco Central, y cómo, con el amago de corridas y otras maniobras especulativas, puede ser un formidable instrumento de presión y chantaje sobre los gobiernos de turno.

    Duhalde fue, para muchos, la última esperanza de que sectores provenientes de la partidocracia puedan frenar una marcha sin retorno hacia la desintegración nacional. Hijo espurio de una Asamblea Legislativa de 200 miembros, su presidencia no interpreta en toda su dimensión el mandato de las históricas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, ni tiene la fuerza necesaria para adopar un programa propio y aplicarlo.

    Quiso conciliar con todos, desde piqueteros a banqueros pero todos resultaron insatisfechos de los ambiguos consensos propiciados por el oficialismo. El gobierno que había llegado para cambiar el modelo y para desplazar a la banca del poder político en nombre de una nueva alianza entre la producción y el estado, ingresa al cuarto mes de gestión, sin estado y sin producción.

    Una devaluación hecha en beneficio exclusivo de los grandes exportadores, hizo de la salida de la convertibilidad un nuevo golpe a los bolsillos populares. Se pusieron retenciones, 2 meses después, y en medio de constantes marchas y contra marchas. Los precios se dispararon y el gobierno, como otras veces, no sabe a qué santo encomendarse.

    Si ante el dólar renunció al control de cambios, renunciaba ahora al control de precios, condenándose a la impotencia. Pero el fracaso no es solamente de un sector del PJ. Son los 3 partidos mayores de la democracia formal (PJ, UCR, Frepaso) los integrantes de este gobierno de coalición, que verificaron su agotamiento, su temor al imperialismo, simétrico a su temor al pueblo, tal como su horror al porvenir se corresponde con el olvido del pensamiento y la acción de sus patriotas fundadores: Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón.

    La hostilidad del gobierno norteamericano hacia nuestro país, puesta de manifiesto en una política chantajista como la que emplea el FMI en estos días, se alimenta de razones históricas: la influencia inglesa primero (no olvidar que nuestra clase gobernante fue, hasta Perón, una oligarquía probritánica), la independencia de Yrigoyen, el nacionalismo industrialista de Perón, el neutralismo en las dos guerras mundiales, Malvinas, y también de razones económicas: EEUU y la Argentina tienen economías competitivas, no complementarias. Son, como se ve, razones de fondo y de larga data. Pero esa actitud ha tenido un nuevo brote por la sospecha de populismo, bien que descolorido, que rodea, para Wall Street, al duhaldismo.

    Esto ayuda a entender, un poco mejor, al menos, las insólitas exigencias planteadas por el FMI y las casi inmediatas capitulaciones del gobierno ante éstas; el silencio ominoso de funcionarios, políticos y parlamentarios ante las groseras intromisiones en los asuntos internos del país, al punto de tolerar el puenteo del gobierno nacional por parte de la última misión del Fondo, que demandó directamente a los gobernadores la eliminación de los bonos provinciales.

    La infame rosca anglo-norteamericana apuntó de esa manera su más gruesa artillería a la última línea de defensa de la economía argentina. Esta no consiste en otra cosa que en la emisión de una “casi” moneda por parte de los estados provinciales que, en medio de los ajustes sucesivos y las reducciones incesantes, permitieron pagar salarios públicos y sostener un mínimo de actividad, contrarrestando la quiebra generalizada de las economías regionales, la enajenación o cierre de la banca pública provincial y otros efectos perversos de la política neoliberal.

    Con el telón de fondo de una recesión deliberada, prolongada y profunda, los bonos fueron la respuesta defensiva que encontró la inteligencia ecónomica nacional, o si se quiere la picardía criolla, frente al luctuoso programa del monetarismo ortodoxo que imponía el poder financiero mundial.

    Es imposible separar la política extorsiva del FMI de la nueva política de los EEUU, implementada por la administración Busch, en relación con América Latina. Hay hechos nuevos. El centro de gravedad del poder en Washington sufrió un desplazamiento. La hegemonía financiero–especulativa que dio forma y contenido al capitalismo trasnacional de la década pasada, cedió espacio en la trama de la dominación anglonorteamericana, al complejo militar-industrial, a los intereses petroleros, de los que proviene el propio Presidente y al lobby de los conglomerados interesados en engullirse a Rusia y a toda la periferia ex-soviética.

    Esto significa, entre otras cosas, que la promoción de “mercados emergentes”, al estilo de la convertibilidad de Cavallo-Menem-De la Rúa, fundados en las pautas establecidas por el Consenso de Washington, fue reemplazada por otras prioridades en la agenda estratégica del poder norteamericano. Esto no quiere decir vulnerar la lógica expansiva, concentradora y depredadora del capital financiero, que está en la naturaleza del capitalismo global.

    La nueva modalidad persigue disciplinar a América Latina, para insertarla como reserva estratégica en los planes de dominación mundial de EEUU. La Revolución chavista, y la potente capacidad del nuevo nacionalismo bolivariano de todo el continente para ganar adeptos entre las FFAA del continente, la guerrilla en Colombia, los movimientos sociales en Bolivia con la reciente experiencia de Condepa, los sin tierra en Brasil y finalmente la ingobernabilidad argentina y su peligrosa irradiación al Cono sur, son los nuevos focos de atención de la política norteamericana.

    El pais, entretanto, sigue en estado de emergencia, y de emergencia son las medidas a tomar. Se sabe cuáles son: las enunció en su breve presidencia Adolfo Rodríguez Saá, y las formularon y desarrollaron innumerables economistas nacionales, equipos de investigación de sindicatos, nucleamientos de pequeños y medianos empresarios, de la Iglesia, de universidades,etc.:

    Pero lo esencial, que se desprende de la aplicación de una o varias de estas medidas, es que con ellas se restablece la autoridad política del estado nacional argentino por sobre el interés de los grupos concentrados, extranjeros los más, que lo venían ejerciendo hasta ahora. Y ese es el único punto de partida verdadero para empezar a salir de esta crisis interminable.

    El conjunto La Ley —a través de Beto Cuevas— manifiesta: “Creemos en Latinoamérica como un bloque. Si fuese por nosotros devolveríamos a Bolivia el mar” Tal enfoque se descalifica como extravagante recurriendo a la xenofobia y la patriotería. No hay tal extravagancia, la Declaración de Ayacucho y el Acta de Charaña comprometen a Chile como Estado a poner fin al encierro que padece esa patria. Antes y después, intachables patriotas, como Joaquín Edwards Bello, Felipe Herrera, Tomás Pablo Elorza, Hernán Godoy Urzúa, Jorge Soria Quiroga y, recientemente, Carlos Abel Jarpa, han expresado la voluntad de reintegrar al país vecino su condición de ribereña del Pacífico.

    El embotellamiento de Bolivia viola los DDHH. Junto con ello, perjudica al pueblo chileno que habita Tarapacá y Antofagasta, pues un enclave portuario boliviano será factor de desarrollo en aquellas deprimidas áreas. Los Corredores Pacífico-Atlántico sólo son viables con la asociación de La Paz. Los nexos Santiago-Brasilia se activarán a plenitud sólo en esa perspectiva. Chile no es una isla Mire el mapa. Los chilenos no somos “los ingleses de América del Sur”. Seamos consecuentes aceptando nuestro horizonte geográfico y asumiendo nuestra identidad. Ello obliga a La Moneda a implementar una política que ponga fin a la mediterraneidad de la república altiplánica. La Ley, entonces, ha dado en el blanco.

    Hace 20 años, tropas argentinas desembarcaban en las Islas Malvinas, usurpadas desde hacía 133 años por el imperialismo inglés. Durante 74 intensos días y noches los argentinos defendieron con heroísmo la recuperación conmoviendo al mundo entero. Un tercio de la flota enviada por los colonialistas fue hundida por pilotos argentinos, y en tierra, los piratas pagaron un alto precio por cada palmo de terreno.

    El impacto político fue colosal. Gobernaba el país la nefasta dictadura militar instaurada en 1976, autora de crímenes y desapariciones masivas al tiempo que entregaba escandalosamente el patrimonio nacional y pactaba con los jefes terroristas en nombre de oscuros proyectos políticos.

    El pueblo y los trabajadores no se llamaban a engaño sobre esta clase de gobernantes, con o sin uniforme, y los combatieron sin desmayo. A diferencia de los llamados partidos políticos “democráticos” que vieron con simpatía el derrocamiento del gobierno peronista y sostuvieron con diversas excusas al liberalismo oligárquico de Martínez de Hoz.

    No obstante, el pueblo argentino percibió el giro histórico que acababa de producirse y se encolumnó como un solo hombre junto al gobierno detestable del “proceso”. Ya daría cuenta de ellos cuando, fortalecido por el triunfo sobre el imperialismo anglo-sajón, expulsara también, sino lo podía hacer antes, a la mafia interna de oligarcas, banqueros y grandes empresarios que apostaban a la derrota y saboteaban la guerra.

    América Latina, al unísono, respaldó los derechos argentinos y brindó según los casos un apoyo directo a las fuerzas argentinas. Se destacó en particular la valiente posición de Panamá en el Consejo de Seguridad de la ONU, el apoyo de Fidel Castro que, sin los remilgos de la izquierda porteña, supo ubicarse en la esencia del conflicto, la solidaridad de Perú y Venezuela, conmocionadas ambas por gigantescas manifestaciones de simpatía por la casa argentina. Miles y miles de latinoamericanos se inscribieron como voluntarios en las embajadas y consulados argentinos. Se reinstaló el espiritu de la guerra por la independencia. San Martín y Bolívar volvían a cabalgar por la Patria Grande. Del otro lado, EEUU apoyó resueltamente, y con abundantes medios a su socio de la Otan, lo mismo que la Francia socialista y todos los gobiernos socialdemocrátas, liberales y cnservadores de Europa occidental. La Rusia soviética, los países de su bloque y China se abstuvieron Finalmente sobrevino la derrota. El régimen militar fue incapaz de llevar la lucha a fondo, contra potencias occidentales a las que hasta ayer nomás admiraba y servía. Se negó, en otras palabras, a llevar la acción militar al terreno económico y social, a vincular la justa guerra nacional con una revolución social y cultural que emancipara a la Patria toda.

    La guerra que pudo haberse ganado, terminó con la caída de Puerto Argentino. Un golpe de estado entronizó al generalato favorable a la rendición y al realineamiento con el imperialismo pirata. No tardó éste en transformar una derrota cisrcunstancial en un derrumbe estratégico.

    Daba comienzo la desmalvinización, en cuyo marco tuvimos una democracia formal, un endeudamiento usurero y una hiperdependencia que abrieron camino a la instalación en los noventa del modelo neoliberal. En Malvinas se demostró que en las grandes coyunturas históricas, en los países como el nuestro, sólo hay dos bandos, o si se quiere dos partidos.

    Como hace 20 años, los argentinos deberán optar: con la Patria o con el imperialismo. Para que la causa nacional de Malvinas y la épica reconquista del 2 de abril sean entonces el digno prólogo de la emancipación nacional y social definitivas de la Argentina y América Latina.

    Un discurso concreto, medular que aborda con elocuencia los temás centrales de la política mundial. “Como los tiempos, señores delegados, no son para miedos, concesiones y debilidades, dejo a un lado los formalismos y ruego me excusen si repito lo mismo que el pasado año cuando se nos pedían gestos genuflexos ante el gobierno de los Estados Unidos, concluyendo mis palabras con la consigna de un pueblo heroico que no se doblega ni se doblegará frente a la potencia imperialista más poderosa que ha existido en la historia: ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!”

    Discurso pronunciado por el ministro de relaciones exteriores de la República de Cuba, Felipe Pérez Roque, en el 58º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ginebra, 26 de marzo del 2002.

    No creo necesario insistir aquí en verdades que ya nadie cuestiona, como la creciente falta de credibilidad y la extrema politización que lastran hoy los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos. El descrédito crece, el tiempo se acaba. Es preciso democratizar los métodos de esta Comisión, restablecer con transparencia sus objetivos y sus reglas; en una palabra, fundarla de nuevo. Requerimos una Comisión al servicio de los intereses de todos, y no rehén de las imposiciones de una minoría o, como es cada día más evidente, de los caprichos del más poderoso.

    Es imprescindible desterrar de esta Comisión los dobles raseros. ¿Acaso los que hoy cuestionan la legitimidad de las elecciones en un país africano dijeron una palabra cuando, hace apenas un año, en medio del escándalo, debimos esperar casi un mes para conocer quién sería el Presidente de los Estados Unidos?

    Es imprescindible desterrar de esta Comisión la selectividad. El pasado año, la Comisión adoptó resoluciones y declaraciones criticando la situación de derechos humanos en 18 países del Tercer Mundo. Algunas, como la de Cuba, fueron impuestas mediante brutales presiones. Sin embargo, ni una sola decisión mencionó violaciones de derechos humanos en el mundo desarrollado. ¿Es porque no existen tales violaciones, o porque resulta imposible en esta Comisión criticar a un país rico?

    Es imprescindible desterrar de esta Comisión la desigualdad. Una minoría de países ricos y desarrollados imponen aquí sus intereses. Son los que pueden acreditar aquí delegaciones numerosas, son los que presentan la mayoría de las resoluciones y decisiones que se adoptan, son los que tienen todos los recursos para realizar su trabajo, son siempre los jueces y jamás los acusados. Del otro lado, estamos nosotros, los países subdesarrollados, que representamos tres cuartas partes de la población mundial. Somos siempre los acusados, y los que con grandes sacrificios y escasos recursos tratamos aquí de ser escuchados.

    Es imprescindible desterrar de esta Comisión el intento de ignorar la defensa de derechos humanos básicos para nosotros, los pueblos pobres del planeta. ¿Por qué los países ricos y desarrollados no reconocen con claridad nuestro derecho al desarrollo y a recibir financiamiento para lograrlo? ¿Por qué no se reconoce nuestro derecho a recibir compensación por los siglos de sufrimiento y saqueo que la esclavitud y el colonialismo impusieron a nuestros pueblos? ¿Por qué no se reconoce nuestro derecho a que se condone la deuda que ahoga a nuestros países?

    Cuba considera que, pese a las diferencias de concepciones, ideologías y posiciones políticas entre nosotros, hay, sin embargo, un peligro común a todos: el intento de imponer una dictadura mundial al servicio de la poderosa superpotencia y sus transnacionales, que ha declarado sin ambages que se está con ella o contra ella.

    No puedo terminar sin decir unas palabras sobre Cuba. Lo hago no tanto por nuestro país, cuyo pueblo generoso y valiente ha derrotado por más de cuatro décadas la agresión y la guerra económica, sino pensando en que la manipulación que se fabrica y la condena que se pretende imponer por la fuerza contra Cuba, puedan intentarse mañana en esta misma Comisión contra cualquier otro país representado en esta sala. No pienso en Cuba, repito, a la que nada ni nadie podrán negar ya un futuro de justicia y dignidad para sus hijos, sino en la credibilidad de esta Comisión de Derechos Humanos y del sistema de las Naciones Unidas.

    Estados Unidos ha debido enfrentar este año una situación nueva. A su exclusión de esta Comisión ha venido a sumarse el anuncio del Gobierno de la República Checa de que no se prestará para presentar esta vez la resolución contra Cuba. Nuestro país ha tomado nota de este anuncio y esperará a ver si tal decisión resulta definitiva.

    Sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos, incluidas sus más altas autoridades, realizan frenéticas gestiones en América Latina, con mucho garrote y poca zanahoria, para lograr que uno o varios países de nuestra región accedan a desempeñar este ignominioso papel. Confiamos en que no aparezca ahora un Judas en Latinoamérica.

    No emplearé un solo minuto en defender la obra generosa y noble de la Revolución Cubana en favor de todos los derechos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, del pueblo cubano. Solo diré que no existe el país con la autoridad moral para proponer una condena contra Cuba.

    Nos opondremos con todas nuestras fuerzas al intento de singularizar a Cuba. Rechazaremos una resolución diga lo que diga y rechazaremos cualquier otra manipulación. No aceptaremos llamamientos conciliatorios ni exhortaciones a colaborar, pues no son necesarias.

    Si algún gobierno se prestase a la maniobra contra Cuba, estamos convencidos de que no lo haría por supuestas convicciones democráticas o compromiso con la defensa de los derechos humanos. Lo haría por falta de valor para enfrentar las presiones de Estados Unidos, y esa traición no podría merecer otra cosa que nuestro desprecio.

    Sabemos muy bien que nuestro pequeño país encarna, para miles de millones de hombres y mujeres de América Latina, África, Asia y Oceanía que hoy se debaten en la desesperanza, la certeza de que es posible vivir en un país independiente, con libertad y justicia. Incluso, muchos millones de pobres y explotados del Primer Mundo, a los que se unen intelectuales, capas medias y otras personas cuya ética rechaza las injusticias, inmoralidades y riesgos ecológicos que hoy prevalecen en el mundo, comparten con los pueblos del Tercer Mundo la misma certeza y la misma esperanza de que un mundo mejor es posible y están dispuestos a luchar por él. Seattle, Québec, Davos, Génova y otros acontecimientos similares lo demuestran.

    El paquete de medidas cambiarias, financieras y económicas, adoptadas por el Ministerio de Economía el sábado 2 de febrero, marcaron el fin de la Convertibilidad mediante una devaluación ortodoxa del 40%, cuyos principales afectados serán, por una parte, los asalariados, desocupados, pequeños ahorristas, y por la otra, los estados provinciales y nacional.

    El gobierno de Duhalde, olvidando el origen de su poder, emanado en parte (1), de las movilizaciones populares del 19 y 20 de diciembre, ha establecido un programa de coyuntura, el cual apelando a la inflación futura y al alza del dólar, pretende implícitamente, bajar el salario en términos reales, inducir a la recesión y reducir el consumo interno. El objeto de este plan, es que aumenten los saldos exportables y que el Estado pueda"pagar a la usura imperialista aunque más no fuera unos 5.000 millones de dólares en concepto de intereses, con un mercado interno reducido a la mínima expresión y una desocupación que en el mejor de los casos- no baje del 20%.

    Que hizo el menemismo en los primeros seis años de su gestión: abrió totalmente la economía e indujo por la vía de privatizaciones, apertura económica, desregulaciones y atraso cambiario, al hundimiento de la industria argentina y las economías regionales, con el consiguiente efecto de precarizar el empleo, bajar el salario y el consumo interno, así como una transferencia de recursos hacia el capital imperialista de las empresas usurpadas y extranjerizadas.

    Que hizo la Administración De la Rúa, tanto con Machinea, como con Cavallo en la cartera de Economía: indujo a la recesión, la reducción del consumo interno y la baja del salario. Los instrumentos utilizados fueron: el mayor endeudamiento externo que financiara el creciente déficit fiscal, debido a la recesión interna.(2)

    La reforma de Remes Lenicov-Duhalde, mantiene contradictoriamente la mayoría de los elementos apuntados, perfeccionando el tema de la baja salarial, al tiempo de establecer una monumental transferencia de recursos hacia el sector exportador y la industria oligopólica de capital nacional. Veamos las características precisas.

    Entre marzo y noviembre del 2001, las empresas trasnacionalizadas y los grandes grupos económicos (GGE), con la información proporcionada -sin duda por Cavallo y el Banco Central-, de que a mediano plazo resultaba insostenible la paridad cambiaria del 1 a 1, comenzaron a retirar depósitos bancarios del sistema financiero y, obviamente, sacarlos del país.

    Esa fuga de capitales, legalizada desde Martínez de Hoz, estuvo en el orden de los 18.000 millones de dólares, que culminó la última semana de noviembre cuando la caída de los depósitos bancarios, alcanzó la cifra record de 1.300 millones de pesos o dólares a la paridad entonces vigente. Esta situación, llevaba en un cortísimo plazo a la quiebra de muchos bancos, debido a la imposibilidad física de los mismos de hacer frente a una corrida con simultáneos retiro de los depósitos. Allí aparece el corralito o prohibición de retiro de fondos en cuenta corriente, cajas de ahorro o plazos fijos, fueran en pesos o en moneda extranjera (dólares). Para tener una idea cuantitativa de que es lo que estamos hablando, el total del circulante (billetes y monedas en poder del público) más los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central (3), a fines de noviembre de 2001, totalizaban unos 11.000 millones de pesos o dólares. Pero el concepto de dinero, en un sentido amplio incluye a los depósitos de los particulares en los bancos (cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos), los cuales ascendían a unos 63.000 millones de pesos.

    La base monetaria o pasivo monetario del Central, tenía su contrapartida en el activo del Central (oro y divisas), que llegaban a 15.000 millones de pesos, pero que si se computaba solo las divisas de libre disponibilidad, estas no llegaban a los 5.000 millones de pesos o dólares o menos. Dicho en otros términos, como no había suficientes divisas y oro para respaldar al circulante, menos los habría para los depósitos bancarios.

    Esa fue la base del corralito confiscatorio, que le pidieron los usureros banqueros a Cavallo y a De la Rúa, que consistió en una limitación en los retiros de $ 1.000 mensuales para los ahorristas y de $ 1.500.- para las cuentas salariales. El único detalle que olvidaron los banqueros, era que el dinero virtual de los ahorristas (98% de los depósitos menores a los 30.000 dólares), había sido prestado con anterioridad, principalmente al Estado. A su vez, el sistema legal vigente desde 1976 (4), era el que amparaba la fuga de capitales hacia el extranjero, como una de las tantas formas de saqueo. A su vez, la brusca caída del circulante, unida al corralito, precipitó la ruptura de la cadena de pagos y de la actividad económica (-22% entre diciembre y enero), los cacerolazos, la represión, los muertos y el fin del Gobierno de de la Rúa. fue el fin de una época, iniciada con la dictadura y que terminó también con la Convertibilidad.

    Correctamente Rodríguez Saá al asumir su breve interinato, estableció que al dejar de pagar la ilegítima deuda externa -cuya investigación debía ser encarada por el Congreso, en base al fallo judicial de julio del 2001- y reasumir la soberanía monetaria el país, comenzaba una etapa signada por el enfrentamiento con el poder financiero usurario internacional y el imperialismo mundial.

    Rodríguez Saá efectuó el anuncio y Duhalde fue quién implementó, la inmediata y total suspensión de los pagos internacionales, por todo concepto (comercial y financiero) y la total pesificación del sistema bancario -depósitos y deudas dolarizadas-, bajo ciertas y determinadas características. De todos modos, la primera es la más importante medida adoptada hasta el momento, respecto de la cual, el imperialismo ha tomado debida nota e intenta desmontar sus implicaciones políticas y económicas en toda América Latina. Debido a esta medida, fueron suspendidos todos los pagos al extranjero, en concepto de servicios financieros (intereses) y amortización de las deudas pública y privada, remesas de ganancias de las empresas privatizadas y extranjerizadas, así como derechos intelectuales por uso de tecnología (royalties) y otros conceptos.

    En un primer momento se efectuó una devaluación oficial del peso del 40%, para operaciones de exportación e importación y un paralelo libre para la divisa papel. Posteriormente y ya a partir del 11/02/02, se estableció un mercado único de cotización de divisas, con un tipo de flotación sucia (5) y ciertas limitaciones en cuanto a la posibilidad de adquirir libremente dólares.

    En forma simultánea a la devaluación, se estableció la pesificación 1 a 1, de todos los préstamos bancarios de cualquier naturaleza -hipotecarios, prendarios o personales- menores a los 100.000 dólares. Posteriormente y debido a la presión de los afectados, se agregaron los préstamos bancarios superiores a aquella cifra, ahorros no bancarios dados en préstamos, en hipotecas o entre particulares, ahorros de seguro de retiro o ahorro obligatorios (AFJP), que estaban en dólares se pesificaron a $ 1,40, con la excepción de los ahorros entre particulares que se pesificaron 1 a 1.

    Corresponde aclarar que el Decreto Nº 214/02, de pesificación-, prevé la indexación del capital, en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con más un interés del 4% anual. Esto recuerda inmediatamente a todos los argentinos, la nefasta Circular 1050 del Banco Central, de las épocas de la dictadura, conforme a la cual cuanto más se pagaba, más se debía.

    También se pesificaron los saldos vencidos de tarjetas de crédito en pesos o por consumo en dólares con vencimientos hasta el 6/01/02. Los consumos efectuados en el extranjero, con vencimientos posteriores al 6/01/02, serán pagaderos en divisas, a la tasa de mercado. Corresponde destacar que los saldos vencidos de las tarjetas, a partir de enero del 2002, serán actualizados mediante el mismo índice y la misma tasa de interés previstos para la actualización para los préstamos.

    Cabe hacer notar que, los bienes y servicios facturados en las tarjetas, contienen por su estructura de costos, un interés implícito para el financiamiento de las ventas, por parte de los diferentes intervinientes en la cadena de comercialización. Por lo tanto si a ello se le agregara la actualización y los intereses sobre el capital actualizado, estaríamos ante una situación de anatosismo, o sea intereses sobre intereses, una de las pocas figuras que el Código Civil establece claramente como de usura.

    Se efectuó un reconocimiento del 40% a los plazos fijos en dólares y un posterior ajuste de los mismos según la evolución de la inflación y con un cronograma de devolución que va desde marzo del 2003 hasta el 2005, según los montos.

    Se efectuó la presentación del presupuesto 2002, con un carácter absolutamente contractivo y una hipótesis devaluatoria del 15% anual. El gasto público previsto para la Administración Central, para el año 2002, esta proyectado en un nivel de 36.960,1 millones de pesos, lo que implica una reducción del 6% contra lo ejecutado en el 2001 (39.317,0 millones). Las reducciones de partidas más significativas afectan a los Ministerios de Interior (-30,8%), Economía (-14,2%), Salud (-4,7%), Trabajo (-6%) y Desarrollo Social (-5,9%). El proyecto, siempre en lo que hace al gasto corriente, establece un recorte del 30% en la compra de bienes y servicios, así como mantiene el recorte salarial del 13% a empleados públicos y jubilados que ganen más de quinientos pesos. Otros recortes de partidas, previstos en el proyecto, abarcan desde la supresión del Fondo Docente y la reducción en unos 400 millones de pesos de los fondos de promoción industrial, que benefician a empresas que están trabajando en las provincias de San Luis, Tierra del Fuego, San Juan, Catamarca y La Rioja.

    Se pesificaron las tarifas y fueron desindexadas del Índice de Precios Mayoristas de los EEUU, mediante el cual se actualizaron a aquellas en los últimos diez años los servicios de agua, gas, energía eléctrica, teléfonos y peajes viales. No se cuestionaron, al menos hasta el momento, los actuales niveles tarifários, los incumplimientos contractuales de los concesionarios en materia de inversiones comprometidas ni sus niveles de rentabilidad. Nada se ha dicho al respecto de esto último, que las empresas privatizadas y extranjerizadas en el período 1991-2001, obtuvieron utilidades por 9.000 millones de dólares o sea un promedio de 900 millones de dólares anuales, rentabilidad absolutamente impensable en un país imperialista. Solo Repsol-YPF, en el ejercicio 2000, obtuvo mundialmente utilidades por 1.500 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones, el 67%, provinieron de su actividad en la República Argentina. Sobre tales súper-utilidades, Repsol jamás pagó ni un solo centavo de impuestos, lo que prueba un nivel de saqueo único en el mundo, debido a la absoluta complicidad del régimen partidocrático, tanto con el menemismo como con de la Rúa.

    El asunto recién comienza, ya que al momento en que se escribe esta nota, recién comienzan las negociaciones acerca de los futuros niveles tarifarios, entre el Estado y las empresas extranjeras. Nada se dice al respecto de estructuras de costos, rentabilidad y, sobretodo, si habrá o no indexación de las tarifas. Estos temas, tienen que tratarlos, supuestamente de igual a igual, los negociadores pequeño-burgueses del Estado con los usurpadores extranjeros.

    Ni una palabra se ha dicho acerca de este elemento clave de la política económica. Corresponde destacar que, a partir de la dictadura en 1976, el salario cayó -en promedio- un 50% en términos reales y en 25 años nunca pudo recuperarse. Esta notable pérdida inicial, se vio agravada durante el menemismo, por la inexistencia de un ajuste salarial por la depreciación monetaria del período, así como la baja indirecta debida a la rebaja en los aportes empresarios a los sistemas de previsión y la privatización de los mismos (AFJP). Este último factor implicó una súper transferencia o plusvalía al bolsillo de los capitalistas de 35.000 millones de pesos entre 1994 y el 2001 ($/año 5.000 millones), que por supuesto alimentaron la fuga de capitales y no la inversión reproductiva, así como constituyó el principal factor de aumento del déficit fiscal por el que tanto lloran los liberales. Corresponde destacar que la Convertibilidad, utilizada como subsidio de las importaciones desleales y el contrabando -debido al retraso cambiario-, constituyó el principal factor de la desocupación industrial y de la ruina de las economías regionales, lo que determinó por tal motivo un elemento adicional a la baja del salario, factor decididamente deseado en los planes de ajuste fiscal.

    A las bajas al salario, se agregó la devaluación del 40%, que envilece cada vez más al mismo, habida cuenta del rápido incremento en los precios de los artículos que integran la llamada canasta familiar, particularmente en lo que hace a alimentos, medicamentos y otros, lo que amenaza en un corto lapso de tiempo, en terminar con la modificación deflacionaria de los precios relativos ocurrida en los tres últimos años.

    La base del actual Plan, si se lo puede llamar así, se funda en la pueril ingenuidad de Duhalde-Remes de que la banca imperialista, el Fondo Monetario y los EEUU (6), devuelvan o presten a la República Argentina los 18.000 millones de dólares que fugaron las multinacionales argentinas y extranjeras entre marzo y noviembre del 2001. El objeto de esto es que se pueda sostener el circulante que no está en la economía desde diciembre -debido que esta metido en el corralito- y que de ese modo no se dispare el precio del dólar. Por otra parte una de las estrategias del imperialismo es generar una situación de terrorismo económico, vía hiperinflación, que haga que una parte de la sociedad atenazada por el corralito, exija el orden y la pretensión buscada por aquel: la dolarización.

    Al esquema aludido contribuye, sin saberlo o por cobardía la administración Duhalde, al pretender que asalariados, pequeños ahorristas y provincias paguen el costo de la devaluación y sobretodo de la inflación futura.

    La flotación del dólar, induce necesariamente a que el oligopolio exportador y la gran industria nacional de Macri, Pérez Companc, Amalita Fortabat, etc, a quienes se les pesificaron sus deudas y licuaron por ello sus pasivos, pretendan un dólar súper alto, mucho mayor de $ 1,40. Este aspecto de carácter especulativo, pretende que los argentinos paguemos el mismo valor que el mercado mundial, lo que induce a maniobras de sobrefacturación en las importaciones y de subfacturación de las exportaciones. Por ende, estas maniobras empujarían nuevamente hacia arriba al precio del dólar. A su vez, los granos y las carnes, simultáneamente son artículos de exportación transables y de la canasta familiar de los asalariados, por lo que, al aumentar los precios al consumidor de ese tipo de bienes o de otros de los cuales son insumos (7), se dispararía la inflación. De allí que, la espera del sector exportador o de la gran industria en tener un techo suficientemente alto para el dólar, podría determinar maniobras de atesoramiento de mercaderías por parte de las empresas formadoras de precios o sea mercado negro.

    El escenario descrito conduce al peor de los mundos, ya que el mercado librado al ciego mecanismo de los precios y sin intervención alguna del Estado, lleva necesariamente a una situación de hiperinflación con simultánea recesión o profundización de esta. Esto ya ocurrió en el verano de 88-89, cuando la cobardía de Alfonsín y el aventurerismo sin escrúpulos de Menem, generó esta situación, llevando al país a una situación de caos. En aquella época, los mismos grupos económicos que Duhalde pone como ejemplo de empresarios exitosos (8), con los dólares baratos que les proporcionaba el Banco Central con Machinea a la cabeza, almacenaron mercadería generando el mercado negro y dejaron que los precios se dispararan. Al no intervenir el Gobierno, con la Ley de Abastecimiento, se generó la hiperinflación y el poder político cayó hacia Menem por su propio peso. El objeto de este último, en alianza con los GGE, era generar el terror económico para poder efectuar la reconversión de la economía, con Norte en las privatizaciones a precio vil, como pago en especies de la ilegítima Deuda Externa, que fue lo que finalmente ocurrió.

    Otro elemento que coadyuva en la dirección mencionada, es la indexación de los contratos pesificados y la pretensión de las empresas de servicios públicos privatizados de un aumento tarifario del 40%, o sea que los usuarios y los deudores pesificados paguen el costo de la devaluación. Cabe efectuar la observación, de que en ambos casos los usuarios, no han tenido en los últimos doce años, ni aumentos salariales ni reconocimiento por la depreciación monetaria ocurrida en igual período.

    En forma similar a los ejemplos citados opera el borrador del presupuesto público. Como la hipótesis del 15% de inflación anual esta muy por debajo de la devaluación ocurrida y la probable evolución de la inflación y, sin necesidad de financiamiento externo, el presupuesto cerraría. Ello se debe a que los ingresos -sobretodo el IVA-, aumentarían por el simple aumento de los precios, mientras que los pagos a proveedores, empleados y jubilados se licuarían por la devaluación ocurrida del 40% y una inflación superior al 15%.

    En rigor de verdad, estas hipótesis simplificadas están indicando primero, la gran cobardía ideológica de Duhalde, que olvida que los responsables de esta situación en lo inmediato, son los banqueros usureros, a los cuales hay que intimar la que en un plazo perentorio sean restituidos los fondos de los ahorristas que fueran enviados al extranjero, caso contrario el Estado Nacional procedería a nacionalizar la banca (9).

    Respecto de la flotación del dólar, se señaló los riesgos asociados a la hiperinflación. El Gobierno Nacional, el Banco Central y el Ministerio de Economía, se congratulan a que en los dos primeros días de la flotación el precio de la divisa no pasó de los $ 2,10. Omite señalar que allí mismo esto esta indicando una devaluación efectiva del 110%, muy superior al 40%. El Gobierno sostiene que dispone de 15.000 millones de reservas para intervenir en el mercado del billete y que aún faltan liquidar las divisas provenientes de las operaciones de exportación. Esas son verdades a medias, por las razones que apuntábamos de cual es el efecto deseado por los exportadores, de un dólar recontraalto. Por otra parte, el elemento central que no se dice es que la aguda iliquidez, determinada por el corralito, es porque faltan verbigracia los 18.000 millones de dólares que están en los EU y que no van a volver.

    A esto se responde, con una conducta firme frente a los monopolios y emitiendo dinero no convertible, por ejemplo 15.000 o 20.000 millones de LECOPS, junto con una política expansiva del gasto público, así como recomposición e indexación salarial. Al aumentar el circulante, de inmediato bajarían las tasas de interés y el costo del capital, lo que permitiría hacer factibles a muchos proyectos económicos (0).

    Frente a la estrategia imperialista de la dolarización, cuyo principal exponente es el ex presidente Menem, corresponde responder con un sistema múltiple de cambios y una legislación penal a la comercialización y tenencia de divisas en manos de los particulares. El sistema múltiple atendería a una futura modificación tanto del Sector Externo, como del Sector Monetario. La base del sistema múltiple de cambios atiende a que las actividades productivas serían privilegiadas con un dólar bajo, mientras que las importaciones suntuarias o los gastos de turismo en el extranjero, serían financiadas con un tipo de cambio muy alto, conforme a un uso prescindible, desde el punto de vista soberano.

    A los efectos de aventar una situación de tipo inflacionaria, impuestos a las exportaciones de todo tipo y tributos extraordinarios a las superganancias de las empresas públicas privatizadas y extranjerizadas. Estos recursos, unidos a una profunda modificación de carácter progresivo en la estructura tributaria (11), financiarían la expansión de la demanda interna en la forma de aumentos salariales y tasas de interés subsidiadas, que atiendan a la actividad industrial y de las economías regionales.

    Cabe acotar que las medidas de aumentos salariales y de emisión de LECOPS, en modo alguno establecerían elementos de carácter inflacionarios. Muy por el contrario, dada la profunda modificación deflacionaria de los últimos tres años con una marcada rebaja del salario, medidas de esta naturaleza generarían en un plazo relativamente corto, aumentos en la producción y el consumo interno mucho mayores que los aumentos porcentuales en los precios. Inclusive el aumento en la recaudación tributaria, debido al aumento en la actividad económica, reforzarían esta tendencia dado que en el presente, existe una alta propensión marginal al consumo.

    Junto a los impuestos a las exportaciones y a efectos de desalentar la formación del mercado negro, inmediata puesta en vigencia de la Ley de Abastecimientos y listas de precios máximos de los artículos que integran la canasta familiar. A estos efectos y junto con un inmediato llamado a la constitución de un cuerpo de inspectores dependientes de la Secretaría de Comercio, así como la convocatoria a los cuerpos especializados de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, en la represión de delitos económicos.

    Junto a las medidas enunciadas, de carácter coyuntural, deben prepararse otras de carácter estructural, basadas en la re-nacionalización de las empresas públicas, el no reconocimiento de la Deuda y la salida de la República Argentina del Fondo Monetario y de otros organismos financieros internacionales (12) y la estructuración de un sistema financiero oficial basado en la reforma bancaria de 1946.

    Es posible efectuar estas medidas, en lugar del programa que intenta instrumentar el imperialismo. Sí, pero se requiere de la voluntad política de enfrentar al imperialismo y a sus agentes nativos, basado en el amplio colchón de masas que surgió de las movilizaciones del 19 y 20 de diciembre y que está dispuesto a sostener un programa de emergencia económica, cuya síntesis se expone en el recuadro.

    3. Desindexación de los contratos dolarizados de cualquier naturaleza, hipotecarios, prendarios, personales o de locación. En este último tipo de contratos que no han terminado su plazo de ejecución, que el valor de los mismos se congelen hasta su extinción. Reanálisis de las deudas pesificadas de los grandes grupos económicos, para establecer fehacientemente que no se haya efectuado un millonario subsidio estatal para las deudas de grupos empresarios. No puede repetirse la socialización de las deudas de los grandes grupos económicos, de mayo de 1982, recordando que los mismos constituyen junto con la banca usurera los grandes responsables del vaciamiento financiero y económico de la Argentina, desde el golpe del 24 de marzo de 1976.

    5. Inmediata puesta en vigencia de la Ley de Abastecimientos a las empresas formadoras de precios, particularmente en alimentos, medicamentos y artículos críticos de la canasta familiar, para impedir la formación de mercado negro. Decomiso y subasta a costo de producción de las mercaderías ocultadas. Procesamiento de los directores de las sociedades incursas en este tipo de maniobras.

    9. Congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, una vez determinados por compulsa contable y económica los niveles de rentabilidad. Aplicación efectiva de las penalidades previstas a los concesionarios, en lo que hace a los incumplimientos contractuales en materia de inversiones y mantenimiento.

    10. Intimación a la banca extranjera para que devuelva los fondos fugados y que declaren quienes fueron las empresas, o personas físicas que fugaron los capitales entre marzo y noviembre del 2001. En caso de incumplimiento a esta norma, el Banco Central de la República Argentina, procederá a su intervención contable y administrativa, como primer paso para su nacionalización.

    11. Nacionalización del Comercio Exterior, tomando como ejemplo la reforma financiera del Sector Público de 1946 y estableciendo de un organismo financiero similar al IAPI, que centralice y normatice las compras y ventas internacionales, defendiendo el interés nacional.

    “...Activos acumulados ilegítimamente por residentes argentinos y colocados en el extranjero (segun el BIS, los depósitos de capitalistas argentinos en bancos de los países más industrializados alcanzan grosso modo a 40.000 millones de dólares”

    “...Entre el comienzo de la dictadura (marzo de 1976) y el año 2001, la deuda se multiplicó casi por 20, pasando de menos de 8.000 millones de dólares a cerca de 160.000 millones. Durante ese mismo período, la Argentina rembolsó alrededor de 200.000 millones de dólares, o sea, cerca de 25 veces lo que debía en marzo de 1976”

    “...En el momento del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda externa de YPF se elevaba a 372 millones de dólares. Siete años mas tarde, al terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de dólares. Su deuda se multiplicó por 16 en siete años”

    “... Además de YPF (vendida a la multinacional petrolera española Repsol en 1999), otra flor argentina fue liquidada; se trata de la empresa Aerolíneas Argentinas (vendida a la compañía aérea española Iberia). Los Boeing 707 que eran parte de su flota fueron vendidos simbólicamente por un dólar (¡U$S 1,54 exactamente!)....”

    La situación argentina en el año 2001 es catastrófica: tres años de recesión debido a la aplicación de una política neoliberal particularmente agresiva. En realidad, la decadencia de la Argentina que comenzó bajo la dictadura (1976-1983) continuó durante casi veinte años en mano de los diferentes gobiernos que la sucedieron. Contrariamente a una idea proclamada por algunos sectores, no ha habido una verdadera ruptura en la política económica después de la dictadura. Visto en perspectiva, en los últimos decenios, los avatares de los cambios de gobierno no modificaron de manera significativa el camino regresivo en el que había sido dirigida por su clase dominante.

    La Argentina de hoy comparada a la de los años 1940-1950-1960 ha cambiado fundamentalmente. Ha sufrido una regresión como potencia industrial periférica, y hoy, la mayoría de la población argentina, vive peor que hace treinta años. Entre el comienzo de la dictadura (marzo de 1976) y el año 2001, la deuda se multiplicó casi por 20, pasando de menos de 8.000 millones de dólares a cerca de 160.000 millones. Durante ese mismo período, la Argentina rembolsó alrededor de 200.000 millones de dólares, o sea, cerca de 25 veces lo que debía en marzo de 1976.

    A causa del pago, y no a pesar de él, el país debe en el 2001 cerca de 20 veces lo que debía a principios de la dictadura (gran parte de los préstamos han servido para refinanciar deudas anteriores que vencían o para asegurar el pago de los próximos vencimientos). Los pagos de la deuda argentina han sido y son todavía, un formidable mecanismo de transferencia de riqueza producida por los asalariados hacia los dueños del capital (sean argentinos o residentes de los países más industrializados, comenzando por los EE.UU. y Europa occidental). El mecanismo es simple: el Estado argentino consagra una partida cada vez más importante de los ingresos fiscales (cuya mayor parte proviene de los impuestos pagados por el pueblo) al reembolso de la deuda externa y a las múltiples ventajas que otorga al sector capitalista. ¿Quién recibe los pagos efectuados por el estado argentino?: Las grandes instituciones financieras internacionales que poseen más del 80% de la deuda externa argentina. El colmo es que vía los mercados financieros norteamericanos y europeos sobre los que se emiten los préstamos, los capitalistas argentinos, compran los títulos de la deuda de su propio país con el dinero que han sacado del mismo y reciben por tanto una parte de los reembolsos.

    Más adelante en este texto veremos que los capitalistas argentinos se endeudaron alegremente durante la dictadura y han colocado una buena parte de ese dinero en el extranjero (vía fuga de capitales): La suma de los capitales colocados por los capitalistas argentinos, en los países más industrializados y en los paraísos fiscales, durante la dictadura es superior a los montos de las deudas contraídas (se puede encontrar la explicación técnica de ese fenómeno en varias obras de los autores: A. y E. Calcagno; Aldo Ferrer; M. Rappoport, 2001, p. 813 - 814, y en el fallo Ballestero, Poder Judicial de la Nación, 2000). Solo en el período 1980-1982, las fugas de capital han llegado, según el Banco Mundial a más de 21.000 millones de dólares (Rappoport, p. 825). Y un enorme regalo a los capitalistas argentinos (y extranjeros): sus deudas fueron asumidas por el Estado al final de la dictadura.

    Desde entonces la deuda del Estado se ha agrandado con el peso de la deuda de las empresas privadas ya que el mismo Estado asumió el compromiso frente a los acreedores. A partir de esa época, los capitalistas argentinos han mantenido esa política de evasión de capitales como si se tratara de un deporte nacional. A tal punto, que se podría organizar un campeonato latinoamericano de evasión de capitales y el equipo argentino podría intentar ganar el campeonato, pese a que se encontrará con rivales importantes (los capitalistas brasileros, mexicanos y venezolanos son peligrosos en la materia).

    Por otro lado, las deudas de las empresas públicas que habían también aumentado significativamente por decisión de la dictadura, no fueron canceladas salvo cuando se emprendió su privatización. Los gobiernos posteriores a la dictadura usaron el pretexto del endeudamiento de las empresas públicas para privatizarlas, tomando la precaución de que el Estado asuma sus deudas antes de privatizarlas (ver más adelante el caso de Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea argentina). Se trata entonces de otro regalo al capital argentino o extranjero. ¡Es diabólico!

    Después de un cuarto de siglo en ese escenario, el país está desangrado. Los salarios y los beneficios sociales han caído terriblemente, el desempleo es altísimo, los servicios públicos están en un estado lamentable, la pobreza se extiende a sectores cada vez mayores de la población (incluyendo a sectores que en el pasado vivían con un cierto confort), las cajas del Estado, están vacías, una gran parte del aparato productivo está abandonado y el resto en manos extranjeras. Ya no queda gran cosa a privatizar. La protesta social ya se manifiesta (varias huelgas generales ya desde el 2000, cierre de rutas por los piqueteros, revueltas en ciudades pauperizadas y de barrios enteros).

    Claramente, la Argentina es uno de los eslabones débiles de la cadena del endeudamiento internacional. Posiblemente la cadena se romperá gracias a este país. Pero no hay nada ineluctable. La crisis puede prolongarse durante años. Los golpes que recibieron, durante la dictadura entre 1973 y 1983, las organizaciones de trabajadores y los movimientos sociales en general todavía marcan sus efectos, y si bien el pueblo argentino tiene cien razones para decir ¡ya basta!, parece dudar ante un resultado imprevisible. La dirigencia sindical no se juega a fondo en esta batalla fundamental. Sin embargo, visto desde una perspectiva internacional, un cambio de actitud de Argentina respecto de la deuda tendría repercusiones enormes. El monto que debe rembolsar a los mercados financieros de los países más industrializados es tal que un default en el pago podría desestabilizarlos, hasta amedrentarlos y obligarlos a abrir el diálogo. Para que ello sea favorable a los argentinos y a los países endeudados, haría falta que la presión ciudadana lleve a las autoridades a adoptar una posición firme de manera prolongada (a diferencia de lo ocurrido con Alan García en Perú en 1985 o con el régimen brasilero en 1987) combinada con reformas económicas que favorezcan una repartición progresista del ingreso nacional con una política fiscal redistributiva, organizando la vuelta al dominio público de las empresas privatizadas y dando primacía a los acuerdos regionales Sud-Sud respecto de la relación comercial con los Estados Unidos vía el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas).

    Suspender el pago de la deuda externa y adoptar otra política económica implique la ruptura de los acuerdos entre el gobierno argentino y el FMI. Esta ruptura no entrañaría ningún daño, al contrario, podría ser beneficiosa para la Argentina. Para la población local y para los movimientos en los que se organiza, se trataría en todo caso de una oportunidad. ¿La aprovecharán?

    Con el fin de facilitar la comprensión de cómo se llegó a la situación actual, en lo que concierne al endeudamiento, a continuación se presenta una vista en perspectiva histórica, que comienza con la dictadura.

    El período durante el cual la deuda argentina literalmente explotó, corresponde al de la dictadura militar del general Videla (1976-1981). La política económica promovida por Martínez de Hoz. Ministro de Economía de la dictadura, a partir del 2 de abril de 1976 marca el inicio de un proceso de destrucción del aparato productivo del país, creando las condiciones para una economía especulativa que desbastó el país. La mayor parte de los préstamos otorgados a la dictadura argentina, provenían de bancos privados del Norte. Estos contaban con el total acuerdo de las autoridades de los Estados Unidos (tanto de la Reserva Federal como de la Administración norteamericana).

    Los maestros argentinos de la política de endeudamiento eran el Ministro en Economía Martínez de Hoz y el Secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica, Guillermo Walter Klein. Para obtener préstamos de los bancos privados, el gobierno exigía de las empresas públicas argentinas que se endeudaran con los banqueros privados internacionales. Las empresas públicas se convirtieron entonces en una palanca fundamental para la desnacionalización del Estado, a través de un endeudamiento que entrañó el abandono de una gran parte de la soberanía nacional.

    Esto es tan así que por ejemplo, la principal empresa pública argentina, la petrolera YPF (Yacimiento Petrolíferos Fiscales), fue forzada a endeudarse en el exterior aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio desarrollo. En el momento del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda externa de YPF se elevaba a 372 millones de dólares. Siete años mas tarde, al terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de dólares. Su deuda se multiplicó por 16 en siete años.

    Casi ningún monto de esa deuda en divisas extranjeras fue a parar a la caja de la empresa; quedaron en manos de la dictadura. Bajo la dictadura, la productividad del trabajador de YPF aumentó un 80%. El personal se redujo de 47.000 a 34.000 trabajadores. La dictadura, para aumentar las entradas a su caja, bajó a la mitad el dinero por comisiones que iba a YPF por la venta de combustibles. Es más, YPF fue obligada a refinar el petróleo que extraía, en las multinacionales privadas Shell y Esso, aunque podía, dada su buena situación financiera al comienzo de la dictadura, dotarse de una capacidad de refinación acorde a sus necesidades (complementando la de sus refinerías de: La Plata, Luján de Cuyo y Plaza Huincul). En junio de 1982, todo el activo de la sociedad estaba prendado por las deudas.

    El endeudamiento masivo del Estado argentino fue justificado por los responsables económicos de la dictadura y por el FMI, como la forma de aumentar sus reservas en divisas extranjeras para sostener una política de apertura económica. Con una buena gestión económica, el aumento de las reservas internacionales del Estado argentino habría debido ser el producto de las actividades de intercambio en el mercado mundial. Las reservas internacionales anunciadas por la dictadura argentina provenían del endeudamiento.

    Las reservas no eran ni administradas ni controladas por el Banco Central. De manera general, los empréstitos por sumas fabulosas contratados con los banqueros del Norte eran inmediatamente recolocadas como depósitos en estos mismos bancos o en otros bancos competidores. 83% de estas reservas fueron colocadas en 1979 en instituciones bancarias de fuera del país. Las reservas se elevaron a 10.138 millones de dólares y los depósitos en los bancos exteriores a 8.410 millones de dólares. El mismo año la deuda externa pasaba de 12.496 millones de dólares a 19.034 millones de dólares (OLMOS, 1990, p. 171 y 172). En todos los casos, el interés recibido por las sumas depositadas era inferior al interés pagado por la deuda.

    La lógica de esta política para las autoridades que la organizaron era: 1º el enriquecimiento personal gracias a las comisiones pagadas por los banqueros del Norte; 2º se trataba de aumentar las reservas internacionales para sostener el importante aumento de las importaciones, sobre todo la compra de armas; 3º la política de apertura económica y endeudamiento recomendado por el FMI permitía a la dictadura argentina mejorar su credibilidad internacional cerca de los principales países industrializados, comenzando por los Estados Unidos. La dictadura argentina no habría podido mantener el régimen de terror interno en los primeros años (1976-1980) sin la bendición de la administración norteamericana. Por su lado La Reserva Federal de los EUA, estaba mas que inclinada a apoyar la política económica de la dictadura argentina, cuando una gran parte del dinero de la deuda estaba depositado en los cofres de los bancos norteamericanos. Desde el punto de vista de la administración estadounidense y del FMI, el endeudamiento argentino hacía volver al regazo norteamericano a un país que durante décadas había afirmado un nacionalismo crítico y había conquistado un cierto despegue económico durante el régimen peronista.

    El Secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica Guillermo Klein, ocupó esta función de 1976 a marzo de 1981. En el mismo período, dirigió una oficina de estudio privada, representando en Buenos Aires los intereses de los acreedores extranjeros. Aunque cuando entraba en funciones su oficina no presentaba más que un banco: el Scandinavian Enskilda Bank, algunos años mas tarde representaba los intereses de 22 bancos extranjeros. En marzo de 1981, sale de su puesto de Secretario de Estado al mismo tiempo en que Viola reemplazaba a Videla a la cabeza de la dictadura. Pocas semanas mas tarde, el 7 de abril de 1982, cinco días luego de la ocupación de las Malvinas por el ejército argentino y de declarada la guerra contra Gran Bretaña, fue designado como apoderado en Buenos Aires de la sociedad anónima británica Barclays Bank Limited, que era además uno de los principales acreedores privados de la deuda pública y privada argentina. A la caída de la dictadura y el acceso al poder de Alfonsín en 1984, su estudio quedó como defensor de los intereses de los acreedores extranjeros.

    El Banco Central argentino declaró que no tenía registro de la deuda externa pública, lo que hizo que las autoridades argentinas que sucedieron a la dictadura tuvieran que basarse en las declaraciones de los acreedores extranjeros y en los contratos firmados por los miembros de la dictadura, sin que éstos hayan pasado por el control del Banco Central.

    A pesar de todo, después de la caída de la dictadura, el nuevo régimen presidencial de Alfonsín decidió asumir el conjunto de la deuda, tanto privada como pública, contraída durante la dictadura. Cuando los militares torturadores obtuvieron la impunidad, los responsables económicos de la dictadura se beneficiaron de la misma clemencia. Más grave todavía, la mayoría de los altos funcionarios de la economía y de las finanzas quedaron en el aparato del Estado, algunos incluso fueron promocionados.

    Las empresas privadas argentinas y las filiales argentinas de las multinacionales extrajeras fueron incentivadas también a endeudarse. La deuda privada total se elevó a más de 14.000 millones de dólares.)

    Figuran entre las empresas privadas endeudadas las filiales argentinas de sociedades multinacionales: citamos a Renault Argentina, Mercedes-Benz Argentina, Ford Motor Argentina, IBM Argentina, City Bank, el First National Bank of Boston, el Chase Manhattan Bank, el Bank of America, el Deustsche Bank.

    El Estado argentino paga a los acreedores privados de estas empresas: Renault France, Mercedez Benz, City Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America, First Nacional Bnak of Boston, Crédit Lyonnais, Deustsche Bank, Société Générale.

    Sintéticamente, el contribuyente argentino paga la deuda contraida por las filiales de las multinacionales con sus casas matrices o con los banqueros internacionales. Se puede sospechar que las multinacionales en cuestión hayan creado una deuda de sus filiales argentinas por un simple juego de contratos. Los poderes públicos argentinos no tienen ningún medio de control.

    El régimen de Menem, que sucedió al de Alfonsín, se lanzó en una política generalizada de privatizaciones en 1990-1992, liquidando literalmente una gran parte de su patrimonio nacional. Se estima que ello representó una pérdida de 60.000 millones de dólares. Menem pretextó el endeudamiento formidable de las empresas públicas argentinas para justificar a los ojos de la opinión pública nacional sus ventas. La mala situación financiera fue debida a la política de endeudamiento forzado que había sido impuesto por las autoridades económicas de la dictadura, y como mencioné mas arriba, lo principal de las sumas de la deuda jamás llegaron a las cajas de las empresas.

    Menem confió al banco norteamericano Merril Lynch la evaluación del valor de YPF. Merryl Linch deliberadamente redujo en 30% las reservas petroleras disponibles tratando de subestimar el valor de YPF antes de su puesta a la venta. Una vez que la privatización fue realizada, la parte de las reservas ocultadas reapareció en las cuentas. Los operadores financieros que habían comprado a bajo precio las acciones de la empresa, pudieron obtener fabulosas ganancias gracias al aumento de la cotización en la bolsa de las acciones de YPF. Esta operación permite alabar ideológicamente la superioridad de lo privado sobre lo público.

    Nota: el mismo banco norteamericano Merril Lynch fue encargado por el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso para que en 1997 reviewúe la principal sociedad pública brasileña la Vale do Río Doce (empresa minera). Merrill Lynch fue acusado por numerosos parlamentarios brasileños de haber devaluado en un 75% las reservas de minerales de la empresa. (Fuente: O Globo, 8/4/97, Brasil).

    Además de YPF (vendida a la multinacional petrolera española Repsol en 1999), otra flor argentina fue liquidada; se trata de la empresa Aerolíneas Argentinas (vendida a la compañía aérea española Iberia). Los Boeing 707 que eran parte de su flota fueron vendidos simbólicamente por un dólar (¡U$S 1,54 exactamente!). Algunos años después, siguen sirviendo en las líneas de la compañía privatizada, pero Aerolíneas debe pagar un leassing para utilizarlas . Los derechos de uso de las rutas aéreas de la compañía, de un valor de 800 millones de dólares, han sido estimados en 60 millones de dólares solamente. La empresa fue cedida a Iberia por un monto líquido de U$S 130 millones de dólares, el resto lo constituyó anulaciones de créditos de la deuda. Iberia tomó créditos para comprar la empresa y la totalidad de deuda contraída la transformó en deuda de la nueva entidad Aerolíneas Argentinas que, de golpe, se encontró endeudada desde el origen de su operación. En el año 2001, Aerolíneas Argentinas, propiedad de Iberia, estaba al borde de la quiebra por culpa de sus nuevos propietarios. La privatización de Aerolíneas es un caso paradigmático. Todas las empresas privatizadas fueron liberadas del paquete de sus deudas, que fueron asumidas por el Estado.

    El escándalo de la deuda argentina suscitó, en los años siguientes a la dictadura, el interés de los ciudadanos. El gobierno civil que le sucedió constituyó una comisión parlamentaria que, luego de un año y medio de trabajo, fue disuelta ya que sus resultados arriesgaban a golpear la política económica de Alfonsín, que había decidido entretanto la estatización de la deuda. El presidente Menem también a su tiempo, había despotricado contra los responsables del endeudamiento, pero una vez en el poder abandonó toda veleidad de revolver un tema que de ahí en más fue tabú.

    A pesar de estos compromisos y evasivas, se inició un proceso judicial, como resultado de una denuncia hecha en octubre de 1982 por un ciudadano argentino, Alejandro Olmos, cuando Argentina vivía todavía bajo la dictadura. Pese a todas las dificultades, el proceso acabó por definirse en julio de 2000.

    Este periodista valiente e infatigable consiguió que el tema de las responsabilidades del endeudamiento del país, fuese objeto de investigación por parte de autoridades judiciales. Múltiples audiencias a los responsables económicos de la dictadura y a los responsables de las empresas públicas han tenido lugar. El estudio de Guillermo Klein fue objeto de investigaciones y gran cantidad de documentación relativa al período de la dictadura fueron embargadas y colocadas en los cajas fuertes del Banco Central.

    El FMI ha apoyado activamente a la dictadura argentina especialmente proporcionándole uno de sus altos funcionarios, de nombre Dante Simone (Poder Judicial de la Nación, 13/07/2000, p. 31-32; p. 106; p. 109; p. 127).

    La Reserva Federal ha servido de aval ante los bancos privados de su país, a fin de que esos bancos presten dinero a la dictadura , la Reserva Federal ha sido además la intermediaria en una serie de operaciones del Banco Central Argentino (p. 127).

    Mientras la dictadura endeudaba al Tesoro Público y a las empresas públicas, ella misma permitía a los capitalistas argentinos colocar en el extranjero cantidades bien considerables de capital. Entre 1978 y 1981: más de 38.000 millones de dólares habrían salido de Argentina de manera excesiva o injustificada, ello estaba permitido fundamentalmente por el hecho de que cada residente argentino podía comprar 20.000 dólares por día -que podían a continuación ser colocados en el extranjero (p. 56-58).

    En pocas palabras, el Estado se endeudaba mientras que los capitalistas descapitalizaban alegremente al país. Aproximadamente el 90% de los recursos provenientes del exterior vía endeudamiento de empresas (privadas y públicas) y del gobierno fueron transferidos al exterior en operaciones financieras especulativas (p. 102). Importantes sumas tomadas prestadas de bancos privados de los Estados Unidos y Europa occidental, fueron a continuación depositadas en esos mismos bancos.

    Las empresas públicas como YPF han sido sistemáticamente puestas en dificultades (p. 130). El régimen de transición democrática que sucedió a la dictadura transformó la deuda de empresas privadas en deuda pública de manera totalmente ilegal (p. 152) -lo que significa que debería ser posible rever esta decisión-. Entre las empresas privadas cuyas deudas fueron asumidas por el Estado, 26 eran empresas financieras. Entre ellas figuraban numerosos bancos extranjeros instalados en Argentina: Citi Bank, First National Bank of Boston, .Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America (p. 155 - 157). Lo que significa que el Estado argentino endeudado con esos bancos decidió asumir las deudas de ellos. Sin comentarios.

    Un ejemplo preciso de convivencia entre un Banco privado del Norte y la dictadura argentina: entre julio y noviembre de 1976, el Chase Manhattan Bank recibió mensualmente depósitos de 22 millones de dólares (esos montos aumentaron posteriormente) recibiendo un interés del 5,5%, durante ese período, y al mismo ritmo, el Banco Central argentino tomó prestamos de del mismo banco de Estados Unido, el Chase Maniatan Bank a un interés del 8,75% (p. 165).

    Las conclusiones del fallo son demoledoras para la dictadura, para los regímenes que la han sucedido, para el FMI, para los acreedores privados El sentencia emitida por el tribunal enuncia claramente que: la deuda externa de nación (...) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política-económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas (p. 195).

    Esa deuda es odiosa e ilegítima. Los acreedores no tienen derecho a continuar recibiendo el servicio de ese tramo de la deuda. Sus créditos son nulos. Como las nuevas deudas contraídas desde 1982-1983 sirvieron esencialmente para rembolsar las anteriores, ellas mismas están teñidas de ilegitimidad. Argentina puede apoyarse perfectamente en el derecho internacional para justificar la decisión de no pagar su deuda externa. Varios argumentos jurídicos pueden ser invocados, entre los cuales cabe citar: la noción de deuda odiosa (la deuda argentina fue contraída por una dictadura culpable de crímenes contra la humanidad (los acreedores no pueden alegar desconocimiento de ello); la fuerza mayor (al igual que los otros países endeudados, Argentina se confrontó a un cambio brutal de situación a causa de la decisión de aumentar las tasas de interés en forma unilateral por parte de los Estados Unidos a partir de 1979); y el estado de necesidad (las finanzas argentinas impiden la prosecución del pago, ya que éste imposibilita el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la firma de pactos internacionales en lo que respecta a los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos).

    La suspensión de los pagos de la deuda debe ser completada por otras medidas esenciales. He aquí algunas propuestas para el requerido debate. Primera, la exigencia de una investigación internacional sobre los activos acumulados ilegítimamente por residentes argentinos y colocados en el extranjero (segun el BIS, los depósitos de capitalistas argentinos en bancos de los países más industrializados alcanzan grosso modo a 40.000 millones de dólares - ver BIS, Quarterly Review: International Banking and Financial Market Developments June 2001,

    ). El objetivo es recuperar la máxima cantidad posible de fondos sustraídos a la Nación. Segunda, la implantación de medidas de control sobre los movimientos de capitales y operaciónes de cambio, afin de impedir que continúe la fuga de capitales y para protegerse de ataques especulativos. Tercera, la puesta en marcha de una política fiscal redistributiva: impuesto excepcional sobre el patrimonio del decil más rico de la población, impuestos sobre las ganancias del capital, disminución del IVA sobre los productos y servicios de base,... Cuarta, derogación de los decretos y leyes que impongan una reducción de los salarios y jubilaciones (y de otras prestaciones sociales). Defensa y refuerzo del sistema de seguridad social. Asegurar un ingreso mínimo y garantizado para todos los desocupados y aumentar los salarios y las jubilaciones para recrear el poder adquisitivo es la condición básica de cualquier alternativa progresista al curso actual. La confianza de los consumidores se recupera derogando la reforma laboral y asegurando la estabilidad del empleo y no esperando el derrame de los beneficios que obtengan los empresarios. Quinta, estatización de las empresas privatizadas indebidamente comenzando por las correspondientes a los sectores estratégicos (energía, petróleo, comunicaciones,...).

    En el plano internacional favorecer la constitución de un frente de los países endeudados., desarrollar las complementariedades y los intercambios Sud-Sud; oponerse de manera enérgica al ALCA; oponerse a la ofensiva militar de los EE.UU: (bases militares, pantalla antimisiles de Bush que intentará crear una base estratégica en el cono Sud; Plan Colombia); apoyar las iniciativas a favor de la imposición de una tasa tipo Tobin, sobre las transacciones financieras internacionales. Las distintas propuestas que anteceden constituyen pistas sobre una alternativa al modelo neoliberal. No se trata de un programa para tomar o dejar. Se trata de mostrar que existen soluciones si se desea dar la espalda a la lógica infernal del endeudamiento eterno y a la dependencia que cada vez más acentuada.

    *) Eric Toussaint, presidente del CADTM (Comité para la Anulacion de la Deuda del Tercer Mundo), autor de Deuda Externa en el Tercer Mundo. Las Finanzas contra los pueblos (Editorial Nueva Sociedad, Caracas / Convergencia Socialista - Mexico/ CADTM - Bruselas- 1998), fue uno de los conferenciantes del Foro Social de Génova.

    En la educación por ejemplo, hemos duplicado el presupuesto de la educación. Era del 3% del Producto Interno Bruto y ahora lo tenemos en 6%. Y ahora hemos lanzado un programa de escuelas bolivarianas, donde los niños en la mañana lo primero que hacen es desayunar y además, hemos reducido la mortalidad infantil en un 10%.

    Y la mortalidad infantil que estaba en 21 por 1000 nacidos vivos antes de cumplir un año, bajo a 17 por 1.000 pero para ello, entre muchas otras cosas, hemos hecho por primera vez en nuestra historia, una vacunación masiva contra la Hepatitis B, pero si es que los niños de los pobres no los vacunaban y muchos se morían; si es que muchos de los niños de los pobres, que son la mayoría en Venezuela, si es que iban a la escuela, iban sin desayuno, desnutridos.

    En lo económico hoy, después de que la economía venezolana estaba en bancarrota y totalmente desequilibrada hace tres años atrás, hoy ciertamente nuestra economía es una de las más sólidas del continente. Un crecimiento en el primer semestre del 2001 de 3.5%, especialmente en la construcción, creció 19%, en la minería creció 15%, la manufactura 6%, telecomunicaciones 14%.

    Es decir, el crecimiento se está dando no en el sector petrolero —ahí más bien fue negativo porque hemos recortado producción y los precios han caído— el crecimiento más notable es en el sector privado no petrolero.

    Pero no sólo eso, además el déficit fiscal lo hemos reducido a unos 3 puntos, perfectamente manejable, debe seguir cayendo. Las Reservas Internacionales están en su nivel más alto de la historia: 20.000 mil millones de dólares aproximadamente, parte del ingreso petrolera está en un Fondo de Estabilización Macroeconómica en el cual ya tenemos 7.000 millones de dólares con una ley bien estricta al respecto.

    Hemos estado generando leyes para dar seguridad jurídica a las inversiones que se han incrementado en los últimos años. Gran Bretaña por ejemplo, tiene 5.000 millones de dólares invertidos en Venezuela en empresas y van a seguir invirtiendo.

    Las inversiones de Francia en Venezuela en los últimos 2 años se han triplicado, de 500 millones de dólares a 1.500 millones de dólares y hace poco días en París, con el Presidente Chirac y un grupo de empresarios me informó el propio Presidente, que ya tienen empresarios de Francia listos 4.000 millones de dólares para los próximos 3 años para Venezuela.

    Es decir, se incrementan las inversiones productivas, las Reservas Internacionales, la inflación que estaba por sobre 30, la hemos llevado progresivamente hacia abajo y está por cerca de 12% y tenemos que ir hacia un dígito y aspiramos llegar a un dígito el próximo año, el 2002.

    Con estabilidad cambiaria no hay en Venezuela ningún riesgo de control de cambio ni de devaluación, es un programa económico exitoso. Y una economía que ha despegado y ha comenzado a crecer con fuerza propia.

    En lo territorial, allí el proyecto es mucho más lento, se trata de reubicar la población en ejes de desarrollo y eso requerirá un esfuerzo de décadas. Casi todos los venezolanos nos fuimos al norte y vivimos 75% en la franja centro-norte-costera y tenemos el sur hacia los grandes llanos, limítrofes con Colombia, el Arauca, el Apure, hacia las selvas del Amazonas y hacia Los Andes, ese es un gran país que está casi solitario, casi deshabitado.

    Hay que orientar un poblamiento equilibrado. Ese es un proyecto en el que no voy a abundar mucho, porque es más que todo endógeno, pero es muy importante. Y también hacia allá estamos atrayendo inversiones, hacia el sur, hacia el Eje del Río Apure con el Orinoco, hacia las fronteras con Brasil y con Colombia.

    Y el último de los 5 ejes, el eje internacional, ahí también hemos avanzado bastante. Hoy Venezuela tiene en verdad, una posición de mucha mayor solidez en el mundo entero comparado con lo que pasaba hace 3 años; es que casi nadie creía en Venezuela.

    Hoy Venezuela tiene relaciones buenas y excelentes en grados variables, pero excelentes y buenas y en situación de mejoría perceptible con los diversos gobiernos del mundo. Relaciones muy francas y muy sinceras de cooperación, de ayuda.

    El asunto está en saberlas llevar y conservar las buenas relaciones aún con diferencias. Además irlas aclarando e irlas solventando como lo hemos venido haciendo. No ha sido fácil. No ha sido fácil, por ejemplo en Estados Unidos sufrimos un lobby muy fuerte contra Venezuela, que trata de convencer a gente en Washington por ejemplo, de que nosotros estamos apoyando a la guerrilla colombiana, ha sido difícil esto; hemos tenido que explicar una y mil veces y además, demostrarlo pues, porque hay gente que duda de tanto ver y leer informes falsos, o tantas versiones por diversas fuentes pues, hay gente que puede creer que es cierto.

    No. Ahora, después de dos años, todo el mundo sabe que lo que nosotros queremos en relación con Colombia, es la paz; que no se rompa el diálogo de paz, que sea exitoso el proceso que está guiando mi buen amigo el presidente Andrés Pastrana.

    Por ejemplo: o las relaciones nuestras con la OPEP. Yo estoy anotado en el libro de récords y no sabía que me iban a anotar allí pero bueno, en verdad no sabía. Pero yo fui a Bagdad, yo no sabía que a Bagdad no había ido más nadie, ningún presidente después de la Guerra del Golfo. Pero ¿a qué fui yo a Bagdad? A lo mismo que fui a Riad hace dos años; a lo mismo que fui a Yakarta; y a lo mismo que fui a Argel y a Trípoli y a Kuwait, a poner de acuerdo a la OPEP para buscar el equilibrio en los precios del petróleo, que es un factor positivo no sólo para los productores sino para los consumidores como lo hemos venido logrando, con una alteración ahora, después del 11 de septiembre, pero que la vamos a recuperar, estoy completamente seguro y por eso me fui ahora de nuevo a Libia y a Argelia y a Arabia Saudita y a Teherán y a Moscú y de aquí a Quebec y luego hacia México para buscar el acuerdo entre los grandes productores de petróleo.

    Garantizar el suministro y evitar que el precio o se desplome o se pueda disparar, como ya ha ocurrido en épocas anteriores, especialmente en tiempos de conflicto como este, donde pueden ocurrir muchas cosas, especialmente en el mundo islámico —arábico-islámico— es para fortalecer esa perspectiva de equilibrio en el mercado y en los precios del petróleo.

    Pero en fin, Venezuela hoy es país amigo de Washington sin duda alguna; amigo de Londres, sin duda alguna; amigo de París, amigo de Moscú, amigo de Pekin; y tiene relaciones con Africa y con Asia. Estamos presidiendo ahora el Grupo de los 15, con una política muy dinámica, personal incluso, a veces. Hace falta. Yo creo mucho en esa diplomacia personal.

    Por primera vez hace unos días, nos reunimos el Presidente del G 8, el primer ministro italiano Verlusconi y este humilde servidor en Roma y estamos cuadrando para hacer una reunión el próximo año del G 8 con el G 15 para retomar el diálogo norte-sur, que es importante para tocar todos estos problemas de la política mundial, de la paz, de la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, de la búsqueda de la justicia en el mundo.

    Tenemos de verdad que cumplir con el compromiso de la Cumbre del Milenio, cuando todos los presidentes del mundo firmamos un compromiso para luchar contra la pobreza, contra las desigualdades y nos comprometimos que para el 2015 debemos haber reducido la pobreza a la mitad y debemos haber proporcionado educación a los niños del mundo sin excepción y sin distinción de colores ni de razas ni de nada.

    Hacia allá es que tiene que ir el mundo. Y para eso es necesario un diálogo mucho más fructífero entre los líderes del norte con los líderes del sur. En eso está Venezuela también incorporada.

    En fin, una política internacional soberana, defendiendo los intereses de Venezuela, respetando los intereses de los demás países hermanos y sobre todo, además, impulsando la integración de América Latina y el Caribe porque creemos que nuestra América, la del sur, la América morena como algunos la llaman, la América mestiza, la América india, debe ser —como pensaba Bolívar— un bloque de fuerzas políticas. Una unión politico-económica para darle equilibrio no sólo a la América, sino al mundo.

    Y así termino. Porque ese era el sueño que aquí nació, en las calles de Londres, en la mente brillante de Francisco de Miranda y que aquí vino Bolívar en 1810 a tomar como bandera, y fue allá a llenar de sueños y esperanzas a un pueblo que como dice un gran escritor venezolano, Rómulo Gallegos en su novela Doña Bárbara: una raza buena ama, sufre y espera. Muchísimas gracias.

    Sus palabras de alguna manera me hacen sentir que ha empezado el sur a hablar al norte. Dentro de ese diálogo, donde el sur le hace propuestas al norte, ¿existe alguna agenda que usted ha concebido y que será motivo de las próximas reuniones?

    Presidente Chávez: En primer lugar, tu pregunta hermano sobre la región sur del país. Claro, no tengamos la idea de que es una zona anarquizada o sin gobierno, no. El Estado venezolano tiene presencia hasta en el último rincón de nuestro territorio. Hemos estado sí, impulsando políticas de desarrollo hacia el sur específicamente hemos determinado una zona a la que llamamos el Eje Orinoco-Apure.

    Ahora, la pregunta tuya es puntual. ¿El narcotráfico? Es uno de los problemas que tenemos allá en Sudamérica. Venezuela es más un país de tránsito que un país productor, a pesar que hemos estado en combinación con el gobierno de Colombia, con el que tenemos la mejor de las relaciones, y en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos, el de Inglaterra también, el de Francia, combatiendo el narcotráfico.

    Las Fuerzas Armadas nuestras frecuentemente hacen operaciones por la Sierra de Perijá, principlamente para destruir sembradíos de amapola, de marihuana y otros. Nuestra Fuerza Aérea está perfectamente equipada y adiestrada para asegurar nuestras soberanía aérea y perseguir, vigilar vuelos sospechosos en combinación con fuerzas aéreas de otros países. Nuestra población, nuestros gobierno locales, regionales, también han incrementado la labor de inteligencia de los cuerpos de inteligencia policial, la inteligencia militar.

    Hemos logrado éxitos notables, en la lucha contra el narcotráfico. El gobierno de Washington así lo ha reconocido y ha dicho hace poco meses que ha sido brillante —esa misma palabra la utilizaron en Washington— la acción venezolana. Hace poco decomisamos —hace unos meses atrás, hace un año— el mayor cargamento de cocaína que se haya decomisado jamás en Venezuela, por allá en el Orinoco, a las salidas del Orinoco.

    Eran como 14 toneladas de cocaína, en una acción internacional. Hace pocas semanas con el gobierno de Francia, también detuvimos un barco en aguas venezolanas; autorizamos a Francia a su pedido de incursionar en nuestras aguas, detuvieron un barco y en verdad, iba con cocaína.

    En fin, hemos incrementado mucho nuestras capacidad de detección de narcotráfico y combate al narcotráfico. Pero claro que sí, requerimos incrementar la capacidad técnica de vigilancia y son proyectos que estamos adelantando en combinación con otros gobiernos como el de Colombia, el de los Estados Unidos y de los países del Caribe.

    Por otra parte, me preguntan por aquí el sector privado, ¿cómo ayudar? Fundamentalmente creyendo, en el país en el sector privado, tanto nacional como internacional y en eso nosotros estamos haciendo esfuerzos bastante grandes para incrementar el grado de confianza que es fundamental para la inversión privada.

    Hace poco —hace como 6 meses, 8 meses— una institución francesa de evaluación económica para inversionistas, determinó que en todo el continente americano, hay 4 países que no tiene riesgo alguno: ni riesgo político ni económico ni social; uno de ellos Venezuela.

    De esa manera, incrementando la confianza a través de la inversión productiva, el sector privado ha comenzado a ayudar en el proceso venezolano. En el primer año no quería invertir, en verdad, había mucho temor y era natural por supuesto; siempre a la hora de los grandes cambios políticos hay temores en el capital pues, dicen que es muy temeroso y es natural que así sea. Sin embargo, agradecemos al sector privado nacional y, sobre todo, a los inversionistas extranjeros, entre ellos los inversionistas británicos, que se quedaron en Venezuela y no sólo se quedaron, otros fueron a invertir en petróleo y en otras áreas también. Así que es la mejor manera y nosotros pues, estamos dispuestos a ayudar a que nos ayuden con las inversiones productivas.

    Y en eso andamos. Todas estas giras por Europa tienen la parte política, de relaciones políticas y por supuesto, la parte económica, la intención de explicar esta mañana hubo acá un seminario aquí en Londres, que me dicen con más de 300 inversionistas, sectores económicos, vino un grupo de ministros venezolanos a explicar el potencial de Venezuela para atraer inversionistas.

    Y luego me preguntas tu por una agenda de diálogos del sur con el norte. Si, yo creo que hay una agenda —que no es nueva— donde se trata de retomar ya en Yakarta, en la Cumbre del G-15 agregábamos temas como por ejemplo, la agenda social eso es fundamental. La agenda social, la pobreza, el desempleo, el tema por ejemplo, del financiamiento a los países más pobres; el microcrédito; la deuda externa y este proceso que está en marcha pero que todavía creemos que es muy pequeño, de condonar deudas a países extremadamente pobres, que además no va a poder pagarla y su situación es sumamente vulnerable.

    Países como Haití, por ejemplo, para poner un ejemplo que nos toca muy de cerca, esa hermana y vecina República de Haití. Pero el tema de la deuda externa, las inversiones, los créditos, los microcréditos, la educación, la ciencia y la tecnología ¿cómo cerrar la brecha tecnológica? eso es fundamental y ha sido producto de muchos debates en la Cumbre reciente del Grupo de Río en Santiago de Chile, ese fue uno de los temas centrales: el tema científico y tecnológico. También lo fue en Yakarta.

    Estamos muy preocupados por la brecha tecnológica, porque si no se toman medidas para que los países subdesarrollados tengan acceso a los adelantos tecnológicos, pues lo que va es a ensancharse más la brecha entre el norte y el sur y eso sería muy peligros para el equilibrio mundial, para la justicia y para luchar contra la pobreza.

    He ahí algunos temas: la lucha contra el narcotráfico ahora sin duda, que adquiere papel importante y sobre todo contra el terrorismo que son males que nos aquejan a todos; el tema de la democracia. En América hay un debate muy importante sobre la democracia. Ahora, ¿dónde era que estaban ustedes? en Lima, por cierto el mismo día 11 de septiembre, estaban reunidos todos los cancilleres de América redactando y aprobando finalmente la Carta Democrática.

    Ese es otro tema importante: la democracia y cómo darle contenido popular y no sólo contenido político, sino social y económico que tienda a la justicia. He ahí algunos temas de la agenda norte-sur que estamos activando.

    La última pregunta: ¿ cómo responde usted a las preguntas de sus países vecinos —si es que le hacen esa pregunta— si el sueño bolivariano, el proyecto bolivariano no puede considerarse terminado hasta que haya una reunificación de lo que era la Gran Colombia.

    Presidente Chávez: La pregunta es muy interesante. Es una pregunta esencial. Claro que a estas alturas de nuestra historia no se trataría de replantear tal cual el proyecto original bolivariano que era aquella Gran Colombia como una sola gran República.

    Bolívar decía incluso, que la capital de la Gran Colombia debería estar por allá en La Guajira, porque era como el centro geopolítico, ya apuntando hacia el Caribe pero más hacia Panamá. Y decía que Panamá debería ser la capital del nuevo mundo como fue Bizancio en el antiguo universo.

    Ese proyecto hoy ya no sería viable para nada; sería una utopía planteárselo. No, hay que actualizarlo a la luz del Siglo XXI. Ahora, sólo es posible actualizando el pensamiento de Bolívar, lograr un proyecto, darle forma a un proyecto unitario político.

    Europa por ejemplo, nosotros vemos con mucha atención lo que Europa ha logrado con la Unión Europea, instituciones supranacionales, leyes integradoras de un conjunto de países sin que ellos pierdan su soberanía; no se trata de borrar la soberanía de la Gran Bretaña, de Francia, de España no, manteniendo su soberanía, sin embargo, buscar un mecanismo supranacional unitario sobre todo comenzando por lo político y allí esta una de las críticas que nosotros hacemos a los modelos de integración que están en marcha en América Latina y el Caribe.

    Como el dicho ese de colocar la carreta delante del caballo. En América Latina creemos que tenemos la carreta delante del caballo. Entonces los modelos de integración casi todos los que existen, están hechos en base a lo comercial. Esa es la carreta: el caballo tiene que ser la política, la voluntad política de integración; el impulso social a la integración.

    Tu preguntas por América Latina en cualquier calle de Bogotá o de Caracas o de Lima o de Quito ¿qué es la Comunidad Andina de Naciones? Casi nadie sabe qué es eso. Mucho menos van a sentir entonces la necesidad de la integración. Hay que motivar a los pueblos.

    Yo una vez decía: tenemos que enamorar a nuestros pueblos de la idea de la integración porque si no, nunca será posible. Y Europa se ha unido como lo ha hecho y va una moneda común el 1° de enero, un Banco Central europeo; un Parlamento europeo; una Comisión que hace seguimiento a los acuerdos; incluso, mecanismos de cooperación para que ningún país salga dañado.

    Me decían en Portugal el presidente Sampaio, el Primer Ministro Guterres, que cuando Portugal ha tenido problemas, porque es un país pequeño, la Unión Europea extiende la mano a Portugal para no dañar ningún país, no hacerle un daño a ningún país, sino que todos se desarrollen.

    En América Latina, no. En América Latina, el proyecto de integración está hecho bajo el corte meramente neoliberal comercial. Es la economía mandando. Es la tesis esa del libre mercado y eso no va a llevar a ninguna parte, en nuestro criterio. Entonces, allí es donde hay que retomar la idea bolivariana, Bolívar lo planteaba pero claramente. Se trata de conformar una Liga de Naciones, la unión política de un bloque político.

    Fue una coincidencia. Ibamos Fernando y mi persona a inaugurar un tendido eléctrico de 600 kilómetros que hicimos desde la Represa de Guri, en Venezuela, al Sur del Orinoco hasta Boa Vista, pueblo muy importante, ciudad muy importante del Norte de Brasil. El Norte de Brasil no tiene fuentes de energía, entonces nosotros le estamos vendiendo y barata, la energía. Pero tuvimos que hacer una línea larguísima, seiscientos kilómetros. Bueno, fuimos a activarla, y Fidel estaba en Venezuela; el día anterior yo lo invité y se quedó un día para vernos allá. Un acto muy bonito. Y cada uno dijo unas palabras. Fernando Enrique comenzó hablando y entonces trajo a Simón Rodríguez, aquel maestro visionario de Bolívar, que también pasó por aquí, incendiario como era, y dijo Fernando Enrique esta es una línea no, estamos activando 600 kilómetros de integración. Una buena figura porque es la integración no sólo en el papel, es en la realidad, en algunos sectores en Venezuela me critican por ese acuerdo, que ya había sido hecho el gobierno pasado pero se había estancado. Lo reactivamos, porque en verdad, es une energía barata y si alguien se pone a sacar cuentas, y a sumar y a restar, no es que sea un negocio malo, no es que Venezuela está perdiendo, pero pudiera ganar más si lo orientara de otra manera.

    Pero no podemos estar pensando sólo en la ganancia económica, se trata de la integración de esa región norte de Brasil, y Venezuela, que es una sola región, geopolítica, muy importante. Vale más que un dólar o de un millón de dólares la integración de esa región. Bueno, así que Fidel estuvo, yo lo invité y estábamos los tres.

    Entonces, Fernando Enrique dijo, extrapolando a Simón Rodríguez. Simón Rodríguez decía: América Meridional no puede copiar modelos. O inventamos o erramos. El llamaba a inventar modelos, cosa que hoy es un reto para América Latina. Porque los modelos no pueden ser implantados tal cual. Bolívar decía en una ocasión: tenemos que consultar nuestra historia, no en los Códigos de Washington. Porque quisimos copiar entonces el modelo federal de los Estados Unidos cuando allá se quisieron conformar repúblicas. Bolívar se oponía porque decía que había que comenzar, que los Estados Unidos nos llevaban ya una larga experiencia por delante. Bueno, Fernando, como Simón Rodríguez dijo: O inventamos o erramos, Fernando Enrique dijo: O nos unimos o erramos. Luego, este servidor agregó una frase que he repetido bastante por América Latina, O nos unimos o nos hundimos. Y luego vino Fidel que es el más veterano y dijo, bueno, yo voy a decirlo más sencillo, pero fue muy contundente igual: O nos integramos o nos desintegramos.

    Elemental. Entonces, ese es un reto para nosotros cambiar y construir nuestros propios modelos de integración y darle el sentido bolivariano de la integración política, la integración social, por supuesto también la integración económica que es vital.

    1982… Malvinas. Recuerdo aquella jornada. Transcurre, en Santiago, mi “exilio interior”. La prensa, la TV y la radio apoyan al Reino Unido. El último medio transmite los boletines de la BBC. El gobierno se proclama neutral. No obstante, pese a la censura, hay indicios de lo contrario, por ejemplo, barco británico reabastecido de petróleo en Talcahuano o helicóptero de la RAF en Tierra del Fuego. En el Paseo Ahumada -equivalente a Florida de Buenos Aires- se agolpan ciudadanos ante los kioscos de periódicos. Informan, en primera plana, de los triunfos de la Aeronáutica Argentina en el Estrecho de San Carlos. Nadie formula un comentario. Los cetrinos rostros se tornan taciturnos y cejijuntos. Hay atmósfera de velorio. Se cuchichea, pues en el Chile de entonces nadie profiere una palabra en voz alta: “Si ganan la guerra el país será víctima de una blitz krieg. A la agresión se sumarán los dos resentidos Estados septentrionales. El cuadrillazo nos pondrá de rodillas perdiéndose, por el norte, Tarapacá y Antofagasta y por el sur Aysén y Magallanes. Quedaremos reducidos a una lonja restringida entre Copiapó y Puerto Montt. Para colmo, los pertrechos escasean por efecto de la Enmienda Kennedy. En Lima hay filas de cholos anotándose —en la Embajada de Argentina— como voluntarios y pilotos peruanos combaten junto a argentinos contra británicos…”. De capitán a paje hay inquietud. Si bien la guerra no estalla en 1978 puede producirse ahora un cuatrienio después. El pretexto es el mismo y dispone de nombre: Beagle.

    La Oposición —sumida en la semiclandestinidad— cierra la boca. No se pronuncia. El marxismo que la integra se traga el discurso antimperialista y descolonizador. Se le juzga conveniente tratándose de Vietnam o Cuba, pero no de Argentina. Pontifica: “el pueblo chileno se niega a acompañar en la aventura bélica a un militar equivalente a Pinochet que oprime a Argentina y vulnera los DDHH”. En la Democracia Cristiana se archiva, por el momento, el discurso bolivariano de Gabriel Valdés, readquiriendo vigencia el chauvinista de Alejandro Magnet. Apenas un instituto de politología —el Centro de Estudios Chilenos (Cedech)— integrado por académicos excluidos de las aulas superiores por el gobierno de facto enarbola opinión disidente. Apoya a Buenos Aires y condena a la Gran Bretaña colonialista. Es voz solitaria inspirada en las tesis de Haya de la Torre, Jorge Abelardo Ramos y Felipe Herrera. Su mérito: reducir a polvo el cristal de la unanimidad antiargentina y anglófila. En medio del fragor del conflicto, La Habana y Managua solidarizan con la Casa Rosada. Entonces nuestra izquierda vacila. Siente el chicotazo, pero no enmienda rumbo. Décadas antes ha coincidido con la derecha en excomulgar a Perón y al justicialismo. Ahora demoniza a Galtieri. Juzga la liberación de Malvinas una irresponsabilidad y con ello le hace el juego al Reino Unido.

    El resto es historia. Después de 90 días de epopeya, el general Benjamín Menéndez -militar gorila conocido por su trayectoria antiperonista- suscribe el acta de capitulación en Puerto Stanley. Es sindicado uno de los halcones del Estado Mayor. Al parecer es quien rebautiza, como Puerto Argentino, a Puerto Riveros. Se le adjudica afirmar en 1978: “Con 5 días de campaña estoy bebiendo whisky en La Moneda y meando en Valparaíso”. Si non e vero e ben trovato. La catástrofe militar transandina genera en Chile una sensación de alivio. Ya no se producirá el ataque por el este que gatillaría de inmediato confrontación con Perú y Bolivia. Aquella debacle -quiérase o no- lubrica la diplomacia vaticana que resuelve el pleito del Beagle. Se suprimía así el peligro de guerra entre dos pueblos con frontera común, idéntica etnia, lengua y fe, dotados de economías complementables y problemas cuya solución exigen la mancomunidad. Dos pueblos que integran una sola nación hoy desmembrada como lo estuvo -en su momento- la Italia pregaribaldina o la Alemania prebismarckiana.

    El país —desde la Guerra del Pacífico (1879-1883)— padece de intoxicación patriotera identificable como “chilenitis” (“de viejas naciones respetada, por fuerte, principal y poderosa…”,“Chile es la copia feliz del Edén”, “Ejército siempre vencedor, jamás vencido”). Se consigue mediante la ingesta de un brebaje ideológico que consume —sin remilgos— toda la sociedad. Se expresa en mitomanía isleña excepcionalista (“Chile es mansión de lujo ubicada en barrio ordinario”, “Chile es distante, distinto y… superior”, “la excelencia del vino, la belleza de la bandera, la proverbial hospitalidad, la vocación pacifista, la homogeneidad étnica…”). También —y esto es más pernicioso— complejo de superioridad respecto a Perú y Bolivia y de inferioridad con Argentina. Chile exhibe ante aquellas dos repúblicas altanería racista y frente a “la otra banda”, pueril resentimiento (“nos arrebató la Patagonia”). Peruanos, bolivianos y argentinos son entonces adversarios de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Tan inveterada fatalidad coagula en el dogma de la paz armada (“si quieres la paz, prepárate para la guerra”), en un set de hipótesis de conflicto en las cuales siempre el adversario son los Estados fronterizos y, como consecuencia, en el armamentismo “disuasivo”. La escuela, el cuartel y la prensa perpetúan circuitos de estereotipos. Entre estos anotemos: cholos y cuicos son indios abúlicos y piojentos y los cuyanos, fanfarrones y expansionistas. El esquema supone a Lima y La Paz en plan de revancha y a Buenos Aires animado de afán de anchsluss.

    Tal intoxicación se incorpora al ser chileno como una segunda piel, o si se quiere, cuaja en una cultura específica. Se expresa a través de actitudes etnocéntricas y postulaciones geopolíticas y geoestratégicas importadas desde la Europa decimonónica. Se identifica como síndrome de fortaleza asediada (SFA). Tal anomalía involucra un inminente ataque tripartito. Dicho peligro siempre ad portas obliga a permanecer bala en boca y dedo en el gatillo. Quienes conocen el film “El desierto de los tártaros” podrán, con menos dificultad, imaginarse esta sui generis paranoia generadora de una atmósfera adversa a cualquier proyecto integrador. Si la complementación propuesta es con Argentina y Brasil se cuestiona como un peligro la opulencia y el gigantismo de ambas repúblicas. Si es con Bolivia y Perú, se presenta la iniciativa como estéril, pues se trata de países indigentes y privados de gravitación (off the record, el criollo pseudocaucásico añade con un rictus de desprecio “poblados por indios”). Siempre hay argumento para aferrarse al deshidratante aislamiento y, de modo soterrado, convertir al país en satélite de un “hermano mayor” el cual es imaginado “amigo”. No obstante, los antimperialistas lo sabemos siempre patrón y, a veces, como ahora en Londres, verdugo.

    Los Estados fronterizos —según la mitología jingoísta— envidian a Chile por “exitoso y próspero” o lo desprecian por “débil y pobre”. Se identifican, en la polemología, como “enemigos inmediatos”. Son “los tártaros” siempre urdiendo la agresión. Hay que disuadirlos de tal propósito. Ello se consigue disponiendo de FFAA en pie de guerra y con tecnología de punta. Otro artilugio no menos importante es amagarles sus respectivas retaguardias. Con el propósito de cubrir este propósito los Haushofer autóctonos —en virtud de las enseñanzas de la Misión Militar Prusiana contratada a fines del XIX— se empeñan en el montaje de una cadena de “aliados cercanos”. Son —según el esquema— Ecuador, Paraguay y Brasil. Sin embargo, registran éxito sólo en Quito. Fracasan en Asunción y en Brasilia (durante un siglo aquí se comulga con aquello de “Brasil amigo seguro”). Los “aliados distantes” -ahora más importantes que antes por efecto de la globalización- son las megapotencias. En el ayer remoto la Alemania del Kaiser apadrina nuestro Ejército y el Imperio Británico, a la Armada. Después de la II Guerra Mundial lo anhelado es “pentagonizarse”, es decir, alcanzar el rango de sobrino predilecto del Tío Sam. Tal operativo conlleva subscribir la doctrina de la Seguridad Nacional y actuar como batallones de exterminio de comunistas y comunizantes etiquetados “miembros de la V columna de Moscú”. No obstante, el asunto del Beagle, la Enmienda Kennedy y el casus belli de Malvinas ponen a las FFAA de Chile, de hinojos, ante Londres.

    Las revelaciones de Margarita Thatcher sobre el colaboracionismo de Chile al Reino Unido en el Atlántico austral no sorprenden. Fue siempre un secreto a gritos. La estocada anglófila de Chile a Argentina estuvo avaladas —salvo excepciones— por montescos y capuletos. Apenas ayer, el general Fernando Matthei —ex jefe de la Fuerza Aérea de Chile— la justifica expresando “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Cuanto mejor si ese “amigo” es una macropotencia y europea. Entonces resurge la atávica genuflexión del “sudaca” ante el capanga blanco, alto, rubio y de ojos glaucos juzgado invencible, infalible y paternal. Tal idolatría empuja a nuestra oficialidad a autoevaluarse “aliada de Gran Bretaña” en Malvinas. No pasaron, sin embargo, jamás de la condición de yanaconas, es decir, peones. El fetichismo europeizante —de modo sostenido- se manifiesta, por ejemplo, en el afán por preferir, como cadetes de las escuelas matrices de las FFAA, a los retoños de los euroinmigrantes -preferentemente sajones y germánicos— con exigencias explícitas de estatura y solapadas de pigmento. Esto acentúa en la cúpula la convicción de constituir una ínsula europea sitiada por macacos amerindios, mestizos y mulatos. Las modas euroyanquis se imponen en toda esfera, es decir, el herodianismo campea con banderas desplegadas. Recientemente, el “milagro chileno” —derivado de la aplicación del modelo neoliberal y de la apertura al Pacífico sur con sus Dragones—, sin tapujos, invita a proferir la consigna “Good bye Latinamerica!”. En ese contexto la asociación con Inglaterra contra Argentina, en Malvinas, adquiere luciferina logicidad.

    El trato humillante propinado por Londres al general Pinochet es un latigazo a la cipayería, es decir, a la cultura de la servidumbre. Es posible que la frustración del nativo servicial ante la ingratitud del amo extranjero no se traduzca, por ahora, en insurgencia. El asunto se explicará con simplonería: “complot del eurosocialismo”. Antes se expresa: “los Kennedy son comunistas”. Se trata de grosero reduccionismo del cual el mundo militar tendrán que redimirse. El estamento castrense no maneja todavía la noción de “imperialismo” y se ignora asimismo como componente de una república periférica. La izquierda colonizada ayer por el Kremlín y hoy por la Internacional Socialista —lisa y llanamente— opta por cohabitar con los imperios y acude a ellos, para derimir disputas domésticas. Aunque, atrás queda la era del rublo, se sigue operando con dólares y se añaden ahora coronas, francos, marcos y pesetas. Estas divisas financian guerras de liberación, insurgencia de etnias y campañas electorales. Ciertas ONG’s son la urdimbre jurídica del soborno socapa de solidaridad internacional. La injerencia abre puertas -a posteriori- para negocios como el expendio de armamento así, como en el ayer, el flujo inmigratorio. Al interior de cada Estado y en la relación de un Estado con otro gravitan las potencias extracontinentales que interviene de modo discreto o descarado. El fenómeno lo etiqueta Salvador de Madariaga “donjulianismo”. Pese a lo anotado, el atropello perpetrado en la capital del Támesis conmueve incluso a la marina cuyo santón es Lord Thomas D. Cochrane. Esta institución de las FFAA amenaza con congelar la compra de nuevas unidades en los astilleros británicos y francoespañoles. El secular convencimiento de la oligarquía mapochina - elite chic o gente linda- en orden a sentirse europea (“somos los ingleses de América del Sur”) tiende a colapsar. Depresión parecida experimenta el herodianismo eslavizante del marxismo como consecuencia del desplome de la URSS y del Muro de Berlín. Obvio, se marchita también la vieja eurolatría de la oficialidad argentina por la agresión inferida, “in the Falkland´s Islands”, por la tropa de SMB.

    El proceso integrador comienza a materializarse. Su manifestación de mayor operatividad es el Mercosur. La meta: conseguir desarrollo complementado, garantizar la soberanía política y —aunque no se explicite— rescatar la identidad criolla. Aunque el concepto sociológico de “nación” (“la nación es un conglomerado dotado de comunidad de etnia y de cultura”) carezca —por ahora— de luz verde, hay que manifestar que el “mercosurismo” se perfila como un proceso consensuado de unificación nacional. Tal enfoque tropieza con tenaces reticencias. En efecto, no es fácil legitimarlo porque aun posee vigencia la concepción legalista (“el Estado es la nación jurídicamente organizada”) y las oligarquías lugareñas —blancas o emblanquecidas— animan “nacionalismos” fratricidas justificatorios de la geopolítica de sello foráneo y, por ende, de la demencial armamentofagia.

    El proceso de reaglutinamiento de nuestra nacionalidad desmenuzada en veintitantos Estados enclenques y empobrecidos no puede efectuarse sin el apoyo de las FFAA. Conseguir dicha adhesión supone una campaña de tipo cultural que, en primerísimo lugar, exige la deseuropeización y la deschauvinización de la oficialidad. El objetivo es convertir el archipiélago en continente y el continente en “nación de repúblicas”. Se debe entonces recriollizar los cuerpos castrenses. La agresión colonialista del Atlántico austral -que dispuso de la complicidad de EU y de la Unión Soviética así como de la apatía de la España “democrática”- debiera motivar a los uniformados transandinos a reencontrarse con la esencia sanmartiniana.

    La consigna “seamos nosotros mismos” vale, por cierto, también para los soldados, marinos y aviadores chilenos. Su líder está siendo humillado por Europa. Fiscales de ultramar enjuician 17 años de gestión gubernativa militar. El cuestionamiento de ese capítulo de la Historia de Chile -se insiste- es privativo de los criollos. Desde otro ángulo, la injerencia foránea en materia judicial constituye una lesión de la soberanía con consecuencias no difíciles de pronosticar. Quienes aplauden el arresto del ex Presidente de la República, ex jefe del Ejército y actual senador actúan acorde al “donjulianismo”. Los vociferantes antimperialistas de ayer son los sumisos proimperialistas de hoy que acatan el Nuevo Orden Mundial. La vieja Europa colonialista y genocida, para la izquierda del Chile actual es “la comunidad internacional”. Ahora para esa fuerza política no hay Tercer mundo explotado y Primer mundo explotador. No puede extrañarnos… durante 17 años mendiga —de modo soterrado— la intervención de Washington para desestabilizar al régimen militar, calla ante la invasión de Panamá y el secuestro de su jefe de Estado el general Manuel Antonio Noriega. Permanece silenciosa frente a los despiadados bombardeos de Irak, Sudán y Afganistán y el bloqueo a Cuba no se menciona. Tampoco protesta por las explosiones nucleares de Francisco Mitterrand sobre la Polinesia ¿Qué queda de esa izquierda? Ayer colona mental del Kremlin y hoy teleguiada desde la Europa socialdemócrata e infiltrada por la Casa Blanca. Ha sido -desde su origen- apátrida. Divorciada, igual que la derecha, de las esencias fundacionales de la nación.

    El viraje propuesto es difícil, dificilísimo, pero no imposible. En lo inmediato la meta es conseguir se abandone la geopolítica importada tan postiza como anacrónica. Los traumas que, para los uniformados, significan la guerra colonial de Malvinas y el entrampamiento del general Pinochet constituyen una invitación a retornar a la geopolítica de los libertadores. Allá sanmartiniana y aquí o´higginiana. Fueron los libertadores —José de San Martín y Bernardo O´Higgins Riquelme— quienes fundan las instituciones castrenses de Argentina y Chile. Son concebidas como brazos armados de la macrofamilia de pueblos que constituyen una nación cuya independencia y progreso exige rearticularse. Ello compromete a sacudir la hipnosis euroyanqui y erradicar la patriotería aldeana. La empresa es la megatarea de nuestro tiempo conosureño al finalizar el siglo XX y asomándose ya al Tercer milenio.

    Cristalizar la meta indicada pasa por superar el abismo que separa a civiles y militares. Tal divorcio es un ardid de los imperialismos para debilitar a nuestras patrias. Participan en la maniobra minorías internas contranacionales infiltradas en diversas tiendas políticas de babor y de estribor. Igual estrategia se efectúa en el siglo XIX desarticulando a la ciudadanía en el desgastador contrapunto entre “laicismo” y “clericalismo”. Hoy no se trata, en consecuencia, de exigir que los uniformados pidan excusas por violación de DDHH en teatrales ceremonias de reconciliación, sino de abrir diálogo sobre como superar la dependencia y el subdesarrollo que afecta a nuestro “mundo ancho y ajeno”, Patria Común de los iberoamericanos australes.

    (*) El autor es chileno n. 1937 (La Serena). Historiador y sociólogo. Postula el nacionalismo iberoamericano. Desde el primer momento apoya a Argentina en Malvinas. El régimen de Pinochet lo exonera de su cátedra en la Universidad Nacional. La democracia no se la restituye pese a la petición de connotados personeros de la cultura y la política del Continente. Cofundador del Cedech, autor de varias obras y activo colaborador de la prensa. Condecorado por el S. Gobierno de Bolivia con la Orden “Simón Bolívar” en virtud de su propuesta de desenclaustramiento de esa república que padece un centenario encierro.

    Reproducimos en esta sección un excelente articulo del escritor Gabriel García Marquez, aparecido en Le Monde Diplomatique del 14 de agosto. Con su singular estilo Marquez describe al personaje de manera inigualable. También refleja en el articulo la tensión que produce el tema con el mundo en el que debe convivir para publicar sus libros y ganar premios. Un mundo donde Chávez esta tocando fuertes intereses. De ahí quizás provengan ciertas dudas y ciertos desconocimientos insólitos en el inteligente escritor, ya que versan sobre cuestiones que son ya demasiado conocidas en nuestra América morena

    Carlos Andrés Pérez descendió del avión que lo llevó de Davos, Suiza, y se sorprendió de ver en la plataforma al general Fernando Ochoa Antich, su Ministro de Defensa. ¿Qué pasa?, le preguntó intrigado. El Ministro lo tranquilizó con razones tan confiables, que el Presidente no fue al Palacio de Miraflores sino a la residencia presidencial de La Casona. Empezaba a dormirse cuando el mismo ministro de Defensa lo despertó por teléfono para informarle de un levantamiento militar en Maracay. Había entrado apenas en Miraflores cuando estallaron las primeras cargas de artillería.

    Era el 4 de febrero de 1992. El coronel Hugo Chávez Frías, con su culto sacramental de las fechas históricas, comandaba el asalto desde su puesto de mando improvisado en el Museo Histórico de La Planicie. El Presidente comprendió entonces que su único recurso estaba en el apoyo popular y se fue a los estudios de Venevisión para hablarle al país. Doce horas después el golpe militar estaba fracasado. Chávez se rindió, con la condición que también a el le permitieran dirigirse al pueblo por la televisión.

    El joven coronel criollo, con la boina de paracaidista y su admirable facilidad de palabra, asumió la responsabilidad del movimiento. Pero su alocución fue un triunfo político. Cumplió dos años de cárcel, hasta que fue amnistiado por el presidente Rafael Caldera. Sin embargo muchos partidarios, como no pocos enemigos, han creído que el discurso de la derrota fue el primero de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de la República menos de nueve años después.

    El presidente Hugo Chávez Frías me contaba esta historia en el avión de la Fuerza Aérea Venezolana que nos llevaba de La Habana a Caracas, a menos de quince días de su posesión como presidente constitucional de Venezuela por elección popular. Nos habíamos conocido tres días antes en La Habana, durante su reunión con los presidentes Castro y Pastrana, y lo primero que me impresiono fue el poder de su cuerpo de cemento armado. Tenía la cordialidad inmediata y la gracia criolla de un venezolano puro. Ambos tratamos de vernos otra vez, pero no nos fue posible por culpa de ambos, así que nos fuimos juntos a Caracas para conversar de su vida y milagros en el avión.

    Fue una buena experiencia de reportero en reposo. A medida que me contaba su vida iba yo descubriendo una personalidad que no correspondía para nada con la idea del déspota que tenía formada a través de los medios. Era otro Chávez. ¿Cuál de los dos era el real?. El argumento duro en su contra durante la campaña había sido su pasado reciente de conspirador y golpista.

    Pero la historia de Venezuela ha digerido a mas de cuatro. Empezando por Rómulo Bentancourt, recordado con razón o sin ella como el padre de la democracia venezolana, que derribó a Isaías Medina Angarita, un antiguo militar demócrata que trataba de purgar a su país de los treintiseis años de Juan Vicente Gomez. A su sucesor, el novelista Rómulo Gallegos, lo derribó el general Marcos Pérez Jiménez, que se quedaría casi once años con todo el poder. Este, a su vez, fue derribado por toda una generación de jóvenes demócratas que inauguro el período mas largo de presidentes elegidos.

    El golpe de febrero parece ser lo único que le ha salido mal al coronel Hugo Chávez Frías. Sin embargo, él lo ha visto por el lado positivo, como un revés providencial. Es su manera de entender la buena suerte, o la inteligencia, o la intuición, o la astucia, o cualquier cosa que sea el soplo mágico que ha regido sus actos desde que vino al mundo en Sabaneta, estado Barinas, el 28 de julio de 1954, bajo el signo del poder: Leo. Chávez, católico convencido, atribuye sus hados benéficos al escapulario de mas de cien años que lleva desde niño, heredado de un bisabuelo materno, el coronel Pedro Pérez Delgado, que es uno de sus héroes tutelares.

    Sus padres sobrevivían a duras penas con sueldos de maestros primarios y él tuvo que ayudarlos desde los nueve años vendiendo dulces y frutas en una carretilla. A veces iba en burro a visitar a su abuela materna en Los Rastrojos, un pueblo vecino que les parecía una ciudad porque tenía una plantilla eléctrica con dos horas de luz a prima noche, y una partera que los recibió al y a sus cuatro hermanos. Su madre quería que fuera cura, pero solo llegó a monaguillo y tocaba las campanas con tanta gracia que todo el mundo le conocía por su repique. Ese que toca es Hugo, decían.

    Entre los libros de su madre encontró una enciclopedia providencial, cuyo primer capítulo lo sedujo de inmediato: cómo triunfar en la vida. Era en realidad un recetario de opciones, y él las intentó casi todas. Como pintor, asombrado ante las laminas de Miguel Angel y David, se ganó el primer premio a los doce años en una exposición regional. Como músico se hizo indispensable en cumpleaños y serenatas con su maestría del cuatro y su buena voz. Como beisbolista llegó a ser un catcher de primera.

    La opción militar no estaba en la lista, ni a el se le habría ocurrido por su cuenta, hasta que le contaron que el mejor modo de llegar a las grandes ligas era ingresar en la Academia Militar de Barinas. Debió ser otro milagro del escapulario, porque aquel día empezaba el plan Andres Bello, que permitía a los bachilleres de las escuelas militares ascender hasta el mas alto nivel académico. Estudiaba ciencias políticas, historia y marxismo-leninismo.

    Se apasionó por el estudio de la vida y la obra de Bolívar, su Leo mayor, cuyas proclamas aprendió de memoria. Pero su primer conflicto consciente con la política real fue la muerte de Allende en septiembre de 1973. Chávez no entendía. Y por qué si los chilenos eligieron a Allende, ahora los militares chilenos van a darle un golpe?. Poco después el capitán de su compañía le asigno la tarea de vigilar a un hijo de José Vicente Rangel, a quién se creía comunista. Fíjate las vueltas que da la vida, me dice Chávez con una explosión de risa. Ahora su papá es canciller.

    Más irónico aun es que cuando se graduó recibió el sable del presidente que veinte años después trataría de tumbar: Carlos Andrés Pérez. Además, le dije, usted estuvo a punto de matarlo.De ninguna manera, protestó Chávez. La idea era instalar una asamblea constituyente y volver a los cuarteles.

    Desde el primer momento me había dado cuenta de que era un narrador natural. Un producto integro de la cultura popular venezolana, que es creativa y alborozada. Tiene un gran sentido del manejo del tiempo y una memoria con algo de sobrenatural, que le permite recitar de memoria poemas de Neruda o Whitman y páginas enteras de Rómulo Gallegos.

    Desde muy joven, por casualidad, descubrió que su bisabuelo no era un asesino de siete leguas, como le decía su madre, sino un guerrero legendario de los tiempos de Juan Vicente Gómez. Fue tal el entusiasmo de Chávez, que decidió escribir un libro para purificar su memoria. Escudriñó archivos históricos y bibliotecas militares, y recorrió la región de pueblo en pueblo con un morral de historiador para reconstruir los itinerarios del bisabuelo por los testimonios de sus obrevivientes. Desde entonces, lo incorporó al altar de sus héroes y empezó a llevar el escapulario protector que había sido suyo.

    Uno de aquellos días atravesó la frontera sin darse cuenta por el puente de Arauca, y un capitán colombiano que le registró el morral encontró motivos materiales para acusarlo de espía: llevaba una cámara fotográfica, una grabadora, papeles secretos, fotos de la región, un mapa militar con gráficos y dos pistolas de reglamento. Los documentos de identidad, como corresponde a un espía, podían ser falsos. La discusión se prolongó por varias horas en una oficina donde el único cuadro era un retrato de Bolívar a caballo.Yo estaba casi rendido –me dijo Chávez– pues cuanto mas le explicaba menos me entendía. Hasta que se le ocurrió la frase salvadora: Mire mi capitán lo que es la vida: hace apenas un siglo éramos un mismo ejército y éste que nos esta mirando desde el cuadro era el jefe de nosotros dos. ¿Cómo pudo ser un espía?.

    El capitán, conmovido, empezó a hablar maravillas de la Gran Colombia, y los dos terminaron esa noche bebiendo cerveza de ambos países en una cantina de Arauca. A la mañana siguiente, con un dolor de cabeza compartido, el capitán le devolvió a Chávez sus enseres de historiador y lo despidió con un abrazo en la mitad del puente internacional. De esa época me vino la idea concreta de que algo andaba mal en Venezuela dice Chávez. Lo habían designado en Oriente como comandante de un pelotón de trece soldados y un equipo de comunicaciones para liquidar los últimos reductos guerrilleros.

    Una noche de grandes lluvias le pidió refugio en el campamento un coronel de inteligencia con una patrulla de soldados y unos supuestos guerrilleros acabados de capturar, verdosos y en los puros huesos. Como a las diez de la noche, cuando Chávez empezaba a dormirse, oyó en el cuarto contiguo unos gritos desgarradores. Era que los soldados estaban golpeando a los presos con bates de béisbol envueltos en trapos para que no les quedaran marcas, contó Chávez. Indignado, le exigió al coronel que le entregara los presos o se fuera de allí, pues no podía aceptar que se torturara a nadie en su comando. Al día siguiente me amenazaron con un juicio militar por desobediencia, –contó Chávez– pero solo me mantuvieron un tiempo en observación.

    Pocos días después tuvo otra experiencia que rebasó las anteriores. Estaba comprando carne para su tropa cuando un helicóptero militar aterrizó en el patio del cuartel con un cargamento de soldados mal heridos en una emboscada guerrillera. Chávez cargó en sus brazos a un soldado que tenía varios balazos en el cuerpo. No me deje morir, mi teniente...le dijo aterrorizado. Apenas alcanzo a meterlo en un carro. Otros siete murieron. Esa noche, desvelado en la hamaca, Chávez se preguntaba: ¿Para que estoy yo aquí? Por un lado campesinos vestidos de militares torturaban a campesinos guerrilleros, y por el otro lado campesinos guerrilleros mataban a campesinos vestidos de verde.

    A estas alturas, cuando la guerra había terminado, ya no tenía sentido disparar un tiro contra nadie. Y concluyó en el avión que nos llevaba a Caracas: Ahí caí en mi primer conflicto existencial. Al día siguiente despertó convencido de que su destino era fundar un movimiento. Y lo hizo a los veintitrés años, con un nombre evidente: Ejército Bolivariano del Pueblo de Venezuela. Sus miembros fundadores: cinco soldados y él con su grado de subteniente. ¿Con que finalidad? le pregunté. Muy sencillo, dijo él: con la finalidad de prepararnos por si pasa algo.

    Un año después, ya como oficial paracaidista en un batallón blindado de Maracay, empezó a conspirar en grande. Pero me aclaró que usaba la palabra conspiración solo en su sentido figurado de convocar voluntades para una tarea común. Esa era la situación el 17 de diciembre de 1982, cuando ocurrió un episodio inesperado que Chávez considera decisivo en su vida. Era ya capitán en el segundo regimiento de paracaidistas y ayudante de oficial de inteligencia. Cuando menos lo esperaba, el comandante del regimiento, Angel Manrique, lo comisionó para pronunciar un discurso ante mil doscientos hombres entre oficiales y tropa. A la una de la tarde, reunido ya el batallón en el patio de fútbol, el maestro de ceremonias lo anunció. ¿Y el discurso? le preguntó el comandante del regimiento al verlo subir a la tribuna sin papel. Yo no tengo discurso escrito, le dijo Chávez. Y empezó a improvisar.

    Fue un discurso breve, inspirado en Bolívar y Martí, pero con una cosecha personal sobre la situación de presión e injusticia de América Latina transcurridos doscientos años de su independencia. Los oficiales, los suyos y los que no lo eran, lo oyeron impasibles. Entre ellos los capitanes Felipe Acosta Carle y Jesús Urdaneta Hernández, simpatizantes de su movimiento. El comandante de la guarnición, muy disgustado, lo recibió con un reproche para ser oído por todos: Chávez, usted parece un político. Entendido, le replico Chávez. Felipe Acosta, que medía dos metros y no habían logrado someterlo diez contendores, se paró de frente al comandante, y le dijo: Usted está equivocado, mi comandante. Chávez no es ningún político. Es un capitán de los de ahora, y cuando ustedes oyen lo que él dijo en su discurso se mean en los pantalones.

    Entonces el coronel Manrique puso firme a la tropa y dijo: Quiero que sepan que lo dicho por el capitán Chávez estaba autorizado por mi. Yo le di la orden de que diera ese discurso, y todo lo que dijo, aunque no lo trajo escrito, me lo había contado ayer. Hizo una pausa efectista y concluyo con una orden terminante: ¡Que eso no salga de aquí!. Al final del acto, Chávez se fue a trotar con los capitanes Felipe Acosta y Jesús Urdaneta hacia el Samán del Guere , a diez kilómetros de distancia y allí repitieron el juramento solemne de Simón Bolívar en el monte Aventino. Al final, claro, le hice un cambio, me dijo Chávez. En lugar de cuando hayamos roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español, dijeron: Hasta que no rompamos las cadenas que nos oprimen y oprimen al pueblo por voluntad de los poderosos.

    Desde entonces, todos los oficiales que se incorporaban al movimiento secreto tenían que hacer ese juramento. La última vez fue durante la campaña electoral ante cien mil personas. Durante años hicieron congresos clandestinos cada vez mas numerosos, con representantes militares de todo el país.Durante dos días hacíamos reuniones en lugares escondidos, estudiando la situación del país, haciendo análisis, contactos con grupos civiles, amigos. En diez años -me dijo Chávez- llegamos a hacer cinco congresos sin ser descubiertos.

    A estas alturas del diálogo, el Presidente rió con malicia, y reveló con una sonrisa: Bueno, siempre hemos dicho que los primeros éramos tres. Pero ya podemos decir que en realidad había un cuarto hombre, cuya identidad ocultamos siempre para protegerlo, pues no fue descubierto el 4 de febrero y quedó activo en el Ejército y alcanzó el grado de coronel. Pero estamos en 1999 y ya podemos revelar que ese cuarto hombre está aquí con nosotros en este avión. Señalo con el índice al cuarto hombre en un sillón apartado, y dijo: ¡El coronel Badull!.

    De acuerdo con la idea que el comandante Chávez tiene de su vida, el acontecimiento culminante fue el Carachazo, la sublevación popular que devastó a Caracas. Solía repetir: Napoleón dijo que una batalla se decide en un segundo de inspiración del estratega. A partir de ese pensamiento, Chávez desarrollo tres conceptos: uno, la hora histórica. El otro, el minuto estratégico. Y por fin, el segundo táctico. Estábamos inquietos porque no queríamos irnos del Ejército, decía Chávez. Habíamos formado un movimiento, pero no teníamos claro para qué. Sin embargo, el drama tremendo fue que lo que iba a ocurrir ocurrió y no estaban preparados. Es decir -concluyó Chávez- que nos sorprendió el minuto estratégico Se refería desde luego, a la asonada popular del 27 de febrero de 1989: El Caracazo.

    Uno de los mas sorprendidos fue él mismo. Carlos Andrés Pérez acababa de asumir la presidencia con una votación caudalosa y era inconcebible que en veinte días sucediera algo tan grave. Yo iba a la universidad a un postgrado, la noche del 27, y entro en el fuerte Tiuna en busca de un amigo que me echara un poco de gasolina para llegar a casa, me contó Chávez minutos antes de aterrizar en Caracas.

    Entonces veo que están sacando las tropas y le pregunto a un coronel: ¿Para donde van todos esos soldados? Porque sacaban los de logística que no están entrenados para el combate, ni menos para el combate en localidades. Eran reclutas asustados por el mismo fusil que llevaban. Así que le pregunto al coronel. ¿Para donde va ese pocotón de gente? Y el coronel me dice: A la calle, a la calle. La orden que dieron fue esa: hay que parar la vaina como sea y aquí vamos. Dios mío, ¿pero que orden les dieron?. Bueno Chávez, me contesta el coronel: la orden es que hay que parar la vaina como sea. Y yo le digo: pero mi coronel, usted se imagina lo que puede pasar. Y él me dice: Bueno Chávez, es una orden y no hay nada que hacer. Que sea lo que Dios quiera.

    Chávez dice que el también iba con mucha fiebre por un ataque de rubéola, y cuando encendió su carro vio a un soldadito que venía corriendo con el casco caído, el fusil guindado y la munición desparramada. Y entonces me paro y lo llamo, dijo Chávez. Y el se monta, todo nervioso, sudado, un muchachito de 18 años. Y yo le pregunto: Aja, ¿y para donde vas tú corriendo así?. No, dijo él, es que me dejó el pelotón, y allí va mi teniente en el camión. Lléveme, mi mayor, lléveme. Y yo alcanzo el camión y le pregunto al que los lleva: ¿Para donde van? . Y él me dice: yo no sé nada. Quién va a saber, imagínese. Chávez toma aire y casi grita ahogándose en la angustia de aquella noche terrible: Tú sabes a los soldados tú los mandas para la calle, asustados, con un fusil y quinientos cartuchos, y se los gastan todos. Barrían las calles a bala, barrían los cerros, los barrios populares. ¡Fue un desastre!

    Así fue: miles, y entre ellos Felipe Acosta. Y el instinto me dice que lo mandaron matar, dice Chávez. Fue el minuto que esperábamos para actuar. Dicho y hecho: desde aquel momento comenzó a fraguarse el golpe que fracasó tres años después.

    El avión aterrizó en Caracas a las tres de la mañana. Vi por la ventanilla la ciénaga de luces de aquella ciudad inolvidable donde viví tres años cruciales de Venezuela que lo fueron también para mi vida. El presidente se despidió con su abrazo caribe y una invitación implícita: Nos vemos aquí el 2 de febrero. Mientras se alejaba entre sus escoltas de militares condecorados y amigos de la primera hora, me estremeció la inspiración de que había viajado y conversado a gusto con dos hombres opuestos. Uno a quién la suerte empedernida le ofrecía la oportunidad de salvar a su país. Y el otro, un ilusionista, que podría pasar a la historia como un déspota más.

    Una parte de las clases medias votará al candidato radical persiguiendo la quimera de mantener las libertades democráticas en un régimen de democracia semicolonial. Otra parte del pueblo, el de las mayorías nacionales, votará en Menem otra quimera: la de obtener cambios revolucionarios en la estructura productiva, que restauren la economía nacional y nos devuelva la prosperidad perdida.

    Una y otra son quimeras. La primera lo es porque el candidato del imperialismo, al profundizar la dependencia como lo ha anunciado francamente, agravará la crisis, que finalmente devorará la democracia burguesa junto con el nivel de vida ya miserable de las grandes masas. Y la segunda porque el peronismo, no obstante el deseo de miles de sus cuadros mejores, está históricamente impedido para trastrocar los fundamentos del régimen semicolonial, operación sin la cual es imposible la reconstrucción del país.

    Todas las direcciones nacional-burguesas de los movimientos nacionales (o populistas para la sociología que adopta el lenguaje denigrativo de la oligarquía) nacidos en los estertores de la Segunda Guerra Mundial viven del prestigio acumulado en su etapa de realizaciones revolucionarias, pero ese capital les es insuficiente para las tareas de esta hora. El aumento del componente proletario de sus filas, producto de la industrialización que pese a todo ha avanzado en el continente, el agravamiento de las tensiones sociales, y la magnitud de las tareas económicas y políticas constituyen el déficit de América Latina, han agravado la naturaleza conciliadora y timorata de esas direcciones de clase. Como la burguesía alemana de 1848 o el partido demócrata burgués de Rusia en 1905, la partidocracia prefiere transar siempre con los poderosos antes que empujar a las masas contra ellos. Y cada transacción es invariablemente un paso atrás. Allí están los ejemplos de Paz Estensoro, de Alan García y, el más notorio, el de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, que sólo tardó 30 días en volverse contra su pueblo. Solamente allí donde ha avanzado sin cesar logró consolidarse el movimiento nacional, como parte integrante de la Revolución Colonial.

    El peronismo, desgraciadamente, no escapa a las generales de la ley. En el 55, cayó precisamente por negarse a avanzar a fondo en el combate contra la reacción oligárquico-imperialista, cuya propiedad territorial respetó escrupulosamente en los años previos. Después, durante un cuarto de siglo, fue incapaz de organizar una oposición de masas contra los gobiernos antinacionales que se sucedieron desde la Revolución Libertadora. Quedó librado a los sindicatos, con el déficit de eficacia política que su naturaleza implica, la defensa del nivel de vida y las conquistas sociales del pueblo. En la actualidad, anegada su cúpula y sus niveles medios de militancia por toda una generación de burgueses y pequeñoburgueses ilustrados y burócratas sindicales educados en la conciliación perpetua, el peronismo se ha convertido en la oposición complaciente del régimen (más allá de los discursos electorales), cuyas principales leyes ha votado en el parlamento. Es el peronismo de los Cafiero, Manzano y de la Sota, obsesionado por la defensa de la Democracía (así, sin aditamentos), vale decir, por las prebendas, las canonjías y la figuración anexas al ejercicio del poder, y olvidado de las grandes banderas del 45.

    A la sombra de esas banderas, el movimiento peronista dio de sí cuanto podía: la industrialización del país, la sindicalización de masas, el voto de la mujer, la dignificación de los trabajadores rurales, las nacionalizaciones (pagas) de los grandes medios de transporte, servicio y cambio, y un vasto plan de obras públicas. Fue en su momento un progreso enorme en relación al estado de cosas imperante y a la perspectiva de la Unión democrática. Pero cumplido su ciclo histórico, su clase política intenta integrarse lo más cómodamente posible al sistema de la dependencia que, no obstante la buena voluntad demostrada por la Renovación, aún desconfía y tarda en aceptarla en bloque. No por ella, evidentemente, sino por su base social.

    Esta base social del peronismo, esencialmente proletaria –al punto de constituirlo en un curioso partido laborista de ideología nacionalburguesa– ha dado pie para estimar que el peronismo no puede asimilarse totalmente al régimen, como lo hiciera un día el radicalismo fundado en las clases medias. Verdad es que el sistema colonial en quiebra –a diferencia de lo que ocurre en los países metropolitanos– no sólo no es capaz de asimilar a la clase obrera, sino que todos los días desagrega de sí a un número creciente de trabajadores lanzados al subempleo o la desocupación. Pero este hecho no es en realidad garantía de nada, por cuento el proletariado industrial es inasimilable en cuanto clase y no en cuanto peronista. Su naturaleza es estructural, mientras que su identidad política es históricamente circunstancial y puede variar. Y variará si su dirección insiste –como es lo más probable– en dejar de lado su tarea de abogar por los intereses populares.

    Naturalmente, esa dirección no es homogénea y Menem no es lo mismo que Carlos Grosso, aunque más no sea porque uno representa pese a sus contradicciones al interior golpeado y postergado, mientras que el licenciado Grosso –y Cafiero– son la encarnación de la pequñoburguesía ilustrada del Puerto que ha tomado por asalto al aparato del Justicialismo en un momento de derrota nacional.

    Pero tampoco es Menem tan absolutamente diferente como las masas populares, en su desesperación y en su esperanza, quieren creer para tener en quien creer. Menem se lanzó a organizar el menemismo, pero simultáneamente el menemismo recreó socialmente a Menem a su imagen y semejanza, agigantándolo a la medida de sus expectativas. Esta nueva imagen del candidato peronista no debe empero hacer olvidar que sus raíces están también en la Renovación y que apoyó el Plan Austral del alfonsinismo. Ni disimular la circunstancia irrefutable de que las posiciones moderadamente antiimperialistas que esbozara en la campaña interna para diferenciarse de Cafiero se han ido atenuando ostensiblemente después de obtenida su nominación presidencial, en casi todos los temas cruciales: deuda externa, capitalización de Viedma, salariazo, defensa de las empresas estatales, etc.

    De todas maneras, la cuestión no es especular sobre si Menem cumplirá o no con sus promesas electorales al pueblo, puesto que Menem, no obstante su prestigio y su peso político propio, es sólo una parte de la dirección del peronismo. Y quizá ni siquiera la más importante, porque su relación carismática con las masas se realiza por encima de los aparatos, en los cuales se encuentra claramente en minoría, según lo demostraron las elecciones de autoridades partidarias posteriores a su triunfo personal sobre la candidatura adversaria de Cafiero.

    Es el conjunto de esa dirección conciliadora e inofensiva, y no sólo Menem –cuya candidatura sabotea sordamente– la que ejercerá el poder en un futuro gobierno justicialista (incluidos los elementos más reaccionarios que, derrotados por la Renovación en 1985, vuelven encabalgados en el triunfo de Carlos Menem como ingrata compañía). Y es el conjunto de esta dirección la que, comprometida con el régimen y temiendo perder el control de su base social si la pone en movimiento, la que se niega obstinadamente a plantearse siquiera las grandes tareas sin las cuales es impensable una nueva puesta en marcha de la Revolución Nacional.

    El país padece una crisis coyuntural encuadrada en una crisis estructural, y su superación exige medidas que van más allá aun de la moratoria unilateral de la deuda externa y la modificación progresiva del sistema impositivo y de servicios que ahoga a la población. La nacionalización de toda la banca privada no cooperativa, la estatización inmediata de toda la gran propiedad inglesa y norteamericana radicada en el país, la nacionalización de la renta agraria de origen oligárquico, el monopolio del comercio exterior, la planificación de la economía, el control democrático de ella y la integración así sea parcial con el resto de Latinoamérica son las medidas básicas que la situación exige con imperio. ¿Alguien piensa honradamente que la partidocracia peronista está dispuesta a empeñarse en su realización?

    Frente a esta amenaza más que cierta de la tendencia de la dirección peronista a transar con los poderes constituidos del stablishment, se ha alegado que sus bases ejercerán su presión de clase sobre ella. Efectivamente: no hay dudas de que esa presión se ejercerá, como se ejerció sobre el gobierno de Isabel Perón-López Rega, pero tampoco hay dudas en que no debe hacerse de la necesidad virtud, porque las bases deben avanzar guiadas por su dirección y no ésta empujada por aquellas.

    Grandes alzamientos espontáneos, como el Bogotazo de 1949, el Cordobazo de 1969 y los sucesos recientes de Caracas prueban que las masas no pueden triunfar sin una dirección. Menos pueden hacerlo contra su dirección, según la trágica lección que resulta de la traición de los partidos de izquierda en la Guerra Civil española. Una dirección que precisa ser empujada, que no orienta en el combate, no es una dirección real, sino una rémora, un peso muerto que debe ser removido.

    Pero no será removido, vale decir, no habrá un recambio progresivo de la dirección del movimiento nacional si las tendencias políticas consecuentemente populares que también pertenecen al campo nacional por derecho propio y que acompañaron siempre al peronismo sacrifican la posibilidad de constituirse en un polo de reagrupamiento del campo nacional a cambio de una estrecha colaboración en la siembra de ilusiones. Si el peronismo político, como en 1975, abandona nuevamente el mandato popular en nombre de la misma soberanía popular que lo ha ungido, ¿qué dirán esos partidos que no lo advirtieron oportunamente al pueblo? ¿Qué autoridad tendrán para proponerse como dirección de recambio? Sus preocupaciones son puramente electoralistas, sin pensar para nada en el día siguiente de la victoria. Ninguno de ellos –ni el peronismo– ha propuesto mecanismos viables (ni inviables) para que las masas ejerzan sus derechos y hagan sentir su voluntad democrática sobre el futuro gobierno peronista.

    ¿O es que debemos confiar ciegamente en los “representantes del pueblo” que, salvo una que otra excepción, no hacen más que sentarse en sus bancas para empezar a negociar con los enemigos de la nación? El pueblo no puede esperar dos, cuatro, seis años –después que el daño esté consumado– para castigarlos con su voto privándolos de su reelección. Urgentemente deben constituirse en los barrios, en las fábricas, en los talleres, oficinas y facultades Comités de Vigilancia de la Victoria Popular. Ellos defenderán al gobierno electo de las acechanzas de la contrarrevolución, lo apoyarán en sus momentos de debilidad y lo observarán para que el triunfo no sea negociado a sus espaldas.

    No es absteniéndose de diferenciarse claramente del peronismo como los partidos revolucionarios del Frente nacional podrán constituirse en la alternativa para las masas peronistas cuando ellas busquen superar su actual nivel de conciencia y de acción, en la perspectiva de un Nuevo Movimiento Nacional. ¿Alguien se imagina a FORJA, a Jauretche, a Scalabrini Ortiz en las elecciones de 1938 absteniéndose de criticar a Alvear porque éste disputaba en las urnas con Roberto M. Ortiz? Los forjistas criticaron debidamente a ambas alas de la alternativa y quedaron en soledad, sin consejalías, sin diputaciones ni secretarías de estado, pero en su soledad, su posición de principios fue uno de los elementos que construyeron el futuro que se abría delante de ellos. Sin su intransigencia ante el radicalismo alvearista (Que entonces era todavía un movimiento de masas), el peronismo al que se incorporaron y al que prepararon ideológicamente no hubiera sido lo que fue.

    En realidad, el pacto colombiano tácito (con sus injurias y sus atenciones mutuas) entre el peronismo y el radicalismo, la alternancia en el poder de ambos partidos con resultados cada vez más funestos, refleja el hondo conservatismo de la sociedad argentina. A diferencia de Colombia, donde el acuerdo se sustenta sobre la abstención comicial de las masas y la debilidad del movimiento obrero, en nuestro país el sistema bipartidista de facto es aceptado por el conjunto de las clases sociales, que le dan su consentimiento activo en los comicios.

    Es que un país que ha pasado de un régimen colonial precapitalista a un sistema de relaciones de producción por completo burguesas (aunque dependiente) sin pasar por los dolores de ese parto que es la revolución democráticoburguesa al estilo del México de 1910 o la Bolivia de 1952; que ha tenido en la oligarquía terrateniente una clase hegemónica crecida en el parasitismo propio de quienes reposan inertes sobre el ciclo anual de las pariciones y las cosechas; que vio aparecer una clase media de origen inmigratorio, nunca definitivamente asimilada, que a las primeras dificultades emigra a rehacer sus condiciones de vida –masivamente– a la patria de sus padres o sus abuelos; que pese a su condición de semicolonia británica pudo otorgar a la población de cinco provincias litorales y algunos enclaves urbanos del interior un nivel de vida superior al de muchas naciones europeas por la magnitud de su renta agraria diferencial; y que estructuró finalmente una clase obrera industrial moderna que –a diferencia de las bases del APRA o el MNR, por ejemplo– obtuvo sus conquistas sociales y laborales casi sin lucha, por la prodigalidad del Estado peronista que necesitaba su concurso para enfrentar al imperialismo, un país así está lastrado por una profunda inmovilidad.

    Se suceden los gobiernos, los políticos, las modas ideológicas, las luchas obreras y estudiantiles, los golpes militares y las restauraciones civiles, pero todo ello es un brillo iridiscente de la superficie; debajo, una conformidad esencial agarrota hasta ahora a todas las clases, que piensan que con unas pocas reformas hechas por un buen gobierno volverá la prosperidad perdida y se mantendrá la democracia parlamentaria y sus beneficios. Por eso los partidos radicales del campo nacional no encuentran audiencia activa alguna. Sus ideas han buscado la realidad, pero la realidad todavía no ha precisado de ellas.

    Mucho se ha escrito y más se ha hablado de la crisis de las estructuras económicas del capitalismo dependiente por el agotamiento del sistema agroexportador de la factoría próspera, primero, y del modelo de sustitución de importaciones, después, pero poca atención se ha puesto en el factor subjetivo, vale decir, en el inconsciente colectivo históricamente producido, que abarca a todas las clases y que aún permanece congelando la iniciativa y la voluntad de cambio de las masas populares. El vendaval de la bancarrota del sistema del capitalismo semicolonial –el factor objetivo– sacude las estructuras del país, pero aún las mayorías populares continúan presas del vaivén fatal del péndulo que oscila del radicalismo al peronismo y viceversa.

    Y no serán las huestes de la pequeñoburguesía reaccionaria de la Unidad Socialista y la Izquierda Unida que también lo denuncian quienes se beneficiarán de la ruptura de este equilibrio en oscilación, porque sus estructuras políticas se niegan a acompañar fraternalmente las experiencias de las mayorías nacionales. Los votos que ellos resten al candidato popular –malo o bueno pero que aún cuenta al menos con el beneficio de la duda– son un refuerzo para la candidatura de Angeloz, criatura dilecta de las fuerzas de la reacción y el imperialismo.

    Estos grupos de la izquierda portuaria, al igual que la DC de Auyero, simulan equidistancia respecto al peronismo y el radicalismo, pero la verdad es que están más cerca de Alfonsín y de Cafiero que de Menem. En su tosquedad ideológica, su clientela ha olvidado que en los países coloniales y semicoloniales la contradicción fundamental es la que enfrenta al conjunto de la nación oprimida con el bloque del imperialismo y las clases nativas ligadas a él. La han sustituido por otra contradicción irrelevante –propia del liberalismo– que es la que opone democracia a autoritarismo o, según otra versión, civiles a militares. Es este punto de vista, este canon de lectura de la realidad, el que los acerca a Cafiero y la Renovación peronista si se los pusiera a elegir.

    Y sin embargo, desde una perspectiva antiimperialista, el discurso y la representación de clase de Menem tienen cierta progresividad histórica de la cual carece la Renovación, puesto que los renovadores reflejan los prejuicios y la cobardía política de un gran sector de las clases medias argentinas que ya han aceptado la derrota nacional y se conforman en su escepticismo con la vigencia de las normas republicanas de gobierno (que de eso se trata y no de una verdadera democracia: gobierno del Demos), aunque el país se hunda; no comprenden que el naufragio de la soberanía económica y política arrastrará finalmente al fondo a su preciosa democracia. En cambio Menem representa hasta cierto punto a un sector de la burguesía argentina que aún intenta defenderse del avance arrollador del imperialismo yanqui, en la medida en que se encuentra ligada al mercado interno y la capacidad de demanda solvente o la ruina del mismo no le son indiferente. Los Menem en La Rioja, los Sapag en Neuquen, los Saadi en Catamarca y otros importantes núcleos en Santiago y en Cuyo son la parte más notoria de la que llamaremos –sin sentido peyorativo alguno y a falta de denominación mejor– la burguesía turco-peronista del Oeste.

    Se trata de un estrato de origen inmigratorio sirio-libanés, que comenzó invariablemente en el comercio minorista y luego (sobre todo bajo el gobierno proteccionista de Perón) expandió sus actividades al campo de la minería, los cultivos regionales, el comercio mayorista interprovincial y las industrias de transformación primaria. Ese estrato ha cumplido en las provincias andinas, en las proporciones del caso, el papel motor que la burguesía de origen italiano y español cumplió entre los dos siglos en el litoral agrario y ganadero. Conquistó la preeminencia sobre los viejos sectores criollos dependientes más bien de la economía artesanal y pastoril, pero lo hizo prácticamente en el ocaso del capitalismo nacional, cuando el conjunto de la burguesía retrocede en desorden frente al proceso de recolonización imperialista. De allí el carácter vacilante, defensivo y contradictorio de la dirección menemista y sus asesores económicos.

    Este sector y la Renovación peronista, primero como aliados y luego como rivales, han conseguido encaramarse como dirección política de la clase obrera argentina en una etapa de retroceso y derrota nacional. Lo hicieron una vez exorcizada toda posibilidad de una dirección alterna dentro del propio justicialismo (tarea que agradecen al Proceso), pero estas circunstancias que indican el marco general no lo explican todo. En el terreno operativo el éxito fue posible porque lo facilitó la naturaleza del funcionamiento político del propio peronismo, basado en la exclusión sistemática de las bases obreras de toda participación orgánica en la vida interna del partido.

    De hecho, este partido bajo Perón no existió más que como una maquinaria esclerosada y burocrática, porque la relación entre el líder y las masas no estaba mediada por aparato alguno, sino que se realizaba por encima de ellos, en las elecciones cuando las había y en las calles cuando eran convocadas. Pero fuera de estas ocasiones, la clase obrera iba de casa al trabajo y del trabajo a casa. No ha existido en el justicialismo la tradición de participación y militancia sistemática, organizada, que tenía la vieja clase obrera en los partidos de la izquierda cipaya. Alineada ésta junto a las fuerzas antinacionales en la Unión Democrática, este mecanismo de militancia obrera fue una herencia que no pudo, naturalmente, ser traspasada al nuevo movimiento obrero organizado alrededor del coronel Perón desde las cumbres del Estado. Todo intento, como el del Partido Laborista, fue cortado de raíz. Por supuesto, nada de esto fue casual: se trataba del reaseguro burgués en la Revolución Nacional contra el puer robustus del 45, quien, a su vez, no lo sentía como una carencia por la constante elevación de su nivel de vida.

    La conciencia colectiva se mueve siempre con retraso en relación con los desplazamientos de su base material, pero el hiato entre una y otra no puede mantenerse indefinidamente. Las grandes crisis como la que ha comenzado a vivir el país constituyen un banco de prueba para todos los partidos que actúan atentamente observados por las mayorías nacionales. Ellas y sus estratos dirigentes hacen con esos partidos una experiencia acelerada y su grado de madurez política avanzará con botas de siete leguas.

    Una serie de indicios parecen indicar que este proceso ha comenzado ya en el seno de la sociedad argentina hasta ahora inmovilizada. El surgimiento en las fuerzas armadas de nuevas tendencias nacionalistas al conjuro de la guerra de Malvinas; el desprestigio de la partidocracia y la burocracia sindical a los ojos de las generaciones que probaron en carne propia su inepcia y su sensualidad; la creciente sindicalización y militancia de los sectores asalariados de las clases medias, clientela tradicional de la reacción liberal; el vuelco, aún tardío como se da, de esos mismos sectores hacia el apoyo electoral al candidato del campo nacional en el ámbito político (PI, DC, MID, PSA, PTP); la resistencia y desarrollo de aspectos de la propiedad social como la del cooperativismo; el surgimiento de un sentimiento latinoamericanista en capas sociales que siempre lo ignoraron, etc., son todos rasgos de una situación que madurará más aceleradamente bajo la nueva experiencia peronista hasta agotarla.

    Esa experiencia deberá corporizarse en un nuevo movimiento nacional, más radical y audaz que el peronismo, sobre el que ejercerá su dialéctica de negación y conservación. Nada hay de necesidad fatal en la historia, por supuesto: su aparición no está predeterminada, pero si los argentinos no queremos sumirnos cada vez más en la degradación económica, social y cultural, entonces sí será necesario que construyamos entre todos una nueva y más radical versión del movimiento nacional. Nadie sabe qué formas adoptará, si será un frente de varios partidos populares; o el ensanchamiento de algún pequeño partido del campo nacional; o el aglutinamiento de sectores, grupos e instituciones alrededor de un caudillo civil o militar, pero sí debe quedar en claro que sin una línea política de principios que ilumine el camino, su surgimiento será más difícil y su ruta más abrupta.

    La devaluación del peso llevará, cuando menos, a un aumento del 20% en el costo de vida. Tres millones de nuevos compatriotas ingresarán al circulo del infierno de la pobreza. Con ellos sumarán 17.000.000 los que tendrán sus necesidades básicas insatisfechas.

    Nuevamente el Estado interviene pero para salvar a los que se robaron el país y mientras tanto nos atrasan en los sueldos y el aguinaldo y las remarcaciones y aumentos de precios se realizan sin ningún tipo de control.

    Los días 19 y 20 de diciembre en Buenos Aires vi al Santiagueñazo Nacional. Pude observar los rostros de esa multitud sin rostros ni nombres que por fin rompió su silencio de siglos. Y allí, como diría Scalabrini Ortiz describiendo el 17 de octubre de 1945, estaba yo parado como uno cualquiera y sabiendo que era uno cualquiera. Durante el estallido social del 16 de diciembre del 93 no estuve presente. Y ese día lamenté no poder contemplar la historia que me pasó por mis narices.

    Fue la noche de las cacerolas frías que se calentaron por los golpes. Enronquecimos las gargantas , y lloramos por los gases y también por las 27 víctimas jóvenes que cayeron para siempre, por no resignarse a ser simples esclavos. El pueblo argentino, con gran dignidad, terminó con un súper ministro del FMI y un presidente indigno que huyó en helicóptero y que desde el aire, como estuvo siempre, contempló un país que despertaba de su letargo. La historia no será ya la misma.

    Y pasaron como un tornado de verano cuatro presidentes, entre ellos Rodríguez Saa , ovacionado cuándo anunció suspender el pago de la eterna deuda externa y vapuleado cuándo incorporó a su elenco a los viejos personajes del pasado.

    Hoy nuevamente, como una vieja película que se repite, el peronismo en el poder. Volvieron Duhalde con Chiche, las manzaneras y la mayoría de sus amigos bonaerenses, muchos de ellos reincidentes. Retornan los mismos que apoyaron a Menem, las privatizaciones de las joyas de la abuela, a Cavallo, a Maria Julia , a Alderete y que motivaron el suicidio del inolvidable Favaloro. Todos son responsables pero ninguno se siente culpable, pese a la autocrítica que ensayaron. Claro, en nuestra Argentina permisiva todavía todos los políticos van al cielo.

    Duhalde devaluó. Terminó con la convertibilidad que ya estaba muerta y que destruyó nuestro aparato productivo junto con la apertura indiscriminada de la economía siguiendo los consejos del FMI. Nuevamente el peso de esta devaluación lo soportarán los asalariados, las víctimas de siempre, en beneficio de los exportadores y de los sectores financieros. Los banqueros se quedaron con los corralitos, con los ahorros de cientos de argentinos, y no soportarán pérdidas ya que serán protegidos por el Estado por el porcentual de impuestos de las exportaciones petroleras. La congelación de depósitos no es sólo perjudicial para los ahorristas. El 40% de la economía argentina es informal, en negro, y se encuentra virtualmente paralizada porque depende del circulante en efectivo. Ya ni las clásicas propinas podemos dar por la gran recesión y la imposibilidad de disponer de nuestros propios ahorros.

    La devaluación del peso llevará, cuando menos, a un aumento del 20% en el costo de vida. Tres millones de nuevos compatriotas ingresarán al circulo del infierno de la pobreza. Con ellos sumarán 17.000.000 los que tendrán sus necesidades básicas insatisfechas.

    Nuevamente el Estado interviene pero para salvar a los que se robaron el país y mientras tanto nos atrasan en los sueldos y el aguinaldo y las remarcaciones y aumentos de precios se realizan sin ningún tipo de control.

    Hace cosa de un siglo, don José Batlle y Ordóñez, presidente del Uruguay, estaba presenciando un partido de fútbol. Y comentó:¡Qué lindo sería si hubiera 22 espectadores y diez mil jugadores! Quizá se refería a la educación física, que él promovió. O estaba hablando, más bien, de la democracia que quería. Un siglo después, en la orilla argentina del río, muchos de los manifestantes llevaban la camiseta de su selección nacional de fútbol, su entrañable señal de identidad, su alegre certeza de patria: con la camiseta puesta, tomaron las calles. La gente, harta de ser espectadora de su propia humillación, ha invadido la cancha. No va a ser fácil desalojarla.

    Por suerte esta vez fui testigo, y podré contar esa historia, aunque sea juzgado mil veces. Y soy optimista, ahora más que nunca, pese a que todos los políticos sigan creyendo que van al cielo. Porque la historia ya no será la misma.

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